Acuerdo "histórico", "potente", "buena noticia". Así ha sido recibido por los sindicatos mayoritarios el pacto con el Gobierno y la patronal para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros en el año 2020. En la actualidad, está situado en 707,6 euros mensuales. Por el momento, el próximo año subirá un 4%, como anunció el lunes el presidente Mariano Rajoy, pero en los próximos dos años se elevará hasta una cantidad que se aproxima a la demandada por las organizaciones de trabajadores: el 60% del salario medio, la recomendación de la Carta Social Europea. 

La senda para llegar a esos 850 euros en catorce pagas no ha sido definida, pero UGT y CCOO toman la palabra a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y hablarán también en los próximos días con los partidos políticos para asegurar que, pase lo que pase en la panorama político nacional, el SMI alcance como mínimo esa cantidad en 2020. 

Suena un aumento del salario mínimo y las alertas de algunos empresarios ya han saltado. El anuncio de la propuesta del Gobierno de una subida del 4% del salario mínimo para 2018, que  ha comunicado este lunes Mariano Rajoy en una entrevista, ha sido recibido con las críticas del presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tank de la CEOE), José Luis Feito, con algunos de los argumentos habituales de cierto sector de la patronal ante las subidas salariales generalizadas: será perjudicial para el empleo y generará paro.

Feito ha rechazado la propuesta del presidente del Gobierno, que dejaría el salario mínimo interprofesional (SMI) en los 735,90 euros mensuales en catorce pagas, aún muy lejos de la recomendación de la Carta Social Europea, que establece como referente el 60% del salario medio. En España, eso se traduciría en unos 1.000 euros mensuales por doce pagas o unos 860 euros por catorce pagas y es la meta que se han fijado los sindicatos mayoritarios en esta legislatura.

"Yo antes cuando iba en el metro a trabajar leía, llevaba libros. Ahora el metro es mi mesa de operaciones". La bandeja de salida del correo de esta camarera de piso, portavoz de Las Kellys Madrid, no para de actualizarse durante sus viajes en transporte público: "Voy mandando emails, hablando con las compañeras…". La mujer prefiere no dar su nombre para preservar la imagen colectiva del grupo, de "las que limpian", las empleadas de la limpieza de hoteles que comenzaron reuniéndose en un grupo de Facebook en 2014, para compartir y lamentar sus condiciones laborales, y que acabaron organizándose en una asociación, formando uno de los movimientos de trabajadores más potentes de los últimos años.

"El grupo lo comenzaron dos chicas, creo, en Catalunya. Yo entré por curiosidad, me habían hablado de ese grupo, me escribió una de las compañeras y me metí para saber de qué se hablaba. Así, nos fuimos conociendo", explica. Y así también fueron corroborando que sus preocupaciones eran, en general, las mismas: externalización de la limpieza de las habitaciones de hoteles, pérdida de derechos laborales, enfermedades derivadas de la actividad laboral no reconocidas… "Este trabajo siempre ha sido muy duro, pero con la reforma laboral y la externalización ya es el caos".

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han exigido al Gobierno que amplíe su propuesta para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en el marco de la Mesa de Diálogo Social de Calidad de Empleo. El Ministerio de Empleo apuesta por "la transparencia salarial" a través de auditorías salariales en las empresas de más de 250 empleados, entre otras medidas que figuran en el borrador al que tuvo acceso la agencia EFE. Las organizaciones de trabajadores consideran, sin embargo, que esta medida se queda corta y debe ampliarse a empresas de menor tamaño. 

Tras la reunión mantenida este miércoles en el Ministerio de Empleo, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, ha explicado que desde el sindicato consideran que esta propuesta "no va a resolver el problema de brecha salarial que tenemos en nuestro país". Entienden que "en las empresas de mayor tamaño, donde la actividad sindical es mayor, la brecha salarial tiene mayor control. Donde no hay ningún control es en las empresas de mayor de 25 trabajadores, en las que de verdad se está produciendo esa desigualdad tan tremenda que tenemos". 

La ONG Proactiva Open Arms ha denunciado este martes que las unidades de la Guardia Costera libia han amenazado este martes con abrir fuego contra uno de sus barcos de rescate estando en aguas internacionales. "Nos amenazaron por radio con dispararnos si no les seguíamos a Trípoli", relata a este medio Laura Lanuza, portavoz de la organización, minutos después de que fuera liberada la embarcación. Después de una hora y 40 minutos de conflicto con los guardacostas, en los que se vieron obligados a poner rumbo a Libia, estos les han permitido volver a Italia.

"Lo que hemos vivido es un acto de piratería por parte de los guardacostas libios", sostiene Lanuza y recuerda que son "financiados y formados por la Unión Europea". La organización humanitaria estaba realizando prácticas de entreno de rescate en la nave 'Golfo Azzurro', a las 17.40 horas. "Estábamos en las 27 millas, en plenas aguas internacionales, no pueden decir nada, no había duda", insiste.

Salif lleva 56 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y asegura que es "menor de edad". Los menores no pueden ser encerrados en estos centros, pero la Policía y autoridades españolas niegan que el joven tenga menos de 18 años. Fundación Raíces y SOS Racismo Euskadi denuncian que Salif hizo todos los pasos exigidos para documentar su minoría de edad, a través de la Embajada de su país (Malí), y critican la invalidación de su pasaporte por la policía. "Ante la más mínima duda de minoría de edad, no se debería encerrar a nadie en un CIE", condenan.

Salif ha pedido esconder su verdadero nombre. Coge el teléfono desde el interior del centro de Aluche, responde a algunas preguntas y enseguida pasa el móvil a un compañero. "Tiene miedo", resume su interlocutor, un hombre nigeriano de 32 años. "Aquí lo defendemos, es muy pequeño, no es un sitio para que esté aquí", prosigue.

Las autoridades de Marruecos han rescatado finalmente una patera que llevaba más de 34 horas a la deriva en sus aguas. La embarcación se encontraba varada cerca de la costa marroquí, con 50 personas en su interior, entre ellas "un bebé de dos meses y dos niños pequeños, además de varios menores de edad", contó Emmanuel (nombre ficticio) desde el interior de la embarcación. "Salimos hace casi dos días, Marruecos no nos rescata, por favor tenéis que hacer presión", decía el joven camerunés de 24 años a las dos de esta tarde.

Emmanuel explicó por teléfono que en la barca viajaban "ocho mujeres, tres bebés (uno de dos meses y otros niños de 4 y 5 años) y 39 hombres", entre los que había también menores de "17 y 14 años". No tenían nada que comer ni beber, "nos tienen que rescatar", pedía.

Si las alas de un helicóptero no hubieran cruzado el Canal de Sicilia hasta su diminuto cuerpo, no habría sobrevivido. Sus cinco días de vida habrían acabado ahí, en medio del Mediterráneo. Tuvo suerte. Médicos Sin Fronteras rescató a ese niño junto a su madre y su mellizo en una embarcación atestada de personas en alta mar. Ese mismo día, alrededor de 6.500 arriesgaron todo por llegar a Europa: muchos eran menores, viajeros cada vez más numerosos en estas peligrosas travesías. Representan el 40% de las personas que cruzan el Mediterráneo, denuncia Save The Children, y lamentan: la muerte de Aylan Kurdi, que conmocionó al mundo hace justo un año, "no cambió nada".

La fotografía se repitió en los periódicos e informativos de un lado a otro del globo. Aylan, un niño sirio de tres años, yacía boca abajo mientras las olas impactaban contra su cuerpo. Era una víctima mortal de la migración forzosa que empuja a miles de refugiados y migrantes hacia Europa en embarcaciones precarias. Cruzan el mar de este modo porque no tienen otra forma de llegar de manera segura, como han denunciado ellos mismos y las organizaciones humanitarias.

Este jueves se cumplen cuatro años desde que el Gobierno retiró cientos de miles de tarjetas sanitarias, muchas de ellas a inmigrantes en situación irregular. El 31 de marzo de 2015 parecía que su suerte iba a cambiar. El entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, renegó, aunque solo en parte, de su propia reforma sanitaria de 2012. "No tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", dijo Alonso. Desde entonces, un año y medio después de anunciar que les devolvería el derecho a acudir al médico de cabecera, no hay rastro del documento prometido para ello.

Aunque la reforma sanitaria modificó muchos aspectos del sistema sanitario –como el copago farmacéutico–, la ley es conocida por algunos colectivos como el decreto de "exclusión sanitaria". El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor la retirada de los documentos de acceso al sistema público. De un día para otro, cerca de 870.000 personas se vieron despojadas de sus tarjetas.