DINAMITAR TREINTA Y DOS AÑOS
El País (edició nacional)
Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya, España y Catalunya están peor.
Se ha desplazado el eje del debate político de forma incuestionable; ha crecido la desconfianza de muchos sectores de la sociedad catalana hacia España; ha saltado por los aires el espíritu del pacto constitucional; se han radicalizado las posiciones anticatalanas en sectores de la sociedad y de la política españolas; el pacto estatutario ha dejado de ser una referencia para muchos en Catalunya.
La gran manifestación del 10 de julio apunta a un hartazgo generalizado de la política de desgaste a la que se ha sometido la sociedad y la gobernación de Catalunya y encamina sectores hacia la secesión.
El gran culpable de esta situación es el Partido Popular, aunque no debemos olvidar los demás recursos contra el Estatuto que siguen vivos y aparcados. Sin ese recurso ahora no habría sentencia y sin sentencia España y Catalunya estarían mejor, respirarían mejor.
Con naturalidad, sin ninguna ruptura irreparable como han puesto de manifiesto los cuatro larguísimos años de agonía constitucional a la que ya casi nadie daba crédito después que, de forma sucesiva, el Tribunal Constitucional viese mermados sus efectivos por recusación, fallecimiento o mandatos vencidos.
Amparados en la Constitución, que no votaron, los sectores más conservadores de la sociedad española han hecho añicos un pacto que les molestaba. Han roto el pacto del 78 que no pudieron romper entonces, orquestando ahora un ataque en toda la regla. Aún a riesgo de cargarse 32 años de vida constitucional fructífera y la voluntad explícita del Parlamento y del pueblo de Catalunya, en un atentado de lesa patria.
En el siglo pasado uno de los problemas de la política española fue el llamado “problema catalán”. Los esfuerzos de la Transición se orientaron a resolver éste y otros muchos problemas derivados de las heridas abiertas y por la Guerra Civil y la Dictadura. Así se halló un pacto político que definía un horizonte de geometría variable y de descentralización creciente en un proceso sin precedentes en la historia de España.
Los resultados son más que evidentes y sería paradójico que la bondad del pacto estallara definitivamente por los aires víctima de su propio éxito. Las aspiraciones de más autogobierno por parte de Catalunya han sido observadas con mucho recelo y desprestigiadas, a menudo, como un afán de privilegios y desigualdades donde sólo había la voluntad radical de expresar con claridad meridiana la propia identidad. Una identidad nacional que nadie sabría negar en el terreno intelectual y académico, y que al parecer causa pavor en el contexto de una interpretación constitucional restrictiva.
En el momento del pacto de 1978, la sociedad española y los sectores más directamente implicados en las luchas democráticas respetaban profundamente a Catalunya. Quizás temían y respetaban. Rechazo la idea del temor. Me aferro al profundo respeto que las fuerzas democráticas y progresistas, que las izquierdas, que la intelectualidad, expresaba en aquellos años hacia la sociedad catalana. Con ánimo constructivo se selló un gran acuerdo que culminaba todas las audacias compartidas por Catalunya y España en el proceso de la Transición.
Transcurridos 32 años, con dos Estatutos vigentes sucesivamente (1979 y 2006), la situación ha cambiado radicalmente. Ya no se nos teme ni se nos respeta. No sólo no se nos respeta sino que con cierta sistemática se nos falta al respeto. Se niegan los hechos básicos de la identidad catalana, se combate la idea de una España plural y se intenta desmentir el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de la sociedad española. Es más, las resistencias, los obstáculos, las cortapisas a los procesos acordados en el pacto estatutario de 2006 evidencian un abismo entre la voluntad política expresada por las Cortes Generales y los Gobiernos y la predisposición real de las burocracias estatales.
El Estatuto mutilado por el Tribunal Constitucional ha sido erosionado en su aplicación práctica. Tanto que cuando se han alcanzado resultados tangibles, el beneficio del éxito estaba ya totalmente amortizado por la carga del desgaste acumulado. La aplicación a contrapelo del Estatuto puede haber tenido en muchas ocasiones efectos igualmente letales para su vigencia y reconocimiento.
Y, sin embargo, los resultados están ahí, pueden llegar más y nadie podría discutir que nunca antes en la historia de Catalunya se había dispuesto de cotas equivalentes de autogobierno.
Para algunos explorar esta vía es perder el tiempo. Muchos han decidido que el Estatuto estaba muerto. Sectores de la sociedad catalana se orientan hacia el independentismo. Y CiU apunta a una orientación soberanista con sordina, liquida el Estatuto como vía operativa y se apunta a dos abstracciones directas: el derecho a decidir y el concierto económico. Abstracciones porqué siendo muy concretas, su aplicación práctica deviene una mera abstracción si no se perfila una ruta precisa hacia objetivos concretos.
En este contexto, el PSC busca en solitario recomponer los pactos constitucional y estatutario. Lo hace desde la afirmación clara de no ser un partido independentista. No sólo eso, sino que percibimos en la lógica del independentismo alguno de los riesgos que caracterizaron en el pasado nuestra peripecia colectiva y la marcaron con el signo del fracaso. Es legítimo que algunos piensen que ha llegado la hora de la verdad y que en la Europa del siglo XXI caben nuevas fórmulas más allá de un federalismo que algunos practican, muchos predican y probablemente pocos quieren. El PSC insiste en abrirse camino desde la centralidad política en esta vía federalizante que refuerza el pacto constitucional y estatutario.
¿Existe todavía en la izquierda española voluntad federal? ¿Estamos perdiendo el tiempo los que creemos que todavía hoy la vía abierta y flexible ensayada en 1978 y pendiente de actualizar es el camino más efectivo y práctico para orientar el futuro? ¿Con qué convicción defenderán el Estatuto los que lo votaron y lo hicieron posible? ¿Son posibles posiciones equivalentes en el Parlamento catalán y en las Cortes generales?
Las dudas e interrogantes que se plantea la sociedad catalana de cara a los próximos comicios son de una entidad sobresaliente. Hoy y desde el debate monográfico sobre la Sentencia, que se produjo en julio en el Parlamento de Catalunya, las posiciones de los partidos se han hecho evidentes. Todos han creído erigirse en intérpretes de nuevas voluntades mayoritarias expresadas en la calle. La mayoría han expuesto los fines que persiguen aunque muy pocos se atreven a definir los medios con que plantean alcanzarlos.
Casi nadie piensa en las tensiones a las que se somete desde todos los frentes al conjunto de la sociedad catalana. Casi nadie en España se plantea los riesgos que se asumen y la carga de profundidad para la convivencia de los pueblos de España que ha supuesto la Sentencia.
Los que aún creemos que existe un itinerario compartido buscamos razones para convencernos que no nos hemos equivocado, necesitamos certezas tangibles que acerquen el imaginario colectivo catalán a un plausible horizonte federal. Porqué Catalunya está cansada de pedir y esperar “generosidad federal” y ha dejado claro ya que los términos del pacto son políticos y no admiten conceptos subjetivos como la generosidad y sí sólo los términos de la “lealtad” al pacto.
Los tiempos sociales y los tiempos políticos pueden haber perdido el compás como apuntaba recientemente Manuel Castells. De consumarse el divorcio, el conflicto está servido. De ahí que muchos estén ya construyendo sus discursos al margen de España, dibujando un horizonte utópico que, aunque a menudo vacío de argumentos, suscita entusiasmos.
De vez en cuando contemplo, con cierta ternura, la magnífica fotografía que Adolfo Suárez Illana hizo de su padre y del Rey. Ambos compartieron un gesto de coraje político sin precedentes. Ambos consumaron en la transición un primer reconocimiento preconstitucional de la singularidad institucional y política de Catalunya, y restablecieron la Generalitat con el retorno del president en el exilio, Josep Tarradellas. ¿Existe hoy coraje político para mantener el tono y el sentido de aquella decisión histórica y sin precedentes?
Estamos ante una nueva encrucijada, en un momento sensible y delicado de nuestra vida política. Es en estas circunstancias cuando se calibran los liderazgos auténticos que vencen la adversidad y construyen futuro.
Para los que dudan conviene recordar que el propio president José Montilla ha dejado meridianamente claro que en su elección antepone Catalunya a cualquier otra adscripción.
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LAS INFRAESTRUCTURAS EN TIEMPO DE CRISIS*
El País
Hoy casi nadie duda que las infraestructuras son un medio no un fin. Los pocos que aún contemplan las infraestructuras de forma aislada, ignoran su sentido social y su interrelación con las personas. Atender a las necesidades colectivas, responder a las expectativas ciudadanas, garantizar derechos de las personas y generar actividad económica. Tampoco llevan razón quienes querrían minimizar el papel de las infraestructuras, denostarlas por el mero hecho de existir desde dogmatismos que no admiten contraste con la realidad.
Hoy es más importante que nunca una adecuada política de infraestructuras. Para recuperar el atraso histórico, el desfase entre la demanda generada y la oferta disponible. Para atender de forma equitativa las necesidades de un contingente demográfico que ha crecido de forma constante en los últimos tiempos. Finalmente son necesarias como respuesta a los escollos, que atenazan algunos sectores económicos y bloquean una competitividad más y más imprescindible. Su papel de desbloqueo se convierte en el gozne esencial de una nueva dinamización. Las infraestructuras en red se orientan a una priorización surgida de la racionalidad y la planificación.
Esta planificación acredita que no todas las infraestructuras son igualmente necesarias o no lo son todas a un tiempo. Deben responder a las necesidades reales más que en las apetencias insaciables por tener siempre más y antes que los demás.
Hoy debemos incluir en el debate de las infraestructuras todo tipo de equipamientos vinculados o no a la obra civil y con proyección también hacia la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías. La equipación material ya no es un objetivo único. Asimismo, los desequilibrios entre modos de infraestructura, especialmente de la movilidad, requieren ajustes importantes. Sin menoscabo de completar la red viaria que nos sigue siendo imprescindible, la gran asignatura pendiente es el transporte ferroviario: la movilidad de personas y productos en el marco de las cercanías y también en el de los grandes corredores transeuropeos.
¿Cómo se concilia este panorama con un drástico plan de ajuste, con un endeudamiento creciente y con un déficit público que no para de crecer por la necesidad de subvenir a las necesidades y prestaciones del Estado del bienestar y por la caída radical de los ingresos de las administraciones?
Algunos mantendrían todos los planes sociales de los gobiernos y paralizarían las inversiones en infraestructuras. Pero aun siendo cierto que no se puede descuidar esta vertiente, sí debemos reconocer que una cosa son los planes estructurales que atienden equitativamente a las necesidades y que se proponen acabar con las causas de las desigualdades y otra muy distinta la política indiscriminada de subsidios y subvenciones que podría apuntar a soluciones coyunturales y a mayores dificultades de cara al futuro.
La cuadratura del círculo reclama atender a los derechos básicos, a la dignidad que hemos construido entre todos y, a la vez, contribuir desde la inversión pública a relanzar la economía, a evitar presiones sobre el sistema de garantías y prestaciones, a crear empleo y a reanudar la rueda del crecimiento. Incentivos a la actividad productiva, creación de empleo, recuperación de los ingresos del sector público, y a la vez disminución de las necesidades de los fondos que garantizan las prestaciones sociales.
En términos justos de sostenibilidad, aunque suene a ironía paradójica, el mantenimiento de una cartera relevante de inversiones en infraestructuras, puede ser la garantía básica para evitar el colapso de las propias prestaciones del Estado del bienestar. Siempre he huido de la dicotomía excluyente entre políticas sociales y políticas de infraestructuras. Una determinada manera de invertir, racional, planificada puede llegar a ser la primera de las políticas sociales.
[*Títol original que per motius d'encaix en l'espai del diari va acabar sent "Infraestructuras y crisis"]
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PERDER LAS FORMAS Y LA COMPOSTURA
El País
CiU ha perdido la primacía en la escena política catalana que alcanzó en 1980 y afianzó en 1984. Las mayorías sucesivas -absolutas o relativas- se ampararon en algunos éxitos evidentes y en la construcción e identificación del autogobierno. Pero hoy nos situamos a pocos meses de una cita electoral y comprobamos que existe una pérdida de primacía, con desgaste lento, de largo recorrido, sin caída libre pero en cualquier caso una pérdida inexorable e irrecuperable.
No me refiero, claro está, a la hegemonía política conservada de modo precario con la inestimable e incondicional ayuda del PPC; aunque en este aspecto hoy ya nadie parece recordar, o querer recordar, la falsedad sobre la que CiU se asentó en la campaña electoral de 1999 al negar una y mil veces cualquier posibilidad de acuerdo con el PP. Hecho que desmintió de forma inmediata al rubricar un pacto de investidura que además comportaba el compromiso de congelar toda veleidad reformista del marco del autogobierno.
Me refiero a la pérdida de capacidad de iniciativa política y al retroceso en el nivel y el contenido de las propuestas. Todo ello se pone de manifiesto en la precariedad y la superficialidad de las mismas que en la mayoría de los casos no resisten el contraste con la realidad que pretenden abordar. Incluso muy a menudo aparecen como propuestas suscitadas a remolque de las desgranadas con regularidad por los grupos de la oposición y, en especial, de las formuladas por la alternativa encabezada por Pasqual Maragall y el grupo parlamentario PSC-CpC.
Pero aún con anterioridad a la actual legislatura, CiU ya hipotecó su credibilidad política al abandonar la corta distancia que había caracterizado su anterior obra de gobierno y emprender una alocada carrera basada en promesas que luego la práctica política desmiente cuando no contradice. Es una consecuencia directa de la contradicción constante entre supuestas expectativas de influencia en la política española y la imperiosa necesidad de preservar en Catalunya un discurso más radical, de corte esencialista e identitario. Así se puede afirmar la plena integridad del territorio y el paisaje como símbolo de la nación y, a la vez, sin ningún rubor entregar el agua del Ebro contra la voluntad de sus gentes y de la mayoría de ciudadanos. El nacionalismo catalán conservador ha pecado siempre de una actitud ambigua de “quiero y no puedo” que acaba por no satisfacer a nadie aunque ha mantenido en vilo a todos.
No es nuevo, ni tan sólo reciente. La historia de los gobiernos de CiU está salpicada de incumplimientos y promesas frustradas eso sí en un crescendo imparable que hoy se hace ya insostenible. Podemos remontarnos a la investidura de 1980 cuando Pujol prometió explícitamente la tramitación de un Estatuto de Autonomía muy remozado. A remolque de dicha reforma frustrada se ha quedado en la cuneta la aprobación de una ley electoral catalana y la imprescindible y todavía pendiente descentralización de la administración de la Generalitat que nunca acaba de llegar.
Pero estas cuestiones de marco general no deben ocultar que tienen aun mayor importancia aquellos incumplimientos que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, Jordi Pujol reclama para sí la primacía en la reivindicación de la familia. Una y otra vez insiste en que él siempre la ha defendido mientras que otros acaban de descubrirla. Es cierto que ha manejado desde siempre el concepto familia y la relación e interrelación entre natalidad, identidad e inmigración, pero precisamente la particularidad restrictiva de sus ideas sobre estas cuestiones es la que mantiene abierto un abismo entre las ideas y las políticas. A tenor de las iniciativas políticas, el interés de Pujol y sus gobiernos por la familia es muy reciente y además sesgado. Ni la política de guarderías, ni las ayudas directas a las familias con hijos habían despertado el más mínimo interés del gobierno de CiU hasta que los socialistas planteamos en junio del 1998 un debate monográfico sobre la política educativa y hasta que Pasqual Maragall formuló sus propuestas sobre políticas de familia el 22 de enero del 2002.
Suenan a sarcasmo los grandes titulares de aquel debate cuando el conseller Hernández se sacó de la chistera la promesa de 30.000 plazas de guardería con el único objetivo táctico de diluir el efecto de un debate sobre la calidad de la enseñanza, la situación de la escuela pública y las consecuencias de la aplicación de la reforma. De haber existido concordancia entre las promesas y la realidad, Catalunya no habría alcanzado las bajas cotas de natalidad que hoy la caracterizan y el gobierno catalán no estaría tirando agua al vino de aquella promesa a base de transferir la responsabilidad de la etapa de 0 a 3 años hacia otras administraciones, hacia el conjunto de la sociedad y, específicamente, hacia los ayuntamientos y las empresas.
Es más cercano todavía el fiasco de la política de vivienda evidenciado en medidas que llegan tarde y mal en los presupuestos del 2003, después que los socialistas avanzáramos nuestra propuesta de incentivos fiscales y ayudas directas a la vivienda de alquiler y a la promoción pública de viviendas el 14 de octubre del 2002.
El caso más reciente y el más escandaloso porque encubre la máxima inoperancia del gobierno es el referido a la cultura. El libro blanco sobre las industrias culturales llega con más de tres años de retraso respecto al Llibre blanc de la Cultura a Catalunya impulsado por el PSC en octubre de 1999. No cabe duda que el trabajo de los profesionales merece todo nuestro respeto y atención, pero la presentación ahora del citado libro blanco no exime de responsabilidad a los gobiernos de Pujol por una política errática, anodina e inocua en materia de cultura. El vacío de capacidad innovadora clama al cielo tanto como la ausencia de voluntad de concertación al estilo de lo que en su momento pretendiera el pacto cultural.
Las vacilaciones en este campo definen una falta de convicción catalanista y un instinto de pasividad destructiva que no ha llevado a peores consecuencias por el empuje de los creadores y la sociedad civil cuando ha podido librarse de las tutelas y los controles.
A unos meses de las próximas elecciones autonómicas la sociedad catalana ve como su gobierno se arrastra en una sinuosa pesadez, carente de liderazgo, iniciativa y ambición, sin ideas, apesadumbrado y melancólico, sacando fuerzas como puede de un mal remedo de las ideas de otros. La aparatosidad de las ruedas de prensa, los viajes -justificados o no-, las comparecencias, las conferencias y toda la parafernalia del poder exhibida ahora sin escrúpulos en una escalada propagandística casi impúdica, no puede ocultar que aun antes del veredicto de las urnas CiU ha perdido ya la primacía. Aunque es posible que al darse cuenta de ello, y a la vista de alguno de los argumentos esgrimidos en los prontuarios de los asesores de campaña, hayan decidido también perder las formas y la compostura.
PUBLICAT A: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Perder/formas/compostura/elpepiautcat/20030106elpcat_8/Tes/
LA SEMILLA DEL DIABLO
El País
La conferencia que Artur Mas pronunció el pasado 21 de octubre presenta multitud de puntos débiles que anulan su único argumento central: la propuesta de un nuevo Estatuto de Autonomía para Catalunya. Por más que se revista de novedad, el “nuevo” Estatuto que se plantea será a todos los efectos sólo nuevo si incorpora en su articulado los contenidos de cambio social, territorial, económico y político que se han producido desde 1979 hasta hoy.
Para ello falta un trabajo en profundidad y un trabajo en común. Disponemos de buenas bases, pero las nuevas bases que se anuncian para abril suenan a mala excusa para salvar los últimos obstáculos de la actual legislatura.
La propuesta dilatoria de Artur Mas es una invitación a perder ahora un año y en el futuro una legislatura entera como consecuencia del compromiso de aplazamiento inevitable adquirido en los acuerdos de investidura suscritos en 1999 con el Partido Popular.
La apropiación del catalanismo
En su propuesta Mas certifica un notable desconocimiento de la trayectoria histórica del catalanismo político. Éste deviene en el curso de su razonamiento una especie de coartada para aparcar al nacionalismo y apelar de modo exclusivista y excluyente al catalanismo. Las referencias al nacionalismo se pueden contar con los dedos de una mano. Para situar su oferta se ve obligado a forzar los argumentos hasta desvirtuar el sentido histórico del catalanismo de modo que pueda excluir del mismo a todas las fuerzas políticas excepto a CiU.
Así, a partir de una idea falsa de un catalanismo único, de origen y tronco común, un catalanismo –dice- permanentemente renovado desde “un fondo permanente y un sentimiento inalterable” intenta erigirse en su único intérprete contemporáneo. Es un acto gratuito de apropiación indebida para el cual se sitúa, artificiosamente, en el eje del catalanismo. Una apropiación excluyente muy distante de la tradición unitaria y de la movilización social que caracterizó siempre al movimiento catalanista.
Resulta, sin embargo, que ni la nación, ni el nacionalismo, ni el catalanismo son inalterables y permanentes. Desconocer el carácter dinámico del progreso y de la historia para descartar otros proyectos es un ejercicio inútil cuando no cínico. Igual que apelar a los orígenes y la tradición de 1980 y argumentar que “no es lo mismo un presidente de la Generalitat de matriz nacionalista que un presidente y un gobierno condicionados por su pertenencia a formaciones políticas de ámbito estatal” resulta ya poco creíble. Y más si se tiene en cuenta que en no pocas ocasiones la subordinación nacida de las exigencias de la gobernabilidad ha puesto en evidencia la pureza de la mismísima “matriz nacionalista”. Dicha credibilidad se resiente aun más si entramos en alguno de los contenidos concretos de la propuesta.
Un Estatuto de Autonomía a la defensiva
Esto parece si nos atenemos a la justificación de la propuesta de un nuevo Estatuto “para proteger y reforzar la identidad catalana” y de este modo “seguir siendo y situarnos entre los mejores”.La vieja apelación a una actitud proteccionista no salva nada. Proteger ¿contra quién?, ¿de qué? ¿No es hora ya de afirmar la identidad catalana, de darle una nueva dimensión, un nuevo horizonte? ¿No ha pasado ya la época del conformismo mal administrado, del victimismo subyacente y de la connivencia con la derecha española?
Aquí cruje todavía más que en ningún otro punto el entramado del edificio que nos plantea Mas. La propuesta nace de la más absoluta inanidad. Tampoco aquí el simple engarce de buenas palabras logra situar los temas en el terreno de la credibilidad, la eficacia y la confianza. La simple enumeración de temas ¿aporta algún acento nuevo a una propuesta inocua en su contenido y malintencionada en su formulación política?
La actitud defensiva y proteccionista esconde un catalanismo acomplejado, que no es el mejor planteamiento para abordar con plenitud todas las cuestiones que suscita un balance de la vigencia del actual modelo.
Ministerios por consejerías, ¿pacto o trampa?
Erigiéndose en intérprete único, exclusivo, del nuevo Estatuto, Mas avanza un paso más en su incongruente propuesta. Si nos aceptan el Estatuto aceptaremos colaborar más a fondo; y si no que no cuenten con nosotros por más tiempo. ¿En qué condiciones se puede sostener y sustentar esta propuesta?, ¿de qué gobierno está hablando y con qué fuerzas cuenta? ¿Presupone Mas que dentro de un año estará en condiciones aquí y allá de plantear y mantener una propuesta que desde su unilateralidad nace más desde la arrogancia que desde el patriotismo?
En cualquier caso el PP ya se ha apresurado a aceptar el reto, ofrecer colaboración, garantizar estabilidad y comprometer la voluntad de participar y compartir un gobierno de Catalunya. ¿Se trata tan sólo de un trueque entre la derecha en un intento a la desesperada de mantener un escenario que conserve en España y en Catalunya la actual simetría política?
Sea como fuere todo parece indicar que Pujol ha dejado en manos de su delfín la operación de renunciar al último bastión, al último triunfo todavía intacto para preservar las esencias del imaginario nacionalista.
Pactar con el diablo
Claro que cerrando el círculo el trueque es un trato elegante y educado, hecho trizas a pocos días de distancia por el equipo de colaboradores y asesores de Mas cuando formularon una idea parecida pero con mayor descaro. Si hace falta, dijeron, para impedir que los socialistas accedan al gobierno de la Generalitat, pactaremos con el diablo. Hace 20 años, los socialistas éramos a los ojos de la derecha española el mismísimo diablo. Hemos avanzado un poco: ya no somos el diablo. Ahora hay que pactar con él para impedir la alternancia y frenar la imprescindible regeneración democrática.
La experiencia nos dice que el futuro está a la vuelta de la esquina. Mientras unos se esfuerzan por hallar coartadas para pactar con el diablo, otros formulan razonablemente sus propuestas desde el catalanismo de matriz popular y progresista, el que Artur Mas niega, desconoce u oculta.
Es desde el catalanismo plural que se podrá garantizar un mejor autogobierno. Pero cualquier profundización del autogobierno requerirá de muchas complicidades y no es gratuito recordar que los avances de la democracia, la libertad y el autogobierno han sido siempre paralelos. La historia enseña y explica que los grandes avances en la modernización de España y en la profundización del autogobierno han requerido siempre la contribución de las izquierdas, en colaboración con el catalanismo político de todas las matrices, incluida por supuesto la socialista, junto con la aportación de los nacionalismos moderados. Ha llegado la hora de un Estatuto que integre las aspiraciones de Catalunya con las necesidades de los ciudadanos.
Éste es el escenario posible, previsible y necesario. Y en este escenario caben muchos más y con más derecho que Artur Mas.
PUBLICAT A: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/semilla/diablo/elpepiautcat/20021223elpcat_4/Tes/
ZOZOBRA POLÍTICA
El País
Nuestros actuales gobernantes (la minoría mayoritaria de CiU) parecen decididos a deslizarse lentamente por la pendiente de una plácida agonía. Sestean, dormitan.
Han construido una realidad virtual a su medida y han abandonado, han perdido, toda capacidad de atender a los ciudadanos, de aceptar las críticas y responder a las demandas y exigencias razonables de los mismos. No se trata de anunciar en la severidad de nuestras afirmaciones ninguna crisis. Pero cuando asistimos a una creciente versión autista de la realidad, cuando percibimos el recurso fácil a las simplificaciones maniqueas, conviene señalar puntualmente los déficits de gobernación que exhiben salvo algún destello fugaz de Jordi Pujol.
No se trata, insisto, de diagnosticar la evolución general del país. Se trata de analizar las capacidades de nuestros gobernantes, su coherencia, su sensibilidad, ante las cuestiones que se plantean. No es tanto cuestión de analizar ahora las potencialidades de Catalunya como de evaluar las capacidades de aquellos que administran por cuenta de todos los recursos públicos y la imagen general del país.
A lo largo de este verano se han suscitado, al menos, tres cuestiones de gran calado que merecen nuestra atención: 1. En el mes de julio aumentó el paro registrado en Catalunya; 2. todos los esfuerzos del Servei Català de Trànsit no han podido impedir ni el colapso de las carreteras ni sobretodo el incremento de los accidentes mortales en Catalunya, y 3. los accidentes laborales se han disparado y el número de víctimas mortales no ha parado de crecer hasta alcanzar una proporción alarmante y una frecuencia gravísima.
Es evidente que se trata de tres temas que han despertado una gran preocupación y que pueden ser un buen test para acreditar la capacidad de atención, reacción y respuesta de nuestros gobernantes.
En democracia es exigible claridad en la respuesta y consistencia en las soluciones. Gobernar implica asumir responsabilidades y ejercerlas. Ésta es la esencia de la delegación de soberanía que asumen los gobernantes.
Hay un preocupante común denominador en la respuesta a los tres temas. Veámoslo:
1. El paro podría haber subido, dice el Govern, por la actitud poco responsable de algunos empresarios dispuestos a dar de baja estacionalmente a sus trabajadores e inscribirles en el paro;
2. Las causas principales de los accidentes de tráfico son, siempre según el Govern, imputables a los conductores (exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, embriaguez), y
3. Las causas de la siniestralidad laboral hay que buscarlas, también de acuerdo con el parecer del Govern, en el incumplimiento por parte de trabajadores y empresarios de la normativa vigente.
No vamos a discutir, ni a desmentir, estas explicaciones. Queremos simplemente constatar hasta qué punto nos escandaliza su unilateralismo. La simpleza del desmarque sin rubor. La frivolidad de quien ante su falta de respuesta busca transferir responsabilidades y buscar culpabilidades ajenas a cualquier precio.
¿Por qué no se reconocen en las cifras de la desocupación algunos leves síntomas de desaceleración, sólo algunos, y alguna deficiencia estructural?
¿Por qué en los accidentes de tráfico no se fija también la atención en las características y las deficiencias de la red de carreteras? ¿Cómo se explica que se haya intentado incluso justificar la bondad del trazado y de la sección del Eix Transversal cuando existe una rara unanimidad de los usuarios en sentido contrario como a menudo reflejan las secciones de cartas al director de la prensa de Catalunya?
¿Cómo se explica el incumplimiento sistemático de la legislación sobre riesgos laborales y la falta de vigilancia y control ante tal contumaz desacato?
Fijémonos con más detalle en esta última cuestión. Finalmente el conseller de Trabajo, Sr. Lluís Franco y el propio president Pujol han anunciado, en Tiurana, un incremento del 100% de la plantilla de inspectores de seguridad laboral. De acuerdo. La ley es para que se cumpla y es obligación del gobierno hacerla cumplir.¿Cómo se explica entonces que en junio del año 2000 (hace más de dos años!) el conseller compareciese ante el Parlament y anunciara solemnemente que el control de los riesgos laborales y la disminución de la siniestralidad eran una prioridad absoluta del Govern? ¿Por qué se anuncia ahora como novedad y reacción tardía lo que se prometió hace dos años?
Este gobierno tiene un déficit democrático. Ha perdido la humildad indispensable para encajar las críticas y para ejercer con serenidad una mínima y saludable autocrítica.
Quiero concluir con dos ejemplos más que ilustran, en su contradicción, nuestra crítica.
1. Este verano, muy al principio, el conseller de Medio Ambiente, Sr. Ramon Espadaler, negó reiteradamente ningún tipo de problemas con el agua de consumo doméstico en ningún pueblo de la geografía catalana. Y en realidad es una evidencia clamorosa que por lo menos setenta municipios tienen problemas en sus aguas por un exceso de nitratos y al menos dos, Queralbs i Rupià (ironías de la vida!) quisieron advertir a sus conciudadanos de las deficiencias de sus respectivas aguas. Es la misma actitud de lavarse las manos del mismo conseller que hemos visto en el caso del accidente de Mollet del Vallès en un intento frustrado de salir por la tangente y dejar solo al Ayuntamiento de esta ciudad vallesana.
2. En el extremo opuesto, con diligencia máxima y con recursos transferidos de otros departamentos, el conseller de Presidencia, Sr. Artur Mas llevado de una magnanimidad mal entendida ha ampliado por su cuenta y riesgo el “Carnet Jove” a todos los catalanes y a todas las catalanas de entre 25 y 30 años. Es un alarde publicitario de política sin riesgo y sin responsabilidad, es el espejo del anuncio de la campaña institucional, que no te den gato por liebre!
La eficacia aún posible en las medidas sin coste, ni desgaste, brilla por su ausencia en las cuestiones que comportan un riesgo. Lo dicho: sestean, dormitan.
Y, sin embargo, celebro que un ministro marroquí considere a Jordi Pujol el interlocutor en el diálogo bilateral que Marruecos no encuentra en la diplomacia aznarista. A mi no me duelen prendas. A ellos, al parecer, sí.
Lo más doloroso es que ante esta actitud escapista e indolente estamos perdiendo muchas oportunidades.
PUBLICAT A: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Zozobra/politica/elpepiespcat/20020916elpcat_4/Tes
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