España | 2010-12-05 12:38:38 | Reuters
Aena ha expedientado ya a 442 controladores aéreos.
Un expediente disciplinario puede derivar en su cierre sin consecuencias, en una suspensión de empleo y sueldo.
El Gobierno recurrió el sábado a la histórica medida de decretar el Estado de alarma - uno de los tres estados de emergencia que incluye la Constitución - para intentar frenar la rebelión de los controladores, que dejaron a centenares de miles de viajeros en tierra en pleno puente festivo y podrían haber causado pérdidas millonarias al turismo y el transporte, dañando la imagen exterior de España en un sector y en un momento económico particularmente delicado.

Esta medida ponía a los controladores ante la perspectiva de una posible acusación de un delito de desobediencia bajo la jurisdicción militar, y tuvo efectos casi inmediatos, puesto que los trabajadores regresaron a sus puestos y el tráfico aéreo se reanudó por la tarde.

"Estamos restableciendo la normalidad, ahora toca hacer justicia", dijo Blanco en una rueda de prensa.

"El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune", agregó. "Al margen de las actuaciones que está llevando a cabo la fiscalía, les anuncio que Aena ya ha abierto 442 expedientes disciplinarios, de los cuales muchos de ellos ya han sido notificados".

Un expediente disciplinario puede derivar en su cierre sin consecuencias, en una suspensión de empleo y sueldo o en apartar definitivamente al expedientado de su puesto de trabajo.

"La mayoría de ellos alegaron o que se encontraban por razones de salud en disposición de no trabajar, sin aportar ninguna prueba médica (...), otros no fueron a sus puestos de trabajo porque entendían que ya habían cumplido las horas de trabajo que marcaba la ley", contó Blanco.

El ministro, que reiteró las disculpas del Gobierno a los ciudadanos afectados, insistió en que "no vamos a permitir que sucedan de nuevo", recalcando la postura de firmeza del Ejecutivo socialista, el primero que decreta un estado de emergencia y la militarización del espacio aéreo en la democracia.

Desde la reapertura del espacio aéreo en la tarde del sábado hasta las 12:30 horas, se habían llevado a cabo un total de 1.558 operaciones en los aeropuertos españoles con 162.000 pasajeros, según los datos de Fomento, que agregó que en el turno del sábado por la noche asistieron a trabajar el 96 por ciento de los controladores y el domingo por la mañana, el 97 por ciento.

"Poco a poco se está recuperando la regularidad de las operaciones, si bien hay que entender que muchas compañías aéreas todavía están actualizando sus planes de vuelo", dijo Blanco.

En los aeropuertos seguía habiendo muchos pasajeros tratando de encontrar una solución para sus vuelos del viernes y el sábado, mientras que la mayoría de aquellos que planeaban viajar el domingo podían salir sin problemas.

NIEGA QUE SE AMENAZARA CON PISTOLAS

Tanto el ministro de Fomento como el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negaron rotundamente las declaraciones de algunos controladores recogidas en medios de que volvieron a sus puestos de trabajo "a punta de pistola".

"Yo comprendo que el estado de ansiedad y de shock de algunos les haya llevado a hacer afirmaciones que en todo caso tendrán que probar", afirmó Blanco. "Una cosa es decir que un guardia civil lleva una pistola, porque la llevan todos, por tanto es normal, y otra cosa es decir que la había usado para amenazar".

Rubalcaba calificó las declaraciones de "mentira".

La duración del Estado de alarma es de 15 días, pero el Gobierno ha dicho que podría prorrogarlo - para lo cual tendría que acudir al Congreso de los Diputados - de cara a evitar una repetición del conflicto en las vacaciones de Navidad.

Los controladores aéreos llevan tiempo enfrentados tanto al regulador aeroportuario como al Gobierno en una larga negociación por su convenio colectivo. Sus elevados sueldos en un momento de crisis y las amenazas de huelga en plena temporada vacacional el pasado verano les han supuesto recibir las críticas de la opinión pública.

La aprobación por parte del Consejo de Ministros ordinario del viernes de la privatización parcial del gestor de aeropuertos y de un nuevo modelo de gestión en el que se incluía una modificación de los horarios de los controladores desató lo que su sindicato, USCA, calificó de "una revuelta popular" por las "provocaciones de Aena".