El primer gran juicio de Gürtel encara su final tras un año de sesiones. Acusaciones y defensas tienen que presentar ahora sus escritos de conclusiones antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes las suyas, con las que deja claro que no se cree ninguna de las alegaciones exculpatorias de los principales acusados. Mantiene las peticiones de pena para los principales acusados e insiste en que el PP y Ana Mato deben ser condenados por lucrarse con los delitos de la trama.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás insisten en las peticiones de condena que figuran en el escrito de acusación que presentaron en enero de 2015. Solo una mínima rebaja para Luis Bárcenas y Alberto López Viejo, a quienes elimina un delito fiscal, pero que apenas tiene grandes consecuencias en su condena. Francisco Correa, cabecilla de la trama, no ha conseguido una reducción con su testimonio vestido de confesión.

Miles de personas se concentraron el pasado sábado en la Plaza de Colón de Madrid por la unidad de España, en una movilización inundada de banderas españolas. Organizadores -entre los que estaba la Fundación DENAES para la defensa de la nación española- y asistentes querían evitar que entre ellas se colase alguna franquista, como ha ocurrido en otras movilizaciones del mismo signo, y su empeño acabó en un enfrentamiento entre dos manifestantes.

La Policía investiga el altercado tras una denuncia presentada en la comisaría de Ciudad Lineal, según informan fuentes policiales a eldiario.es. Un ciudadano de 30 años acudió a ella tras la manifestación para relatar a los agentes que otro participante le había amenazado, empujado y arrebatado la bandera que llevaba.

El 1 de octubre y la tensión vivida en Catalunya durante las jornadas siguientes, en la resaca de las votaciones declaradas ilegales por el Constitucional, las cargas policiales y la huelga general, tienen sus ecos también en la carrera judicial.

Lo evidencia el foro de Internet donde los jueces tratan sus cuestiones profesionales y que nació de una rueda de correos anterior  que se fraguó durante la protesta contra el ministro socialista Mariano Bernández Bermejo. Ese espacio de debate se ha encendido durante los últimos días a raíz de la intervención de un magistrado de un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona, Federico Vidal Grases, en el que llamaba "terroristas uniformados" a los policías que cargaron el día del referéndum y criticaba la pasividad del rey (el día después de que se emitiese su mensaje televisado).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado nueva documentación sobre los actos del pasado 20 y 21 de septiembre, por los que están imputados por sedición el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el presidente de la ANC Jordi Sánchez y Jordi Cruxart, de Òmnium Cultural. Se trata de más de 300 folios y vídeos aportados por la Guardia Civil, que también incluyen los incidentes ocurridos durante el referéndum del 1-O.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que han recibido esa "voluminosa documentación" esta misma mañana. La han aportado agentes de la Guardia Civil -que también han solicitado nuevos requerimientos- y se refiere a los actos precedentes a los incidentes del 20 y 21 de septiembre, pero también a días posteriores.

La actuación del Gobierno durante el 1-O ha generado malestar en ámbitos políticos y judiciales. Desde Moncloa se insistió en la idea de que los promotores del referéndum no podrían contar con las urnas en la votación. La promesa implicaba que en ningún sitio se vería la imagen de ciudadanos votando, como sí se produjo en la consulta de 9-N. Sin embargo, las urnas llegaron a los colegios electorales sin que Policía y Guardia Civil pudieran hacer nada por impedirlo.

Las fuerzas de seguridad, con el apoyo del servicio de inteligencia, han estado meses trabajando para impedir la votación. Durante los días previos al 1-O agentes de Policía y Guardia Civil requisaron sobres y papeletas con más de 10 millones de estas últimas. En una de esas operaciones fuentes policiales aseguraron que habían requisado 100 urnas, aunque la empresa que las guardaba aseguró que eran para las elecciones del FC Barcelona.

Francisco Granados vuelve a intentar que el juez del caso Púnica acepte la declaración como testigo de los altos cargos del PP de Madrid con los que compartió carrera política. La gran novedad es que ese listado, que encabeza una vez más Esperanza Aguirre, aparece el nombre de la presidenta de la Comunicad de Madrid, Cristina Cifuentes. Además, quiere un careo con su exsocio, David Marjaliza, quien ha colaborado con la investigación.

En un escrito que ha presentado su defensa en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Granados pide al instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, que tome declaración como testigo a Cifuentes. No argumenta esa petición, y se limita a especificar que la ahora presidenta regional fue vicepresidenta de la Asamblea de Madrid desde 2007 a 2015 y portavoz de la Consejería de Presidencia en la Asamblea de Madrid desde 2003 a 2012.

Tras los acontecimientos del 1-O y las situaciones de acoso a Policía y Guardia Civil en Catalunya, entre los agentes de estos dos cuerpos ha crecido el descontento hacia el Gobierno. Los sindicatos lo han verbalizado en un comunicado en el que piden la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, si no consiguen frenar "la caza al policía". El Ejecutivo y el PP han redoblado en los últimos días su apoyo a las fuerzas de seguridad para cerrar la brecha de desconfianza en dos cuerpos que juegan un papel fundamental en la crisis catalana, más aún cuando el Gobierno ha decidido ha decidido obviar la vía política.

Además, en esa estrategia el PP quiere obligar al resto de partidos a posicionarse. Para ello ha presentado iniciativas en el Congreso y el Senado, que luego hará extensibles a los ayuntamientos. En ellas condena el acoso a los agentes e incluye corolarios sobre el desafío a la Constitución y a las leyes.

Carlos Bautista, el fiscal de la Audiencia Nacional que acusó a César Strawberry de enaltecimiento del terrorismo por sus tuits, fue expedientado en 2014 por utilizar una cuenta anónima de Twitter para criticar a jueces y fiscales. La Fiscalía General del Estado consideró que había cometido una infracción grave y le impuso 400 euros de multa. Ahora, Bautista quiere que se borre de internet el rastro de esa sanción por sus desahogos en la red.

A través de un despacho de abogados, Bautista envió un escrito a eldiario.es, uno de los medios que publicó su sanción disciplinaria, en el que pide que se retire una información en la que aparece identificado con sus nombres y apellidos, además de con una fotografía. Se refiere, en concreto, a esta noticia de marzo de 2014, en la que este medio informaba de que Bautista había pedido perdón a sus compañeros por sus mofas.

Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, ha declarado este lunes ante el juez instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón. Cavero, imputada en la pieza que investiga el blanqueo de capitales por parte del matrimonio, ha negado que ambos dispusiesen de dinero negro. Además, ha desvinculado al expresidente de la Comunidad de Madrid de sus negocios.

Cavero ha declarado ante el juez durante unos 25 minutos, y ha respondido a las preguntas de su abogado y del fiscal. Este último se ha interesado especialmente por las dos empresas sospechosas de ser utilizadas para blanquear el dinero del matrimonio: Subastas Segre y las guarderías 'Mis Pollitos'.