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El término Oasis catalán parece pasado de moda. Hace tiempo que no se utiliza. Definía la situación que se vivía en la Cataluña que Jordi Pujol gobernó durante 23 años y medio, en la que CiU, la fuerza hegemónica, tenía, en apariencia, patente de corso en todas las cuestiones relacionadas con la corrupción política.

No era casual. La habilidad con la que el entorno de Pujol, encabezado por su esposa, Marta Ferrusola, y el secretario general de la Presidencia, Lluís Prenafeta, reaccionó al intento de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena de procesar al president por el caso Banca Catalana, le otorgaron un estatus de mártir intocable. Villarejo y Mena presentaron la querella contra Pujol en mayo de 1984, dos meses después de que CiU obtuviera por primera vez la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña.

Pujol fue reelegido dos veces más con mayoría absoluta y, tras perderla en 1995, siguió ocupando la presidencia de la Generalitat hasta noviembre de 2003. A pesar de que CiU fue la primera fuerza política que protagonizó un caso de financiación ilegal, el caso Casinos, que estalló en 1986, la sorprendente lentitud del juez Ramon Gomis, encargado de la instrucción hizo que el Tribunal Supremo juzgara antes el caso Filesa por la financiación ilegal del PSOE.