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Tancar Ajuda | ||||||||||||||
Desde el partido Por un Mundo + Justo (M+J), apostamos por una ciudad abierta, no ajena ni indiferente ante las situaciones de injusticia, pobreza, exclusión y ausencia de respeto a los Derechos Humanos universales que se producen en el mundo. Una ciudad que permita, desde lo local, influir en lo global, contribuyendo en cantidad y en calidad a una mejora efectiva de las duras condiciones de vida en el Sur y en favor de los empobrecidos. Todo esto, a través de un compromiso real con una cooperación al desarrollo descentralizada y la puesta al servicio de los agentes de desarrollo en el Sur de las específicas capacidades y conocimientos que desde los municipios españoles se tienen, con el objetivo de hacer del mundo un lugar donde todo ser humano tenga la posibilidad de desarrollarse libremente, recuperando así el verdadero sentido que tiene la política: la búsqueda del bien común.
Cada vez más, en un mundo globalizado, las políticas de nuestros gobiernos afectan a los países y regiones empobrecidas y se constata cómo las acciones locales provocan y posibilitan transformaciones globales. Como ciudadanos del mundo y electores dentro del Estado de derecho, tenemos la capacidad de demandar una visión más amplia y a más largo plazo a nuestros gobiernos, para resolver el problema global más grave con el que se enfrenta sin duda el ser humano actualmente: la pobreza.
No pretendemos incorporar iniciativas novedosas, sino recoger las propuestas que desde hace años se vienen reclamando cada vez con más fuerza por parte de la sociedad civil. El fin de la pobreza no es un problema de falta de consenso en cuanto a las medidas. El problema es la falta de voluntad política.
A través del consumo responsable, el codesarrollo y la cooperación descentralizada, planteamos una serie de medidas que contribuyen a la construcción de un mundo más justo.
Desde el consumo responsable se pretenden alcanzar dos objetivos: proteger el medio ambiente y respetar los derechos de todas las personas que han intervenido en la cadena de producción de los bienes que consumimos. Sin duda, los ayuntamientos deben dar ejemplo, adecuar las infraestructuras de la ciudad – como vimos cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental - y fomentar con las medidas económicas a su alcance el consumo responsable. No obstante, el consumo responsable es una obligación de los ciudadanos y de poco servirá cuanto haga la administración pública si la ciudadanía no modifica sus hábitos de consumo.
Además de las propuestas esbozadas en el apartado de sostenibilidad medioambiental[1] y de economía social[2], proponemos las siguientes medidas:
- Adoptar una política de austeridad y coherencia en el gasto público en eventos (congresos, caterings, etc.) y demás cuestiones de índole estética y costumbrista (ej. alumbrado). Un grupo de trabajo se encargará de velar por esa apuesta por la austeridad[3].
- Fomentar el consumo responsable, como herramienta de justicia social de elemental aplicación, mediante el despliegue de campañas de sensibilización y la organización por parte del ayuntamiento (directa o indirectamente) de cursos formativos sobre esta temática.[4]
- Promocionar el consumo responsable a través de
[1] Estas podrían sintetizarse en la adecuación y construcción de las infraestructuras urbanas necesarias para hacer viable un consumo responsable.
[2] Todo lo referido al fomento del comercio justo
[3] Esta medida ha sido tomada de las «50 medidas para construir una Córdoba más justa, solidaria y sostenible» presentadas por Córdoba solidaria – coordinadora de ONGs cordobesas – el 16 de enero de 2011. Aunque estas medidas han sido pensadas para la ciudad de Córdoba resultan extrapolables a cualquier otro municipio.
[4] Esta medida ha sido tomada de las «50 medidas para construir una Córdoba más justa, solidaria y sostenible» presentadas por Córdoba solidaria – coordinadora de ONGs cordobesas – el 16 de enero de 2011. Aunque estas medidas han sido pensadas para la ciudad de Córdoba resultan extrapolables a cualquier otro municipio.
El codesarrollo es un término que trata de vincular, de manera positiva, las migraciones y el desarrollo. Se define como "...una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una perdida para el país de envío" [1]
Los cambios en los flujos migratorios son hoy cualitativos y cuantitativos. El fenómeno migratorio ha alcanzado en la actualidad la dimensión de factor estructural en una sociedad globalizada y en la que la dualización entre un Norte cada vez más rico y un Sur que no deja de empobrecerse, lejos de estrecharse, continúa profundizándose. La política de inmigración, que es más que una cuestión de Estado[2], no puede ser abordada eficazmente de forma aislada por un Estado[3]. Ningún Estado puede tratar de dar respuesta por sí solo a esta cuestión. Es una consecuencia inevitable de la globalización, pero también del hecho de que el cambio cualitativo y cuantitativo de los flujos migratorios es uno de los factores estructurales de nuestras sociedades. Pero no es menos cierto que ningún Estado puede dejar de enfrentarse con esta realidad. Junto a ese criterio básico, es imprescindible entender el fenómeno migratorio en su compleja integridad, que desborda la dimensión económico-laboral, y en particular, poner los medios que permitan gestionarlo, desde el respeto básico a los derechos, para aprovecharlo como lo que es, una oportunidad de codesarrollo –no sólo económico, también cultural, y político– para los individuos y las sociedades implicadas en él.
Una primera condición sine qua non del tratamiento de la inmigración como fenómeno global, es tratar de dar respuesta a las causas de la inmigración, la miseria y la ausencia de libertad y derechos. Es decir, actuar en y con los países que generan la inmigración. Eso exige una actuación que vincule inmigración y codesarrollo, para gestionar la inmigración como una oportunidad para todas las partes implicadas, tal y como se va abriendo camino en la UE a partir de la experiencia francesa y desde las recomendaciones de Tampere[4].
Pero, fundamentalmente, las migraciones afectan especialmente a nuestras ciudades y pueblos en la medida en que los grupos humanos que salen de sus países pertenecen a un espacio territorial concreto y se insertan en otro espacio geográfico nuevo al que llegan, lo que provoca ajustes y cambios de envergadura, tanto en los espacios de salida como en los nuevos lugares de acogida. Se producen así importantes reajustes demográficos, laborales, económicos, productivos, familiares, culturales, educativos, participativos, habitacionales y de consumo, que tienen costes y beneficios de distinta naturaleza en el espacio local. Y es precisamente en este espacio municipal desde el que se pueden y deben plantear estrategias de intervención inmediata, efectiva y participativa en materia de codesarrollo.
Pero para todo ello, es importante que los ayuntamientos asuman progresivamente más competencias en materia de política migratoria, en la medida en que son, a fin de cuentas, quienes reciben de forma directa las migraciones y están suministrando los dispositivos básicos para la convivencia. Esto pasa por contar con mayor disponibilidad, capacidad y formación.
Los agentes descentralizados deben tener entre sus competencias el diseño de los programas de atención, intervención, integración y codesarrollo, incorporando para ello las políticas migratorias dentro de las acciones municipales, como ya hicieron más de mil ayuntamientos en la década de los 90 con las novedosas políticas de cooperación descentralizada en aquel entonces, las cuales han introducido frescor, cambio y dinamismo en la política española de ayuda al desarrollo. Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Diputaciones deben establecer así planes de acción junto con los inmigrantes asentados en sus localidades, potenciando e intensificando las relaciones con los gobiernos y comunidades de procedencia a través de un diseño planificado desde la perspectiva del desarrollo local. Con ello se trata de combinar la dimensión comunitaria y la asociativa al mismo tiempo.
Ahora bien, a los inmigrantes no se les puede pedir que intervengan en esa dimensión comunitaria e institucional inherente al codesarrollo, sin contar con un reconocimiento político e institucional previo, sin eliminar los espacios de exclusión, marginación y vulnerabilidad que se ceban en ellos tan frecuentemente y que subsisten en tantas ciudades y municipios.[5]
Fundamentalmente, para hacer efectivo el codesarrollo, nuestras propuestas estarían centradas en varios ámbitos:
- Fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones de inmigrantes.
- Información y asesoramiento de las personas que desean emigrar.
o Informar a las personas que no han migrado y están pensando en hacerlo para que puedan ajustar sus expectativas a la realidad que se van a encontrar en los países de destino.
o Garantizar la atención de las familias de las personas emigradas y que quedan en el país, facilitando la comunicación entre emigrado y sus familiares.
o En materia de formación de contingentes, el codesarrollo no puede servir para “preparar inmigrantes a la carta”.[6]
- Fomento de actuaciones de información y asesoramiento sobre utilización racional de remesas, canalización de los envíos de remesas y sobre productos financieros favorables.
o Formación y asesoramiento sobre inversión de remesas.
o Gestión colectiva del envío de remesas.
o Promoción de iniciativas de inversión de remesas que generen desarrollo (construcción de viviendas, microempresas).
o Promoción de un fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en países de origen.
o Orientación de su ahorro hacia inversiones productivas en los países de origen.
o Diseño de medidas económicas y financieras (inversión extranjera, remesas…) hacia proyectos productivos, banca ética.
- Formación técnica específica de inmigrantes en el país de acogida con voluntad de retornar.
o Programas de formación universitaria para personas que vienen a España a realizar unos estudios específicos y que al finalizarlos retornan a su país y revierten los conocimientos adquiridos a favor del desarrollo de sus países.
o Promover becas, intercambios y programas de formación e investigación conjuntos.
o Contratos de formación y empleo para jóvenes que viajan a otro país para realizar sus estudios y deseen regresar al propio al finalizarlos.
o Redes de intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos, profesionales, entre universidades y empresas.
o Capacitación y asesoramiento para el autoempleo, con objeto de poner en marcha iniciativas productivas en el país de origen.
o Iniciativas que promuevan la participación activa de las personas inmigrantes y sus asociaciones en proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Creación de un estado de opinión que favorezca la concienciación sobre la importancia del tema, así como la sensibilización para que los migrantes conozcan el codesarrollo y que sean conscientes del rol que pueden jugar en ese proceso.
[1] Definición de Codesarrollo de Sami Naïr en su informe “Balance y Orientación de la política de Codesarrollo en relación con los flujos migratorios”. 1997.
[2] El artículo 149 de la Constitución española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; es decir, estas competencias no están transferidas a las comunidades autónomas. La cuestión de las migraciones ha sido abordada desde los Ministerios de Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores, mediante acuerdos del Consejo de Ministros.
[3] En cuanto a la labor parlamentaria y legislativa nacional al respecto, ha sido muy escasa hasta la fecha, destacando la proposición de ley que presento Convergencia i Unio al Congreso de los Diputados: "Vinculación de la política de cooperación internacional para el desarrollo con la política de inmigración". Boletín Oficial de las Cortes Generales 17-01-2003.
[4] El Consejo Europeo de Tampere reunido en octubre de 1999 definió en sus conclusiones las cuatro grandes líneas de la política migratoria común: colaboración con los países de origen, establecimiento de un sistema europeo común de asilo, trato justo a los nacionales de terceros países y gestión de flujos migratorios.
[5] Información extraída del documento: "Explorando nuevas vías para el codesarrollo". Carlos Gómez Gil.
[6] Competencia de ámbito nacional: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las administraciones públicas, los municipios, deben asumir la política de cooperación al desarrollo como una seña de identidad dentro de las políticas sociales y de protección a los más desfavorecidos.
Al ser las administraciones más cercanas a la ciudadanía, estas tienen la responsabilidad, por un lado, de construir un modelo de sociedad justa y solidaria y, por otro lado, de ser permeables y receptivas al movimiento de la sociedad civil organizada que trabaja para la cooperación internacional.
Para ello debe haber una buena coordinación de todos los agentes sociales necesarios para desarrollar una cooperación al desarrollo que busca, desde la asociación y la participación activa, la ejecución de procesos que generen un impacto positivo para el bienestar de las comunidades, y un desarrollo social sostenible. Esta implicación es necesaria tanto en la identificación y definición de sus necesidades y problemas, como en la planificación y ejecución de los proyectos.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) descentralizada en España tiene un peso específico muy superior al resto de países donantes y ha experimentado un importante crecimiento y consolidación en los últimos diez años, con la excepción de los años 2009 y 2010, donde manifiesta un notorio retroceso.[1]
Entendemos que los compromisos políticos adquiridos ante la sociedad en la lucha contra la pobreza y los Derechos Humanos en el marco normativo e institucional no pueden ser vulnerados mediante la supresión o recortes drásticos de presupuestos o convocatorias de subvenciones que ponen en riesgo la continuidad de procesos y programas en marcha que afectan a necesidades vitales de miles de personas.
Por la importancia de la cooperación descentralizada en nuestro país, y por el papel activo que las ONG de Desarrollo juegan, como sociedad civil, en la política de cooperación al desarrollo en la región y desde la responsabilidad y la legitimidad que les otorgan las organizaciones, socios locales y los miles de beneficiarios y beneficiarias de los países en vías de desarrollo con los que trabajan, el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) recoge y presenta las siguientes propuestas[2]:
- Lograr la firma y el compromiso del cumplimiento efectivo del Pacto Local contra la Pobreza entre todas las fuerzas políticas que permita la continuidad de las políticas de cooperación al desarrollo como estrategias a largo plazo, sin riesgo de discontinuidad en los casos de cambio de gobierno o responsables políticos al cargo de esta materia.
- Compromiso de aportación del 0,7% sobre Producto Interior Bruto, o presupuesto total consolidado en su defecto como Ayuda Oficial al Desarrollo del municipio, definiendo y diseñando de forma prioritaria los escenarios presupuestarios para su cumplimiento.
- Profundizar en los mensajes de solidaridad que se lanzan al conjunto de la sociedad, desde la Administración Pública, para incentivar y trasladar a la ciudadanía la importancia de la solidaridad y la justicia social ejercida a través de la cooperación al desarrollo.
- Incentivar y fomentar la actividad pública de cooperación al desarrollo en todos los municipios, con la apertura de un debate sobre la constitución de un Fondo Regional de Cooperación al Desarrollo. Este Fondo debería ser entendido no desde la fragmentación de la ayuda, por tratarse de un actor más, sino como una institución que aglutine las aportaciones de los pequeños municipios que no puedan disponer de estructura administrativa ni planificación estratégica para el desarrollo de una política de cooperación, pero que sí quieren expresar la solidaridad de sus vecinos.
- Apoyar desde el ámbito local el debate y la necesidad de una coherencia, entre otras, de políticas económicas, migratorias y de cooperación al desarrollo.
- Apostar por una cooperación para el desarrollo de calidad, planificada y a largo plazo, incorporando las siguientes mejoras:
o Continuidad en las convocatorias de subvenciones públicas de cooperación al desarrollo, de educación al desarrollo y de presupuestos adecuados para acción humanitaria.
o Establecer mecanismos de financiación a largo plazo, programas, que permitan por su mayor cuantía y duración abordar problemáticas de pobreza e injusticia más amplias y alcanzar resultados más complejos.
o Concentrar la acción de la cooperación para el desarrollo en los sectores vinculados a los Servicios Sociales Básicos, (al menos un 20% del total de la AOD) y en la concentración en los países prioritarios, teniendo en cuenta que al menos el 15% de la AOD ha de ser dirigida hacia los Países Menos Desarrollados.
o Realizar una Acción Humanitaria de calidad que tenga en cuenta los Principios del Buen Humanitario y represente al menos el 10% del total de la AOD.
o Integrar la educación para el desarrollo como parte esencial de la política municipal de cooperación en todos los Ayuntamientos, dotándoles de presupuestos específicos (en torno al 10%) y favoreciendo la concurrencia de ONGD mediante convocatorias públicas de subvenciones.
o Favorecer el conocimiento y difusión del Comercio Justo entre la ciudadanía como instrumento de cooperación al desarrollo. Establecer un compromiso de compra pública ética. Inicio o impulso de los trámites para la consecución del estatus de Ciudad por el Comercio Justo.
o Mejorar y agilizar los procedimientos de resolución y pago de subvenciones cumpliendo los plazos legales previstos.
o Mejorar la publicidad de los análisis de gestión de resultados o memorias anuales de la cooperación al desarrollo.
o Contribuir a la coordinación de la política de cooperación con otros actores, a la homogeneización de criterios de subvenciones públicas y de justificación con otras administraciones públicas, estatales, autonómicas y regionales.
o Establecer un Fondo de Cooperación encargado del seguimiento y evaluación de las intervenciones de cooperación al desarrollo.
o Desvinculación completa de las políticas de cooperación con las de inmigración. La cooperación al desarrollo persigue la promoción del desarrollo de los países socios y no instrumentalizarse políticamente en función de los intereses del donante. Es cierto que, actualmente, desde los ayuntamientos no se tienen competencias en políticas migratorias[3]. No obstante, sí se puede optar por llevar la cooperación bilateral directa a aquellos lugares en los que se considere va a ser más efectiva; aunque esta estrategia municipal lleve a que el establecimiento de países prioritarios a nivel local no coincida con los prioritarios a nivel nacional.
- Apoyar a través de la cooperación bilateral directa[4] procesos de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales de los países del Sur y procesos de descentralización en pos de una mayor eficacia de la ayuda pero siempre sin menoscabar las ayudas a ONGD –referentes en el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil–, y bajo criterios de transparencia.
Además de las propuestas citadas, el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) propone:
- Elaborar un Plan de comunicación entre las empresas públicas municipales y el Consejo Municipal de Cooperación, de cara a ir creando coherencia en la ejecución de las políticas públicas[5].
- Incorporación a la Red Española del Pacto Mundial de todas las empresas con capital público municipal.
- Creación o potenciación de programas de voluntariado e intercambio con países en desarrollo.
[1] Información extraída del Informe: "La Realidad de Ayuda 2010". Intermón Oxfam.
[2] Propuestas tomadas de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM). Madrid 2010. Estas propuestas diseñadas desde Madrid resultan extensibles para cualquier municipio.
[3] “De forma inadvertida pero perseverante, los ayuntamientos han contribuido decisivamente a promover el diálogo entre culturas, y sin embargo la competencia sobre inmigración no figura en el elenco de materias señaladas en la Ley de Bases de Régimen Local.” [«Libro blanco para la reforma del gobierno local»; Ministerio de Administraciones Públicas y Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (julio de 2.005); Presentación; página 14]
[4] La Cooperación Bilateral Directa es la modalidad de la Cooperación al Desarrollo Municipal, que se constituye como una línea de intervención directa con entidades públicas locales de los países prioritarios.
[5] Propuesta tomada de las «50 medidas para construir una Córdoba más justa, solidaria y sostenible» presentadas por Córdoba solidaria – coordinadora de ONGs cordobesas – el 16 de enero de 2011. Aunque esta medida ha sido pensada para la ciudad de Córdoba resulta extrapolable a cualquier otro municipio.
