El hexapartito balear ha decidido imponer el conocimiento del catalán como condición necesaria para ocupar una plaza en el sistema público de salud de las islas. La consecuencia de esta medida es que bastantes profesionales que hoy prestan sus servicios desde hace años  a plena satisfacción de los pacientes deberán acreditar dicha capacidad lingüística o perder su puesto. Un número significativo de facultativos, titulares de enfermería y auxiliares ya han anunciado que no piensan someterse a esta arbitrariedad y que por tanto abandonarán Baleares. Dado que existe en esta Comunidad un déficit de personal cualificado para sus hospitales y ambulatorios, la primacía de la lengua, símbolo definidor de la identidad para los nacionalistas, sobre los intereses reales de la gente, en este caso su bienestar físico y mental, provoca un daño objetivo muy serio. No sólo los ciudadanos enfermos del archipiélago estarán peor atendidos, sino que no habrá suficientes medios humanos para tal cometido, con lo que es muy posible que Antich y sus secuaces causen sufrimientos graves o incluso la muerte a personas a las que la democracia ha puesto bajo su amparo. El hecho de que ni nuestra Constitución ni las leyes vigentes puedan impedir semejante barbaridad demuestra una vez más la necesidad imperiosa de proceder a una reforma en profundidad de nuestro ordenamiento básico. Cada día que pasa sin que los dos principales partidos nacionales actúen unidos ante desmanes de este calibre es una vergüenza y un motivo de incontenible indignación.

                Ahora bien, cuando se produce un atropello monstruoso,  el cuerpo social suele reaccionar espontáneamente por encima de la estructura oficial con el fin de defenderse. Y así ha sucedido también en esta ocasión. Diversos hospitales de otras Comunidades y algunos Gobiernos autonómicos han ofrecido trabajo a los expulsados de Baleares y es de suponer que no pocos de ellos se acogerán a esta oferta. De esta manera, el disparate hacia el que ha evolucionado el Estado de las Autonomías emerge con toda su fuerza. En el seno de una misma Nación, sus ciudadanos se convierten en refugiados políticos en determinados territorios huyendo de intolerables violaciones de sus derechos fundamentales que se perpetran en otros. Lo que vienen padeciendo muchos miles de vascos desde hace décadas, obligados a marcharse de su patria chica para no ser asesinados por ETA, se generaliza por otros procedimientos menos cruentos,  pero igualmente inaceptables, al conjunto de España. Ya que el Partido Socialista y el Partido Popular carecen de la resolución y el coraje exigibles en circunstancias tan desgraciadas, los españoles aplican la solución extrema del sálvese quien pueda. En resumen, que la Nación se desintegra y el oprobio nos sepulta.