Cuando Rajoy nombró a Fincas Nevot en el debate electoral, Manolo no se lo esperaba. Un día se presentó en su oficina Montse Aragall y, en nombre del Institut Català de Consum, levantó un acta por tener el letrero en castellano y no en catalán. ¿Por qué a mí? ¿Y los grandes almacenes? ¿Y los nombres de comercios en chino o en inglés? Le impusieron 400 euros de multa que ha recurrido hasta hoy, hace más de un año. ¿Cómo un organismo que vela por la defensa del consumidor y está para garantizar sus derechos llega a estos límites? Por obra y gracia de Jordi Anguera i Camós, director de la Agència Catalana de Consum, miembro laureado de ERC ascendido a los altares tras despedir a un funcionario del partido por no pagar el impuesto obligatorio (y revolucionario) del 20% de su sueldo a las arcas republicanas. Ahora ya sabemos a qué consumidor defiende el Director de la Agencia Catalana del Consum y por qué.