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La plaza Sant Jaume se ha convertido esta tarde en el epicentro reivindicativo de los 47.000 discapacitados intelectuales que viven en Catalunya y de sus familiares. En el día mundial de este colectivo, unas 5.000 personas han ocupado el espacio que separa el Ajuntamiento de Barcelona y la Generalitat para gritarles a las autoridades catalanas "¡Esto sí que no! Si nos recortan, desaparecemos".

Convocados por la Dincat (Discapacidad Intelectual de Catalunya, que agrupa a 300 entidades), y provistos de pancartas, silbatos y muy buen humor, los manifestantes han expresado su temor a un futuro con menos derechos, víctima de los recortes. "Hoy no es un día de celebración porque no tenemos nada que celebrar; es un día de reivindicación", ha señalado, desde el escenario, Rut Martínez, una de las animadoras de la protesta. "Todos los pasos hacia delante que habíamos dado van ahora hacia atrás. Tenemos que levantar una sola voz para poner en valor las capacidades de estas personas. No queremos recortes ni tampoco caridad", ha añadido.

A través de una breve actuación, miembros de Psico-Art -compañía de teatro que trabaja con discapacitados intelectuales-, han ilustrado los derechos que este colectivo, especialmente dependiente y vulnerable, ve ahora amenazados: vivienda, deporte y ocio, trabajo, ley de la dependencia, salud, tutela y educación. Y la escenificación ha sido de lo más gráfica: los derechos pisoteados por encapuchados que visten de  negro y cargan maletines.

"El trabajo, la educación, la salud y la ley de la dependencia nos preocupan especialmente", ha señalado a este diario Francesc Pérez, vicepresidente de Dincat y padre de Nil, un muchacho de 17 años con discapacidad psíquica. "Entendemos que atravesamos una crisis coyuntural, pero hay líneas que no se pueden traspasar. Necesitamos diálogo y negociación con las autoridades", ha añadido.

Ni caridad ni modelo asistencial

"No queremos volver a un modelo asistencial", ha afirmado la presidente de Dincat, Rosa Cadenas, tras leer un manifiesto que recoge, en diez puntos, sus reivindicaciones. No difieren demasiado de las que los propios afectados han recopilado en otro manifiesto elaborado por ellos mismos. "No queremos que otras personas decidan por nosotros sin tenernos en cuenta", ha pedido Rosa Grau, de 15 años, y atleta campeona en los últimos Special Olympics. "No queremos que nos impidan participar en la comunidad con el resto de ciudadanos", ha abundado Marta Segura, de 38 años. "¡Queremos ser un ciudadano más!", han exigido todos al unísono.

"Nos dejan despedir gente, pero no contratar cuando quedan plazas vacantes; en consecuencia, la calidad de los servicios ha disminuido considerablemente", se quejaba Mauricio. Tiene un hijo de 41 años afectado, preside una asociación, pero prefiere reservarse el nombre por miedo a represalias. "Artur Mas y compañía son una jauría", se justificaba. "Si antes estábamos a la cola de Europa en este tipo de políticas, ahora, más. Tenemos pisos tutelados cerrados desde hace dos años por falta de subvenciones", añadía. "Mi hijo, mientras estemos nosotros, estará bien porque nos apretamos el cinturón, pero luego...".

El futuro, coincidían los presentes en la protesta, pinta negro. "Mi hija, que percibía casi 170 euros de la ley de dependencia, ahora se ha quedado en unos 140. Les han bajado entre un 15 y un 20 por ciento. La otra ayuda, de 550 euros mensuales, la mantiene, de momento", apuntaba Carlos, padre de Meritxell, de 40 años. "A los gobiernos sólo les preocupa quedar bien con Bruselas, pero no tienen sensibilidad", añadía, sin perder del todo la esperanza de que "todo esto se acabe algún día".