Ciutadans - Federación de Barcelona (ciudad)

Tras calcular que, aplicada con datos de 2009, la nueva norma habría supuesto la mitad de espectadores (hasta cinco veces menos en el caso de las películas europeas), las salas de cine han realizado una huelga el  1 de febrero en la que, según fuentes del sector, ha significado el cierre del 75% de las sala. No han faltado en la jornada los batasunizantes que mueven la palmera del oasis para que otros recojan los dátiles.

La imposición por el gobierno autonómico de Cataluña a los distribuidores y exhibidores de películas del número de copias en cada lengua oficial que deberán ofrecer en las salas de proyección (50% en castellano y 50% en catalán), además de ser un ejemplo de intervencionismo que deberá figurar en los manuales, es contrario a cuanto cualquier sector empresarial sabe desde los años veinte del pasado siglo. Fue en ese peridodo de la historia de los negocios que, como muy bien explicó Edward Bernays, las empresas se dan cuenta de que deben conocer las demandas del público y saber satisfacerlas y descubren que «la relación entre la empresa y el público sólo será saludable si se basa en un toma y daca». A partir de ese momento –seguimos leyendo en Bernays- todo negocio reajusta sus objetivos empresariales teniendo en cuenta la demanda del público: no es suficiente conocer el producto, sino cómo ofrecerlo y las preferencias, hábitos y perjuicios de los destinatarios. Si bien el marketing científico logra modificar gustos de generaciones enteras (en Barcelona casi toda la población consume un producto infame: unas barras de algo llamado “pan” que está muy lejos de ser pan, pero se expende en bolsas de papel y por dependientas con gorrito blanco, y la decoración de los puntos de venta, frecuentemente, pretende evocar una casa rural; que el precio duplique el del verdadero pan de cualquier país de Europa no es el tema de estas líneas), ningún sector tensa la cuerda con el público o los consumidores. «El público no es una masa amorfa que se pueda moldear a voluntad o a la que se pueda imponer órdenes» (de nuevo Bernays). Es la imposición política al público -en la que los distribuidores y exhibidores son utilizados como correa de transmisión- donde la cuerda puede tensarse porque viene a romper la concordia que debe presidir las relaciones entre un negocio y su público.

Hemos hecho referencia ya en alguna ocasión a cómo el consorcio de bibliotecas del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona (institución provincial que cuando omitió en su imagen corporativa la palabra Provincial añadió a lo que quedaba del nombre la expresión Xarxa de municipis) pretende pervertir la oferta y la demanda en su política de adquisiciones, una política de compras dirigida a mantener artificialmente la edición en catalán, como hacía el pujolismo, régimen que adquiría miles de copias de auténtica basura editorial que enviaba a la bibliotecas; lo llamaba suport genèric). Pretende… sin lograrlo. Siendo libre la elección por parte de los usuarios, las estanterías se llenan de ejemplares que no leerá ni dios. Pero el intervencionismo en el sector editorial es básico porque la pobre demanda de la Cataluña real habría puesto a la industria en su lugar: baste recordar cuando obligaron a Lara a comprar parte de Edicions 62 o del Avui, o pensar en el imperio levantado por el valenciano Eliseu Climent, émulo de Ciudadano Kane, gracias a acudir a gimotear al principado de donde se lo lleva calentito.

De la misma idea viene a participar ahora la Generalitat en lo del número de copias de cada título cinematográfico con la excusa de que el público no ve cine en catalán porque no se le ofrece (como dijo en el Telenotícies que aplaudía la medida una joven con bradilalia muy entusiasmada. Nota bene: Telenotícies: informativo de la televisión pública de Cataluña que a las 96 horas del terremoto de Haití abre con el vuelo de Montilla, Carod y Benach desde Barcelona para inaugurar el aeropuerto de Lérida). Pero no deja de ser eso, una excusa que, por un lado, imponen como un “aquí mandamos nosotros” que de vez en cuando deben recordar a empresarios y consumidores y, por otro, como un paso previo que, como saben que la medida imperativa que ahora decretan fracasará, les permita implantar la obligatoriedad del 100% de las copias en catalán.

Durante las pasadas vacaciones navideñas, quien esto firma recorrió cuatro puntos de venta pertenecientes a El Corte Inglés y Ábacus para adquirir el recambio de la agenda para 2010. Al no encontrar unidades en castellano del modelo deseado (quien esto firma dejó de hablar en catalán en 1998 al promulgarse la primera Ley de Política Lingüística: una cosa es velar por las especies en extinción y otra que te obliguen adoptar un lince ibérico), pero era visible el hueco que las había ocupado junto al vertical montón del mismo modelo en catalán, tras un “en castellano lo hemos acabado” por parte del empleado, uno se despidió así: “pues como es el tercer año que me ocurre, díga a sus jefes que adapten la oferta a la demanda; buenas tardes”. Después pensé que quizás Cataluña tenga ya un sector empresarial que prefiera cavar su propia fosa a “meterse en política” como te aconsejaban durante el franquismo para no tener problemas. Imaginé a un kafkiano inspector de la Agència Catalana de Consum (esos que hacen las visititas mafiosas tras recibir denuncias anónimas) verificando que el número de recambios de agenda ofertados en catalán fuera el triple que en castellano.

Desde 1980 la Generalitat ha hecho de la lengua catalana un fabuloso negocio propio mediante la imposición de una lengua en todas las esferas (para devolverle el porcentaje de hablantes que tenía en el siglo XI, momento en que empieza su declive por la expansión del castellano; la recuperación literaria del catalán desde el siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX no logró influir en el porcentaje de hablantes) y una ruina para bolsillos ajenos, los de los ciudadanos, por su política de subvenciones (quien esto firma no acude a proyecciones en la Filmoteca de Cataluña de películas subtituladas en catalán: uno no tiene por costumbre pagar las cosas dos veces). Pero ese negocio no lo será jamás para el sector privado que no puede imponer el consumo de un producto de libre elección según las preferencias de ocio, cultura, etc, de cada uno.

Saben, como todos sabemos, que el exceso de oferta no crea demanda: la excusa para implantar el 100% está servida. “Aquí mandamos nosotros”, “a pasar por el tubo”. Antes construir la nación de cartón-piedra que tienen en sus cabezas que se cierren cines y se hundan quienes crean empleo. Ya lo escribió el novelista Juan Benet en un momento crítico de la transición: una vez la cifra de parados ha superado el millón, a los gobernantes les va a dar igual dos millones que cinco.

 Antonio López

Fotografía de R. A.