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La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) advierte de que el 80% de los consumidores desconce que el próximo 1 de julio se liberalizará el sector energético, la que obligará a contratar los servicios eléctricos a través de comercializadores y no directamente con el suministrador, como ocurría hasta ahora.

 

Según un estudio realizado sobre una muestra de 1.200 familias, la asociación de consumidores denunció la "falta de información" sobre la nueva situación en el mercado energético, como muestra que siete de cada diez entrevistados manifieste no haber recibido ningún tipo de información al respecto.

 

Con la aplicación de la Ley 27/2007, los ciudadanos deberán elegir entre distintos comercializadores, que ofertarán el suministro eléctrico a partir de la Tarifa de Último Recurso (TUR), precio máximo que establecerá el Ministerio de Industria para el mercado libre.     

Así, a poco más de un mes para que el Real Decreto entre en vigor, Ceaccu instó al titular de Industria, Miguel Sebastián, a fijar una TUR, ya que, según la organización, se priva al consumidor del "derecho a elegir" entre los mejores precios, por lo que aconsejan "no precipitarse" en contratar un comercializador.

Temor por la subida de la tarifa de referencia

Asimismo, la confederación mostró su "temor" por una "más que posible" subida de la actual tarifa de referencia. Según auguran desde la asociación, Industria aplicará un "elevado aumento" de la TUR para "hacer más atractivo" el mercado de comercialización, lo que supondrá "más costes para los usuarios".

El informe constata el desconocimiento sobre las responsabilidades y derechos ante el nuevo panorama energético. El 40% declara no saber a quién, comercializador o suministrador, debería reclamar ante eventuales problemas, mientras que sólo un 12% conocía las indemnizaciones por ley ante interrupciones prolongadas, siempre que sobrepasen las seis horas al año.

En cuanto al nuevo bono social, que congelaría la factura de la luz a colectivos desfavorecidos como familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro, sólo el 10% conocía los requisitos para poder adherirse a esta tarifa, mientras un 24% lo atribuía a rentas bajas.

Ceaccu, que insistió en que los beneficiarios de esta tarifa social no dependen de sus niveles de ingresos, consideró "una negligencia administrativa" el trámite necesario para solicitar y beneficiarse de este bono. "Muchos consumidores solicitan la tarifa social, pero el trámite burocrático es largísimo, de hasta 4 meses", indicaron desde el colectivo pro-consumidores.

Por último, la asociación urgió al Gobierno a ampliar la información de los consumidores sobre la liberalización, la TUR y los comercializadores a través de campañas publicitarias en los medios de comunicación, porque "si no es así, surgirán muchos problemas a partir del 1 de julio".