Las investigaciones sobre la red de blanqueo presuntamente ligada a Gao Ping han vuelto a desvelar su estrechísima conexión con los círculos de la alta sociedad española. Los seguimientos y pinchazos telefónicos ordenados por el juez han cazado al apoderado de una empresa que, según la información obrante en el Registro Mercantil, preside desde octubre de 2005 Fernando Sarasola, cuyo nombre no figura en el sumario: Grupo Salermar 98, dedicada la adquisición y gestión de valores mobiliarios. Escuchas y seguimientos han cazado al apoderado en lo que la transcripción de las conversaciones y la interpretación que la Policía hace de ellas indican que eran tratos para traer a España dinero en metálico procedente de paraísos fiscales y previo pago de la preceptiva comisión marcada por el entramado chino.

¿De quién era ese dinero y a cuánto ascendió? Los documentos consultados no lo precisan. Pero sí que al "entramado empresarial" al que pertenece Salermar 98 se le conocía en la red de blanqueo como "los de Génova", la calle madrileña en cuyo número 15 se ubican Salermar y otra sociedad que, según el Registro Mercantil, está igualmente presidida por Fernando Sarasola y en la que consta como socio único, la inmobiliaria Fersamar SL. Cuando la Policía se refiere a "los de Génova" lo hace así: "Uno de los grupos de empresarios más prolíficos" en sus relaciones con la trama.

El nombre de Fernando Sarasola, famoso como hombre de negocios pero, sobre todo, como miembro de la jet madrileña, no aparece mencionado en los documentos del sumario a que ha tenido acceso este diario. Tan solo se repite el del apoderado de Salermar, José Antonio Gil González, a quien la Policía cita como "principal representante" de la empresa. Salermar 98 (mencionada erróneamente como Salemar en el sumario) y Fersamar no presentan cuentas al Registro Mercantil desde 2010. En esas últimas, referidas a 2009, ambas sociedades declararon pérdidas en sendos balances validados por Fernando Sarasola como presidente. El nombre de ambas apunta a que son un acrónimo de los apellidos familiares: Sarasola Lerchundi Marulanda la primera (Salermar) y Fernando Sarasola Marulanda (Fersamar), la segunda.

El uso por parte de españoles de la red de blanqueo atribuida a Gao Ping movió en pocos meses cantidades exorbitantes. Sólo siete de los empresarios y miembros de la alta sociedad que acudieron a los servicios de la trama china recibieron en metálico 1.900.000 euros como mínimo entre marzo y septiembre de este año. Las investigaciones, iniciadas hace más de tres años, señalan que decenas de empresarios emplearon esa vía para obtener fondos opacos. Las cifras del dinero movido puede, por tanto, dispararse a medida que trasciendan nuevos datos.

El sistema funcionaba de forma sencilla: desde una cuenta localizada en algún paraíso fiscal, el cliente cursaba a China una transferencia por la cantidad elegida. Una vez la trama confirmaba la recepción de los fondos y calculaba el porcentaje a descontar –entre el 1,5% y el 2,5%, creen los investigadores-, daba órdenes a sus correos en España para que entregasen en metálico y a domicilio el dinero solicitado por el individuo en cuestión. Entre quienes, según el sumario, utilizaron esa vía para obtener fondos se cuentan una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, un exdirectivo de Banesto de la época de Mario Conde y dos prominentes empresarios, uno de ellos también aristócrata.

La cota más alta de la serie está marcada por el empresario J.V.M. En su caso, hubo tres entregas: una de 200.000, otra de 72.000 y una tercera de 315.000 euros. Otro de los clientes, J.M.T., cobró 500.000 euros de una tacada. Los aristócratas F.B.O.Z.R. y M.B.D.S.L. obtuvieron cantidades más modestas: 75.000 el primero y 30.000 la segunda, aunque podría haber sido destinataria de más entregas.

El tuit en el que la exministra de Vivienda María Antonia Trujillo se desmarcaba abiertamente del PSOE en su posición sobre los desahuciados –"quien tenga deudas que las pague", escribió- ha colmado el vaso de la paciencia interna. Fuentes del equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba acaban de confirmar a este diario que la dirección federal planea ya abrir expediente informativo a Trujillo, lo que acerca su posibilidad de expulsión. Las Juventudes Socialistas de Extremadura (JSEX), donde Trujillo fue consejera antes de su nombramiento como ministra, ya pidieron días atrás a Rubalcaba que la expulse de la organización. Trujillo, decía la nota oficial difundida por JSEX el sábado 24, "ha demostrado reiteradas veces que no merece pertenecer al partido ni ser llamada socialista".

En su cuenta de Twitter, a cuyos contenidos solo pueden acceder ahora aquellos internautas a quienes Trujillo acepte como seguidores, la exministra incendió el debate a mediados de mes y en plena negociación sobre el decreto de desahucios. "Quien tenga deudas que las pague. Que no se hubiera endeudado", ese fue su tuit. De inmediato, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, cargó contra su autora, a quien preguntó dónde había dejado su "alma socialista". Ayer, Valenciano abundó en el asunto durante Las Mañanas de Cuatro y tildó de "frívolo" lo dicho por la exministra en Twitter.

Ambas se habían enfrentado con antelación por el caso de Olivido Hormigos, la concejal toledana del PSOE víctima de una campaña basada en la difusión masiva de un vídeo íntimo que la edil envió en privado a un tercero. Lejos de defender el derecho a la intimidad de Hormigos y condenar los ataques que estaba recibiendo, Trujillo pidió su dimisión. El argumento, que quien no es "prudente" en su vida privada no puede gestionar tareas públicas. Como la mayoría de las dirigentes socialistas y como la inmensa mayoría del movimiento feminista, Valenciano reprochó a Trujillo sus diatribas contra Hormigos.

Las investigaciones sobre la gigantesca trama china que presuntamente capitaneaba Gao Ping han arrojado datos sorprendentes, tal como vaticinó el propio ministro del Interior al estallar la operación. Entre los españoles identificados por la Policía como usuarios de la red de blanqueo el sumario cita a una pariente del rey que no pertenece a su círculo familiar directo, M. B. D.S. L., a otro aristócrata, a un miembro de una importante familia de promotores inmobiliarios, a otros prominentes empresarios y a un exdirectivo de Mario Conde, E.L.P.A., que, como él, acabó condenado a prisión en 2002 por el caso Banesto.

Camuflado en bolsas de plástico y en billetes de no más de 50 euros, el dinero se entregaba en metálico y a domicilio después de que sus destinatarios hubieran pagado una comisión a los empleados del emperador de Fuenlabrada. Sus nombres completos y sus domicilios constan en el sumario, cuyo secreto acaba de levantar el juez Fernando Andreu. Este diario aporta solo sus iniciales dado que no ha podido contactar con ninguno de los implicados para conocer su versión de los hechos.

El sistema funcionaba de forma sencilla y siguiendo las pautas de los primitivos bancos: el usuario de la red de blanqueo, poseedor a su vez de una cuenta en algún paraíso fiscal, cursaba a China una determinada cantidad mediante transferencia y desde la citada cuenta opaca. Una vez la trama verificaba in situ que el dinero había llegado al depósito localizado en China, descontaba su comisión –los investigadores creen que oscilaba entre el 1,5% y el 2,5%– y daba instrucciones a sus presuntos sicarios en España para que hicieran llegar el dinero en bolsas a sus destinatarios.

Por segunda vez en dos años y medio, la presunta y gigantesca mafia china de Gao Ping ha vuelto a provocar un encontronazo entre la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. El auto por el que la Sección Tercera de la Audiencia abrió el jueves la puerta de la libertad a los 20 principales imputados –ya hay cuatro en la calle- llega 28 meses después de otra resolución teñida de discordia: aquella donde, el 5 de julio de 2010, el Pleno de la Sala Penal tumbó la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el mismo grupo al que pertenece Gao Ping. La Sala rechazó admitir la querella al negar que, con los indicios en la mano, cupiera hablar de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en el extranjero.

Entonces, Anticorrupción encajó el golpe y llevó sucesivamente a dos juzgados de instrucción el caso, que finalmente aterrizó de nuevo en la Audiencia. Ahora, y tras el auto del miércoles, la Fiscalía acaba de presentar un incidente de nulidad para evitar que los 20 encarcelados salgan de prisión, que es lo que ha comenzado a decretar el tribunal bajo el argumento de que el juez instructor, Fernando Andreu, prorrogó el arresto de los detenidos más allá de las 72 horas legalmente permitidas. Según Anticorrupción, la orden de prisión de Andreu contra Kai Yang –el preso cuyo abogado recurrió por prórroga ilegal de arresto- no se basó en ninguna diligencia policial practicada con posterioridad a las 6 de la mañana del 19 de octubre, momento en el que expiraba el plazo de 72 horas de puesta a disposición judicial.

Sea producto de un error judicial de Andreu o de una interpretación ultragarantista de la Sección Tercera –al expirar el plazo legal, la Policía dejó de interrogar a los detenidos, que quedaron en espera de declarar ante un juez colapsado por la magnitud de la operación-, lo cierto es que el auto del jueves asesta un mazazo. ¿A quién? A ese mismo juez que el 16 de octubre hizo estallar la Operación Emperador con el lanzamiento de 108 órdenes de arrestos y 120 de registro en los múltiples inmuebles de una trama que, a tenor de lo investigado, ha blanqueado desde 2009 entre 800 y 1.200 millones.

La fianza millonaria solicitada el miércoles por Anticorrupción para Iñaki Urdangarin y Diego Torres y cuyas líneas maestras adelantó el martes este diario devuelve al primer plano, aunque de forma implícita, a Cristina de Borbón. En su escrito la Fiscalía sostiene que Aizoon SL, cuya titularidad comparten al 50% el duque de Palma y su esposa, debe ser considerada responsable civil directa a la hora de satisfacer los 8,189 millones de fianza, y no solo si los dos imputados carecen de medios de pago o bienes susceptibles de embargo, como ocurre con los responsables subsidiarios.

El fiscal hace extensiva a las restantes empresas de la trama la petición de responsabilidad civil directa que formula para Aizoon. Y argumenta así el porqué: "Son las directamente beneficiadas por el fraude al haberse desviado las cantidades recibidas por Instituto Nóos hacia dichas entidades a través de facturas simuladas". Entre 2004 y 2007, y según los documentos de Hacienda incorporados al sumario, Instituto Nóos abonó a Aizoon SL no menos de 747.000 euros. Se correspondían con supuestos servicios a cuya veracidad no concede el menor crédito la Fiscalía.

Anticorrupción cita de forma expresa el artículo del Código Penal según el cual quien "por título lucrativo hubiese participado en los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño". En otras palabras, está obligado a devolver el dinero con que se lucró. Pero eso no significa que la Fiscalía considere que la infanta Cristina participó en ninguno de los delitos que se investigan y que, presumiblemente, llevarán al banquillo a Urdangarin y su antiguo profesor en Esade. Simplemente, la fianza civil, si finalmente se impone en los términos propuestos, afectará a sus intereses como copropietaria de Aizoon SL.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acaba de ordenar la destitución fulminante del consejero delegado y el gerente, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, los dos máximos responsables de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa municipal que alquiló a Diviertt SL el Madrid Arena para la fiesta de Halloween en la que fallecieron cuatro jóvenes aplastadas.

La clave de la destitución estriba en el contrato adelantado ayer por eldiario.es y en virtud del cual Madridec garantizaba a Diviertt SL que no tendría competencia para sus conciertos en 2012 y 2013.

José Ángel Rivero era un hombre muy próximo al recientemente dimitido Pedro Calvo, exconcejal de Economía y expresidente de Madrid Espacios y Congresos, a cuyas órdenes trabajó desde 2007 a 2010 en la Empresa Municipal de Transportes, de donde fue gerente. Calvo, entonces, era el concejal de Seguridad y Movilidad. Con el relevo en la alcaldía y el paso de Calvo a Economía, Rivero fue nombrado consejero delegado de Madridec en enero pasado.

Miguel Ángel Flores, dueño de Diviertt SL, la empresa que organizó en el Madrid Arena el concierto de Halloween donde perecieron aplastadas cuatro jóvenes, admitió el martes ante el juez que ordenó imprimir 17.500 entradas de papel, cifra que no incluye las comercializadas por internet. Pese a lo anterior, el empresario se aferró a que solo se vendieron 9.600 pases y a que retiró los restantes. Pero no explicó por qué entonces había dado a la imprenta orden de lanzar talonarios con 17.500 tiques si el aforo máximo permitido en el Madrid Arena era de 10.600 personas y si, días antes del concierto, Diviertt había comunicado al Ayuntamiento que acudirían unos 7.000 espectadores.

El asunto de la ocupación real del Madrid Arena resulta clave para esclarecer una tragedia que ha destapado un cúmulo de sospechas sobre la relación del Ayuntamiento con Diviertt SL, compañía que pese a sus múltiples deudas con la Seguridad Social ya había celebrado 40 eventos en la Casa de Campo, y así lo confirmó ayer su propietario; una empresa a la que el consistorio garantizó por contrato que nadie más celebraría conciertos un mes antes o después de los allí programados por Diviertt, que pagaba a Madridec 10.000 euros por un concierto de un día y 20.000 por un evento que durase dos.

Ahora, es Flores quien carga contra el Ayuntamiento, al que culpa de no haber evitado que miles de jóvenes que hacían botellón a las puertas del Madrid Arena se colasen en el edificio poco antes de la estampida mortal. Según Flores, no supo que el aforo podía estar inflado hasta que oyó al DJ principal del evento, Steve Aoki, decir que había 15.000 espectadores.

La solicitud que la Fiscalía Anticorrupción formalizará hoy para que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres depositen una fianza civil de 8,18 millones de euros -todo el dinero público cobrado por Instituto Nóos, más un tercio de penalización- marca un punto de no retorno. De haber accedido a resarcir a la Administración devolviendo por iniciativa propia los 6,1 millones que fluyeron desde las arcas públicas hacia la trama de Urdangarin y Torres, su futuro procesal aparecería hoy menos negro.

Sin colaboración con la justicia –ni dinero reintegrado ni pistas sobre el los fondos enviados presuntamente a Suiza y Luxemburgo-, se perfila mucho más lejana la hipótesis sobre la que más se ha especulado en el último año: la de un pacto que, aun a costa de Diego Torres, dulcificara la situación del duque de Palma y le librase del banquillo o, cuando menos, del riesgo de una severa condena de cárcel por corrupción. Los delitos que hasta la fecha imputa el juez a Urdangarin y su exsocio son blanqueo, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación y malversación como cooperador necesario.

La Fiscalía sostiene que Instituto Nóos, la asociación que con Urdangarin al timón navegó viento en popa gracias a carísimas y cortísimas jornadas institucionales sobre turismo y deporte, jamás fue una ONG sino la cabeza de puente de una trama societaria nutrida con fondos públicos. Una tapadera -o "cobertura"- que captó millones de la Generalitat valenciana y el Govern balear mediante convenios de colaboración vedados a las sociedades mercantiles.

Un año después del estallido del caso Nóos, Iñaki Urdangarin se arriesga a recibir un mazazo mayúsculo. La Fiscalía Anticorrupción ultima en estos días el escrito de petición de fianza civil para el duque de Palma y su exsocio, Diego Torres. Salvo viraje total, esa fianza solidaria sobrepasará la cifra de ocho millones de euros.

Lo elevado de la cuantía se explica por un factor clave. Bajo la premisa de que los convenios con Instituto Nóos fueron por completo ilegales dado que la asociación que presidía Urdangarin no era en realidad una ONG sino la cabeza de puente de un grupo empresarial, el ministerio público sostiene que el yerno del rey y su antiguo profesor en Esade deben depositar todo el dinero cobrado de los gobiernos balear y valenciano. Es decir, algo más de seis millones de euros, a los que deberán añadirse otros dos millones. Se agregan porque esos dos millones equivalen a un tercio de lo supuestamente percibido de forma irregular. La adición de ese tercio resulta obligada por ley.

A diferencia de la fianza penal, la civil no busca que los imputados puedan eludir la cárcel con su pago sino asegurar aquellos fondos cuya devolución es susceptible de ser impuesta por una futura sentencia. Pero si Urdangarin y Torres no satisfacen esa fianza civil, sus bienes quedarán embargados. Sobre el barcelonés palacete de Pedralbes, propiedad de Urdangarin y Cristina de Borbón y residencia habitual de la pareja, pende por tanto ahora una verdadera espada de Damocles.