El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria se implicó personalmente en el trato al empresario encargado de mejorar la reputación online de Ignacio González y otros consejeros sin apenas conocerlo y siendo ajeno a la cantidad que la Comunidad le adeudaba, solo porque así se lo pidió la directora general de Medios Isabel Gallego. Esta ha sido la versión que ha presentado Victoria durante su declaración de este viernes en la Audiencia Nacional, en la que también ha negado que utilizara a empresas adjudicatarias de la Comunidad para que Alejandro de Pedro cobrara en negro por sus trabajos en la red.

El juez Eloy Velasco cree que Alejandro de Pedro se dedicó a tapar noticias negativas de González y Lucía Figar, entre otros, y que esos trabajos, no registrados así en las cuentas de la Administración, eran abonados por empresas adjudicatarias de la Administración, como Indra. El instructor cree que al frente de esa trama estaba Victoria, quien este viernes salió de la Audiencia Nacional como entró, sin pasaporte, e imputado por cuatro delitos de corrupción.

“Cinco instrucciones, cinco acusaciones, cinco juicios, cinco exposiciones mediáticas y, en síntesis, una tortura procesal inasumible en un estado de derecho”. Así expone la defensa del empresario Alejandro de Pedro las consecuencias que tiene para su defendido la decisión del juez Eloy Velasco de trocear en una docena de piezas el gran sumario de la ‘Operación Púnica’ -de las que cinco le afectan- con el fin de agilizarlo y llegar a juicio cuanto antes.

En su recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, De Pedro asegura no tener ninguna vinculación con Francisco Granados y David Marjaliza y denuncia que la supuesta trama creada en torno a él es fruto de “conjeturas” iniciales de los investigadores de la Guardia Civil que no han podido ser demostradas tras un año de instrucción por parte del juez Velasco.

La estrategia de los usuarios de las tarjetas ‘black’ para inundar la Audiencia Nacional de recursos que dilaten o incluso anulen el proceso ha vivido su último episodio con la exigencia de la defensa de Rodolfo Benito, antiguo dirigente de Comisiones Obreras, para que se investigue el fraude del que fue objeto su plástico, al cargarse 26,9 euros de un billete de tren que él nunca compró. El exconsejero de Caja Madrid a propuesta del sindicato gastó 140.600 euros con la tarjeta black entre 2004 y 2010.

En un escrito presentado al juzgado el pasado 16 de septiembre, la abogada de Benito, María Jesús Díaz Veiga, explica que su representado fue informado en marzo por Visa Europe Service del fraude cometido a través de su tarjeta. Este consistía en la adquisición de un billete de la compañía Cintra, filial de Ferrovial, por importe de 26,90 euros el 30 de septiembre de 2009. El billete, informaba Visa, “no fue entregado al titular de la tarjeta”.

El juez que instruye la Operación Púnica ha programado 40 nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional. La mitad de los citados son imputados en el caso en las ramificaciones que afectan a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes jurídicas. El resto son testigos del caso.

Las citaciones en la Audiencia Nacional corresponden a una de las doce piezas en las que Velasco ha dividido la Púnica. No obstante, se trata de una pieza separada que aún permanece secreta y que afecta a Madrid y Valencia. Las 40 personas desfilarán por la Audiencia Nacional durante las próximas semanas

La implicación de un coronel de la Guardia Civil en una trama de tráfico de hachís se ha cobrado este martes su segunda víctima. En abril fue destituido de su puesto en la Dirección General el propio coronel Francisco García Santaella, al desvelar eldiario.es su imputación por un delito de narcotráfico. Este martes corrió la misma suerte otro coronel, Francisco Ortiz Clavero, jefe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil en 2006 y 2008, años en los que García Santaella fue investigado por su sospechosa conducta.

La jueza de Granada María Ángeles Jiménez ha citado a Ortiz Clavero para que declare como imputado el próximo 19 de noviembre. La primera citación del Juzgado número 2 de Granada se remonta a junio, pero como ocurriera con García Santaella, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, no ha actuado hasta que ha trascendido la imputación en los medios de comunicación.

Agentes de la seguridad francesa han detenido este martes en Saint-Jean de Pied du Port a cuatro presuntos miembros de ETA, entre ellos David Pla e Iratxe Sorzabal, informaron a eldiario.es fuentes de la lucha antiterrorista. Los arrestos son fruto de una investigación del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Pla y Sorzabal formaban la actual cúpula de la banda terrorista y fueron los encargados de leer el comunicado que puso fin a la violencia en octubre de 2011.

La investigación a un alto mando de la Guardia Civil por narcotráfico ha dado un nuevo giro con la citación por parte de la jueza del caso de otro coronel, el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Benemérita Francisco Ortiz Clavero. Según informaron fuentes jurídicas, Ortiz Clavero deberá prestar declaración el próximo 19 de noviembre, en calidad de imputado, para aclarar por qué la investigación que realizó su unidad a Francisco García Santaella en 2006 nunca prosperó ni llegó a un juzgado.

García Santaella está imputado por pertenencia a una banda de traficantes de hachís, de los que habría recibido más de 480.000 euros durante su etapa como comandante en Granada. Próximo a ascender a general, solo fue suspendido de su último destino, en la Dirección General de la Guardia Civil,  cuando eldiario.es desveló el pasado abril la imputación por tráfico de drogas, cohecho y asociación ilícita, entre otros. Tres meses antes, Interior había condecorado al coronel imputado, a pesar de que ya constaban contundentes indicios en su contra. En el momento de la destitución, García Santaella aguardaba la orden política para ser ascendido a general.

Divisas militares, una canción religiosa, medalla a la virgen y ahora, una instrucción exigiendo ser "escrupulosos" en el aseo y guardar la "debida compostura" ante la autoridad judicial. El proceso de involución del Cuerpo Nacional de Policía ha vivido uno de los últimos episodios de esta legislatura con un oficio de la Dirección Adjunta Operativa destinada a exigir a los agentes que cuiden su imagen y lleven la "vestimenta adecuada" al realizar distintos trámites en los órganos judiciales. 

En el seno de la Policía ha llamado la atención el oficio interno, al no constar quejas de órganos judiciales al respecto, y por insistir en cuestiones “superficiales” que nada tienen que ver con los problemas laborales que arrastran los agentes, denuncian fuentes sindicales. El oficio lleva la firma, como el resto de iniciativas tendentes a la militarización del Cuerpo, del número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con el Gobierno de José María Aznar.

La investigación a Rodrigo Rato por sus negocios y patrimonio vuelve a cambiar de manos. El juez Fernando Andreu rechaza hacerse cargo de la investigación porque considera que no está vinculada al caso Bankia, que él instruye, y que la Audiencia Nacional no es competente porque el delito de blanqueo de capitales que la Fiscalía Anticorrupción aprecia pudo cometerse en Madrid y no en el extranjero.

Así, volverá a ser el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el encargado de instruir la causa, después de haber intentado desembarazarse de ella en dos ocasiones. Primero, intentó enviarla a la Audiencia Nacional alegando que Rato ya estaba siendo investigado en el caso Bankia y que los presuntos delitos que le había presentado la Fiscalía podrían estar vinculados con aquellos. Anticorrupción se opuso y la Audiencia de Madrid dio la razón a la Fiscalía.