Por ser un tema de Estado, porque afecta a todos los ciudadanos, porque no debe haber utilizaciones partidistas de la justicia y de los jueces, en el mes de julio de 2008 el Partido Popular consensuó con el Gobierno la adopción de un nuevo acuerdo cuyos puntos esenciales giraban en torno a los siguientes puntos mínimos:

Incorporación masiva de las nuevas tecnologías.

Pleno funcionamiento de la Oficina judicial, que descargue al juez de funciones que constitucionalmente no le son propias.

Carta de Derechos del ciudadano ante la Administración de Justicia y el reforzamiento de los derechos y la atención a las víctimas de los delitos.

Programa efectivo de transparencia judicial que garantice al justiciable el derecho a recibir información sobre la situación y posible duración de un procedimiento abierto en cualquier tribunal de España.

Creación de un Fondo para la Calidad de la Administración de la Justicia que permita la inversión en medios y el incremento del número de jueces por habitante.

Extensión de los juicios rápidos al ámbito civil e impulsarlos en el ámbito penal.

Reforma profunda de los registros civiles actualmente desbordados por el incremento de población nacional y extranjera.

Reforma de la Ley Concursal.

Clarificación del sistema de recursos, entre otros el Recurso de Amparo.

Elaboración de una carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia.