Primera condena por fraude fiscal contra el banquero y filósofo Jaime Botín. El máximo accionista de Bankinter y hermano del fallecido Emilio Botín ha aceptado este jueves ser condenado en conformidad por un delito contra la Hacienda Pública en la compra de un avión privado a través de un entramado de sociedades en Portugal y Jersey.

Previo pago de la multa del 50% de la cuota defraudada (cifrada por la Fiscalía en 1.014.298 euros), lo que elevaría la multa a más de medio millón de euros, Botín ha logrado la aplicación del 305.6 del código penal, según fuentes jurídicas. Este artículo permite bajar dos grados la pena si antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisface la deuda tributaria y reconoce judicialmente los hechos.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha declarado en numerosas ocasiones que "todas las opciones están abiertas para frenar" una declaración unilateral de independencia en Catalunya, como ha anunciado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el pleno del Parlament catalán el próximo 9 de octubre.

Entre los escenarios que se plantea Moncloa en su estrategia para parar a los independentistas está la aplicación del artículo 116 de la Constitución, que regula la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Esta herramienta constitucional puede conllevar la suspensión de numerosos derechos fundamentales y la posibilidad de que el Ejercito asuma la autoridad. 

El  Col·legi de Periodistes de Catalunya analiza seis vídeos de cargas policiales del 1-O en las que resultaron golpeados otros tantos profesionales de la información pese a estar identificados como prensa. Los reporteros de televisión denuncian la tensión que viven durante las coberturas en directo estos días en Barcelona, donde han recibido gritos e insultos de todo tipo e incluso empujones por parte de una minoría del movimiento independentista.

Al presentador de La Sexta Hilario Pino directamente se lo arrebataron en mitad de una conexión la semana pasada. El martes el equipo de Antonio García Ferreras necesitó ayuda de los Mossos para abandonar el Parlament después de que una multitud hubiera cercado a una redactora y su camarógrafa que acabó llorando de rabia. La cadena decidió no emitir las imágenes más duras.

El 1-O ha abierto un abismo entre las fuerzas de seguridad. Las cargas policiales retransmitidas por las televisiones de medio mundo que han alarmado a la ONU y a la Comisión Europea, los conatos de enfrentamiento entre agentes de distintos cuerpos, la sensación generalizada en la Guardia Civil y la Policía Nacional de que los Mossos fueron desleales en el dispositivo del domingo y les dejaron en la estacada pese a que la orden del Tribunal Superior de Justicia para impedir la votación también les incumbía a ellos...

Son las otras heridas abiertas que ha dejado una de las jornadas más lúgubres de la política reciente y que tardarán en cicatrizar, si es que algún día lo hacen. Distintos jueces catalanes investigan la inacción de los Mossos el domingo y la  Generalitat ha presentado denuncia por la violencia que emplearon los cuerpos de Seguridad del Estado. La Fiscalía la ha desechado con el argumento de que no afectaron a la convivencia ciudadana. La relación entre instituciones que llevan años colaborando en la persecución de delitos está rota y el enfrentamiento larvado que mantienen los mandos de Interior del Gobierno y la Generalitat ha descendido por el escalafón hasta llegar a las patrullas de a pie.

A las 9 de la mañana del 1-O el Gobierno de Mariano Rajoy tenía ganada la batalla de la opinión pública entre la comunidad internacional. A las órdenes de diferentes jueces, el ingente dispositivo policial había incautado durante las semanas previas millones de papeletas, desmantelado el sistema de voto telemático y tumbado -bajo amenaza de multas millonarias- a la junta electoral responsable de velar por el proceso. Ningún país relevante en Europa ni en el mundo había accedido a legitimar una consulta unilateral que había ignorado no solo leyes españolas sino varias emanadas del Parlament.

Ese era el escenario cuando faltaba hora y media para la votación en Cataluña. Las penurias de los organizadores llegaron al punto de tener que cambiar las normas minutos antes de la apertura de los colegios: el censo pasaba a ser universal para que todo el mundo pudiese votar donde quisiese.

Los vídeos de las cargas policiales en Catalunya  difundidos por toda la prensa europea se han producido durante la jornada del 1-O han causado un grave problema de imagen en la esfera internacional al Gobierno de Mariano Rajoy.

Organizaciones como Human Rights Watch, Oxfam y Amnistía Internacional que velan por los derechos humanos  han sido muy críticas con lo sucedido este domingo en Cataluña y dirigentes y mandatarios de toda Europa han pedido diálogo para resolver el conflicto y lamentado los incidentes que, según la Generalitat, han causado más de 700 heridos.

El thriller policial de Cala Cortina ha escrito su final en los juzgados. La historia (real) de Diego Pérez, un hombre con esquizofrenia que llamó a la comisaría de Cartagena la madrugada del 11 de marzo de 2014 para pedir ayuda porque unos vecinos lo querían matar, se subió a un coche patrulla y desapareció hasta que su cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas 15 días después, es oficialmente un caso cerrado. Se finiquitó este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia con una condena pírrica y sin juicio. 

La Fiscalía que pedía 20 años por homicidio y detención ilegal para cada uno de los cinco agentes de policía nacional acusados –un sexto falleció por enfermedad en prisión– ha pactado con las defensas que cada uno de los agentes cumpla cuatro años de cárcel. Las indemnizaciones a los familiares las acordará el juez en una vistilla que tendrá lugar la próxima semana.

Es uno de los nombramientos más controvertidos del Gobierno. En la pasada legislatura, el gabinete de Mariano Rajoy ya había tenido problemas con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, una jurista de perfil conservador, que se resistió a aceptar determinadas instrucciones del ministro Rafael Catalá y acabó abandonando sin hacer ruido. Y para ese puesto clave en esta legislatura, se eligió a José Manuel Maza, un magistrado del Supremo, número 1 de su año entre los fiscales de diatrito décadas atrás.

Maza no cargaba con polémicas a cuestas e incluso había archivado una querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Podemos y Pablo Iglesias. Lo que buscaba el Gobierno era un perfil técnico que no diese problemas en una legislatura sin mayoría absoluta que se preveía complicada para el PP. No fue la primera opción. Se barajaron otros nombres pero el Consejo de Ministros sancionó su nombramiento el 25 de noviembre de 2016.

Con todos los puentes entre Madrid y Barcelona aparentemente rotos, la política, de retirada, y dos Gobiernos hablándole solo a los suyos -uno empeñado en celebrar un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, el otro esgrimiendo como única respuesta el Código Penal-, la escalada de tensión continúa a tres días del 1-O y se evidencia cada día más en la calle. Los dos discursos se retroalimentan, y a uno y otro lado se hace acopio de afrentas.

A última hora del miércoles  la CUP llamó a romper los precintos de los colegios electorales cuya protección encomendó este miércoles el Tribunal Superior de Catalunya a Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Si las bases del partido siguen la instrucción, los disturbios el domingo están servidos. El PP por su parte ha puesto en marcha una campaña en redes  para denunciar la supuesta "hispanofobia" del mundo independentista.