El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha cargado este miércoles contra las acusaciones populares ante la confirmación por parte de la   Audiencia Provincial de Madrid del procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

"Este proceso lo han impulsado dos clásicos de las acusaciones populares: Izquierda Unida y ADADE. Las acusaciones populares solo tienen como objetivo dañar al PP, no miran por el interés general, son intereses de parte, de parte política. Es necesario que se regulen las acusaciones populares. Es una institución decimonónica que se utiliza perversamente", ha comentado Martínez Maillo.

La Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico propuesta por el PSOE para abordar en el Congreso una posible reforma constitucional para solucionar la crisis territorial llegó herida a la Cámara y cuando va a empezar a andar este miércoles está prácticamente muerta. Unidos Podemos, PNV y los partidos independentistas han anunciado que no participaran mientras que Ciudadanos y PP han mostrado su desidia ante un proyecto en el que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pretende que salgan una  serie de recomendaciones para la mejora del modelo autonómico.   

El PSOE ignora tanto el plantón de Unidos Podemos y los nacionalistas como las advertencias de Ciudadanos, que se ha convertido en el centro de buena parte de sus ataques por la competencia electoral. Pedro Sánchez ha asegurado que no se plantea un acuerdo con Albert Rivera como el que sellaron hace un año y medio porque Ciudadanos se ha situado a "la derecha del PP".

Ciudadanos y Partido Popular se han lanzado en una carrera para ser el partido que más movimientos haga contra "el adoctrinamiento político" en las escuelas catalanas. Ambas formaciones políticas han anunciado este martes que presentaran iniciativas en el Congreso encaminadas a que "la política abandone los colegios". 

El portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, ha anunciado en la Cámara Baja que va a presentar una proposición de Ley para "g arantizar la igualdad en todas las aulas de España. En la Educación hay que acabar con práctica del adoctrinamiento". 

La comisión que ha propuesto el PSOE para estudiar el modelo territorial con el objetivo de poner las bases para una reforma constitucional sigue sufriendo envites. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha anunciado este martes en la Cámara Baja que su grupo " renuncia a tener un puesto en la mesa de esta comisión, tenemos poca fe en ella".

"Esta comisión no será un instrumento útil y podría estar obstaculizando una verdadera reforma constitucional ya que se fija en una situación para dar más privilegios o rebajar el control a Catalunya cuando se debería estar centrando en asuntos como la eliminación de los aforamientos, la desaparición del Senado o la discriminación en la sucesión al trono",  ha señalado Girauta.  

El Gobierno abraza la teoría de las redes de desinformación rusas para desvirtuar al independentismo catalán y reforzar el apoyo de Bruselas. Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como los ministros de Exteriores y de Defensa apuntan a la injerencia rusa en la crisis catalana mediante la "manipulación y desinformación" desde redes en Rusia contra el "desarrollo democrático" en Catalunya y la Unión Europea.

La publicación por el diario El País del encuentro entre uno de los promotores del independentismo catalán, el empresario Oriol Soler, y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres ha sido la última prueba, a juicio del titular de Exteriores, Alfonso Dastis, de los "muchos indicios que apuntan a que este señor y otros tratan de intervenir, de manipular y de afectar a lo que debe ser el desarrollo democrático natural en Catalunya".

El Gobierno de Mariano Rajoy admite que en la comisión que estudia la futura reforma constitucional en el Congreso puede promover la devolución de competencias autonómicas al Estado. Varios ministros del Ejecutivo y dirigentes del Partido Popular han planteado una regresión autonómica como una opción viable que también debe ser estudiada en la modificación  de la Carta Magna.

Durante un desayuno informativo del  Forum Europa en Bilbao el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que el camino de la reforma de la Constitución no tiene que discurrir solamente en la dirección de ampliar competencias de las autonomías, de manera que la dirección contraria también es una posibilidad que debe ponerse sobre la mesa. "No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales", comentó Catalá.

La declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa para evitar la cárcel en la que aceptaron la aplicación del artículo 155 y la vigencia de la Constitución ha sido asumida por el Gobierno de Mariano Rajoy como la primera victoria ante el secesionismo catalán. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: "Vemos en las declaraciones de los secesionistas que la vuelta al orden constitucional es una realidad en Catalunya".

"La aplicación del artículo 155 de la Constitución tenía como primer objetivo la restauración del orden constitucional", ha subrayado el ministro portavoz. La normalidad con la que, a su juicio, se está desarrollando la intervención de la autonomía catalana más el compromiso de Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament de  comprometerse a no moverse en el futuro fuera del marco constitucional y que la independencia que se proclamó el último viernes de octubre en la Cámara  fue "declarativa y simbólica" han sido asumidos como el primer objetivo cumplido en la gestión de Mariano Rajoy de la crisis catalana.

Hace solo una semana fuentes del Partido Popular colocaban como principal "objetivo electoral que una buena parte de la Catalunya constitucional vaya a votar" con la intención de conseguir un gran pacto poselectoral entre PP, Ciudadanos y PSOE para desplazar al independentismo de la Generalitat catalana. Varias encuestas después, incluido el último CIS, que han evidenciado que el partido de Albert Rivera ha sacado réditos electorales con una posición más dura frente al independentismo, los populares han comenzado a lanzar criticas contra la formación naranja con vistas a los comicios del 21D.

Las desavenencias entre ambas formaciones han sido continuas desde el inicio de la crisis catalana a partir de septiembre. Desde la Diada, Ciudadanos y el Partido Popular tuvieron continuos encontronazos ante la negativa de los populares a apoyar una moción de censura, que se sabía estaba condenada al fracaso, contra el ahora destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque en Génova se entendió que solo era un acto propagandista para ensalzar a líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas. El desafío de los secesionistas rebajó las diatribas  en busca de una imagen de unidad del bloque constitucionalista para la aplicación del artículo 155, que ha terminado con la intervención de la autonomía catalana y la convocatoria de elecciones. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado este martes en el Senado que "no se entiende que el Ayuntamiento de Madrid trate de justificar el incumplimiento de la regla de gasto, si no es una cuestión de carácter político. No estamos para interpretaciones políticas sino para aplicar la Ley de estabilidad y, en concreto, la regla de gasto, que es una regla que se aplica por todas las administraciones en España y no llego a entender qué le ocurre al Ayuntamiento de Madrid".

Ante la respuesta de responsables del consistorio madrileño que defendían su gestión asegurando que sus cuentas tienen superávit, Montoro ha apuntado que son "interpretaciones", pero ha recordado que "hay miles de administraciones en España que tienen superávit, no solo el Ayuntamiento de Madrid, y miles de administraciones que cumplen con la regla de gasto y la Ley de estabilidad, pero tendrían que explicar los responsables del Ayuntamiento de Madrid porque se creen diferentes y por qué deben tener un trato diferente. ¿De dónde sacan esa exclusividad?".