Acabas de sufrir una estrepitosa derrota electoral. Quizá la esperaras, quizá no, pero tú eras el candidato y has fracasado ¿Dimites o esperas? Ante esa dicotomía se han encontrado no pocos políticos en estas décadas de democracia que llevamos, pero el hecho es que son pocos los candidatos que se deciden a dimitir nada más perder las elecciones.

El más sonado de los dimisionarios fue Joaquín Almunia. Por aquel entonces, 12 de marzo de 2000, nadie hubiera pensado que uno de los dos líderes del PSOE, el que dejó al partido en su cota más baja hasta la llegada de Rubalcaba, iba a acabar como vicepresidente de la Comisión Europea. En aquella noche de domingo en la que Aznar consiguió su primera mayoría absoluta él dimitió: había perdido 16 escaños y millón y medio de votos.

No fue tan evidente, pero casi. Gaspar Llamazares era cabeza de lista cuando IU tocó su suelo: de ser tercera fuerza del país con Anguita a quedarse con dos diputados. Por eso la misma noche del 9 de marzo de 2008 anunció veladamente su salida. Siete meses después presentó su dimisión como coordinador general de la formación.

Durante las primeras horas de la noche electoral de 2008 Gabriel Elorriaga paseaba sonriente por la sala de prensa de Génova. Él, director de la campaña de Mariano Rajoy y uno de los hombres que susurraba al oído de Aznar, era un peso pesado allí, el que marcaba los tempos, el que controlaba los mensajes. Según avanzaba la noche parecía que le cogía por sorpresa la victoria de Zapatero. Difícil creerlo. Fue mudando el gesto, más serio, más sobrio. Hasta que dejó de aparecer.

Entonces empezaron los meses en los que Esperanza Aguirre por un lado y Juan Costa por otro movían la silla de Rajoy, los meses en los que supuestamente el ahora presidente del Gobierno decidió irse. Pero nunca se fue. En aquellos meses Elorriaga se pasó al bando de los críticos. Y perdió. Expulsado de la ejecutiva del partido tras el Congreso en el que Rajoy volvió a la vida, ha tardado tres años en volver a ganar visibilidad. Aunque obviamente no ha vuelto a tener peso alguno en la formación.

Precisamente una de las cuestiones que más se critica del actual sistema político es que son los partidos quienes eligen a los políticos, y no los ciudadanos. Las formaciones confeccionan las listas, ponen y quitan nombres. Incluso pueden forzar renuncias a actas para que sea otra persona, más conveniente según los intereses, quien ocupe un escaño. "Al final quien lo hace mal se acaba cayendo de las listas", decía José Montilla en una pregunta descartada en una entrevista reciente. ¿Hacerlo mal es discrepar? "No hacerlo mal es no desarrollar bien las funciones para las que has sido elegido por la ciudadanía, o por tus compañeros de partido". "Otra cosa", añadía, "es ser desleal olvidando que te has presentado con unas propuestas y no puedes hacer caso omiso de ellas".

La concesión del tercer grado penitenciario y puesta en libertad de Josu Uribetxeberria no pone punto y final a una historia desagradable para el Gobierno. Más bien al contrario, puede ser el principio de un largo camino. La izquierda abertzale lleva meses haciendo campaña por la liberación de otros catorce presos "gravemente enfermos", según sus demandas, y la forma en la que ha terminado el caso de Uribetxeberria dará alas a sus reivindicaciones.

Si para ETA fue fundamental mantener la ortodoxia de los presos por su enorme importancia como colectivo, también la izquierda abertzale ha hecho de ellos una de sus principales reivindicaciones. Por eso, además del colectivo Etxerat para las familias de los presos, los abertzales crearon en febrero Herrira como organización para canalizar sus reivindicaciones sobre los presos y "exiliados", según su documento fundacional, después de que ETA abandonara las armas.

Y es Herrira quien reclama la liberación de catorce presos, cuyos historiales clínicos comparten públicamente para reclamar su liberación. Pero ¿son tan graves sus dolencias como para que sea factible un nuevo caso Uribetxeberria? Según fuentes médicas especialistas en medicina intensiva consultadas, en algunos casos sí. De los catorce expedientes al menos tres revelan problemas de salud bastante importantes, siendo el resto dolencias comunes que no tendrían por qué requerir una excarcelación para ser tratadas o, sencillamente, dolencias que por sí no son graves en una primera etapa.

José Montilla es, como le definieron en una campaña, un hombre normal. Estatura media, apariencia física común, traje discreto. Pasaría perfectamente desapercibido por la calle. Y esa normalidad llama la atención en alguien que lleva más de tres décadas en política y ha sido casi de todo: alcalde, diputado autonómico, líder de su partido, diputado, ministro, el primer president de la Generalitat no catalán y, ahora, senador.

Vive a caballo entre Sant Just Desvern y Madrid, donde pasa unos tres días a la semana. En medio, el AVE y un hotel que dice que “no es de cinco estrellas”, sino uno que está cerca del Senado “para ir y volver andando”. Portavoz de los socialistas catalanes en la Cámara Alta y presente en cuatro comisiones, dice sin embargo que su vida tiene “menos ocupaciones, pero no menos preocupaciones, dada la situación”. Lo dice hablando como él habla, muy despacio. Tanto que a veces termina de responder una pregunta cuando ya se le ha hecho otra.

Al hablar se apoya en juegos de palabras y dos muletillas constantes, “digamos” y “en mi opinión”. Es de suponer que lo hace de forma intencional, como cuando habla de ERC diciendo el nombre entero de la formación, pero diciendo sólo ‘Convergència’  al hablar de CiU. Mide mucho las palabras, sobre todo cuando habla de sus predecesores, ya sea en el partido o en el Govern. Ese aire de lealtad institucional es una especie de demonio susurrándole al oído al que casi se escucha en su luminoso pero añejo despacho.

Sobre la bocina. A pesar de que la UE lleva meses pidiendo ver los Presupuestos del Gobierno, éste ha apurado tanto para presentarlos que ha vuelto a batir un récord democrático: obligar a la Mesa del Congreso a que se reúna en sábado. Esto sucede porque si no se presentaba un nuevo proyecto de Presupuestos antes del lunes 1 de octubre se habrían renovado automáticamente los actuales, Presupuestos casi de urgencia tramitados en primavera del año pasado después de que el adelanto electoral impidiera tramitarlos con normalidad

Ese es el motivo de la urgencia: el progresivo deterioro de la economía hacía inviable aguantar un presupuesto inalterado durante dos años seguidos, lo que se hace más notorio a la vista de que, según los Presupuestos presentados este jueves, uno de los principales motivos del recorte es el aumento de los intereses de la deuda española. La única diferencia entre los últimos Presupuestos de Zapatero y los primeros de Rajoy fueron reformas legales en forma de proyecto presupuestario sobre una provisión económica similar.

¿En qué se traduce la urgencia? Primero, en adelantar un Consejo de Ministros, que regularmente se celebran los viernes, a un jueves. ¿Por qué? Para que dé tiempo a enviar el proyecto al Congreso y que se tramite antes del límite del lunes. ¿Y eso qué implica? Implica que el sábado, por primera vez en la historia de la democracia, se reúna la Mesa del Congreso para tramitar la recepción del proyecto de Presupuestos generales.

Así, se espera que sobre las diez de la mañana el ministro Cristóbal Montoro entregue a Jesús Posada los Presupuestos y, según fuentes de la Mesa del Congreso, lo hará con un código BIDI en lugar del lápiz óptico de los últimos años. La fotografía que habitualmente se tomaba entre semana dará paso a la reunión de la propia Mesa a partir de las 11.30h de la mañana. La reunión, según las mismas fuentes, se espera que sea apenas de media hora porque es únicamente para tramitar el ingreso del proyecto de Presupuestos.

Otra consecuencia de la inédita fecha elegida para presentar las cuentas públicas es que el sábado, por tanto, sí habrá actividad parlamentaria aunque sea por la mañana. El sábado por la tarde hay convocada una nueva protesta para rodear el Congreso de los Diputados.

A Mariano Rajoy parece no bastarle con tener mayoría absoluta: prefiere legislar por decreto. Su Ejecutivo ha conseguido igualar un récord histórico: 26 decretos ley en lo que va de año. El récord hasta ahora correspondía al año 1982, cuando se firmaron el mismo número de decretos. En realidad el Gobierno lleva firmados 27 porque, pese a tomar posesión el 22 de diciembre, al recién constituido consejo de ministros le dio tiempo a firmar su primer decreto ley en su primera reunión. Toda una señal del camino que iba a seguir.

La cifra de Rajoy es más significativa que la de 1982 por tres motivos. El primero, porque la cifra de 1982 la sumaron dos Gobiernos diferentes: el de Calvo Sotelo que firmó 21 decretos ley hasta el 28 de octubre, y el de Felipe González, que firmó cinco más hasta el fin del año.

El segundo motivo que da relevancia a la cifra es que el Gobierno de Rajoy ha conseguido igualar el récord en poco más de nueve meses, por lo que todavía quedan casi tres meses más para superar la marca. En total, y si los días festivos no lo remedian, quince semanas con sus quince posibles consejos de ministros. Quince oportunidades para que el Ejecutivo se supere a sí mismo.

Político, regularmente, se nace. Son más bien pocos los que, desde una carrera profesional más o menos brillante, dan el salto a la gestión pública y, en la mayoría de casos, no suele funcionar. Ahí está la exministra González-Sinde, que venía del mundo del cine y se convirtió en una de las políticas más denostadas de la pasada legislatura por su postura sobre los derechos de autor. O César Antonio Molina antes que ella, que aparcó su carrera literaria antes de tomar la cartera. O Manuel Pizarro, presidente de Endesa cuando la OPA, fichaje estelar de Rajoy en las elecciones de 2008 y finalmente un bluf político. Son sólo tres ejemplos recientes, pero hay decenas más. Para triunfar, sin embargo, el camino de la militancia es el que mejor funciona y, al terminar la etapa, un salto a la empresa privada ¿Tiene que ser así?

Lo más normal para llegar a triunfar en estos días en política es contar con una dilatada trayectoria como militante a las órdenes del partido o, en los tiempos que corren, teniendo la formación que mejor encaje en el momento oportuno. Lo primero funciona especialmente bien en nuestro país, donde muchos de nuestros representantes han carecido de trayectoria profesional porque han dedicado toda su vida a las siglas que defienden. De la militancia precoz al paso por las Juventudes, de ahí a cargos municipales menores y, si todo va bien, el salto al ruedo nacional. Al final el peligro es ese, que defiendan las siglas más que al interés general. 

O, directamente, sumar cargos políticos hasta llegar a la primera línea de la política. El presidente del Gobierno lleva desde 1983, con 27 años, empalmando cargos públicos: presidente de Diputación, vicepresidente de la Xunta, diputado, miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, ministro, vicepresidente y ahora, tras años como presidente de su partido, presidente del Gobierno. Aprobó la plaza de registrador de la propiedad con 24 años y aún hoy figura como titular sin haber ejercido a dedicación plena más que tres años.

La muerte de un destacado líder de la disidencia cubana, Oswaldo Payá, y del también opositor Harold Cepero ha abierto la caja de los truenos. La versión oficial cubana es que el vehículo en el que viajaban ambos fallecidos se salió de la carretera, se precipitó por una pendiente y chocó de frente contra un árbol. Pero, a la espera de que se aclaren las circunstancias concretas de lo ocurrido, muchos han dudado de forma más o menos velada de que no haya una 'mano negra' tras lo acontecido. ¿Cuáles son los hechos hasta ahora y quiénes son las voces que han sembrado de dudas la investigación?

El régimen castrista ha perseguido y persigue a la disidencia cubana desde hace décadas. Lo hace impidiendo sus salidas del país, como es el caso de la conocida bloguera Yoani Sánchez, con detenciones recurrentes, como es el caso de Guillermo Fariñas, cuando no con encarcelamientos. Si ante cualquier hecho sin esclarecer caben sospechas lógicas, más lógico parece dudar de la versión ofrecida por una dictadura que no se ha caracterizado por la transparencia o la tolerancia ante los disidentes. Pero ¿es más fiable la versión de la disidencia? 

Hace dos años el PP puso en marcha una enorme campaña contra un Gobierno socialista que pasaba por sus peores momentos. El Ejecutivo socialista había aprobado meses atrás subir el IVA al llegar el verano. Un PP que había dado la vuelta a las encuestas pasó a la acción: recogió firmas, montó mítines y actos en la calle, puso a sus pesos pesados a criticar al Gobierno por la decisión....

Hoy, con el PP en el Gobierno, las tornas han cambiado. Aunque lo han negado hasta la saciedad, han acabado subiendo el IVA obligados por la situación económica y presionados por Bruselas, que finalmente sí tendrá que acudir al rescate de España (o al menos, de su banca). Hoy es el PSOE en la oposición quien critica la medida y recuerda al Gobierno su campaña. Unos hicieron mientras otros montaban una campaña en contra; los otros ahora hacen lo mismo mientras los unos tiran de hemeroteca. Y mientras nosotros, los de siempre, pagando más: primero por la subida de unos y ahora por la de los otros.

La izquierda abertzale ya tiene cabeza de lista para afrontar las elecciones más importantes de su historia. Tras la irrupción de Bildu como segunda fuerza en las últimas municipales, la vuelta de la mano de Amaiur al Congreso y Senado y la legalización de Sortu como partido, EH Bildu afronta las autonómicas de este otoño como la oportunidad para disputar la lehendakaritza de tú a tú al PNV. Laura Mintegi, una desconocida en la vida política nacional, buscará ser la primera mujer lehendakari para intentar ser, a la vez, la última: lo que querrían es que fuera la primera presidenta de una Euskadi independiente.

¿Quién es Laura Mintegi y por qué la eligen a ella? Mintegi encaja a la perfección en el perfil que la izquierda abertzale suele preferir desde que entró en vigor la Ley de Partidos: candidatos de perfil técnico e intelectual que no hayan estado sobreexpuestos a la opinión pública. Nada de grandes nombres que puedan levantar suspicacias, mejor gente de base que, además, no tiene problema legal alguno para figurar en unas listas que la Justicia ha diezmado.