Puede que haya quien no se ha enterado a estas alturas de que el próximo miércoles hay huelga general. Y no será por culpa de los convocantes, que hacen todo lo que pueden por difundirla, sino más bien del piquete antihuelga, que esta vez parece más discreto que otras veces.

Sorprende el poco ruido que la derecha mediática, política y empresarial está haciendo con la huelga del 14-N, en comparación con lo activos que estuvieron en las últimas convocatorias. No he encontrado en la última semana ni una sola portada protagonizada por los sindicatos. Nada de liberados, subvenciones, restaurantes de lujo, cruceros; nada de la munición con que el piquete antihuelga atacó a CCOO y UGT en las dos últimas huelgas generales.

La agenda del ciudadano indignado, en un día cualquiera de esta semana:

08.00h: reparto en el intercambiador de octavillas sobre la huelga general.

En casa, por problemas de salud varios, visitamos la farmacia semanalmente. Así que he echado cuentas de lo que nos va a salir el euro por receta, y es un pico, que sumado al aumento en el copago que ya nos metieron en verano, es como para pensárselo. Tanto, que hemos tomado una decisión: dejar de medicarnos, y todo el dinero que entre medicamentos, copagos y recetas nos ahorraremos, lo invertiremos en productos financieros.

En concreto hemos pensado colocar ese dinerillo en un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo: CVC Capital Partners, que maneja más de 46.000 millones de dólares en inversiones, y es propietaria, entre otros negocios lucrativos, de la Fórmula Uno. ¿Qué por qué lo invertiremos ahí? Porque CVC es el dueño de Capio Sanidad, una de las empresas que más se va a beneficiar de los cambios que el presidente madrileño acaba de anunciar para la sanidad pública: la privatización de la actividad sanitaria (sí, sanitaria: médicos, enfermeros, todo) en seis hospitales, la privatización de los servicios no sanitarios en el resto de centros (primer paso para la privatización total, como se ha visto en aquellos seis hospitales), y la extensión de estos sistemas de “colaboración público-privada” también a los ambulatorios. Es decir, pasito a pasito hacia la privatización total de la sanidad.

Leo todo lo que se escribe sobre el “banco malo”, y no encuentro respuesta a una pregunta que me inquieta: ¿dónde pondrán el banco malo, con sus 60.000 millones tóxicos? ¿Hará el gobierno un concurso para que las localidades interesadas presenten candidatura, como hicieron con el almacén de residuos nucleares? ¿Disputarán los pueblos por quedarse con el banco malo? ¿Tendrá beneficios el municipio que lo acoja? ¿Hay peligro de que esté en zona de riesgo sísmico o inundable? ¿Y los vecinos? ¿Estarán seguros teniendo al lado un banco malo? ¿Aceptaremos comer tomates procedentes de las tierras próximas a su sede?

Es que oye hablar uno del banco malo, de la urgencia de los bancos por traspasar su carga tóxica a la nueva entidad, y se imagina un almacén lleno de basura radiactiva. Y sin embargo, los 89.000 pisos y 13 millones de metros cuadrados de suelo que el banco malo acogerá no necesitan mucho espacio. Basta un despacho, un ordenador, una usb.

La imagen de la crisis no la dan ni las colas de parados, ni los comedores sociales atestados, ni los colegios jerezanos cerrados por falta de limpieza, ni las familias desahuciadas. Para mí la extensión de la crisis es visible en la presencia policial en nuestras ciudades. Omnipresencia policial mejor dicho.

Ni en los peores tiempos de amenazas terroristas he visto tanta policía en las calles como en las últimas semanas. Aparte del ominoso blindaje del Congreso, es difícil dar una vuelta por Madrid (imagino que en otras ciudades será similar) sin encontrarte furgonetas azules. Las hay patrullando las calles, custodiando instituciones, detenidas sin motivo aparente en plazas o vías principales; aparte de las que acompañan a toda protesta, las que se presentan en cuanto se juntan más de diez personas en cualquier sitio, las que vigilan a los piquetes en los puntos donde se desarrolla alguna huelga (incluidas empresas privadas), y otras que parecen deambular por la ciudad a la espera de que les asignen misión.

Un runrún recorre estos días los salones del reino: cuidado con el PSOE, que lleva camino de convertirse en otro PASOK. Dirigentes del PP y opinadores de la derecha brindan por la nueva derrota socialista, pero con moderación. La celebran, pero a continuación piden al PSOE que se “renueve” para no seguir hundiéndose, temerosos de que el espacio desalojado lo acabe ocupando una Syriza. El fantasma de una izquierda radical que ponga fin al turnismo bipartidista está más presente tras el ascenso de la Alternativa Galega de Esquerda.

Oyendo ese runrún, cualquiera pensaría que al moribundo PSOE le están pidiendo que rinda un último servicio al sistema político de la Transición: que resista un poco más, que no se desplome del todo, que apuntale con sus últimas fuerzas el edificio para que aguante en pie unos cuantos años más, amenazado de cada vez más grietas y derrumbes. Y ahí está el PSOE, convertido en un puntal mientras todos los cascotes le caen sobre su cabeza, mientras el PP se escapa con sólo un poco de arenilla en la cabeza.

En tiempos revueltos como estos, no hay lugar para las medias tintas. Y menos en la urna electoral, donde en momentos de grave crisis sólo caben votos duros, de los que se traen ya de casa apretados en el puño. No son estos momentos para merodear por la mesa de las papeletas curioseando qué se oferta. El que lo tiene muy claro, va a votar y vota sin titubeo; y el que no, se queda en casa (como ha hecho más de un 35% de votantes).

Los que han ido a votar este domingo en Euskadi y Galicia no estaban para medias tintas, ni para puntos medios, ni para tierras de nadie. En tiempo de crisis el voto está dominado por el miedo o por la rabia; el miedo del que busca algo firme en medio de la tormenta; y la rabia del que sopla más fuerte para que el vendaval termine de llevárselo todo.

Los del miedo buscan seguridad, y por eso votan al poder, a la autoridad, al partido institucional, al dueño del cortijo. Es decir, al PP en Galicia y al PNV en Euskadi, que han gobernado ambos territorios desde la Transición con solo alguna pequeña interrupción, y que se han mimetizado con las instituciones como si fueran suyas.

A la próxima manifestación, además del silbato, la pancarta y el móvil, no te olvides de llevar apuntada la lista de todas las cosas que debes tener en cuenta al protestar: no hagas fotos a los policías, no convoques por Internet, no te manifiestes sin autorización de la delegación del Gobierno, no ofrezcas resistencia ni siquiera pasiva, no hagas asambleas en los parques, ten cuidado con los “compañeros” infiltrados, no te acerques al Congreso… Y otras que irán surgiendo de aquí a entonces, que cuando uno se pone a modular manifestaciones, le coge el gusto y no hay quien le pare.

Acabarían antes si en vez de decirnos todo lo que no podremos hacer, nos dijesen lo que sí se podrá hacer, qué estará permitido al protestar. Y aparte de quedarte en casa, pocas opciones van a dejar si siguen por este camino, porque lo próximo puede ser una limitación horaria a las manifestaciones, prohibición de superar cierto nivel de decibelios, u obligación de llevar la identificación cosida al pecho (para los ciudadanos, no para los policías, claro).

En una operación dirigida por la Audiencia Nacional, efectivos de la Policía detuvieron ayer a cuatro madres y cuatro padres, y desarticularon así la cúpula de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). En la operación requisaron varios ordenadores que están siendo analizados, y abundante material propagandístico relacionado con la huelga política y antisistema convocada para el jueves, con la que pretendían violar el derecho de los niños a la educación. Los detenidos, que permanecen incomunicados y cuyos hijos han quedado bajo tutela judicial, podrían estar además relacionados con un delito de fraude en el cobro de subvenciones, y tendrían vínculos con otras organizaciones antisistema.

Sí, la noticia es inventada, pero díganme la verdad: si mañana leen algo así en uno de esos periódicos mamporreros que todos conocemos, ¿se sorprenderían? No demasiado. Se indignarían, se asustarían, pero poca sorpresa, porque no sería la primera vez ni la última que una acción de protesta acaba convertida en delito, que una lucha social se convierte en problema de orden público, o que un fiscal, un ministro, un jefe de policía, o todos a una, entran como elefante en cacharrería en algún conflicto social.

Hoy es la Fiesta Nacional, y ya saben que en España no nos conformamos con tener un día festivo, hacer algún pastel típico, ir al campo o ver el desfile, como en otros países. Aquí la Fiesta Nacional es una oportunidad para dar la nota con más visibilidad que de costumbre. Salimos a polémica por fiesta. No hay año en que no tengamos algo jugoso que contar de lo sucedido en el desfile, en la tribuna de autoridades, en la recepción del Rey o en los corrillos con la prensa. Y este año, en pleno crescendo españolista, más de uno tendrá la fecha marcada en rojo (y gualda) desde hace semanas.

Ministros bocazas, políticos de dedos rápidos en las redes sociales, militares henchidos de amor a la patria, tertulianos camorristas, hoy es vuestra oportunidad, pero tendréis que esforzaros para ganar un titular, porque el ministro Wert dejó el listón muy alto hace dos días, y no descarten que sea él mismo quien intente batir la marca hoy.