Existe un muy extendido consenso acerca de que el régimen político vertebrado por la vigente Constitución de 1978 ha entrado desde hace tiempo en un período de profundo desgaste que perturba su funcionamiento y pone en entredicho su futuro. La gravísima crisis económica que arrastramos desde 2008 no ha sido la causa inicial de aquel desgaste, pero lo ha acentuado con mayor intensidad y lo ha puesto en clara evidencia.