Este mes, el excelente portal informativo sobre la lengua española Unidad en la Diversidad publica un artículo de Maite Celada (docente e investigadora argentina en la Universidad de São Paulo desde 1992) titulado «De prisa, de prisa, oye, Brasil». En él, Maite Celada denuncia un hecho que venimos advirtiendo en esta bitácora casi desde el inicio de su recorrido (véanse especialmente los artículos relacionados con la política lingüística panhispánica de los apartados «Malas prácticas» y «Lengua y cultura»): la forma tan políticamente incorrecta como, en diversas instancias de la sociedad española, se trata el ansia de la expansión del español por el mundo.

Citamos aquí los primeros párrafos de este interesante texto, del que habría que tomar buena nota en estos días en que se celebra en Montevideo la XVI Cumbre Iberoamericana, que tiene, supuestamente, el desarrollo social como uno de sus temas centrales:

Hace un buen tiempo que a los que integramos la comunidad académica latinoamericana en el campo de las letras nos viene dejando alelados un hecho: que, en diversas instancias de la sociedad española, se trate de forma tan políticamente incorrecta el ansia de la expansión del español por el mundo. Esta viene vinculada, por el lado de las causas y argumentos o por el vies de los objetivos, a distintas cifras: número de hablantes del español, de países que tienen esa lengua como oficial, de ejemplares que las editoriales pueden colocar en determinado mercado; valores todos relativos a una perspectiva económica.

Los nombres de dos eventos realizados entre el 23 y el 29 de octubre confirman esta perspectiva. El Seminario “Valor económico del español: una empresa multinacional”, celebrado en Montevideo y la “I Acta Internacional de la lengua española. Activo cultural y valor económico creciente”, en San Millán de la Cogolla.

Nos asombra la falta del pudor que esperaríamos como efecto de la revisión de una memoria y del asumir una actitud responsable frente a la especificidad histórica que marca la relación España-América Latina. Reconocemos ese pudor en parte del pueblo español y en muchos colegas que trabajan en la academia.

En Brasil, el 6 de setiembre pasado se firmó un convenio o acuerdo entre el Banco Santander y la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo para calificar docentes en ejercicio en las escuelas medias, independientemente de la asignatura que dictan, y así atender a la legislación que determina la oferta obligatoria de español a partir de 2010, en ese nivel. El curso, enteramente a distancia, utilizará la metodología del Instituto Cervantes para impartir 480 horas de español y 120 de metodología; todo en un máximo de 2 años. El proyecto “Oye, español para profesores”, según dicen los medios, sería implementado en colaboración con las tres universidades públicas del estado de São Paulo.

En el contexto de la ambición generada por las cifras, tratar la lengua española como un “tesoro” —término usado por el presidente del Santander durante la firma del referido convenio—, y tratar a Brasil y a sus 170 millones de habitantes como un mercado promisorio a consolidar es algo que nos pega fuerte a muchos latinoamericanos, que tenemos una memoria no metálica y en la que el pasado hizo mella.

 

[Sigue en: «El expolio del oro de las palabras. La rebelión brasileña contra los corsarios del idioma, y otros acontecimientos de la mercantilización del español, a pie de página»]

Silvia Senz (Sabadell)

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Parece que las bibliotecas españolas siguen en el punto de mira de los poderes políticos europeos y, por desgracia, para mal. No reciben muchas ayudas, sus fondos sufren por escasez de presupuesto... y ahora, para rematar, «deberán pagar a los autores por prestar sus libros». Esta afirmación, sin embargo, no es completamente exacta: tendrán que pagar por el préstamo de libros, aunque no se sabe muy bien a quién.

Ya escribía hace tiempo nuestra compañera Ana Lorenzo sobre el tema del canon, la Unión Europea y su insensatez. Allí se explicaba el tema y se daba el texto de las conclusiones (de 29 de junio de 2006) sobre las que se basa la condena actual. Las instituciones siguen su camino con anteojeras y rigidez aplastante y ahora se ha llegado al final de esa parte del proceso.

Las reacciones en las bitácoras no se han hecho esperar: si en Barrapunto comenzaban anunciando la noticia, reflexionaba Israd sobre las bases: una directiva de 1992, obsoleta, con una Unión Europea de doce países, de los cuales más de la mitad tiene abierto un expediente por «una interpretación errónea» de dicha directiva (¿otra razón más para la campaña del plain English?).

Por su parte, las bibliotecas habían expresado, con el apoyo de algunos autores —a los que se han unido otros recientemente; por ejemplo, José A. Millán—, su oposición al pago del canon. Inútil esfuerzo, visto el poco caso que se les ha hecho.

Los usuarios de las bibliotecas no se caracterizan por su carácter combativo, y supongo que es más fácil atacar a las bibliotecas que elaborar un plan coherente de impulso a la cultura. Se quejan los autores de la falta de apoyo de las editoriales; las editoriales, de lo poco que se lee (lamentablemente, ninguno de los enlaces que encontré en el «Plan de Fomento de la Lectura» sobre la situación del sector funciona), y las bibliotecas adolecen de falta de presupuesto (no pongo ningún enlace, basta visitar cualquier biblioteca y hablar con la bibliotecaria). La SGAE también se queja de la reducción de sus ganancias, pero los datos afirman lo contrario: sus ingresos siguen en aumento.

Si realmente de lo que se trata es de fomentar la lectura y también apoyar a los autores, no faltan propuestas. Algunas que se me ocurren en este momento, como lectora:

1. Apoyar con menos publicidad y analizar bien lo que se pretende que se lea: los dos últimos libros que cayeron en mis manos que venían anunciados a bombo y platillo no ofrecían apenas NADA.

2. ¿Qué tal si se reduce la cuantía de los premios y se prepara un fondo común para «autores en apuros»?

3. Que los derechos de propiedad intelectual pasen a ser «bien común de la nación» una vez fallecido el creador de las obras, quizá con una donación simbólica a los herederos. No se conoce de hijos de albañiles que coman toda su vida por derechos de «cimentación y alzada de pared divisoria», por ejemplo.

4. Que los autores abonen un canon a las bibliotecas por depósito y salvaguarda de sus obras, por publicidad gratuita y por difusión.

5. Que cada libro que se publique pase por un estricto control de calidad en el que primen la legibilidad, la corrección, la comprensibilidad y la valía del texto (lo cual incluye varias revisiones realizadas por editores y correctores adecuadamente cualificados), una encuadernación correcta y resistente, un aspecto que se acerque lo máximo posible al ideal (cubierta, colores, etc.), un precio razonable que no venga abultado por publicidad innecesaria, etc. (añada aquí el lector ideas de su cosecha personal).

6. Que los libros estén más a disposición de todos, que se abran más bibliotecas, que los fondos de las cenas de gala se reduzcan a la mitad y el resto se dedique a la compra de libros para bibliotecas, que se apoye el movimiento «el libro libre», el copyleft y el copyfight.

7. Que cada niño que nazca reciba en el hospital, junto a su primer pañal y su caja promocional, un libro sencillo y resistente, para que el contacto con el libro se realice desde el primer momento. Palpar, oler, sentir un libro... fomenta la lectura temprana.

8. Que las bibliotecas de las escuelas infantiles y de primaria tengan bibliotecas de libros interesantes adecuados para la edad, con instalaciones adecuadas y bibliotecarios que puedan trabajar allí a jornada completa.

Añada el lector lo que se le ocurra. El canon sobre las bibliotecas es éticamente inadmisible y, legalmente, se me ocurre que existe la figura del bien común, el common good inglés, que debería tenerse en cuenta por encima del bien de unos pocos... que no se sabe siquiera quiénes son.

Mar Rodríguez (Asturias, España)

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Última parte del discurso del académico argentino José Luis Moure, Del purismo al desconcierto. ¿Qué hacer con el idioma? [Viene de aquí.]

Luego de informarnos sobre la evolución lingüística en América durante los siglos XVIII y XIX, y continuar —en su impecable prosa— con los elementos más sustanciales que se dieron desde el siglo XX hasta nuestros días, Moure nos expresa algunas de sus convicciones. Las siguientes palabras merecen una lectura atenta, deben ser leídas captando la entrelínea, valorando todo cuanto expresa.

En un dominio lingüístico de gran extensión, como el que hoy conforman las veinte naciones en las que el español es lengua oficial [...], y si se admite la premisa, ya anticipada, de que exista la voluntad de la unidad —que no es condicionamiento menor—, no parece quedar alternativa que no sea la custodia y promoción compartida de una variedad estándar idealmente panhispánica. El amplísimo arco de variedades diatópicas y diastráticas que ese complejo alberga, denuncia la complementaria posibilidad teórica y la necesidad real de la existencia de una variedad o, mejor expresado, de una constelación de variedades particulares fijadas social y tradicionalmente, modelos de uso fundados en criterios de prestigio. En el caso de nuestra lengua, signada por la pluralidad de ciudades capitales difusoras de norma, se trata de la aceptación y cultivo de una variedad que, convencionalmente, se superpone al conjunto de variedades geográficas, sociales y estilísticas del español. Cada nación puede incorporar al estándar panhispánico aquellos usos que sus historias particulares han legitimado, y debe procurar que esas diferencias, sospecho que todavía insignificantes, no afecten la naturaleza del español, el tipo de que hablaba Cuervo.

De inmediato, el académico explica las limitaciones y salvedades —unas cuantas— a la expresión variedad estándar. Por ejemplo: que esa variedad no es la lengua de todos, la común ni la general. Que la normalización de la variedad estándar es deliberada e impuesta y responde a una planificación. Que en esta variedad es inevitable que prevalezcan los usos lingüísticos propios de un grupo social prestigioso y especialmente de las situaciones formales. Que al construirse a partir de manifestaciones escritas, el registro oral sólo la reflejará en algunas ocasiones formales. Que la labor de codificación y normativización de la variedad estándar compete a los lingüistas. Que la norma institucionalizada debe transmitirse en la escuela; estudiarse, promocionarse y afianzarse en las instituciones de formación docente, en los medios y en las academias de la lengua. (Extraño orden; supondríamos que debería ser «en las academias de la lengua, las instituciones de formación docente y los medios», pero el orden dado en el discurso del académico no es para nada inocente.) Resalta la importancia de los comunicadores en los medios, por llegar a la población pobremente escolarizada.

En suma: claridad de ideas y aceptación de la realidad lingüística que nos rodea. Para pensar si nos cabe otra opción, realmente. Luego se explaya en la difícil misión docente, que debe:

[D]espojar la variedad estándar de la sacralidad de que la dotó el purismo. Debe insistirse en la idea de que el estándar no es la única lengua verdadera y legítima, frente a la cual las restantes variedades son corrupciones. [...] [D]esacreditado y despojado el purismo, se nos impone realzar y probar, en la práctica, la extraordinaria eficacia de la lengua estándar y el valor de su exclusividad, como instrumento siempre inconcluso y perfectible al servicio de una realidad cultural de complejidad creciente, de la que deberá dar cuenta como medio de comunicación panhispánica, como herramienta de exploración intelectual y como material de arte. La importancia de prestigiar la normativa estandarizadora se advierte si se toma debidamente en cuenta que, en razón de las diferentes posibilidades de acceso de los estratos de la población a su aprendizaje, el logro de una actitud positiva hacia ella será más importante y alcanzable en términos de opinión o representación que su cumplimiento efectivo para todas las funciones que le son propias.

Obvio es sentar que la variedad estándar no debe tener otro centro referencial que el congreso atópico y virtual del mundo hispanoamericano de un lado y otro del Océano, y que se expresará a través de los mecanismos de consenso que hoy ya funcionan, o de los que puedan hacerlo en el futuro.

[...] Como argentinos, sabernos copartícipes igualitarios en el cultivo y mantenimiento de la variedad estándar de un idioma empleado por centenares de millones de hablantes, no debe ser obstáculo para admitir y comprometernos con nuestra identidad lingüística. Sobre la base de la reciprocidad, nuestro país deberá exigir la aceptación de los usos legitimados por nuestra historia, sin perjuicio de que a través de la educación se conserven pasivamente y se difundan aquellos que, siéndonos hoy ajenos, pertenecen al patrimonio del español general. Y la Argentina deberá seguir bregando, a su vez, contra el inaprensible fantasma de la minusvalía lingüística, sin otro asidero ni sustento que las largas secuelas del viejo purismo de orientación peninsular, alimentado por las alarmas de aquellos ilustres filólogos que, alejados de su hábitat lingüístico y enfrentados abruptamente a la realidad de una variedad oral que llevaba siglos de desarrollo (el venezolano Bello en Chile; el colombiano Cuervo leyendo el dialecto rural bonaerense; los españoles Américo Castro y Amado Alonso en la cosmopolita Buenos Aires), necesitaban darse, y darnos, pronósticos pesimistas o explicaciones basadas en presuntos desórdenes esenciales de nuestra conformación nacional, en irrefrenables tendencias a desapegarnos de toda norma o en morbosos recelos contra las formas cultas de expresión. Desde luego, hubo también no pocos puristas argentinos de buena fe que incentivaron el prejuicio y nuestra inseguridad lingüística. El voseo fue, quizá, el más preciado de los blancos, y a cuya destrucción más tardíamente se renunció («viruela del idioma», lo llamó Capdevila; «lacra crónica de nuestro organismo social», dijo José León Pagano; Borges lo calló en su inolvidable réplica a Américo Castro; Berta Vidal de Battini recomendó a los maestros su eliminación, y algunos manuales vigentes recurren todavía a los infinitivos para eludirlo en sus consignas). Se me ocurre pensar cuán tolerantes con nuestra modalidad se habrían vuelto todos si hubiesen tenido oportunidad de viajar hoy en un subterráneo madrileño con adolescentes recién salidos de la escuela...

Pero así como confieso mi descreimiento en el diagnóstico de esas insignes figuras, a quienes la historia no les dio razón, no puedo sino coincidir con aquella vieja recomendación de Amado Alonso, a la que quiere ser afín el espíritu de mi exposición, en la que instaba a acercar la variedad culta local a las normas cultas generales y a tratar de que éstas alimenten el modelo de las prácticas lingüísticas, que es el objetivo primero de la enseñanza escolar de la lengua.

Esta conciencia, trabajada desde la escuela, porque no dependerá de un decreto, puede sí ser esclarecedora para fundar una política lingüística que, hacia afuera de nuestras fronteras, fije nuestros derechos y deberes en el escenario hispanohablante, y hacia adentro, contribuya a construir fundadamente una imagen autorrespetuosa de nuestra modalidad, proteja nuestro patrimonio lingüístico en las zonas de contacto y vele por un aprendizaje sólido del estándar y por su correcta utilización en la enseñanza, en las alocuciones formales y en los medios. La literatura argentina ha alcanzado un reconocimiento universal; las producciones de sus cultores mejor dotados deben seguir siendo los nutrientes esenciales de ésa, nuestra variedad lingüística prestigiosa.

Lo que antecede pretende ser más que un desiderátum de academicismo inocente. Es a la vez un reclamo de construcción identitaria que nos habilite para pasar de la declaración retórica a la acción, para que nuestras escuelas, profesorados y universidades defiendan sus incumbencias, se preocupen por el bien lingüístico común y colaboren con las autoridades en el trazado de una política lingüística inteligente, que vaya más allá de un neopurismo casticista, preocupado por la invasión de extranjerismos. Sólo una grave inadvertencia o la indiferencia hacia los institutos y universidades donde se investiga el idioma y se forman los docentes de lengua puede explicar, por ejemplo, que el recentísimo decreto del Poder Ejecutivo, por el cual se crea la Comisión Ejecutiva del próximo III Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizará en Rosario el año entrante [fue en el 2004], no los incluya de manera explícita.

Moure se pregunta también si la indiferencia nos la hemos ganado —es una pregunta válida para los argentinos, y también para buena parte de los americanos castellanohablantes— «a fuerza de enajenarnos de las expectativas públicas», y ofrece los datos de una encuesta hecha en Buenos Aires. Los resultados son desalentadores, son respuestas poco atentas a la realidad de la lengua.

El académico termina su exposición planteando la vieja dicotomía sobre si la Academia Argentina de Letras debe ser un cuerpo de escritores o de lingüistas:

Aun suponiendo que ambas condiciones fueran excluyentes, nada mejor para aventar dudas que el decreto de creación de la Entidad, cuyo primer considerando señala: Que el idioma castellano ha adquirido en nuestro país peculiaridades que es necesario estudiar por medio de especialistas. Y dos de los cuatro fines explícitos establecidos en sus estatutos dicen: a) Contribuir a los estudios lingüísticos y literarios [...]; y c) Velar por el uso correcto y pertinente de la lengua, interviniendo por sí o asesorando a las autoridades nacionales, provinciales, municipales o a los particulares que lo soliciten.

La Academia Argentina de Letras es una academia de la lengua, y la sociedad la mira y la reclama como tal.

Parafraseándolo, diríamos que las academias de la lengua hispanoamericanas deben ocuparse de establecer las adecuadas políticas lingüísticas. Nos están haciendo falta.

Pilar Chargoñia (Montevideo, Uruguay)

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¿Recuerdan los lectores de A&C un reciente artículo, brevemente reseñado aquí, de la docente e investigadora argentina de la Universidad de São Paulo, Maite Celada, que denunciaba la tropelía del desembarco del Banco de Santander en Brasil para ocuparse, de la mano del Instituto Cervantes, de la formación de profesores de español en el estado de São Paulo?

Para aquellas personas que no estén ya sobre aviso, les recordaremos que el pasado 6 de septiembre se firmó en Brasil un convenio entre el Banco Santander y la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo para calificar hasta 45 000 docentes en ejercicio en las escuelas medias, independientemente de la asignatura que dictan, y así atender a la legislación que determina la oferta obligatoria de español en los centros de enseñanza media a partir del 2010. El convenio, según los medios de comunicación, pretendía conseguir que los educadores pudieran enseñar español en la red pública de educación de este estado brasileño.

La aplicación del proyecto del Santander, bautizado con el nombre de «¡Oye!», iba a desarrollarse, según los planes trazados, en diversas fases. En la primera etapa se realizaría el proyecto piloto con la formación de 2000 profesores hasta febrero del 2007. De esos 2000 saldrían 40 tutores capacitados para formar a los siguientes profesores, y así sucesivamente. Cada año se esperaba formar a 7800 docentes, hasta alcanzar el objetivo de 45 000 en el 2010. El curso de capacitación, enteramente a distancia, utilizaría la metodología del Instituto Cervantes para impartir 480 horas de español y 120 de metodología; todo en un máximo de 2 años. Los docentes contarían con material didáctico multimedia e interactivo, vídeos, recursos de audio, juegos de aprendizaje virtual, audioconferencias y foros.

Según los medios, en el proyecto iban a participar también las tres mayores universidades públicas de São Paulo: la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad de Campinas (Unicamp) y la Universidad del Estado de São Paulo (Unesp), además del Instituto Cervantes, el Gobierno estatal y el portal de Internet Universia, creado por el Grupo Santander. El banco se hacía cargo de la financiación, con un gasto estimado de dos millones de euros, y las universidades iban a ser responsables de la selección de tutores y de dar el apoyo académico al proyecto. El Instituto Cervantes sería el responsable de la elaboración de los contenidos de los cursos, aunque la coordinación general de «¡Oye!» correría a cargo de Universia Brasil, portal filial de Universia, propiedad del Santander. Según publican otras fuentes, el Cervantes estaría, además, a punto de alcanzar un acuerdo con Microsoft —cuya colaboración con otros agentes lingüístico-culturales españoles es bien conocida—, para que esta empresa dote a las escuelas de Brasil que van a enseñar español mediante este curso por Internet, de los ordenadores necesarios para ello.

El diario Cinco Días ofrecía hace un par de meses más detalles sobre los orígenes y motivaciones de este proyecto:

Según Enrique Huelva [profesor de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Brasilia], la demanda de español siempre ha sido importante en el país, pero ahora convergen varios factores que la impulsan aún más. Además de la aprobación de la ley, la integración geopolítica —sobre todo por el Mercosur— y el retroceso paulatino del francés como segunda lengua, tras el inglés, han disparado el interés por el español. Además del Gobierno de Brasil, la embajada española en Brasilia y el Gobierno español están impulsando la enseñanza del idioma con la apertura de nuevas sedes del Instituto Cervantes (el año próximo se inaugura una en Brasilia) y con los intercambios de profesores entre universidades españolas y brasileñas.

 

El Santander ha elegido São Paulo porque es el estado en el que tiene concentrados el 82 % de sus clientes y el 79 % de sus oficinas en Brasil, pero su intención es ampliar el proyecto a otros destinos. En su mira están Gran Bretaña y Estados Unidos.[1] Aunque, según fuentes del banco, estos objetivos son más difíciles, ya se han iniciado conversaciones con algunas universidades, principalmente en la costa Este de EE. UU.

Compromiso con las políticas de Lula

El proyecto firmado ayer con el gobernador de São Paulo, Claudio Lembo, para formar profesores brasileños en español es una medida más con la que el Santander quiere reforzar su vínculo con Brasil. La visita al país suramericano del presidente del Santander, Emilio Botín, y su entrevista con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también sirvió para reforzar la imagen que el banco quiere dar de compromiso con el país. Cuando queda menos de un mes para las elecciones presidenciales, que se celebran el 1 de octubre, Botín ratificó en el encuentro el apoyo que dio a Lula desde que fue nombrado presidente en los comicios de 2002.

 

Entonces, la llegada de un líder de izquierdas al poder hizo saltar las alarmas entre analistas y, según fuentes del banco, la entidad fue penalizada por inversores por dar su apoyo al nuevo presidente. Esta vez, cuando la reelección de Lula parece ya un hecho, no hay incertidumbre, porque el presidente ha cumplido todos sus compromisos financieros y nadie teme sustos en la economía. «La gran estabilidad y las políticas económicas correctas están permitiendo que Brasil crezca de forma segura y sostenible», dijo Botín tras su reunión con Lula. Pero además de su apoyo, el español pidió al presidente una mayor apertura a la competencia en el sistema bancario, para aumentar su cuota de mercado, su objetivo actual. En la actualidad tiene el 5 % del mercado bancario del país (el 12% en São Paulo) y es el tercer mayor banco privado por activos, tras Bradesco e Itaú. Desde que compró Banespa en noviembre de 2000, el Grupo ha invertido en adaptar los sistemas informáticos de las entidades que ha fusionado: Santander Brasil, Santander S/A, Santander Meridional y Banespa.

 

A finales del año pasado la entidad unificó la marca, que pasó a ser Santander Banespa, y ahora atraviesa una etapa en la que pretende potenciarla. Para ello, el banco español lanzó este año una campaña publicitaria de 100 millones de dólares con los principales jugadores de la selección brasileña.

En el momento en que se anunció la firma del convenio, la prensa recogió también las opiniones, acerca de su participación, de algunas de las partes implicadas, que en algunos casos resultaron verdaderas declaraciones de intenciones. En primer lugar, el presidente de la entidad financiera, Emilio Botín (cuyo apellido es toda una premonición) manifestó a Cinco Días que:

el idioma español es “un tesoro generador de riqueza y desarrollo” y lo definió como “un activo estratégico con creciente influencia en el mundo”.[2]

Por su parte, el director de Gestión Comercial y Desarrollo de Producto del Instituto Cervantes, Juan Pedro de Basterrechea, comunicó a Efe:

“Se trata de una iniciativa extraordinaria que nos permite, gracias al Santander, desarrollar nuestra actividad de difusión de la lengua española y de la cultura de los países hispanohablantes.

En la misma crónica de Efe, la Secretaria de Educación de Sao Paulo, María Lucia Vasconcellos, destacó:

que el Santander tiene desde 2004 un programa de apoyo a la formación de profesores brasileños de español que son capacitados en la Universidad de Salamanca, 30 de los cuales, que acabaron de regresar de España, participaron en el acto.

A su vez, gobernador de São Paulo, Claudio Lembo, dijo:

“Este programa nos permite iniciar una nueva etapa de la historia de nuestros pueblos.”

Finalmente, el director general del Área de Universidades del Santander, José Antonio Villasante, declaró:

“[E]s posible que el acuerdo de formación de profesores de español presentado hoy en São Paulo se extienda a otros estados brasileños que coincidan con el área de influencia del Santander.”

Y añadió:

“Estamos encantados con este programa. La educación universitaria es fundamental para mejorar las condiciones de vida y de libertad de los países.”[3]

A estas alturas, habrán notado los lectores que, entre todas esas declaraciones gozosas, faltaba la evaluación de una de las principales partes implicadas: la de los propios docentes de la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad de Campinas (Unicamp) y la Universidad del Estado de São Paulo (Unesp). ¿Estaban ellos tan encantados con este programa como el resto de participantes?

Dedúzcanlo de estas declaraciones de Maite Celada en Unidad en la Diversidad, que volvemos a citar:

En el contexto de la ambición generada por las cifras, tratar la lengua española como un “tesoro” [...] y tratar a Brasil y a sus 170 millones de habitantes como un mercado promisorio a consolidar es algo que nos pega fuerte a muchos latinoamericanos, que tenemos una memoria no metálica y en la que el pasado hizo mella.

Soy docente-investigadora de una de las referidas universidades, en la que se forman profesores de español hace más de cincuenta años, actualmente con un mínimo de 2800 horas. Firmé, como muchos, el “Manifiesto por la calidad de la enseñanza del español en la Red Pública del Estado de São Paulo” y pienso que el Gobierno que se atrevió a formalizar el acuerdo con el Santander aceptó un doble atropello que, según sostengo, caracteriza el hecho.

El atropello de una tradición y del concepto que implica la formación de profesores. Quién es profesor en Brasil, cuántas horas necesita para aprender una lengua y para aprender a enseñarla; cómo aprende español un brasileño, qué esfuerzos e inversiones subjetivas le cuesta producir una separación entre lenguas que suenan y resuenan como parecidas: estas son preguntas que no se plantean. En respuesta a la “urgencia” dada por la falta de profesores para atender a la ley de oferta obligatoria de español en Brasil —falta que estimo inflacionada—, un banco llega garantizando resultados exitosos, la promesa de un milagro: más de cuarenta mil profesores en muy poco tiempo. Por su parte, los funcionarios del Estado aceptan y sostienen la metáfora económica: la lengua como un producto.

Por ese bies, llega el otro atropello. En tierras brasileñas [...] la reflexión teórica sobre los procesos de enseñar y de adquirir lenguas es muy rica y, en cierta forma, es referencia y hasta marca vanguardia en el Cono Sur. [Sin embargo] la Secretaría de Educación ha aceptado el plan trazado por profesionales del mercado y por expertos, funcionarios de un organismo del Estado español. Digo “expertos” en el sentido de Beatriz Sarlo que, en los noventa, los contraponía a los intelectuales pues, en la continuidad técnico-administrativa de un Estado que traba alianzas con grupos que buscan poderío y expansión económicos, ponen conocimiento técnico al servicio de los fines pragmáticos del Mercado.

Raro es, todavía, toparse con reacciones explícitas de rebelión ante los atropellos que, en nombre de la expansión económica de la lengua y la cultura españolas, empiezan a producirse en América. En el caso de los docentes (y alumnos) de español de las universidades del estado de São Paulo, estas palabras de indignación de Maite Celada por el doble menosprecio que suponía la entrada del Santander y el Cervantes en el terreno del E/LE en Brasil han sido sólo un avance de una rebelión de mucho mayor alcance, cuyos primeros pasos relataba ayer el diario Cinco Días. Reproducimos el artículo íntegramente:

Los profesores de São Paulo se rebelan contra el Santander

Patricia Caro / RíO DE JANEIRO (15-11-2006)

Unos 900 profesores y estudiantes han firmado un manifiesto para impedir que uno de los programas estrella de la obra social del Banco Santander en Brasil salga adelante. Presentado a bombo y platillo en septiembre por el presidente de la entidad, Emilio Botín, al lado del gobernador de São Paulo, Claudio Lembo, en la capital brasileña, «¡Oye!» fue concebido como un curso para capacitar a profesores de la red pública de educación secundaria para enseñar español a los alumnos. Con ello, el Santander quería facilitar el cumplimiento de una ley que obligará a que todos los centros de educación secundaria ofrezcan clases de español a partir del 2010. Un mes después, el banco y el Gobierno de São Paulo tuvieron que matizar las condiciones de un programa que, finalmente, no formará por sí solo a los profesores para enseñar español.

Detrás de ese cambio están los profesores de español de las universidades públicas de São Paulo, que han iniciado una batalla para impedir que un curso de 600 horas vía Internet, como es «¡Oye!», equipare su formación, que requiere un mínimo de 2800 horas presenciales más muchas horas de práctica.

“Es un golpe a la educación nacional dado por nuestro gobierno y por un banco español. Es absurdo. No corresponde a un banco algo que es de soberanía nacional”, se queja Neide Maia González, profesora de lengua española en la Universidad de São Paulo (USP).

El Instituto Cervantes certifica el curso y el portal Universia, del Grupo Santander, es el encargado de impartirlo. La directora general de Universia en Brasil, Alina Correa, explica que hubo una confusión en la concepción del curso por parte del Gobierno estatal y que ya se ha solucionado. “La propia Secretaría de Educación entendió que tenía que cambiar el enfoque y en lugar de formar al profesor para enseñar, lo que va a hacer es mejorar su preparación. Ya en una segunda etapa los profesores que interesen podrán hacer la licenciatura que sí les capacita”, afirma.

La Secretaría de Educación también tuvo que emitir un comunicado explicando que el curso ofrecido por el Santander “por sí solo” no capacita a los docentes a enseñar la lengua.

Entre los profesores, sin embargo, reina el escepticismo e insisten en que el curso se suspenda según está concebido. No se fían del cambio anunciado. “Puede ser una retirada estratégica. Si es para que los profesores aprendan otras lenguas, nada en contra, pero ¿para qué van a aprender metodología si no es para enseñar?”, apunta González.

El curso piloto comenzó el mes pasado con 2000 profesores. Correa asegura que ha sido un éxito de aceptación porque la demanda es mucho mayor que la oferta. Hay también otro aliciente: los 100 mejores profesores serán obsequiados con un viaje cultural a Salamanca de 35 días. El curso actual finaliza en febrero y las previsiones son formar a 45 000 profesores en dos años.

El banco considera fundamental contar con el apoyo de las universidades, pero por ahora, los profesores no están muy dispuestos.

Bueno es que no estén muy dispuestos. Ciertamente, si fuera otra la disposición desde diversas instancias de la educación, los profesionales del lenguaje y la cultura españolas y latinoamericanas, otro gallo les cantaría a todos esos bancos y empresas de la industria cultural y no cultural tan interesados por el valor económico del español —y tan ansiosos por hincarle el diente— que son capaces de organizar, con apoyo gubernamental y colaboración constante de nuestras instituciones lingüísticas, sucesivos seminarios sobre el valor económico del español, o de participar en una serie de congresos sobre el impulso del español como activo económico, que arrancaron recientemente con la I Acta Internacional de la Lengua Española.

Claro que, sin el interés de esas empresas y entidades financieras por el rendimiento económico del idioma español, probablemente el BBVA nunca se habría aliado con Efe —que, por cierto, cierra el ejercicio del 2006 con beneficios por primera vez en su historia— para dar a luz a la Fundéu, que entre sus productos incluye cursos de formación virtual destinados a periodistas latinoamericanos y que ya extiende su influencia a América Latina.

Ni Telefónica habría patrocinado el reciente Diccionario panhispánico de dudas académico.

Ni tendría la RAE el dinero suficiente para ir remodelando su trabajo normativo —cuyas novedades va comercializando apresuradamente, en una estrategia de publicación por goteo, en formato libro[4]—, con vistas a «modelar» un español culto global, salpicado de usos muy arraigados en América, que ha de servir de lengua franca en los intercambios mercantiles con América, como vehículo de comunicación para las agencias de prensa y medios internacionales en español, y como modelo lingüístico de los medios de comunicación estadounidenses en español.[5]

Pero tampoco habría motivos para pensar que las palabras sobre el idioma español que tan sentidamente expresaba Pablo Neruda en Confieso que he vivido no están completas. Decía el poeta en sus memorias:

Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras.

No habría, no, entonces, motivo para apostillar: «Y se nos están llevando ahora el oro de las palabras».

Silvia Senz (Sabadell)

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En el menú lateral de la bitácora Lenguaje, de la lexicógrafa y periodista Margarita Marroquín, albergado en el diario digital salvadoreño La Prensa Gráfica, se está realizando una encuesta con el fin de averiguar qué función atribuye el usuario al DRAE. Estas son la cuestión planteada y las opciones de respuesta:

¿Cuál es la función que cumple para usted un diccionario de la RAE?

• Normar el uso y el significado de los términos de la lengua

• Explicar el uso de los vocablos del español

• Todas las anteriores

• Ninguna de ellas es válida

Los resultados de las 35 votaciones realizadas en el momento de redactar esta nota —ojalá les lleguen más— no son, creemos, nada sorprendentes:

• La mayor parte de los que han respondido (un 42,8 %) no sabe exactamente cuál es el cometido del DRAE, o, ante la duda, le atribuye todos los posibles.

• Un 25,7 % le da la finalidad de un diccionario normativo: recoger el correcto uso y grafía de los vocablos del español.

• Un 17,1 % le da al DRAE el valor de un diccionario de uso, una percepción no muy alejada de lo que es la vigésimo segunda edición, que incorpora extranjerismos «crudos» en uso.

• Un 11,4 % considera, como los redactores de El País, que el DRAE recoge (y, por tanto, «da permiso» para usar) las palabras que existen; las que no recoge no existen ni pueden usarse, por tanto.

• Sólo un 2,8 % da otras funciones al DRAE, sin posibilidad de especificar.

Sería interesantísimo contar con encuestas más amplias que desvelaran la imagen que los hispanohablantes tienen de nuestras academias de la lengua y de sus obras (el Diccionario, la Gramática y la Ortografía). Qué duda cabe que descubriríamos ideas sorprendentes, confusas y hasta disparatadas; sobre todo si se los interroga también sobre las obras académicas de nueva planta (el Diccionario del estudiante, el Diccionario panhispánico de dudas y el Diccionario esencial).

Y a propósito de la utilidad del DRAE: aquí puede descargarse gratuitamente DraeÚtil, un widget para maqueros, de unos 200 KB, que facilita el rápido y completo acceso a la versión electrónica del Diccionario a través de Internet y desde Dashboard, sacando partido de las opciones de consulta que tanto el Tiger como la Academia brindan.

Silvia Senz (Sabadell, Cataluña, ¿España?)

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Bueno, señores, ya tenemos en línea el «Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas», ya podemos leerlo a placer y opinar y discutir sobre él, con la seguridad de que ya no van a cambiar nada, por supuesto.

Yo veo varios puntos poco claros, cuando no negros. Empecemos por el tan traído y llevado precio fijo del libro. Cierto es que el real decreto-ley 6/2000 de 23 de junio que en su artículo 38 liberalizaba el descuento de los libros de texto no dejaba lugar a que la situación empeorase, pero ¿de verdad esta nueva ley que excluye del precio fijo a los libros de texto de Educación Primaria y Secundaria protege a las librerías frente a las grandes superficies?

En el capítulo IV de la nueva ley, artículo 8, punto 8, se dice:

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta al por menor no podrán utilizar los libros como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta.

En el real decreto-ley 6/2000, artículo 38, punto 4, se decía:

4. Queda prohibida la utilización del libro como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta.

¿Acaso no usaban las grandes superficies los libros de texto como reclamo para que los clientes compraran allí otros productos? ¿Es que poner ese punto, que ya existía, en la nueva ley va a hacer que cambie algo?

Es cierto que ahora no hablamos de un descuento sobre el precio de venta: hablamos de un precio libre. Entre los numerosos casos excluidos del precio fijo están:

g) los libros de texto y el material didáctico complementario editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria.

Entre los materiales didácticos a que se refiere este apartado quedan comprendidos tanto los materiales complementarios para uso del alumno como los de apoyo para el docente. Estos materiales podrán ser impresos o utilizar otro tipo de soporte. No tendrán el carácter de material didáctico complementario, a los efectos de lo dispuesto en el presente apartado, los que no desarrollen específicamente el currículo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica, tales como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o instrumental científico.

[Capítulo IV, artículo 9, punto 1.]

Ustedes pensarán: «La competencia es buena», «Los precios bajarán», «No somos asociaciones de caridad, que las librerías se cuiden solas», «Yo he de mirar por mi dinero».

Yo podría hablarles de lo que vale un buen librero, que es mucho, y que bien merece unos euritos más en los libros; y no me digan que esos euritos que le niegan al libro de texto y a la cultura se lo negarían también al ocio y al coche, por ejemplo; pues piensen que es una inversión. Debería decirles que también el pan es de primera necesidad y tampoco lo dan gratis. Debería hacerles notar que lo malo no es tener que comprar libros de texto, sino el que éstos cambien de un año para otro y el que su calidad sea muchas veces muy dudosa.

Pero imagínense otra cosa: imagínense ustedes que el libro que su hijo de 5.º de Primaria necesita se distribuye sólo en la librería o en la cadena de tiendas X, y piensen que casi todos los colegios lo han mandado, y piensen que el precio lo ponen ellos, y que la cadena X no tiene competidores: sólo ellos pueden dar el producto que todo el mundo anda buscando; vamos, que por hache o por be se han convertido por unas semanas en un monopolio. ¿Qué creen que harán con el precio del libro? Exacto, será el libro más caro de los que ustedes adquieran ese año; a no ser que otra cadena tenga la suerte de toparse con otro regalo igual.

Esta nueva ley viene con un presupuesto de 430 millones de euros para ocho años (hasta el 2014) para todas las inversiones y ayudas que contempla: librerías, bibliotecas, planes de lectura… La ley especifica en su Disposición adicional segunda la creación del Observatorio de la Lectura y del Libro:

El Observatorio de la Lectura y del Libro, dependiente del Ministerio de Cultura, con el carácter de órgano colegiado, tendrá como objetivo el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas.

Le corresponderá también el promover la colaboración institucional, en especial con observatorios u órganos de similares funciones que existan en las Administraciones Autonómicas, el asesoramiento, la elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Su composición, competencias y funcionamiento se regularán reglamentariamente.

Suponemos que será atendiendo a las recomendaciones de este observatorio como se desglosará adónde irá destinado el presupuesto del Ministerio para las distintas necesidades y ayudas, ya que hasta ahora no se ha explicado cómo se repartirá.

Es lícito pensar que el Ministerio espera que las Comunidades Autónomas participen con sus propios presupuestos.

En cuanto a las bibliotecas, echamos de menos que la ley haga mención al canon de pago de la Comisión Europea y proponga algún medio de financiación o de ayuda para no mermar y sí aumentar los insuficientes presupuestos con que cuentan muchas veces nuestras bibliotecas públicas y municipales. Y, a pesar de estar en la LOE, no hemos visto que haya ninguna partida de ningún Ministerio dedicada a las necesarias bibliotecas escolares.

Estrenamos ley. A ver si da para estrenar bibliotecas y mantener librerías, libreros, editores, correctores y autores.

Ana Lorenzo (Rivas Vaciamadrid, España)

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