MADRID- El drama social de los desahucios que se vive en la actualidad no es algo que haya surgido de un día a otro, ni mucho menos. Durante la última legislatura socialista ya era un problema que acuciaba a miles y miles de ciudadanos, que, tras el «estallido» de la burbuja inmobiliaria, vieron cómo los bancos comenzaban a poner en marcha los procesos judiciales correspondientes para «lanzarles» de sus viviendas tras no poder hacer frente a los créditos que en su día habían firmados con las entidades financieras para adquirirlas.

Los datos recogidos año tras año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian esta triste pero real situación, aunque, en todo caso, hay que distinguir los «lanzamientos» que se refieren como consecuencias de procesos entre particulares (alquileres, locales comerciales, etc), de aquellos otros que acaban con el desalojo de una familia de la que ha sido su vivienda habitual.

Drama social
En concreto, estos datos vienen a evidenciar que entre los años 2007 y 2011 los desahucios de viviendas familiares se incrementaron ni más ni menos que un 200,10 por ciento, según las estadísticas oficiales derivadas de los procesos judiciales incoados al respecto, y que son tramitados por los secretarios judiciales. Esos datos vienen a indicar que las ejecuciones hipotecarias se incrementaron de 25.943 en 2007 hasta las 77.854 del año 2011.

Un proceso y evolución que va mucho más allá de lo que son meramente estadísticas judiciales y que refleja todo un auténtico drama social para miles de familias angustiadas por la inminente pérdida de sus hogares. Esta evolución ha ido incrementándose también durante este año, en el que la crisis económica ha tenido una repercusión directa en esas cifras.

Sobre esta cuestión, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, considera que un drama social como el que representan los lanzamientos de la vivienda familiar, merece «un tratamiento serio y fundado, con el sosiego que muchas veces no tenemos ni ponemos todos los que intervenimos en estos procesos».
Por ello, Lara sostiene que más allá de las cifras globales, «muchas veces engañosas», debe centrarse el problema donde está, en la pérdida de la vivienda habitual por deudas, no por un alquiler a otro particular. En este punto, afirma al respecto Lara, «hay que equilibrar la posición siempre desventajosa de los ciudadanos frente a las grandes entidades financieras, con medidas sociales y jurídicas que le protejan en el mismo proceso judicial que acaba en el lanzamiento, y tras éste».

Asumir funciones
En opinión del presidente de la asociación  mayoritaria de secretarios judiciales, las medidas adoptadas por el actual Gobierno en este grave problema son «positivas y merecen verse complementadas con la decidida mediación que los secretarios judiciales podemos realizar en este asunto, aplicando soluciones existentes en el tratamiento legal de las insolvencias familiares como quitas o esperas, fortaleciendo la aplicabilidad real de las tasaciones de los inmuebles como valor en subasta mínimos, o cualesquiera otras medidas consensuadas que podamos promover, y por qué no, imponer soluciones en causas tasadas».

«No es necesario que intervenga el juez, legalmente la ley procesal nos daba estas funciones y queremos asumirlas en beneficio de los ciudadanos», subraya Lara en relación a este espinoso asunto.