Este Sistema no es el único posible. De hecho, es inviable, insostenible, injusto, inmoral, demencial, absurdo.
Afortunadamente, existen alternativas.
Ahora bien, esas alternativas deben ser puestas en marcha por los ciudadanos, directamente, personalmente.
Nadie las va a poner en marcha por nosotros.
Ningún partido político.
Ningún sindicato.
Ninguna ONG.
Ninguna organización o grupo o empresa o cualquier otra entidad que queramos tener en mente catalogada como: "los que van a arreglar las cosas".
Tampoco el 15M.
Y por supuesto, ningún gobierno.
Hay que despertar. Los príncipes azules no existen. Ya es hora de dejar de creer en cuentos de hadas.
No va a venir ningún Gran Líder a salvarnos. Ese político capaz y honrado que tanta gente parece esperar, que se presentará a lomos de su partido político, nuevo o viejo, para solucionar las cosas.
No es una opción.
Los cambios, las soluciones, o las sacamos adelante nosotros, los ciudadanos, o no lo hará nadie.
¿Queremos otra realidad? ¿Un sistema económico donde prime lo humano y no el dinero? ¿Un sistema político democrático? ¿Un buen sistema educativo para todos? ¿Un sistema sanitario de calidad? En definitiva... ¿queremos un mundo más justo? ¿Queremos un mundo mejor?
Pues toca arrimar el hombro. Hacer sacrificios, de tiempo y de esfuerzo. Y económicos. Y hay que renunciar a ciertas cosas que no son sostenibles... ni necesarias.
Unos enlaces de iniciativas, ideas y/o proyectos que se están desarrollando ya, en estos momentos. Diferentes de lo que nos venden cada día desde los medios de comunicación. Revolucionarias, constructivas, realizables.
Son revolucionarias: plantean otra forma de actuar, y de vivir, totalmente diferente a la actual.
Son constructivas: van más allá de la mera protesta o reivindicación, que, al final, por sí sola, es insuficiente.
Y son realizables: no son utopías.
Encuentro Interestatal 15M - Alternativas al capitalismo
Marinaleda
Cooperativa Integral Catalana
Decrecimiento - Cooperativa Integral Valenciana
Entre otras. Y ojo, ya existían antes del 15M.
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miércoles, diciembre 14, 2011
domingo, mayo 29, 2011
sábado, marzo 07, 2009
La participación ciudadana, según los políticos
En este artículo describo cómo se está organizando hasta ahora la participación ciudadana en el municipio donde vivo, Ciudad Real, aunque posiblemente encontrarán muchas similitudes con lo que está ocurriendo en otros municipios españoles. He pensado que puede ser útil conocer nuestra experiencia, así como también me gustaría conocer, de primera mano, cómo se están desarrollando las distintas experiencias "participativas" en otros municipios.
La participación ciudadana en Ciudad Real
“Nosotras, ciudades, garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones.”
Carta de Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994
Este compromiso fue adquirido en el 2004 por el anterior alcalde de Ciudad Real, José María Gil Ortega, al firmar la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. Esta Red está formada por un conjunto de Entidades Locales que se han comprometido a implantar y desarrollar la Agenda 21 Local, “una moderna herramienta de gestión municipal cuyo objetivo es el desarrollo sostenible del municipio” y que, para ello, asume la participación ciudadana como uno de sus pilares fundamentales.
Ciudad Real: un modelo de participación ciudadana
Tengo que reconocer que Ciudad Real es sin duda un modelo a destacar en lo que a gestión de la participación ciudadana se refiere; incluye, nada menos, cuatro vías de participación: El Consejo de Participación Ciudadana, el Plan Estratégico Ciudad Real 2015, la Agenda 21 Local y el Presupuesto Participativo. Intentaré describirlas brevemente, intentando seguir un orden cronológico aproximado desde su aparición:
1) El Consejo de Participación Ciudadana
El nacimiento de este consejo se origina en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, del año 1985, en la que se regula la participación de los vecinos en la gestión municipal. Once años después, el Ayuntamiento elaboró un reglamento donde se menciona la futura constitución del Consejo de Participación Ciudadana, que en estos momentos ya es una realidad.
Este Consejo tiene carácter consultivo; también, pese a su nombre, está vetado a los ciudadanos que pudieran querer participar a título individual, dando lugar a una curiosa paradoja: un Consejo de Participación Ciudadana sin la participación de los ciudadanos.
Cabe destacar de este Consejo su escasa representatividad: los 7 u 8 presidentes de asociaciones vecinales que se molestan en acudir a sus reuniones, deben representar, siendo generosos, a unas decenas de ciudadrealeños (sus asociados); y eso suponiendo, y es mucho suponer, que representen a alguien más aparte de a sí mismos. El resto de los 70.000 vecinos de este municipio no están contemplados como posibles sujetos con derecho a participar.
El resultado práctico de este consejo es el siguiente: una vez al año, se reúnen algunos presidentes de asociaciones de vecinos con el alcalde, presentan algunas quejas y propuestas que van a ser ignoradas, se toman unas fotos para sacar una escueta noticia en los medios, y se despiden hasta el siguiente pase de la función.
2) El plan estratégico “Ciudad Real 2015”
Como muestra de la alta consideración en la que el anterior alcalde tenía al Consejo de Participación Ciudadana, creó otra vía alternativa de participación.
El plan estratégico 2015 es una iniciativa que se ha puesto en marcha en diversos municipios ligada a la Agenda 21 Local. Se trata de definir "un modelo de ciudad, y unos ejes estratégicos a alcanzar en el municipio en un horizonte temporal lejano”. En principio, son los ciudadanos los que definen, en los órganos de participación asociados a la Agenda 21, el modelo y el plan.
Pero en Ciudad Real no ha sido así. En el 2005, el gobierno local presentó el plan estratégico. En 2007, mostrando una velocidad inusualmente sorprendente, y ahorrando a los ciudadanos la molestia de tener que participar, ya había proporcionado el “Plan Operativo Ciudad Real 2015”, que es, en palabras de la actual alcaldesa, “el conjunto de proyectos que transforman la voluntad de la ciudadanía sobre el futuro deseado para la ciudad a largo plazo, en actuaciones reales y concretas, ejecutables en el corto plazo”. El plan operativo “recoge proyectos concretos y especifica los detalles de ejecución de los mismos, tales como, fechas, líneas de actuación y presupuestos estimados”. Algunos de esos proyectos ya se están ejecutando.
También se ha creado una asociación, “Ciudad Real 2015”, para elaborar y hacer seguimiento del Plan Operativo. Los miembros fundadores de la asociación han sido: Ayuntamiento de Ciudad Real, Asaja, Caja Castilla-La Mancha, Caja Rural de Ciudad Real, Cámara de Comercio, CEOE-CEPYME, CSI-CSIF, IMPEFE, UGT, USO, Unión Interprofesional y Universidad de Castilla-La Mancha. La asociación está abierta a otros miembros (“de Número”) y a algunas personalidades relevantes, siempre que sean del agrado de los fundadores. Naturalmente, siguiendo la particular interpretación de la alcaldía de lo que es la participación ciudadana, la asociación está vetada a los ciudadanos de a pie. Además, para hacer más selecto este club privado, los miembros fundadores y los “de Número” son “de pago”.
El Plan Operativo Ciudad Real 2015: cómo se hizo
La elaboración del Plan operativo se realizó contando adicionalmente con la colaboración de algunos colectivos asociativos, sindicatos, empresarios y organismos municipales, y con la consultora Soluziona como encargada de organizarlo todo. Se siguió un procedimiento ya estandarizado en España para estos casos: mesas temáticas donde los colaboradores hicieron propuestas, debatieron, rellenaron unas encuestas en las que puntuaban diversos aspectos de las propuestas, y con ello se realizó una baremación: los proyectos mejor puntuados conformaron el Plan.
Como se podía esperar, las carencias participativas en la elaboración del Plan fueron considerables, entre otras, estas dos:
- Al igual que el Consejo de Participación, la elaboración del Plan no ha estado abierta a la ciudadanía. Tampoco lo está ahora, cuando sigue siendo necesaria para el control y seguimiento del desarrollo de los proyectos, que pueden ser ejecutados, o no, a capricho del gobierno local.
- La falta de proporcionalidad representativa de los colaboradores, constituyéndose mesas de trabajo en las que el número de participantes ligados al sector público o empresarial era muy superior al de otros colectivos sociales o cívicos. Esto ha resultado decisivo a la hora de puntuar los proyectos, otorgando un carácter marcadamente empresarial al Plan Operativo.
3) La Agenda 21 Local
Ciudad Real ya tiene un Plan Operativo producto, según la alcaldesa, de “involucrar a la sociedad con una participación permanente para tomar decisiones estables”.
Pero todavía falta que los ciudadanos participen en algo, aunque sea de forma testimonial, para darle un atisbo de credibilidad a eso de “involucrar a la sociedad”. Para eso está la Agenda 21.
La Agenda 21 Local persigue básicamente el mismo objetivo que el Plan Estratégico, ornamentado con el concepto de desarrollo sostenible del municipio. En palabras del Concejal de Medio Ambiente: “es un proyecto de desarrollo municipal basado en el modelo de desarrollo sostenible”.
La empresa PYEMA S.L. se está encargando de la implantación de la Agenda 21 en Ciudad Real. El procedimiento de desarrollo de la Agenda 21 se inicia con una fase de diagnóstico, en la que se recogen datos sobre la ciudad, y una fase de participación, en la que “mediante unas mesas formadas por la población interesada, se debatirán todos aquellos aspectos que se consideren importantes y que conciernan a Ciudad Real”. Los resultados de ese “debate” tomarán forma en una serie de propuestas con las que se debería elaborar un plan operativo.
El Control de la Agenda 21 se va a realizar desde otro consejo, el Consejo Local de Sostenibilidad, formado “por representantes del Consistorio y de todas las asociaciones y colectivos que tienen que ver con el medio ambiente y el consumo, además de asesores en la materia de otras administraciones e instituciones”. Es decir, más o menos los mismos actores presentes en la Asociación Ciudad Real 2015 más alguna asociación extra. Me han informado desde el Área de Sostenibilidad que tal vez podrían incluirse en este Consejo representantes de las mesas de participación.
El Consejo Local de Sostenibilidad debería haber iniciado hace meses su andadura, y las mesas de participación ya deberían haberse convocado, pero el tiempo pasa y no hay noticias al respecto. Está claro que esto de la participación ciudadana, en Ciudad Real, no es una prioridad.
De qué va a servir la Agenda 21
Supongo que no soy el único que se puede estar preguntando en estos momentos que, dado que el Plan Operativo ya está terminado, ¿qué demonios van a decidir ahora los ciudadanos? ¿Van a hacer otro plan que reemplace al anterior, que está empezando a ejecutarse?
Lo cierto es que es difícil intentar adivinar qué tienen pensado los políticos locales para la Agenda 21, si es que tienen algo en mente más allá de retrasar su implantación todo lo que puedan y hacer un tímido llamamiento a participar a ver si, cuando convoquen las mesas, no se presenta nadie. Esta táctica ya se ha empleado, con éxito, en gran parte de los municipios españoles.
También hay que tener en cuenta otra cuestión clave: la decisión sobre los proyectos seleccionados por el Consejo Local de Sostenibilidad corresponde finalmente a la alcaldía, ya que las decisiones del consejo no son vinculantes. Lo mismo que ocurría con el Consejo de Participación y también con el Plan Operativo Ciudad Real 2015. Así, la alcaldesa puede hacer caso omiso de las propuestas que no sean de su interés, aunque hubieran sido seleccionadas por los ciudadanos. Este hecho, además de desincentivar en gran medida la participación, en la práctica deja sin sentido todo el proceso: al final, el gobierno local únicamente tiene en cuenta las propuestas que coinciden con sus planes.
4) El Presupuesto Participativo
El presupuesto participativo es un proceso en el cual una parte del presupuesto municipal es gestionado directamente por los ciudadanos. El procedimiento de trabajo suele ser similar a los que ya se han descrito, sólo que abierto a la ciudadanía: consejos o mesas sectoriales o asambleas vecinales y/o consejo o asamblea general; en este caso, son los vecinos (y no la alcaldía) los que deciden qué proy
ectos se realizan con la parte del presupuesto disponible.En 2008 debería haber existido en Ciudad Real una partida asignada al presupuesto participativo, pero no fue así. De momento es una promesa incumplida más.
Así, esta cuarta vía de participación es más bien una vía virtual, más que material. Pero, para completar el cuadro, ahí queda.
Nota: Los presupuestos participativos son ya una realidad creciente en algunos países iberoamericanos, como Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Chile o Ecuador. En España algo más de veinte Ayuntamientos han declarado la puesta en marcha de presupuestos participativos, sin embargo no he podido encontrar información que indique el nivel de participación en los mismos o la calidad de su funcionamiento. La carencia de información es tal que en algunos casos ni siquiera he podido contrastar que efectivamente están funcionando.
Conclusión
Supongo que ahora se podrá entender por qué indicaba, al comienzo del escrito, que el sistema de participación de Ciudad Real es modélico: un modelo de tergiversación, de falta de transparencia y de despropósitos encadenados.
La conclusión a la que inevitablemente se llega es que este sistema de supuesta participación ciudadana está diseñado específicamente contra la participación ciudadana. Su objetivo real es vestir con un disfraz de legitimidad democrática las decisiones del gobierno local, asociándolas a una presunta voluntad de los ciudadanos que, realmente, va a ser cuidadosamente filtrada para que no perturbe los planes preconcebidos de los políticos.
Sin embargo, a pesar de todo ello, no quiero finalizar dejando la impresión de que se debe ignorar los distintos procesos “participativos” de los municipios. En absoluto. Eso sería seguir el juego de los políticos. Mi sugerencia es que hay que participar en ellos y, desde ahí, hacer todo lo posible para que el poder de decisión se traslade, de las manos de los políticos, a las de quién debe poseerlo en las democracias: los ciudadanos.
lunes, septiembre 22, 2008
Decisiones democráticas
En 1779, Benjamin Franklin aconsejaba a su sobrino, indeciso sobre su futura elección de esposa (al parecer dudaba entre dos posibles candidatas), de esta manera:
“Si dudas, escribe todas las razones, a favor y en contra, en columnas paralelas en un trozo de papel, y cuando hayas pensado en ellas durante dos o tres días, realiza una operación similar a la de algunas cuestiones de álgebra; observa qué razones o motivos de cada columna tienen igual peso, o son equivalentes en la proporción uno a uno, uno a dos, dos a tres, o algo por el estilo, y cuando hayas marcado todas las igualdades de ambos lados, verás en qué columna queda el equilibrio... si no haces así, me temo que no te casarás nunca.”
Pese a provenir de una personalidad de la talla intelectual de Franklin, científico, inventor y uno de los padres de la Constitución americana, este consejo es, cuanto menos, discutible.
Este sistema de toma de decisiones, al que Franklin llamó “álgebra moral”, no es precisamente la forma natural en la que lo hacemos los humanos. Por el contrario, tomamos las decisiones siguiendo unos procesos asombrosamente simples, incluso en circunstancias de gran complejidad; es más, por lo general, nuestras decisiones suelen estar basadas en una única razón. En palabras de Mae West: “Un hombre puede ser bajito, regordete y calvo, pero si tiene fuego, gustará a las mujeres”. Desde luego, Mae no necesitaba un complicado análisis lógico para elegir pareja.
Otro de los casos más claros de procesos de decisión simples en circunstancias complejas es el de nuestros procesos electorales. Los españoles nos enfrentamos a un numerosísimo elenco de partidos políticos (unos 100 estas últimas generales), con sus consiguientes programas o propuestas y sus listados de diputados y senadores. En total, cientos de ideas, medidas, propuestas, políticos, aspectos particulares a valorar. La tarea de analizarlo todo e intentar hacer una predicción aceptablemente válida acerca de la actuación de cada partido durante los próximos cuatro años resulta sencillamente abrumadora.
Pero nadie elabora complejas tablas al estilo Franklin, valorando miles de razones a favor y en contra de votar a unos u otros. En realidad, la decisión de nuestra opción de voto (o de no voto) es mucho más sencilla.
Para empezar, la inmensa mayoría de los votantes se centra exclusivamente en los partidos más conocidos (los que salen por la tele). Los demás ni se tienen en cuenta. Es el primer filtro.
El segundo filtro es casi siempre un único factor: para muchos, la identificación de un partido con una ideología: izquierda-centro-derecha, nacionalista-no nacionalista. Otros votan a la contra, para que no gane “el malo”, sea este el que sea. Otros lo hacen por simpatía hacia un político, al partido de la oposición para que haya alternancia, o al que gobierna porque “les va bien”. Otros se deciden por la postura de un partido con respecto a un asunto concreto o por un acto de gobierno anterior: la guerra de Irak, el aborto, la eutanasia, el terrorismo o incluso por una asignatura de la ESO.
Así es como decidimos los humanos. Usamos nuestra capacidad de abstracción para extraer el que creemos más importante de entre un conjunto de aspectos, y escogemos teniendo únicamente ese en cuenta. Si no basta para decidirnos, repetimos la operación con otro. Y así sucesivamente.
Así, elegimos un electrodoméstico por su marca conocida (1ª razón) y su buen precio (2ª razón); elegimos un médico porque nos escucha (una razón) o tal vez porque nos firma bajas por enfermedad; nuestro bar favorito es el que pone las tapas más grandes, viajamos por carretera por la ruta más rápida, caminamos por las calles más transitadas, compramos en las tiendas “de moda”… y así con todo. Es raro necesitar más de dos o tres razones para decidir algo.
Pero este sistema de toma de decisiones, bueno para el homo sapiens que vivía hace miles de años en un mundo primitivo, mucho menos complejo que el actual, no siempre es adecuado en nuestros días. Uno de estos casos es el que nos ocupa: el de escoger un partido que nos gobierne durante cuatro largos años.
Valorar en una única decisión un gobierno supone procesar una cantidad enorme de información, excesiva para nuestro limitado cerebro humano. Como no podemos manejarla, simplemente, la ignoramos. Tampoco utilizamos, como alternativa, el “álgebra moral” de Franklin. Votamos por dos o tres detalles escogidos sin tino, influidos por el marketing político, que casi nunca tienen relación con las decisiones que van a tomar posteriormente los políticos electos.
No tiene el menor sentido.
En nuestro sistema político se nos ofrecen multitud de partidos que casi nadie tiene en cuenta, multitud de programas que casi nadie lee, multitud de propuestas que casi nadie puede valorar o que ni siquiera conoce. Es un sistema político mal diseñado. Las actuaciones de los distintos gobiernos se llevan a cabo, en su mayoría, con el desconocimiento de los ciudadanos o incluso en contra de su voluntad. Es decir, no son democráticas: nuestro sistema político, tal y como está diseñado, no es democrático. Al menos, no para humanos.
Pero, aunque no podemos dejar de ser humanos, sí podemos rediseñar nuestro sistema político.
Voy a enfocar la cuestión de otra manera, haciendo números, para llegar a la misma conclusión. Especulemos un poco:
Imaginémonos una de las promesas electorales del partido del gobierno, el PSOE. Como ya sabemos, las razones para votar a los partidos son variopintas y diferentes para cada elector, por lo que una parte de los votantes del PSOE ni siquiera habrán considerado esa promesa electoral concreta, mientras que otros incluso estarán en desacuerdo, aunque otros motivos para ellos más importantes han inclinado su voto hacia ese partido.
Vamos a considerar que la medida es popular, es decir, está en general bien vista entre los votantes del PSOE. En ese caso, una buena aproximación, en cifras, podría ser la de suponer que, dentro de los votantes del PSOE, un 80% está a favor de la actuación y un 20% en contra (por simplificar podemos ignorar a los indiferentes). Teniendo en cuenta que el PSOE está gobernando con el 43% de los votos válidos emitidos, esos votantes del PSOE supondrían aproximadamente un 35% del total de votantes.
Si la medida es popular, una parte de los votantes de los otros partidos también la va a ver con buenos ojos; incluso los del PP, ya que muchos de ellos, al igual que los del PSOE, no han tenido en cuenta el programa del PSOE a la hora de decidir su voto al partido de la oposición. Sin embargo, el hecho de ser una medida del PSOE le restará mucho apoyo entre los votantes del PP. Me voy a permitir una estimación algo arbitraria: un 20% de los votantes a los otros partidos está a favor. Eso corresponde aproximadamente a un 12% del total de votantes. Sumados a los del PSOE nos da un 47%.
Considerando el resto de la ciudadanía, la mayoría de ese 1,12% de votantes en blanco estará probablemente en contra; por otra parte, entre el 30% de abstencionistas, es difícil hacer alguna suposición: si la medida es popular algunos estarán a favor, pero una parte estará mayormente en contra: los que se abstienen como modo de protesta. Supongamos un empate.
Sumando y restando, se obtiene aproximadamente un 46% de ciudadanos a favor como resultado final de este ejercicio numérico. Un apoyo sorprendentemente bajo teniendo en cuenta que estamos ante una medida popular: si el PSOE llega a ejecutar esa promesa, lo hará con más del 50% de la ciudadanía en contra.
Este cálculo tiene un margen de error importante que hay que tener en cuenta. Además, de entre todas las promesas, habrá alguna extremadamente popular que sea del agrado de una mayoría de ciudadanos. Así que se puede admitir que unas pocas de las actuaciones de los gobiernos van a ser democráticas, pero serán las excepciones a la regla. Por el contrario, la mayoría de las actuaciones son poco o nada conocidas y/o escasamente populares; si las más conocidas y populares rondan, siendo optimistas, el 50% de apoyo de la ciudadanía, el resto quedarán definitivamente por debajo, algunas incluso con la gran mayoría de la ciudadanía en contra.
Es decir, que la mayor parte de las actuaciones de los diferentes gobiernos, estatal, autonómicos y municipales, se llevan a cabo, en España, contra la voluntad del pueblo.
Justo lo opuesto a lo que ocurre en las democracias.
Pero no habría sido necesario recurrir a estudios científicos sobre el cerebro o a cálculos numéricos especulativos para llegar a la conclusión de que en España no existe la democracia: habría bastado con echar un vistazo a algunas medidas concretas de los gobiernos, a esa gran cantidad de decisiones políticas que son rechazadas de forma mayoritaria por los ciudadanos, incluidos los mismísimos votantes del partido que las toma. Por ejemplo, entre otras muchas, las reiteradas auto-subidas de sueldo de políticos y altos cargos, la participación en ciertos actos bélicos, la politización de la Justicia, las sucesivas reformas laborales que han conducido a la cada vez mayor precarización del empleo, las medidas de gestión del sistema educativo que nos ha llevado a tener un 30% de fracaso escolar, o las del sistema sanitario donde todavía padecemos, entre otros despropósitos, listas de espera de meses…
Y esas son medidas más o menos conocidas. No digamos lo que ocurriría con esa multitud de decisiones oscuras que no trascienden a los medios de comunicación: asignación de contratos públicos, nepotismo, enchufes, oposiciones, tramitación de expedientes administrativos, licencias, denuncias…
Lo cierto es que ninguna persona en su sano juicio aprobaría la labor de estos gobiernos, si la conociera en profundidad y si fuera capaz de valorarla. Las decisiones que los políticos toman con un apoyo mayoritario de ciudadanos son tan escasas que probablemente nos bastaría una mano para contarlas. El resto de sus decisiones, es decir, casi todas, se ejecutan contra la voluntad de la ciudadanía.
El error de nuestro sistema político se reduce, básicamente, a que no existe la debida correspondencia entre la voluntad de los ciudadanos y las decisiones de los políticos.
Por fortuna, ese error no es irreparable. La solución del problema es obvia: que los ciudadanos tomen las decisiones directamente… y de una en una, y que los políticos sean meros ejecutores de las decisiones de los ciudadanos.
En otras palabras, hay que convertir a los políticos en gestores y a los ciudadanos en políticos.
Aunque someter todas las decisiones a referéndum es imposible, no lo es ir modificando el sistema poco a poco para ir abriendo cada vez más la vía de la participación ciudadana directa. Estas son posibles alternativas, ya utilizadas en otras naciones, para conseguir ese objetivo:
1) Incluir una “papeleta referéndum” en los actuales procesos electorales, con diferentes cuestiones: las penas para los pederastas, la postura básica sobre el aborto o la eutanasia, la asignatura de Educación para la ciudadanía… o cualquier otra que fuera susceptible de ser planteada por este medio. Así, los votantes podrían decidir sobre esos asuntos, e independientemente elegir al político o partido por el que se sientan representados; sólo que ahora la decisión de los votantes sería vinculante para los políticos electos.
Esta medida sería muy fácil de implementar, a la vez que barata, pues apenas conllevaría el sobrecoste de una papeleta más cada cuatro años; y, bueno, tal vez unas horas más de trabajo para los sufridos “voluntarios” de las mesas electorales.
Un requisito indispensable para que funcionase esta medida sería la implementación de un procedimiento de iniciativa ciudadana viable (no como el que tenemos ahora), para que la inclusión de preguntas en esa papeleta estuviera abierta también a la ciudadanía.
2) La celebración de referéndum vinculantes puntuales para los asuntos urgentes que surgieran durante la legislatura. Se podrían unir, para ahorrar costes, en un referéndum anual.
Naturalmente, estas dos medidas tienen que estar habilitadas a todos los niveles: los referéndum deben ser estatales, autonómicos y locales.
3) La implantación de presupuestos participativos en todos los municipios. Esta medida se podría implantar de forma progresiva, empezando por un pequeño porcentaje del presupuesto municipal que se iría incrementando cada año.
Y claro, por presupuesto participativo entiendo aquel en el que los vecinos participan directamente y en el que sus decisiones son vinculantes. Es decir, no me estoy refiriendo a los casos de autoproclamados “presupuestos participativos” que están “funcionando” actualmente en algunos municipios españoles.
Hay muchas otras opciones, aparte de estas tres, para ir haciendo democrático nuestro actual sistema; y no hay razón alguna para no utilizarlas. Los sistemas políticos pueden reformarse, es más, deben ser reformados, progresar, avanzar, evolucionar… hacia mejores formas de gobierno.
Así que la democracia es posible, está a nuestro alcance… si queremos alcanzarla. La cuestión se reduce entonces a una pregunta:
¿Queremos una democracia?
“Si dudas, escribe todas las razones, a favor y en contra, en columnas paralelas en un trozo de papel, y cuando hayas pensado en ellas durante dos o tres días, realiza una operación similar a la de algunas cuestiones de álgebra; observa qué razones o motivos de cada columna tienen igual peso, o son equivalentes en la proporción uno a uno, uno a dos, dos a tres, o algo por el estilo, y cuando hayas marcado todas las igualdades de ambos lados, verás en qué columna queda el equilibrio... si no haces así, me temo que no te casarás nunca.”
Pese a provenir de una personalidad de la talla intelectual de Franklin, científico, inventor y uno de los padres de la Constitución americana, este consejo es, cuanto menos, discutible.
Este sistema de toma de decisiones, al que Franklin llamó “álgebra moral”, no es precisamente la forma natural en la que lo hacemos los humanos. Por el contrario, tomamos las decisiones siguiendo unos procesos asombrosamente simples, incluso en circunstancias de gran complejidad; es más, por lo general, nuestras decisiones suelen estar basadas en una única razón. En palabras de Mae West: “Un hombre puede ser bajito, regordete y calvo, pero si tiene fuego, gustará a las mujeres”. Desde luego, Mae no necesitaba un complicado análisis lógico para elegir pareja.
Otro de los casos más claros de procesos de decisión simples en circunstancias complejas es el de nuestros procesos electorales. Los españoles nos enfrentamos a un numerosísimo elenco de partidos políticos (unos 100 estas últimas generales), con sus consiguientes programas o propuestas y sus listados de diputados y senadores. En total, cientos de ideas, medidas, propuestas, políticos, aspectos particulares a valorar. La tarea de analizarlo todo e intentar hacer una predicción aceptablemente válida acerca de la actuación de cada partido durante los próximos cuatro años resulta sencillamente abrumadora.
Pero nadie elabora complejas tablas al estilo Franklin, valorando miles de razones a favor y en contra de votar a unos u otros. En realidad, la decisión de nuestra opción de voto (o de no voto) es mucho más sencilla.
Para empezar, la inmensa mayoría de los votantes se centra exclusivamente en los partidos más conocidos (los que salen por la tele). Los demás ni se tienen en cuenta. Es el primer filtro.
El segundo filtro es casi siempre un único factor: para muchos, la identificación de un partido con una ideología: izquierda-centro-derecha, nacionalista-no nacionalista. Otros votan a la contra, para que no gane “el malo”, sea este el que sea. Otros lo hacen por simpatía hacia un político, al partido de la oposición para que haya alternancia, o al que gobierna porque “les va bien”. Otros se deciden por la postura de un partido con respecto a un asunto concreto o por un acto de gobierno anterior: la guerra de Irak, el aborto, la eutanasia, el terrorismo o incluso por una asignatura de la ESO.
Así es como decidimos los humanos. Usamos nuestra capacidad de abstracción para extraer el que creemos más importante de entre un conjunto de aspectos, y escogemos teniendo únicamente ese en cuenta. Si no basta para decidirnos, repetimos la operación con otro. Y así sucesivamente.
Así, elegimos un electrodoméstico por su marca conocida (1ª razón) y su buen precio (2ª razón); elegimos un médico porque nos escucha (una razón) o tal vez porque nos firma bajas por enfermedad; nuestro bar favorito es el que pone las tapas más grandes, viajamos por carretera por la ruta más rápida, caminamos por las calles más transitadas, compramos en las tiendas “de moda”… y así con todo. Es raro necesitar más de dos o tres razones para decidir algo.
Pero este sistema de toma de decisiones, bueno para el homo sapiens que vivía hace miles de años en un mundo primitivo, mucho menos complejo que el actual, no siempre es adecuado en nuestros días. Uno de estos casos es el que nos ocupa: el de escoger un partido que nos gobierne durante cuatro largos años.
Valorar en una única decisión un gobierno supone procesar una cantidad enorme de información, excesiva para nuestro limitado cerebro humano. Como no podemos manejarla, simplemente, la ignoramos. Tampoco utilizamos, como alternativa, el “álgebra moral” de Franklin. Votamos por dos o tres detalles escogidos sin tino, influidos por el marketing político, que casi nunca tienen relación con las decisiones que van a tomar posteriormente los políticos electos.
No tiene el menor sentido.
En nuestro sistema político se nos ofrecen multitud de partidos que casi nadie tiene en cuenta, multitud de programas que casi nadie lee, multitud de propuestas que casi nadie puede valorar o que ni siquiera conoce. Es un sistema político mal diseñado. Las actuaciones de los distintos gobiernos se llevan a cabo, en su mayoría, con el desconocimiento de los ciudadanos o incluso en contra de su voluntad. Es decir, no son democráticas: nuestro sistema político, tal y como está diseñado, no es democrático. Al menos, no para humanos.
Pero, aunque no podemos dejar de ser humanos, sí podemos rediseñar nuestro sistema político.
Voy a enfocar la cuestión de otra manera, haciendo números, para llegar a la misma conclusión. Especulemos un poco:
Imaginémonos una de las promesas electorales del partido del gobierno, el PSOE. Como ya sabemos, las razones para votar a los partidos son variopintas y diferentes para cada elector, por lo que una parte de los votantes del PSOE ni siquiera habrán considerado esa promesa electoral concreta, mientras que otros incluso estarán en desacuerdo, aunque otros motivos para ellos más importantes han inclinado su voto hacia ese partido.
Vamos a considerar que la medida es popular, es decir, está en general bien vista entre los votantes del PSOE. En ese caso, una buena aproximación, en cifras, podría ser la de suponer que, dentro de los votantes del PSOE, un 80% está a favor de la actuación y un 20% en contra (por simplificar podemos ignorar a los indiferentes). Teniendo en cuenta que el PSOE está gobernando con el 43% de los votos válidos emitidos, esos votantes del PSOE supondrían aproximadamente un 35% del total de votantes.
Si la medida es popular, una parte de los votantes de los otros partidos también la va a ver con buenos ojos; incluso los del PP, ya que muchos de ellos, al igual que los del PSOE, no han tenido en cuenta el programa del PSOE a la hora de decidir su voto al partido de la oposición. Sin embargo, el hecho de ser una medida del PSOE le restará mucho apoyo entre los votantes del PP. Me voy a permitir una estimación algo arbitraria: un 20% de los votantes a los otros partidos está a favor. Eso corresponde aproximadamente a un 12% del total de votantes. Sumados a los del PSOE nos da un 47%.
Considerando el resto de la ciudadanía, la mayoría de ese 1,12% de votantes en blanco estará probablemente en contra; por otra parte, entre el 30% de abstencionistas, es difícil hacer alguna suposición: si la medida es popular algunos estarán a favor, pero una parte estará mayormente en contra: los que se abstienen como modo de protesta. Supongamos un empate.
Sumando y restando, se obtiene aproximadamente un 46% de ciudadanos a favor como resultado final de este ejercicio numérico. Un apoyo sorprendentemente bajo teniendo en cuenta que estamos ante una medida popular: si el PSOE llega a ejecutar esa promesa, lo hará con más del 50% de la ciudadanía en contra.
Este cálculo tiene un margen de error importante que hay que tener en cuenta. Además, de entre todas las promesas, habrá alguna extremadamente popular que sea del agrado de una mayoría de ciudadanos. Así que se puede admitir que unas pocas de las actuaciones de los gobiernos van a ser democráticas, pero serán las excepciones a la regla. Por el contrario, la mayoría de las actuaciones son poco o nada conocidas y/o escasamente populares; si las más conocidas y populares rondan, siendo optimistas, el 50% de apoyo de la ciudadanía, el resto quedarán definitivamente por debajo, algunas incluso con la gran mayoría de la ciudadanía en contra.
Es decir, que la mayor parte de las actuaciones de los diferentes gobiernos, estatal, autonómicos y municipales, se llevan a cabo, en España, contra la voluntad del pueblo.
Justo lo opuesto a lo que ocurre en las democracias.
Pero no habría sido necesario recurrir a estudios científicos sobre el cerebro o a cálculos numéricos especulativos para llegar a la conclusión de que en España no existe la democracia: habría bastado con echar un vistazo a algunas medidas concretas de los gobiernos, a esa gran cantidad de decisiones políticas que son rechazadas de forma mayoritaria por los ciudadanos, incluidos los mismísimos votantes del partido que las toma. Por ejemplo, entre otras muchas, las reiteradas auto-subidas de sueldo de políticos y altos cargos, la participación en ciertos actos bélicos, la politización de la Justicia, las sucesivas reformas laborales que han conducido a la cada vez mayor precarización del empleo, las medidas de gestión del sistema educativo que nos ha llevado a tener un 30% de fracaso escolar, o las del sistema sanitario donde todavía padecemos, entre otros despropósitos, listas de espera de meses…
Y esas son medidas más o menos conocidas. No digamos lo que ocurriría con esa multitud de decisiones oscuras que no trascienden a los medios de comunicación: asignación de contratos públicos, nepotismo, enchufes, oposiciones, tramitación de expedientes administrativos, licencias, denuncias…
Lo cierto es que ninguna persona en su sano juicio aprobaría la labor de estos gobiernos, si la conociera en profundidad y si fuera capaz de valorarla. Las decisiones que los políticos toman con un apoyo mayoritario de ciudadanos son tan escasas que probablemente nos bastaría una mano para contarlas. El resto de sus decisiones, es decir, casi todas, se ejecutan contra la voluntad de la ciudadanía.
El error de nuestro sistema político se reduce, básicamente, a que no existe la debida correspondencia entre la voluntad de los ciudadanos y las decisiones de los políticos.
Por fortuna, ese error no es irreparable. La solución del problema es obvia: que los ciudadanos tomen las decisiones directamente… y de una en una, y que los políticos sean meros ejecutores de las decisiones de los ciudadanos.
En otras palabras, hay que convertir a los políticos en gestores y a los ciudadanos en políticos.
Aunque someter todas las decisiones a referéndum es imposible, no lo es ir modificando el sistema poco a poco para ir abriendo cada vez más la vía de la participación ciudadana directa. Estas son posibles alternativas, ya utilizadas en otras naciones, para conseguir ese objetivo:
1) Incluir una “papeleta referéndum” en los actuales procesos electorales, con diferentes cuestiones: las penas para los pederastas, la postura básica sobre el aborto o la eutanasia, la asignatura de Educación para la ciudadanía… o cualquier otra que fuera susceptible de ser planteada por este medio. Así, los votantes podrían decidir sobre esos asuntos, e independientemente elegir al político o partido por el que se sientan representados; sólo que ahora la decisión de los votantes sería vinculante para los políticos electos.
Esta medida sería muy fácil de implementar, a la vez que barata, pues apenas conllevaría el sobrecoste de una papeleta más cada cuatro años; y, bueno, tal vez unas horas más de trabajo para los sufridos “voluntarios” de las mesas electorales.
Un requisito indispensable para que funcionase esta medida sería la implementación de un procedimiento de iniciativa ciudadana viable (no como el que tenemos ahora), para que la inclusión de preguntas en esa papeleta estuviera abierta también a la ciudadanía.
2) La celebración de referéndum vinculantes puntuales para los asuntos urgentes que surgieran durante la legislatura. Se podrían unir, para ahorrar costes, en un referéndum anual.
Naturalmente, estas dos medidas tienen que estar habilitadas a todos los niveles: los referéndum deben ser estatales, autonómicos y locales.
3) La implantación de presupuestos participativos en todos los municipios. Esta medida se podría implantar de forma progresiva, empezando por un pequeño porcentaje del presupuesto municipal que se iría incrementando cada año.
Y claro, por presupuesto participativo entiendo aquel en el que los vecinos participan directamente y en el que sus decisiones son vinculantes. Es decir, no me estoy refiriendo a los casos de autoproclamados “presupuestos participativos” que están “funcionando” actualmente en algunos municipios españoles.
Hay muchas otras opciones, aparte de estas tres, para ir haciendo democrático nuestro actual sistema; y no hay razón alguna para no utilizarlas. Los sistemas políticos pueden reformarse, es más, deben ser reformados, progresar, avanzar, evolucionar… hacia mejores formas de gobierno.
Así que la democracia es posible, está a nuestro alcance… si queremos alcanzarla. La cuestión se reduce entonces a una pregunta:
¿Queremos una democracia?
sábado, mayo 31, 2008
Adoctrinamiento vs. Democracia
Aunque supongo que el genial “Quino” pensaba en la “democracia” argentina cuando realizó esta viñeta, lo cierto es que en estos momentos la viñeta es universal. El déficit democrático, en todos esos países que tanto presumen de democracia, es enorme.España, naturalmente, no es una excepción. Y es que no es lo mismo que los ciudadanos puedan votar a que ejerzan la soberanía. Lo segundo implica democracia, lo primero, no.
Sin embargo, aquí en España esa viñeta va a dejar de ser aplicable. No porque nuestro sistema político progrese hacia formas más avanzadas de democracia, que evidentemente no es así, con unas leyes electorales que no han cambiado, en lo fundamental, en estos casi 30 años de nuevo régimen. No, aquí lo que están cambiando son los diccionarios.
Concretamente, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Actualmente, la definición de democracia según la RAE es:
democracia
(Del gr. δημοκρατία).
1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.
No es tan correcta como la clásica, “gobierno del pueblo”, pero la segunda definición era aceptable.
Sin embargo la RAE tiene preparado un cambio para la vigésimo tercera edición de su diccionario. A partir de esta nueva edición, la democracia será:
democracia
(Del lat. tardío democratĭa, y este del gr. δημοκρατία).
1. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal.
2. f. Sistema de gobierno fundado en esta doctrina.
No está mal, ¿verdad? Según la nueva definición de la RAE, en la democracia el pueblo ejerce el poder exclusivamente por medio de representantes. Véase, los políticos.
Y lo de la democracia directa, es decir, ese sistema político en el que los ciudadanos ejercen directamente el poder, sin representantes, tal y como era la original democracia ateniense, eso, al parecer, ya no es democracia. La democracia real, la auténtica, la original, la democracia “pata negra”, esto es, la democracia directa, ya no es democracia.
La democracia directa debería ser el destino final del progreso de los sistemas de gobierno realmente democráticos. En una democracia se debe avanzar en el camino de ceder cada vez más poder al pueblo, hasta que este lo tenga todo. La democracia representativa, como la nuestra, es sólo el primer paso de ese camino. La democracia directa, el último.
Sin embargo, en España, no avanzamos. Los políticos no quieren que avancemos. No quieren democracia directa. Quieren que sigamos con nuestra cesión del poder a representantes, porque esos representantes son ellos. En una democracia directa, se volverían prescindibles. Los pondríamos de patitas en la calle.
Y eso hay que evitarlo a toda costa.
La manera más fácil de hacerlo es conseguir que una mayoría suficiente de ciudadanos viva en la más completa ignorancia de que existe otro tipo de democracia diferente a este sucedáneo que nos han ofrecido. Y nada mejor que empezar por los jóvenes.
Si dentro de unos años algún chaval aplicado de la ESO, consulta en el diccionario la nueva definición de "democracia" para un trabajo de, por ejemplo, "Educación para la ciudadanía", no tendrá la más mínima duda de que la democracia únicamente puede ser representativa. No entrarán así en su mente, ávida de conocimiento, ideas tan perniciosas como que existe una forma más plena de democracia, la directa. Y así, en su ignorancia, nunca la demandará. Y los políticos seguirán en el poder.
Es una pena lo de los pobres griegos. Al igual que en la Edad Media se destruyó casi todo atisbo del conocimiento, cultura y filosofía griegas, para que no interfirieran en el dominio absoluto que la iglesia y la nobleza tenían sobre un pueblo sometido e ignorante, hoy, se intenta destruir la historia de la democracia griega, para que no interfiera en el dominio absoluto que los políticos están adquiriendo sobre unos ciudadanos cada vez más sometidos e ignorantes.
Con el tiempo, dejará de mencionarse a los griegos cuando se hable de democracia: hay que enterrar ese episodio tan penoso para la humanidad en el que los ciudadanos griegos osaron ejercer el poder a través de una auténtica democracia no representativa.
La Historia, una vez más, reescribiéndose para servicio de los tiranos.
¿Exagero? ¿Es esta modificación de la definición de democracia en el diccionario de la RAE, simplemente, un error de un funcionario inculto y poco capaz?
Tal vez.
Y tal vez no se esté intentando adoctrinar a nuestros jóvenes con asignaturas como Educación para la ciudadanía.
Y tal vez nuestro sistema educativo no sea cada vez peor. Tal vez.
Pero, por si acaso, yo intentaría conservar los diccionarios viejos y los libros de Historia.
Si tienen tiempo, les recomiendo este interesante ensayo sobre la democracia existente en contraposición con la ateniense, publicado por la revista de Lanzarote “Cuadernos del Sureste”.
Si les ha gustado les aconsejo que guarden el pdf a buen recaudo. No sabemos por cuánto tiempo más Internet será libre, sería una pena perder el conocimiento que encierra este documento. Dentro de unos años podrán recurrir a él para enseñar a sus nietos lo que es realmente una democracia, lo que fue en Atenas hace ya más de 2.000 años.
Posiblemente, no les creerán.
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