Sociedad Incluyente

Los procesos de desarrollo global, tecnológico y económico han deparado unas sociedades más avanzadas, con mayores niveles de bienestar, pero también han generado nuevos fenómenos que acaban configurándose como procesos de exclusión social.

Este concepto de “exclusión social” representa un salto cualitativo con respecto al de “pobreza”. Cuando se emplea el término pobreza, se alude únicamente a la carencia de recursos materiales suficientes para atender las necesidades básicas de una población determinada. Por el contrario, la llamada exclusión social implica un proceso multidimensional que engloba un cúmulo de circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente relacionadas, las cuales terminan por anular la dimensión de ciudadanía en las personas y colectivos afectados, pues suponen la separación de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la política, a los que los demás colectivos sí tienen acceso y posibilidad de disfrute.

Por otra parte, cuando en los países desarrollados hablamos de pobreza, debemos de hacer notar que se trata, generalmente, de pobreza relativa^[1], noción ligada a la de desigualdad, que supone una situación de clara desventaja económica de alguien respecto al resto de personas de su entorno. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2010, en España, una de cada cinco personas (20,8%) vivía por debajo del umbral de pobreza relativa. También debemos tener presente que, en la actualidad, a los colectivos que integran lo que podríamos llamar “pobreza clásica” (ancianos, menores, discapacitados), se añaden los correspondientes a la denominada “nueva pobreza”, tales como mujeres maltratadas, hogares mono-parentales, inmigrantes, toxicómanos, etc. En estos y otros casos semejantes, la “desventaja” social inherente a la pobreza adquiere su punto más crítico cuando llega al grado de “exclusión”.

Desde el partido M+J creemos que, para la construcción de una sociedad incluyente, es necesario trabajar sobre las causas de la exclusión, y no tan sólo sobre sus efectos. Para ello se requiere, por parte de los poderes públicos, el diseño y puesta en práctica de políticas transversales, en las que los Servicios Sociales participen con prestaciones y servicios que favorezcan la convivencia personal, familiar y social. Y por parte de toda la sociedad, el compromiso de hacer causa común para promover condiciones positivas de convivencia.

La pobreza y sus lacras constituye una realidad desagradable que no queremos ver. Esta pobreza invisible incluye fenómenos tan problemáticos como la prostitución, los menores desprotegidos, la drogadicción, el alcoholismo, y otros de diversa índole, pero con trayectoria semejante hacia la exclusión social. La ciudadanía y sus representantes políticos deben determinarse a suprimir esta “invisibilidad”, y actuar decididamente, a fin de prevenir y detener los procesos de exclusión social.

Desde el partido M+J apostamos por reconocer el derecho de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad.

Como respuesta a estas situaciones de exclusión, proponemos una serie de medidas que debe llevar a cabo la Administración pública, ejerciendo el deber que tienen conferido y, a su vez, reivindicamos la co-responsabilidad ciudadana para hacer frente a la realidad social que se vive en su entorno. Como líneas de actuación generales, a nivel municipal, proponemos[1]:

- Sensibilizar sobre las diferentes formas de pobreza y exclusión social, y animar a las personas a combatirlas a través de:

 o El uso de los medios de comunicación como grandes difusores de la información.

o Realizar campañas en colegios y en los barrios (asociaciones de vecinos) para informar a los ciudadanos de la realidad que están viviendo muchos de sus vecinos, propiciando así la participación ciudadana.

- Construir redes de cooperación para erradicar la exclusión social. Establecer y reforzar la colaboración público-privada entre las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para ello, consideramos indispensable la creación y fortalecimiento de redes sociales con participación de la Administración Pública que contribuyan a este fin.

Aparte de las dos líneas generales de actuación indicadas, ofrecemos varias propuestas particularizadas para aquellos colectivos cuyo nivel de exclusión o vulnerabilidad es mayor. En concreto, nos centramos en las personas sin hogar, en la protección de menores, en las mujeres que ejercen la prostitución y en las personas que padecen una discapacidad.

Abordamos, aunque en el apartado dedicado al derecho a la salud, la situación de las personas que sufren alguna drogodependencia. La situación de las personas migrantes y las minorías étnicas merece todo un apartado -Hacia una sociedad intercultural- Además, hay que decir que tanto la condición de mujer como el tener una edad avanzada son características muy comunes entre las personas que sufren exclusión social. Ambos sectores de la población se tienen presentes de manera transversal a lo largo del programa electoral.

El llamado “sinhogarismo crónico” es la expresión más extrema de la pobreza y la exclusión. La actual crisis económica está evidenciando un empeoramiento de este problema[2], visible sobre todo en centros de ayuda de primera necesidad, como son comedores sociales o centros de acogida. Además de la ausencia de un techo o de una cama, la soledad, la desconexión social y afectiva y la marginación, son algunas de las consecuencias más duras derivadas de esa situación. Existen servicios sociales como albergues, comedores, o servicios sanitarios, pero las cifras y los hechos reflejan una insuficiencia en la atención y recursos destinados a las Personas Sin Hogar, responsabilidad de la Administración Pública. Consideramos que erradicar la exclusión más extrema, como es el caso de las personas sin hogar, debe ser una prioridad a resolver por el conjunto de la ciudadanía. Desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), apoyamos el documento «10 propuestas para una estrategia de ERRADICACIÓN DEL SINHOGARISMO»[3]. Dentro de estas diez propuestas consideramos que son de especial relevancia las siguientes:

- Elaborar políticas públicas basadas en un enfoque preventivo para evitar carencias de vivienda digna, para lo cual proponemos:

 o Establecer cauces de comunicación eficientes entre los Juzgados y los Servicios Sociales para reducir el sinhogarismo generado por los desahucios e impagos.

 o Aumentar la vigilancia para la detección precoz de casos de vulnerabilidad especial, con provisión de alojamientos para salida de hospitales o centros penitenciarios, jóvenes tutelados hasta su independencia económica, etc.

o Acompañamiento social para apoyar el mantenimiento de la vivienda cuando la unidad familiar lo requiera.

o Incrementar el número de viviendas sociales y de acogida.

- Promover más programas psicoeducativos a fin de paliar las situaciones de aislamiento, soledad y sufrimiento propios de la exclusión, que suelen derivarse de rupturas relacionales y afectivas que la persona ha padecido.

- Tener una especial consideración hacia las mujeres en la atención a personas sin hogar. Dada la particular dinámica en que las mujeres están inmersas por condicionamientos derivados de su sexo –por ejemplo la invisibilidad de su situación, al no aparecer como usuarias de servicios por recurrir frecuentemente a dormir en casas de amigos o familiares– planteamos las siguientes medidas:

o Dotación económica y profesional para la creación de grupos especializados en atención a la problemática específica de las mujeres sin hogar.

o Recursos especiales para los casos de violencia de género o abuso sexual.

o Plazas residenciales adecuadas para mujeres y parejas.

En lo que respecta a la PROTECCIÓN DE MENORES, nuestras propuestas[4] a nivel municipal son:

- Dar más apoyo a proyectos de asociaciones que trabajen con la integración y educación de menores, concienciación y sensibilización.

- Realizar políticas sociales que permitan dotar a los extranjeros “sin papeles” menores no acompañados de la documentación y formación académica necesaria, para que, en caso de no producirse la repatriación a sus países de origen, tengan un porvenir en la sociedad española.

- Favorecer el acceso a la vivienda a jóvenes tutelados en los diez años posteriores a su mayoría de edad.

- Ampliar el número de pisos tutelados.

En cuanto a la PROSTITUCIÓN, nuestras propuestas[5] municipales son las siguientes:

- Crear programas de formación y cualificación profesional, ofertando programas para su integración en el mundo laboral.

- Facilitar el acceso a los servicios sanitarios, sociales y de vivienda.

- Abrir un debate que devuelva la visibilidad a estas mujeres, escuchando a todos los agentes implicados en esta realidad[6].

- Realizar una campaña de sensibilización en el ámbito municipal para modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual, de forma que sea la propia sociedad la que rechace el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las prostituidas y centre su objetivo en reducir la demanda sexual de mujeres, haciendo visible al llamado «cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente.

En lo referente a PERSONAS CON DISCAPACIDAD proponemos[7] [8]:

- Aprobar en la Legislatura un Plan de Inclusión de las Personas con Discapacidad que articule toda la política de la Corporación Local en esa materia.

- Revisar y modificar toda la normativa local para adecuarla al nuevo marco normativo instaurado con la ratificación por parte del Estado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previniendo y eliminando todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

- Poner en marcha campañas de sensibilización, concienciación y educativas de forma periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población del ámbito del municipio sobre la realidad de las personas con discapacidad.

- Incorporar representantes de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a los órganos de participación que existan en la Corporación Local con los que la discapacidad tiene una conexión directa (educación, sanidad, empleo, urbanismo y edificación, vivienda, transporte, bienestar social, consumo, ocio, nuevas tecnologías, etc.).

Vivimos en una sociedad que, desde los pueblos más pequeños a las capitales más grandes, cada vez cuenta con mayores diferencias étnico-culturales. Queramos o no, nuestro mapa cultural, étnico, racial, religioso, etc. se ha visto ampliado, de manera cualitativa y cuantitativa, en un periodo de tiempo no demasiado grande.

Esta realidad podemos afrontarla de dos maneras opuestas, aunque entre una y otra pudieran caber posturas más matizadas. De una forma negativa, viviéndola como una amenaza, estaríamos ante el enfoque multicultural[1] que predomina hoy y que es apoyado por ciertas medidas políticas y reformas legales (como por ejemplo la última reforma de la Ley de Extranjería con su reglamento aplicativo), así como por algunos medios de comunicación. Podemos, por el contrario, enfocarlo de manera positiva, apostando por una sociedad intercultural; esto es, una sociedad más abierta, comunitaria, creadora de espacios de intercambio mutuo y en igualdad de condiciones.

Desde el partido M+J optamos por la INTERCULTURALIDAD, porque la entendemos como el cauce para la comunicación y el proyecto común, siendo ésta:

- Actitud flexible, abierta y positiva, que parte del respeto a la diversidad de culturas, pero supera las carencias del relativismo, ya que mantiene que no todo lo que compone una cultura es válido.

- Respetuoso con la diversidad cultural, a partir del reconocimiento recíproco de las culturas en contacto.

- Voluntad de conocimiento crítico mutuo y la voluntad de un proyecto común de convivencia. Para la creación de este proyecto común es fundamental el diálogo entre culturas.

- Proyecto común de convivencia que tiene como meta la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos.

- Reconocimiento de la diferencia y del mestizaje cultural, los cuales sólo pueden activarse desde la igualdad en las condiciones de acceso a los escenarios que hacen posible dicho reconocimiento.

- Igualdad de derechos y deberes de todas las personas con independencia de su origen cultural.

Para poder caminar hacia esta SOCIEDAD INTERCULTURAL, desde el partido M+J proponemos[2] a nivel municipal:

- Acceder en condiciones de igualdad a los derechos sociales y políticos. Dentro de estos derechos, estaría entre otros, el acceso al padrón municipal[3] [4].

- Dotar de recursos suficientes a los servicios sociales de cara a la realización de los informes de arraigo social¹⁹.

- Incluir dentro del programa de formación continua de los técnicos municipales temática sobre inmigración e interculturalidad.[5]

- Fomentar el diálogo interreligioso en nuestra ciudad para permitir la convivencia y el respeto mutuo de las creencias y valores.

- Crear la figura del “Mediador Social Intercultural” en las administraciones públicas con dependencia municipal (ayuntamiento, oficina de inmigración, centros cívicos, etc.)

- Crear mesas sociales de diálogo en las que intervengan todos los colectivos que trabajan en cualquier dimensión de Interculturalidad y trabajo con migrantes.

- Crear programas de convivencia y gestión de la diversidad en barrios, generando tejido social y ciudadanía¹⁹.

- Aumentar el número de pisos puente destinados a la atención y acogida de familias extranjeras en situación de vulnerabilidad social como forma de integración con la población.[6]

- Elaborar un Plan Municipal de minoría étnica gitana[7] 2011-2015 cuyo objetivo sea favorecer la integración social de la comunidad gitana, en un marco de convivencia y de respeto mutuo, incrementando su nivel educativo y promoviendo medidas para su preparación y capacitación laboral. En particular se perseguiría:

o Promover una mayor participación activa de la comunidad gitana y su apertura al entorno social, favoreciendo una mejor convivencia entre diferentes culturas.

o Favorecer la mejora de las condiciones de vida del pueblo gitano garantizando unas adecuadas cuotas de bienestar individual, familiar y social, así como en materia de salud.

o Consolidar recursos y promover acciones en materia de educación para evitar el abandono precoz del sistema educativo.

o Sensibilizar a la población gitana para la valoración positiva de la participación en el sistema educativo, más allá de la educación obligatoria, o en actividades laborales y/ o sociales diferentes a las tradicionales a su comunidad.

o Favorecer medidas y recursos de integración en el mercado laboral del colectivo de etnia gitana más joven.

o Sensibilizar a la sociedad en general, instituciones, políticos y profesionales sobre la realidad del pueblo gitano, preservando la riqueza de la cultura gitana y sus señas de identidad y modificando a la vez los estereotipos existentes sobre la misma.

El objetivo de un programa social debería estar dirigido a conseguir llegar a detectar las necesidades reales de la población y poder intervenir sobre aquellas situaciones causales que están generando las desigualdades que impiden que las personas nos desarrollemos y vivamos en lo que se ha denominado el estado de bienestar.

Actualmente, la mayoría de los programas sociales están diseñados en base a la prestación de servicios, hecho que provoca que se intervenga sobre las consecuencias y no sobre las causas que provocan los problemas sociales.

Desde el partido M+J defendemos los Servicios Sociales como un Sistema de Protección Social dirigido al conjunto de la población, cuya razón de ser es:

- Facilitar el acceso al resto de los Sistemas de Protección Social.

- Procurar las condiciones adecuadas para las relaciones de convivencia de los ciudadanos y ciudadanas, tanto en el ámbito familiar como social.

- Favorecer los procesos de inclusión personal y social.

Consideramos que los Servicios Sociales deben sustentarse en dos elementos clave:

- Autonomía Personal

- Integración relacional

El primer elemento, la autonomía personal, simplifica la idea de que los Servicios Sociales han de generar una cobertura tal que permita a las personas que requieran de su ayuda poder solventar la situación que deriva en la necesidad, a la par que “aprender” o “adquirir” las habilidades sociales necesarias para prevenir posible futuros imprevistos. Es decir, la intervención no debe dirigirse exclusivamente a paliar la situación, sino que también debe prevenir y enseñar.

El segundo elemento, la integración relacional, enfatiza en la necesidad de que la intervención permita la generación, modificación y/o mejora de las redes sociales en las que la persona vulnerable desarrolla su vida cotidiana.

Es necesario destacar además que, en la mayoría de los casos, las funciones que deberían realizar los Servicios Sociales son asumidas o derivadas al Tercer Sector. Este sector aglutina una multitud de entidades, organizaciones, fundaciones, etc., que abarcan todo el espectro existente entre “lo social” y “lo empresarial”. Por ello, desde el partido M+J consideramos que es necesaria una mayor colaboración por parte de las administraciones con dicho sector, para que el diseño de los programas de intervención de los Servicios Sociales tengan un corte más transversal y no tan difuso como hasta la fecha.

Para que lo Servicios Sociales cumplan adecuadamente su función, desde el partido M+J proponemos[1] a nivel municipal:

- Garantizar una presencia significativa de los colectivos más desfavorecidos en el Consejo Municipal de Servicios Sociales[2].

- Contar con personas expertas en el trabajo directo para diseñar los programas sociales. En muchos casos, los programas sociales no son elaborados por personas experimentadas, diseñándose programas ajenos a la realidad social.

- Diseñar programas de atención integral que generen autonomía y capacitación, y no dependencia.

- Mejorar la coordinación entre los servicios sociales y otras áreas como sanidad, educación, juventud, inmigración, etc.

- Diseñar los programas sociales en coordinación con el tejido social del barrio en cuestión, vinculando a los propios programas que se generen con la población objeto de la intervención.

- Impulsar la inspección, el control y el seguimiento de los servicios públicos, de gestión directa, indirecta y concertada, así como de los privados para garantizar su calidad.

- Desarrollar una moderna y eficaz red de Servicios Sociales Especializados, para dar respuesta a las situaciones específicas de necesidad que no puedan ser atendidas en el espacio habitual de convivencia.

- Dar respuesta a la actual situación de necesidades alimenticias[3], por la que están pasando algunas personas excluidas en nuestras ciudades, a través de las siguientes medidas:

o Incrementar los comedores sociales así como el acceso a sus servicios.

o Dar difusión y apoyar a “los bancos de alimentos” por su utilidad, proximidad y garantía alimentaria.