La iniciativa del PP también reclama al Ejecutivo español que exprese "la máxima firmeza ante las gravísimas informaciones que vinculan al país bolivariano con ETA y las FARC", así como que redoble los esfuerzos para lograr la extradición de los terroristas que aún permanecen en Venezuela y, muy especialmente, de Arturo Cubillas Fontán, quien, tal y como quedó demostrado en el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, continúa en activo.

Asimismo, se pide al Gobierno socialista que recabe "plenas garantías por parte del Gobierno venezolano de que en el futuro no se produzca ningún otro episodio de cooperación entre ETA y los altos funcionarios de Venezuela y que se tomen todas las medidas pertinentes para evitar que los terroristas de ETA se entrenen en Venezuela".

Finalmente, se insta al Gobierno a "tomar todas las medidas pertinentes para la extradición de todos los terroristas residentes en Venezuela con cuentas pendientes con la Justicia española".