Empresarios y directivos catalanes están muy preocupados por la deriva del conflicto catalán. Al margen de su ideología y de a qué parte consideren principal responsable de la actual situación, los consultados por este periódico creen urgente que los gobiernos central y la Generalitat se sienten a dialogar. En varios casos piden la presencia de mediadores, dado lo enquistado del conflicto. Y algunos advierten de que las decisiones empresariales ya se están ralentizando en un escenario de gran incertidumbre. Casi siempre hablan bajo condición de anonimato.

Un alto directivo catalán de una empresa del Ibex 35 cree que la crisis institucional ya está teniendo efectos en las inversiones: "Estos últimos días todo el mundo está con el semáforo en ámbar". Cree que "todavía no hemos visto lo peor" y aventura que llegará la "intervención formal de Catalunya porque la de facto ya está hecha; el Gobierno central tendrá que forzar unas elecciones autonómicas, pero el resultado, viendo los acontecimientos del domingo, posiblemente arroje un crecimiento del independentismo".

"Bajar los impuestos es de izquierdas". La frase, con matices, la  pronunció en 2003 José Luis Rodríguez Zapatero, un año antes de llegar a la presidencia del Gobierno. Y desde esa posición cumplió su promesa. Han pasado casi tres lustros y una crisis económica brutal en la que la presión tributaria se volvió a elevar –tanto por el PSOE como por el PP– en pleno déficit galopante de las arcas públicas.

Ahora, varios mandatarios autonómicos socialistas vuelven a subirse al carro de la bajada impositiva.  Andalucía y  Extremadura han anunciado con pocos días de diferencia que se disponen a reducir, hasta dejarlo en nada, el Impuesto de Sucesiones que gestionan las CCAA. Como curiosidad, también lo ha propuesto esta semana el presidente de EEUU, Donald Trump. 

El Banco de España ha incorporado por primera vez a su escenario de previsiones el riesgo que pueden suponer para la economía economía española las tensiones en Catalunya. Lo ha hecho en sus proyecciones macroeconómicas para el periodo 2017-2019.

Por el momento no han detectado ninguna consecuencia para la coyuntura empresarial o financiera de la situación de enorme tensión política que se vive en la actualidad por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Los indicadores sobre el consumo o la inversión empresarial que utilizan para sus análisis son todavía referidos los meses precedentes, cuando aún no se había producido una escalada de desafíos políticos y legales entre el Gobierno central y la Generalitat. Pero la información a tiempo real que ofrece la prima de riesgo o la retirada de depósitos bancarios tampoco da ninguna indicación de que el mercado esté preocupado por lo que está ocurriendo en Catalunya. 

España ha logrado reducir a la mitad en un año las pérdidas por fraude en los ingresos por IVA y convertirse en el país con menos brecha (ingresos calculados y realmente recaudados) de la Unión Europea, según datos de 2015. Aún así, Hacienda dejó de ingresar en ese ejercicio 2.503 millones de euros, según un informe publicado esta madrugada por la Comisión Europea. En el conjunto de los 28 países miembros de la UE las pérdidas ascienden a 151.500 millones de euros. 

Las mayores "brechas" en los ingresos del principal impuesto al consumo se detectaron en Rumanía (37.2%), Eslovaquia (29.4%) y Grecia (28.3%). Las menores en España (3.5%) y Croacia (3.9%). En términos absolutos, el país que más ingresos dejó de percibir fue Italia (35.000 millones). La brecha ha caído en varios países europeos, con las mayores mejoras en Malta, Rumanía y España. Siete estados miembros experimentaron pequeños aumentos en el fraude: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Finlandia y Reino Unido. 

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de las actuaciones de la Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra para frenar el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, tiene una larga trayectoria en el Ministerio del Interior y experiencia en la lucha antiterrorista.

A sus 53 años, el nombre de Pérez de los Cobos ha aparecido en las noticias en distintas ocasiones. En 1997 fue juzgado y absuelto por la  Audiencia Provincial de Bilbao en un caso de torturas a un miembro de ETA. 

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones acaba de perder una importante batalla en uno de sus principales bastiones en España. A partir de 2018 queda prácticamente eliminado en Andalucía (dejará de pagarlo un 95% de los contribuyentes). Los gobernantes de esta comunidad llevaban años defendiendo este impuesto como "justo" y "redistributivo de la riqueza", frente a regiones con altas bonificaciones como Madrid o Canarias. El Gobierno de Susana Díaz se ha visto impelido a acabar con el impuesto para sacar adelante los Presupuestos del año que viene con el apoyo de Ciudadanos.

Este tributo autonómico queda "tocado" (en Andalucía se recauda un 15% de los alrededor de 2.200 millones de todo el país). Sin embargo, la futura reforma de la financiación autonómica, que parece suspendida por el momento a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto catalán, podría suponer la armonización del tributo, cuya disparidad en España ha llegado a provocar  campañas y manifestaciones.

El Gobierno va a posponer "al menos" una semana la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que estaba prevista para mañana viernes 22 de septiembre. El plazo para que entren en el Congreso finaliza el 30 de septiembre. Si no se cumple este límite, podrían prorrogarse los de 2017.

El Gobierno iba a aprobar el proyecto sin los apoyos suficientes para sacar adelante la norma y con el PNV como principal escollo. Los nacionalistas vascos, cuyo voto vuelve a ser fundamental para aprobar las cuentas estatales, se declaran totalmente cerrados a ni tan siquiera hablar del capítulo presupuestario mientras no se resuelva el caos generado en torno al referéndum catalán. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvelado en el Congreso de los Diputados que la Interventora General de Catalunya ha vuelto a enviar los informes semanales sobre sus finanzas para demostrar que no se destina ni un euro al referéndum. Los informes que dejaron de remitirse han llegado hoy, alrededor de las 15:00 horas, a la sede del Ministerio.

La decisión de dejar de enviar tales informes precipitó la decisión de intervenir las cuentas catalanas, aunque el ministro ya advirtió el viernes pasado de que volver a recibir estos requerimientos de información no sería suficiente para levantar la intervención estatal. De hecho, ha comenzado su comparecencia recordando que su intención es que estén "meses", de forma indefinida, en vigor. 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que interpuso la Generalitat contra la intervención de sus cuentas por parte del Gobierno central que entró en vigor el pasado sábado. Esto ha provocado el anuncio del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que la medida quedaba suspendida cautelarmente. Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo, y también del Ministerio de Hacienda, han desmentido que la admisión a trámite paralice la intervención en ningún caso.

En rueda de prensa, Junqueras ha explicado que la admisión a trámite de su recurso tiene "efectos suspensivos" sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con "normalidad" en relación con la gestión de sus cuentas. Así, el Govern se comportará como si sus cuentas no estuvieran intervenidas y comunicará por "vía administrativa y notarial" a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con la Generalitat.