MADRID- La reforma de la Administración Local entra en su fase final. El Gobierno la ha marcado en su agenda para que vea la luz en enero, después de meses de retraso por la falta de acuerdo con el PSOE y también con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde el rechazo lo han manifestado incluso alcaldes del PP.  El recorte de poder y de sueldos ha levantado suspicacias dentro del «establishment» municipal y en un  último esfuerzo por favorecer el acuerdo, Rajoy ha aceptado revisar estos puntos, y algún otro capítulo del informe del anteproyecto de ley que estudió el Consejo de Ministros  a principios de julio.
     El presidente del Gobierno recibió ayer en Moncloa al presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien confirmó que el Ejecutivo está abierto a negociar su propuesta inicial de reducir en un 30% el número de concejales; así como el proceso de cesión a las Diputaciones de competencias de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y que no acrediten que pueden cumplir con los estándares de calidad fijados en la nueva ley. Otro capítulo que se está negociando es el de la reducción de sueldos de los alcaldes y ediles. Se estudia que todos se homologuen a los que ya existen en otros niveles de la Administración, como director general o secretario de Estado.

A partir de aquí, el Gobierno seguirá negociando en paralelo con la FEMP y con el PSOE (ya han celebrado dos reuniones y habrá otra después del puente de la Constitución). Lo ideal sería que de la negociación saliese una propuesta conjunta del Gobierno y la FEMP, pero de no ser así, el Ejecutivo sostiene que «esta vez» tirará adelante con la reforma. La presión de la ciudadanía para que se concrete el adelgazamiento de las administraciones públicas, la eliminación de disfunciones y de duplicidades, crece a medida que el Gobierno sigue adoptando decisiones impopulares en el recorte del gasto público. La última, la no revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Con acuerdo o sin acuerdo, fuentes populares confirmaron ayer a este diario que la propuesta final incluirá la homologación de sueldos; la reducción de «miles» de concejales; la revisión del personal de confianza, asesores y concejales liberados; la reforma de la estructura administrativa, sobre todo de las mancomunidades; y la reducción de las funciones de los ayuntamientos de menos población. También están trabajando para concretar el principio de «una competencia, una administración», acabando así con las «competencias impropias» que realizan los  entes locales sin recibir financiación para ello. Los ayuntamientos tendrán que ajustarse a un listado cerrado de competencias, y los gobiernos autonómicos deberán financiar al cien por cien los servicios encomendados a los municipios.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer a representantes autonómicos de su partido las líneas maestras en las que trabaja la comisión técnica encargada de presentar una propuesta sobre la reforma de la Administración. No entraron en medidas concretas, sino que la reunión giró más sobre la filosofía del discurso en el que fundamentan esta reforma: la demanda de que las Administraciones Públicas, tal y como están hoy configuradas, no son sostenibles, y que no pueden seguir tomando decisiones impopulares sin adoptar medidas ejemplarizantes en este terreno. En grandes líneas, la revisión incluirá la eliminación de duplicidades; el análisis de la administración disfuncional; la simplificación administrativa; y mejorar los sistemas de gestión. En la página web del Ministerio de la Presidencia se activará un «buzón» para recoger las sugerencias de los ciudadanos.
En la práctica esto debe traducirse en la reducción de cargos públicos y de personal de confianza; en un redimensionamiento de la estructura administrativa; en la eliminación de órganos duplicados; y en la clarificación competencial. «Es la reforma más importante que ha tenido que poner en marcha el Gobierno; la más complicada y la más compleja», explicó la vicepresidenta.