El Ministerio de Hacienda aprovechó los últimos días de 2012 para hacer balance de la evolución del juego online, una de las actividades recientemente reguladas en España y que previsiblemente va a suponer una fuente de pingües beneficios para las arcas del Estado.

Desde junio, cuando las apuestas online dejaron de ser ilegales en España, los internautas han gastado en este tipo de juegos alrededor de 2.354 millones de euros, según los datos publicados la pasada semana por la Dirección General de Ordenación del Juego. Esa cifra podría superar en 2013 los 5.000 millones de euros si se cumplen las estimaciones del Ministerio encabezado por Cristóbal Montoro.

En total, en España operan con licencia 53 empresas que ofrecen juegos y apuestas online, compañías entre las que están cadenas de televisión como Antena 3 o Telecinco, grupos de comunicación como Unidad Editorial o las grandes multinacionales del juego online como Bwin o 888.

Dice el refranero popular que "la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino que también debe parecerlo" o, lo que viene a ser lo mismo, no se puede presumir de honestidad si los hechos lo desmienten. En las últimas semanas, algunos de los grandes bancos europeos han visto seriamente dañada su credibilidad tras asumir el pago de miles de millones de euros para solventar investigaciones que los vinculan a operaciones tan dudosas como el lavado de dinero procedente del narcotráfico, tener como cliente a redes vinculadas al terrorismo internacional o haber manipulado los tipos de interés interbancario.

Sólo en 2012, algunos de los grandes nombres de la banca europea, entre ellos el HSBC, UBS, Barclays, ING o RBS, han tenido que desembolsar más de 6.100 millones de dólares (o 4.626 millones de euros) en concepto de sanciones por procedimientos considerados irregulares, según los datos recopilados por la agencia Bloomberg.

Esta cifra, según sus estimaciones, puede equivaler a la cuarta parte de su beneficio neto conjunto durante el ejercicio 2012, que se calcula en unos 24.000 millones de dólares (cerca de 18.205 millones de euros). Un daño a su imagen y a su cuenta de resultados que, además, coincide con la reiterada y anhelada política de control de gastos y las sucesivas reestructuraciones y reorganizaciones del sistema financiero.

Como en muchas otras cosas, Madrid y Cataluña tienen una visión completamente opuesta de cómo debe ser la regulación del comercio. La primera, como paradigma de la liberalización, la libertad de empresa y foco de atracción de grandes superficies. La segunda, marcada por la protección de los intereses de los pequeños comerciantes. ¿Pero cuál genera más empleos y dinamiza más la economía?

“Cataluña siempre ha apoyado expresamente al pequeño y al mediano comercio, mientras que Madrid lleva muchos años abriendo las puertas a las grandes superficies y el resto de las comunidades tratan de hacer equilibrios entre todos los formatos”, asegura José Guerrero, secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC).  “Pero por mucho que se quiera buscar el equilibrio, nosotros estamos en desventaja porque más del 90% de nuestros comercios son de autónomos que tienen menos de cinco trabajadores y es imposible plantearse abrir domingos y festivos”, recalca. “Y hoy nueve de cada diez tiendas que hay en España es pequeño o mediano comercio, así que la desventaja es clara”, matiza.

Desde el pasado mes de julio, todos los comercios de la Comunidad de Madrid pueden abrir las 24 horas del día los siete días de la semana. Una libertad que, al menos hasta el momento, no se ha traducido en un cambio radical de horarios de apertura. Las grandes cadenas abren tanto domingos como festivos, pero muchas de ellas ya lo hacían antes al estar situadas en zonas denominadas de interés turístico. Y, mientras, los pequeños comercios siguen abriendo las mismas horas de siempre.

Puede ser el sueño de cualquier fumador: comprar tabaco desde el salón de casa, a través de su ordenador o de su móvil. Una posibilidad que está más cerca que nunca, después de que el Tribunal Supremo dictaminara a principios de noviembre que la legislación española debe eliminar las restricciones a la venta telemática (internet) y a la importación de productos de tabaco desde otros países de la Unión Europea. El sector se muestra prudente y advierte de alguno de los peligros de este cambio: más contrabando y menos control sobre los impuestos y el consumidor final.

El Gobierno tendrá que hacer cambios de fondo en la actual legislación para regular la venta online. De entrada, la Ley del Tabaco (la misma que, desde el 2 de enero de 2011, prohíbe fumar en bares y restaurantes) no permite ni la venta online ni la publicidad a través de la red. “Si se vende por internet esto puede ser un coladero para el contrabando”, asegura un portavoz de una de las principales tabacaleras, que prefiere permanecer en el anonimato. “Y, teniendo en cuenta que en España cerca del 15% del tabaco que se vende ya procede del contrabando, podríamos llegar a tener un problema muy serio”, recalca.

Pero no sólo el contrabando puede ser un problema. También la venta a menores o incluso la gestión de los impuestos especiales, donde la red de estancos ejerce hoy un papel esencial. Actualmente, existen en España alrededor de 13.400 estancos. Un sistema de comercialización que “resulta muy cómodo para el Estado”, según explican fuentes del sector. No en vano, la distribución del tabaco se realiza a través de una red de distribución monopolística que el Estado ejerce a través de concesiones administrativas: los propios estancos.

En Bangladesh, 223.000 personas trabajan indirectamente para Inditex. Es el mismo país donde hace sólo unos días fallecieron más de 100 trabajadores en el incendio de dos fábricas textiles. Esa tragedia ha vuelto a poner de relieve la falta de seguridad laboral en el segundo productor mundial de prendas textiles por detrás de China.

Inditex no desvela qué empresas trabajan para ella ni en Bangladesh ni en ningún otro país. No publica ni el nombre de sus proveedores, ni cuáles son las condiciones de sus trabajadores subcontratados. Pero basta un dato para comprobar la relevancia que Bangladesh tiene en su modelo de abastecimiento. La plantilla en nómina de la multinacional gallega era de 109.000 empleados al cierre de 2011, prácticamente la mitad de personas que trabajan para ella en el país asiático. En Bangladesh, el salario medio de un trabajador textil es de 31 euros al mes, según han destacado los sindicatos locales tras el incendio del pasado sábado.

Para la empresa española dueña de Zara, Bershka o Massimo Dutti, su presencia en Asia es esencial, como lo es para el resto de multinacionales textiles como H&M, GAP o C&A. Todas aprovechan los bajos costes de producción en China, India, Pakistán o Camboya para poder mantener su competitividad y sus precios de venta lo más reducidos posibles, más aún en tiempos de crisis de consumo.