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Horas después, Ruiz se retracta y matiza que «es al Gobierno a quien compete reformar el modelo asegurador»
Día 30/11/2011
Con la sanidad catalana en llamas ante la amenaza de una nueva medida de copago farmacéutico y los últimos ajustes anunciados por la Generalitat, el consejero de Salud, Boi Ruiz, avivó ayer el fuego con otra propuesta para racionalizar el gasto sanitario: que los ciudadanos paguen obligatoriamente una póliza de salud en función de la renta. No concretó más.
Ruiz lo propuso en el transcurso de una jornada de la Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios (Aces), que representa a 121 centros privados y ante los prohombres del mundo patronal. Pocas horas después, como ya viene siendo habitual en este consejero, se desdijo y matizó sus palabras. En pocos meses, el titular de Salud de CiU ha echado marcha atrás en reiteradas ocasiones. Entre los deslices que más han soliviantado al sector están las afirmaciones de que los médicos sólo se movilizan «cuando les tocan el bolsillo», que «la sanidad es un bien privado» o que «en 2012 se esperan nuevos ajustes en el presupuesto de su departamento» cuando hasta la fecha había asegurado que las cuentas de su consejería estaban blindadas. En todos los casos, rectificó. Ayer, una vez más, Ruiz dio un paso adelante para dar luego otro hacia atrás, aunque la vorágine de reacciones ya era imposible de contener.
«Seríamos partidarios de una póliza básica de obligado seguro para aquellos que tienen un determinado nivel de renta», dijo Ruiz ante las patronales. Defendió también la necesidad de un cambio en el modelo asegurador en España, aunque reconoció que es el Gobierno el que tiene las competencias para reformarlo. Respecto al futuro inmediato de la sanidad española, el titular de Salud catalán vaticinó que difícilmente el Gobierno del PP podrá ejecutar un cambio de modelo a medio plazo, ya que «deberá hacer frente a la gestión de la deuda a corto plazo».
«Vivir peor no es vivir mal» En este sentido, recordó que Cataluña «lleva un año de ventaja» por haber aplicado los primeros recortes en 2011, y añadió la idea de que el sector público y privado «deben cooperar más que competir». «Vivir peor no quiere decir vivir mal», dijo Ruiz, a la vez que reconoció que es inviable volver al modelo anterior. Apenas cuatro horas después de defender la imposición de una póliza para las rentas más altas, su departamento emitió un comunicado en el que se retractaba de sus declaraciones. «En ningún caso, el consejero ha dicho que el Govern esté considerando este modelo», vigente en Holanda, y recordó que a quien le corresponde imponer esta medida «es al Gobierno», aunque duda «que éste entre sus prioridades», aclaró la consejería. Sin embargo, ya era tarde.
Los sindicatos del sector sanitario reaccionaron. «En un momento de máxima sensibilidad en el sistema, debería medir sus palabras», denunciaron. Desde la órbita política, la oposición en el Parlament rechazó en bloque la idea del seguro privado. PSC calificó el anuncio de «un globo sonda» que constituye «una falta de responsabilidad» del consejero. El PP criticó que sea obligatorio e ICV-EUiA advirtió de que «degradará el sistema sanitario». Por contra, la sanidad privada aplaudió la medida. La patronal Aces abogó por realizar una «reconsideración global del sistema sanitario» y dijo que Ruiz «ha abierto una puerta que no se había abierto nunca». El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) recordó que la promoción del seguro privado es «la medida más eficaz» para hacer más sostenible el sistema.
Ayer trascendieron tres nuevas denuncias por errores médicos atribuibles a los recortes. En todos, los familiares han recurrido a los tribunales.
