Daniel Sirera

Todavía recuerdo las palabras de los socialistas catalanes cuando el PPC votó en contra de la ley del audiovisual de Cataluña y anunció que presentaría un recurso ante el tribunal constitucional. Los Iceta, Zaragoza y Ferrán nos acusaron de actuar bajo las directrices de Federico Jiménez Losantos y la cadena COPE. Ahora hemos descubierto que el Gobierno del PSOE también presentó un recurso contra esta ley. Aprovecharon el caos de El Prat para presentar, a escondidas, un recurso contra esta ley aprobada con los votos del PSC. ¡Viva la coherencia!

Estos socialistas tienen muy poca vergüenza. Acusan al PP de ser un partido anticatalán por presentar un recurso contra la ley del audiovisual mientras se apresuran a presentarlo también ellos. Acusan al PP de ser anticatalàn por presentar un recurso contra el Estatuto y callan cuando lo hace el gobierno aragonés del PSOE. Ya he entendido el lema de campaña de Montilla: hacer cosas a escondidas y criticarlas cuando las hace el PP. De vergüenza.

Esta semana, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, ha asegurado que los servicios sociales básicos corren peligro en Cataluña como consecuencia de la llegada ilegal de inmigrantes. Pocas horas antes, el portavoz del Gobierno catalán y candidato del mismo partido por la provincia de Girona decía que Cataluña sería “generosa” por encima de sus posibilidades a la hora de acoger inmigrantes. Montilla ha confesado que servicios básicos como la educación, la sanidad, o las ayudas para acceder a la vivienda pueden sufrir un serio retroceso para los ciudadanos de Cataluña. Montilla ejerce de bombero pirómano. La política del gobierno del PSOE en materia de inmigración ha sido un desastre. Las pateras y cayucos llegan cada día a Canarias en una especie de puente aéreo marítimo. La última regularización ha incrementado el número de inmigrantes que, de manera ilegal, entran en nuestro país. Llegan a Canarias y nuestro Gobierno, el gobierno de España, los distribuye por la península para desconcentrar y socializar el problema. Cada día llegan al aeropuerto de El Prat dos aviones con una media de veinticinco inmigrantes provenientes de Canarias. Llegan sin papeles porque han llegado a nuestro país incumpliendo la legislación española y son abandonados a su suerte por las calles y pueblos de Cataluña. ¿De que viven estas personas? ¿Cómo pueden sobrevivir en nuestro país?

Pero la llegada ilegal de inmigrantes no sólo se produce por vía aérea. Más de 60.000 inmigrantes rumanos y búlgaros han entrado ilegalmente en nuestro país por los Pirineos en los últimos cuatro meses. Los efectivos policiales que el Gobierno de Zapatero destina para controlar la entrada ilegal de inmigrantes desde Francia son, sencillamente, ridículos. Según un informe elaborado por la propia policía, sólo en dos semanas entran por la Junquera la misma cantidad de inmigrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año. El resultado de la primera Junta de Seguridad de Cataluña presidida por Pasqual Maragall ha sido que un centenar de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (los encargados de vigilar la entrada de “cayucos rodantes” por las carreteras secundarias de los Pirineos) han sido enviados a Canarias para evitar los motines que pueden producirse en los centros de internamiento de Canarias, teniendo en cuenta que el Ministro Rubalcaba destina un policía para controlar 300 inmigrantes. Así, las carreteras secundarias de Lleida, Girona y Aragón, hasta ahora controladas por unas muy reducidas plantillas policiales, quedan sin custodia y las mafias que se dedican a traficar con inmigrantes pueden operar ya con total impunidad.

Sin efectivos del Cuerpo Nacional de Policía haciendo cumplir la ley de extranjería y replegados en la mayoría de comarcas de Cataluña, correspondería a la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, ejercer esta función. Pero el Gobierno de Cataluña mira hacia otro lado. Asegura que no es su problema. Como siempre, el Gobierno de Cataluña nunca se hace responsable de nada. Es totalmente irresponsable en el sentido más amplio del término. El pasado año, la Consejera de Interior dio instrucciones a la policía que depende de la Generalitat que no llevase a cabo identificaciones rutinarias para controlar la inmigración ilegal. Cada año, la policía de Cataluña pone a disposición de las autoridades españolas una media de 12 inmigrantes irregulares. Los socialistas catalanes y españoles están convirtiendo a Cataluña en un paraíso de la inmigración ilegal.

La Generalitat no puede seguir manteniéndose al margen de este problema. Mientras algunos discuten sobre quién debe “mandar” en El Prat, cincuenta inmigrantes ilegales llegan a este aeropuerto con billetes pagados por todos los españoles. Mientras la policía denuncia la falta de efectivos para controlar la entrada ilegal de inmigrantes en el Pirineo, el Gobierno se lleva cien efectivos a Canarias. Mientras Montilla advierte que muy pronto los catalanes veremos reducidos nuestros servicios sociales, Joaquim Nadal abre la puerta a la llegada de más inmigrantes irregulares desde Canarias. Hoy, más que nunca, es necesario que el sentido común se imponga en las políticas de inmigración. El nuevo Estatuto no es la respuesta. Sólo agrava el problema. El nuevo Estatuto otorga a la Generalitat la facultad para decidir el número de inmigrantes regulares que pueden entrar cada año en Cataluña. Lo que el Estatuto no dice es cómo podrá la Generalitat retener en Cataluña a estos inmigrantes o cómo podrá evitar que entren en Cataluña otros inmigrantes que lleguen de la Comunidad Valenciana, de Aragón o de Madrid. Y por lo que afecta a la inmigración ilegal también hemos visto como el portavoz del Gobierno socialista de Cataluña anunciaba que, a partir de ahora, “Cataluña será más generosa a la hora de recibir inmigrantes irregulares”.

Así son las cosas en esta Cataluña socialista. Mientras algunos cuelgan el cartel de “entrada libre” otros aseguran que lo importante es que estos inmigrantes conozcan la lengua catalana o sepan lo que significa la Pascua. No se enteran.

Lleva días José Montilla repitiendo que todos los integrantes de su candidatura son “igual de catalanistas”. En realidad, lo que Montilla piensa es que todos los miembros del PSC “son igual de nacionalistas”. Así se ha puesto de manifiesto con el apoyo de su partido a la definición estatutaria de Cataluña como nación. Por ese motivo ya no sorprende que, precisamente ahora que los independentistas de ERC están fuera del gobierno, el PSC de Montilla haya preparado una celebración de la Diada del 11 de Septiembre −lo que ellos llaman fiesta nacional de Cataluña− en la que se eleva al máximo el tono reivindicativo de la convocatoria. Fragmentos “de combate” de la obra de Salvador Espriu, el discurso de Pau Casals ante la ONU en 1971 y un homenaje “al proceso de paz abierto en Euskadi” son los ejes del acto institucional convocado conjuntamente por Gobierno y Parlamento.

Así pues, el partido de Montilla abre la puerta de la Diada al eusquera y lanza por la ventana al castellano que desaparece del acto institucional organizado por las instituciones. Zapatero mintió diciendo que el Estatuto ponía punto y final a la reivindicación nacionalista. Los socialistas catalanes aprovechan la primera de cambio para, como buenos nacionalistas que son, seguir reivindicando una supuesta realidad nacional que sólo existe en sus mentes.

Debemos aprovechar esta Diada para reivindicar aquello que Maragall asegura que ya es residual en Cataluña. Debemos reivindicar España. Debemos celebrar la Diada como la fiesta del pluralismo, de la libertad, de la unidad de todos los ciudadanos de Cataluña con los del resto de España. No podemos seguir en el delirio nacionalista que tiene como objetivo acabar con la España constitucional. Esta Diada es una gran oportunidad perdida. Hemos perdido la oportunidad de reivindicar la idea que Cataluña no es un cortijo de los partidos nacionalistas, ni de Montilla ni de Mas. Cataluña es de todos y todos deberíamos sentirnos representados por los actos institucionales que convoca el Gobierno y el Parlamento.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, lleva ya algunos días mendigando volver al Gobierno de la Generalitat, ya sea de la mano del PSC de Montilla o de la de CiU de Mas y Durán. La prioridad de los republicanos independentistas es gobernar la Generalitat al precio que sea. Amenazan con volver al Gobierno para hacer lo que han hecho en los últimos tres años. Y ni Montilla ni Mas han rechazado la oferta. Así están las cosas. No existe ninguna encuesta que prevea un triunfo con mayoría absoluta ni de los socialistas-nacionalistas del PSC ni de los nacionalistas de CiU. Los pactos post electorales decidirán quién será el próximo presidente de la Generalitat. Por este motivo es tan importante que el PP de Cataluña obtenga un buen resultado en las elecciones del uno de noviembre y pueda condicionar así el futuro gobierno de Cataluña. Los catalanes necesitamos estabilidad, necesitamos ganar en progreso, en libertad, queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Ya hemos visto en los últimos tres años cuál es el estilo y la forma de gobernar de las izquierdas. No existe tanta diferencia entre CiU y el PSC. De hecho, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ─pactado entre CiU y PSC─ pone de manifiesto como socialistas y nacionalistas coinciden en la política económica, en la política social y en el modelo de sociedad.

El objetivo que durante todo el verano han explicitado los dirigentes de CiU, del PSC, de ERC y de ICV, no es conformar un nuevo gobierno eficaz, que rebaje los impuestos a los catalanes, que luche eficazmente contra la inmigración ilegal, que persiga a los delincuentes, que genere empleo o que facilite viviendas asequibles para los jóvenes. El debate político sobre el que se esta basando esta larga precampaña es sobre el grado de catalanidad o de catalanismo de los distintos partidos y candidatos. Hace unos días, desde ERC y desde CiU se criticaba a Montilla por "no ser catalanista". No voy a ser yo quién defienda a Montilla, sobretodo después que les haya saltado a la yugular diciendo que para catalanista, él. El PSC lo ha bordado con su lema de campaña “Ahora es la hora de los catalanes”. El “y yo más” resulta tan pueril como cansado. La política catalana se ha convertido en una especie de competición en ver quién es más catalanista, más nacionalista, en definitiva, menos español. No entiendo la obsesión enfermiza de la mayoría de partidos catalanes en definirse como catalanista, más catalanista o directamente nacionalista. De hecho, todos los partidos que han apoyado el Estatuto se pueden definir como nacionalistas. ¿No ha definido el PSC a Cataluña como una nación? Pues eso. ¿Tanto cuesta decir que uno es catalán y, a partir de ahí, tratar de solucionar los problemas reales de los catalanes?

El próximo uno de noviembre debemos poner punto y final a los políticos que se dedican a ir repartiendo carnés de catalanidad o a los que presumen de un pedigrí catalán que sólo existe en sus sueños pijos del Bocaccio. El debate político catalán lleva años viciado. Llevamos años en Cataluña en los que las elecciones las ganan las izquierdas o las derechas, siempre los nacionalistas y nunca los catalanes. Si no eres nacionalista eres un bicho raro, una especie en peligro de extinción. Para ser un buen catalán y no quedar marginado de la tribu hay que ser nacionalista, hablar y escribir exclusivamente en catalán, creer que Cataluña es una nación, odiar a quienes votan al PP, apoyar a Grecia cuando se enfrenta a la selección nacional (que no estatal, ¡ya está bien de tonterías!) y tratar por todos los medios de convertir a España en algo ajeno y distante. En eso esta Montilla. Por eso Mas y Carod le critican. Los socialistas catalanes, con Montilla a la cabeza y con el visto bueno de Zapatero, trabajan sin descanso para ocupar el espacio político nacionalista que ahora ocupa CiU y ERC. Sólo el PP de Cataluña puede aguarles la fiesta. En eso estamos.

El anuncio que el alcalde de Barcelona, Joan Clos, abandonará en breve su cargo para ocuparse del Ministerio de Industria es una buena noticia para los barceloneses y una bofetada en la cara del conjunto de los españoles. Clos ha convertido a la ciudad de Barcelona en la más cara y también en la que tiene mayores problemas de seguridad y limpieza de España.
Con este currículo, el aparato del PSC le propina una patada hacia arriba a Clos y le lleva al frente de un Ministerio que Montilla ha acabado de arruinar. Hace meses que la federación socialista de Barcelona busca un relevo para Clos. Sólo faltaba encontrar una salida digna para quién ha convertido a Barcelona en un paraíso de grupos violentos y antisistema. El alcalde se ha estado gastando 36.000 euros diarios en publicidad y propaganda, ha ocultado encuestas que por ley debían ser públicas y ha regalado 3.000 euros y facilitado piso de protección oficial a los okupas.
Quién no ha sido capaz de gestionar las crisis del Carmelo o del aeropuerto del Prat, tendrá que hacer frente a partir de ahora de la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la compañía Endesa ha sido objeto de las OPAS de Gas Natural y EON, y al conflicto que ha enfrentado al Gobierno español con las autoridades de Bruselas. Clos viene a confirmar aquello que “todo es susceptible de empeorar”. Zapatero necesita de alguien como Clos. Alguien que no ha abierto la boca mientras el Gobierno de España enviaba inmigrantes sin papeles a las calles y plazas de Barcelona, alguien que no ha abierto la boca mientras Barcelona quedaba aislada por aire por culpa de la ineficacia del Gobierno de España, un alcalde que lo ha sido de partido. Así van las cosas. Ahora sólo falta que a Maragall tenga la ocurrencia de ser el próximo candidato a la alcaldía de Barcelona. Pasen y vean.

El presidente de Esquerra acaba de criticar a Montilla por "no ser catalanista". Hace tiempo que el debate politico catalan se centra sencillamente en eso, en ver quien la tiene mas larga. Se trata de compendiar el maximo posible de topicos de lo que se entiende por un buen catalan y dejarse llevar por el aplauso de buena parte de comentaristas y articulistas. Hace tiempo que Maragall repartia carnets de catalanidad como lo ha hecho Pujol durante mas de 23 anos. Ahora Montilla nos advierte, seguramente inducido por el sindrome de estocolmo del nacionalismo, que "es la hora de los catalanes". Y se queda tan ancho. Hasta ahora, de quien era la hora? De los marcianos?

Cada vez esta peor esto de ser catalan y no ir donde va la gente. Salirse del camino marcado por el nacionalismo no solo no vende sino que te convierte en un bicho raro, en una especie protegida por nadie. Para ser un buen catalan y no quedar marginado de la tribu debes ser nacionalista, del barca, defender la necesidad de que la seleccion catalana se enfrente a Espana, hablar y escribir exclusivamente en catalan, creer que Catalunya es una nacion, odiar a quienes votan al PP y tratar por todos los medios de convertir Espana en algo ajeno y distante. En eso esta Montilla. Por eso Carod le critica. Los socialistas catalanes, con Montilla a la cabeza, trabajan sin descanso para ocupar una buena parte del espacio de CiU y de ERC. La verdad es que voluntad no les falta.

La televisión pública catalana y el diario AVUI han patrocinado la “Acampada Jove”, una fiesta reivindicativa organizada este fin de semana por las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya y que ha contado, entre otros, con la participación estelar del grupo musical Soziedad Alkoholika, un grupo que se encuentra procesado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. A estas alturas, este grupo musical ya no engaña a nadie. Tampoco al Director General de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y ex Ministro socialista, Joan Majó, que no ha tenido ningún problema en patrocinar este concierto.

Me repugna que una organización política, aunque sea a través de sus juventudes, pueda invitar a un grupo musical que se dedica a justificar y ensalzar el terrorismo. Pero lo que resulta inaceptable es que una televisión pública pueda apoyar un festival en el que participe un grupo sobre el que está actuando la Audiencia Nacional. Y aunque no fuera así, sólo hay que echar un rápido vistazo a las letras de sus canciones para darse cuenta del tipo de elementos que componen este grupo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha manifestado en reiteradas ocasiones que las canciones de este grupo causan un profundo dolor a las víctimas y a la mayoría de ciudadanos españoles. La libertad de expresión también tiene un límite. La apología del terrorismo y ridiculizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no debería estar subvencionado por la televisión pública catalana ni por ninguna otra institución pública o privada.

Quiero que me borren de TV3 mientras siga promocionando este tipo de cosas. Quiero convertirme en objetor fiscal televisivo. No quiero que un solo céntimo de mis impuestos pueda ir a parar a una televisión que patrocina grupos con canciones en las que se ridiculiza a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en el País Vasco o en las que, directamente, se amenaza de muerte a los miembros de la Ertzaintza.

Hoy se cumple el 9º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hace nueve años nos concentramos en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para intentar salvarle la vida. Aquella tarde, toda España se reunió frente a sus ayuntamientos con el objetivo que ETA escuchara el grito que, en silencio, les pedía que no lo mataran. Pero ETA no entiende de razones ni de perdones, ni de nada más que no sea atemorizar y segar la vida de personas inocentes. Miguel Ángel no murió por nada. Lo mataron porque las democracias no aceptan los chantajes ni la fuerza de las armas. Por eso hoy volveré a la plaza de Sant Jaume. Para gritar, también en silencio, pero con la misma fuerza, que no queremos que nuestro Gobierno, que el Gobierno de España, se rinda ante los asesinos de Miguel Ángel Blanco.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación catalanes, casi todos los partidos políticos y las plataformas con vocación de serlo, han callado o han criticado duramente a Enrique Múgica por elaborar un informe en el que se constata la preocupación de esta institución por la progresiva “minoración de libertades y derechos lingüísticos de los castellanohablantes en el ámbito educativo catalán”. A Múgica se le ha acusado de “mentir” y de poner a la Institución al servicio de la “extrema derecha”.

El Defensor del Pueblo español se ha limitado a trasladar las quejas que ha recibido en los últimos meses sobre la negativa de la Generalitat a informar a padres y madres sobre la posibilidad legal que existe en Cataluña de elegir la lengua oficial en la que quieren escolarizar a sus hijos. Han llamado “mentiroso” al Defensor del Pueblo por denunciar que en las hojas de preinscripción escolar de los niños en Cataluña no existe la casilla —prevista en la ley— para que los padres puedan elegir si quieren recibir la educación en catalán o castellano. Para comprobarlo sólo hay que acercarse a un centro y solicitar este impreso. Múgica no miente, pero hay verdades de ofenden: Ofenden porqué suponen una ráfaga de aire fresco en esta especie de oasis putrefacto. No me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el catalán a aprender en castellano, de la misma manera que no me parece bien que se obligue a un niño cuya lengua materna es el castellano a aprender en catalán. Y esto último es, tal cuál, lo que está pasando en Cataluña.

Por eso el informe del Defensor del Pueblo hace tanto daño. Hace daño al nacionalismo catalán, hace daño al intento de instaurar el pensamiento único, la lengua única, el partido único. Y precisamente por eso, los autores intelectuales del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña han tenido tanto interés en recortar el derecho de los catalanes de acudir al Defensor del Pueblo en defensa de sus derechos fundamentales. Por eso el nuevo Estatuto le otorga en exclusiva al Síndic de Greuges la competencia para conocer de los asuntos que afectan a la Generalitat o a los ayuntamientos catalanes. El Defensor del Pueblo español lo será, si el Constitucional no lo impide y por la gracia de Zapatero, de todos los españoles excepto de aquellos españoles que vivimos en Cataluña.

Desde CiU se ha censurado a Múgica por hacer declaraciones que, según la coalición nacionalista, “colisionan con las libertades y los derechos lingüísticos de Cataluña”. El partido de Artur Mas ha dicho estar “sorprendido” por el hecho “que nunca oigamos palabras del señor Múgica defendiendo la identidad y las libertades de los catalanes”. ¿Han oído algo más sectario y excluyente que esto? ¿O es que Múgica no puede defender los derechos de los catalanes que en el ejercicio de su libertad y amparados por la ley, quieren educar a sus hijos en castellano? Para los nacionalistas aquellos que no defendemos los principios del nacionalismo identitario somos malos catalanes o, sencillamente, no podemos ser considerados catalanes. Produce escalofríos.

En Cataluña ya sólo el PP defiende la libertad. Nos acusan de ser anticatalanes simplemente porque defendemos la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Y los socialistas de Montilla aplauden y justifican a quienes, amparándose en un supuesto proceso de “construcción nacional” se atreven a ignorar, insultar y agredir a quienes no pensamos como ellos. Algo mal de salud debe andar la democracia en Cataluña cuando se acusa al PP o al Defensor del Pueblo de “agredir a la democracia” o de “amenazar” por querer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía de Cataluña. Poco demócrata es aquel que considera una “amenaza” que puedan utilizarse, en un Estado de Derecho como el nuestro, los mecanismos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

El Consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, ha pedido explicaciones al Gobierno de la Generalitat por el hecho que los Mossos d’Esquadra llegaran 45 minutos tarde para hacer frente a los graves incidentes que se produjeron la noche de miércoles en el barrio de Gracia de Barcelona. Saura no sabe ni quien es, ni de dónde viene ni a donde va. Saura tiene una responsabilidad de Gobierno que no ejerce. Es un Consejero okupa. Saura debería recordar, aunque fuera de vez en cuando, que la responsabilidad del Gobierno de Cataluña siempre es solidaria y que él también es responsable que los Mossos llegaran 45 minutos tarde. Es sorprendente la capacidad de Saura de estar y no estar en el Gobierno, de ser y no ser, de hacer y no hacer. Saura es también responsable de lo que no pasó en Gràcia la noche del miércoles. Y Saura, como Tura, debería asumir sus responsabilidades solidarias.