La participación ciudadana ha sido tan mal utilizada tantas veces que no goza de demasiada buena prensa, eso ya lo sabíamos. Se ha instalado la sensación de que participar no es una buena inversión, sino un gasto inútil que resta recursos para ejecutar las medidas que sí importan. Con este caldo de cultivo, plantearse hacer uso en un contexto como la Feria de Abril de Sevilla era la receta perfecta para el desastre. La convocatoria de un referéndum en la capital andaluza era un cebo demasiado goloso y la iniciativa se ha acabado convirtiendo en noticia de primer orden a los medios de comunicación y ha desatado una ola de críticas en las redes sociales. Pero la iniciativa merece, cuando menos, una reflexión pausada: desde la distancia y rehuyendo de las reacciones en caliente, el análisis de la consulta sevillana nos presenta una de cal y algunas de arena.

Alrededor de medio millón de sevillanos y sevillanas, empadronados en la ciudad y mayores de 16 años, han participado durante esta semana en el primer referéndum popular promovido por el ayuntamiento de la capital andaluza. La consulta servirá para decidir si se adelanta el inicio de la Feria de Abril de 2017. Los ciudadanos llamados a las urnas podían escoger votar telemáticamente o presencialmente en cualquiera de los centros cívicos de la ciudad. El gobierno local ha decidido que el resultado será vinculante, sea cual sea el porcentaje de participación (el primer día de votaciones, 6.000 personas ya habían votado).

A los promotores del referéndum no les debería sorprender el interés mediático que ha generado su decisión, ni los tuits irónicos en la red del estilo "Ya es Feria de Abril en el Corte Inglés" o "Un referéndum para alargar la Feria de Abril y ninguna para prohibir la piña en la pizza #injuticia". Es evidente, el problema está en el objeto de debate, en el que se pregunta, que además alimenta tópicos interesados y muy arraigados que desmerecen el debate.

La política está de moda. Los politólogos sustituyen en las tertulias a unos economistas castigados por no haber previsto la crisis. Los debates políticos compiten en prime time con los últimos chismes de la prensa rosa. Y series como Borgen, House of Cardos o Boss tienen audiencias más propias de Lost. Tan de moda está la política que antiguos activistas antisistema como Ada Colau o Antonio Baños han dado el paso a la política institucional.

Esto no viene de hoy. Ya hace más de un año que, tomando un café, dos profesores de Ciencias Políticas de la Universitat de Girona nos hicieron notar, con cierta sorpresa, que las matriculaciones a su carrera estaban creciendo. No era sólo una sensación suya: desde el curso 2009/2010, el número de estudiantes del conjunto del estado español matriculados en Ciencias Políticas ha aumentado un 41%, a pesar de que las universidades han perdido un 2% de alumnos en el mismo periodo de tiempo.

A primera vista parece que el escenario de pasividad y desafección ciudadana de hace pocos años se está transformando. El incremento generalizado de los niveles de interés hacia la política es incuestionable. De la indiferencia de antes se ha pasado a la indignación militante. Y, en consecuencia, a considerar la política como el principal instrumento que debería permitir transformar una realidad social injusta y desigual. Pero esta renovada vitalidad política también tiene un reverso oscuro que demasiado a menudo se pasa por alto.

La participación ciudadana está en boga. O por lo menos, discutir sobre ella. En la política, como en el deporte, hay quien cree que lo importante es participar. Para otros, esta aproximación es, cuanto menos, pueril. A nuestro juicio, y no va a sorprender a nadie, es imprescindible complementar la democracia representativa con la deliberativa. Sin embargo, hay quien, como  Jorge Bustos, sostiene que incorporar criterios ciudadanos en las políticas públicas más allá de los periodos electorales es una moda adolescente. ¿Quién tiene razón, si es que alguien la tiene? Vamos a hacer algunas concesiones a los detractores de la participación ciudadana.

Los que creen que la participación ciudadana en política es algo pasajero tienden a usar un abanico de argumentos bastante limitado, pero aparentemente muy convincentes: es innecesaria, es inútil, participan pocos y son siempre los mismos. Al fin y al cabo, los ciudadanos -dicen los detractores de la participación- ya votamos a unos representantes para que gestionen y decidan por nosotros, no para que nos devuelvan la pelota cuando no saben qué hacer. Es una visión muy estrecha de la democracia que no exige confianza de los ciudadanos hacia sus representantes, sino algo muy distinto: fe ciega.

Es cierto que los procesos de participación ciudadana no deben servir en ningún caso para decir a los gobernantes qué decisiones deben tomar cuando no saben qué hacer. Cuando un gobierno pierde el rumbo, no debe traspasar su responsabilidad a los ciudadanos a través de la participación, sino que debe reconocer su incapacidad y convocar elecciones. Cuando hablamos de participación no estamos poniendo en duda quién gobierna -cosa que decidimos en las elecciones- sino cómo gobierna quien gobierna. Las decisiones siempre las va a tomar el gobierno. De lo que se trata es de que antes de tomarlas se informe e implique al mayor número de ciudadanos en un diálogo colectivo con el objetivo de dotar dichas decisiones de una mayor inteligencia y calidad.

Hace unos días, un artículo de eldiario.es lamentaba que “el sueño de la participación ciudadana avanza lento en los ayuntamientos del cambio”. Ocho meses después de las elecciones municipales, la bandera participativa con la que Ada Colau o Manuela Carmena irrumpieron en las instituciones ondea, a primera vista, a media asta. Sin embargo, no está claro a quién hay que culpar de esta situación: ¿a los ayuntamientos del cambio? ¿a la misma participación ciudadana? ¿O a ninguno de ellos porque no hay culpa alguna  a repartir? Quizá nos encontremos sólo delante de un problema de gestión de las expectativas y estemos exigiendo -a los ayuntamientos y a la democracia participativa- más de lo que nos pueden dar… y más deprisa de la cuenta.

Con una crisis de legitimidad galopante, la democracia representativa tal y como la habíamos conocido hasta ahora estaba soportando una presión inaudita por parte de grupos de ciudadanos organizados cada vez más amplios. Una crisis tan profunda que la propia política y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas han dejado de ser la solución para convertirse en parte del problema. El lado bueno de este escenario dantesco es que parecería que, por fin, se podrían estar dando las condiciones objetivas para que las herramientas de la democracia participativa arraiguen.

Sin embargo, con los primeros pasos en esta dirección de aquellos que han abanderado el cambio, afloran argumentos diversos que cuestionan la tan necesaria democratización de nuestra democracia*. Unas críticas que hacen extraños compañeros de cama, ya que se encuentran por igual entre democratizadores y democratizados, entre los partidarios de cambiarlo todo y entre los de que todo siga igual.