Elecciones anticipadas, tras una legislatura que comenzó de forma poco convencional, con la investidura de Mariano Rajoy facilitada por el PSOE.  Continuó de modo heterodoxo, con una inesperada y exitosa moción de censura de Pedro Sánchez. Y acabó de forma abrupta, con el "capítulo final" de los (no) Presupuestos Generales del Estado.

Récord de descontento ciudadano con la política y los políticos. Histórica fragmentación partidista, con la pugna de cinco candidaturas competitivas. Clima de extrema polarización ideológica e identitaria. Llamamiento a la concentración del voto, por parte de socialistas y populares, desde la apelación, entre sus respectivos electores potenciales, a evitar que el bloque de partidos antagónico sume la mayoría absoluta para gobernar. Una crispada campaña electoral, que llega al ecuador en plena Semana Santa. Pulso preelectoral reñido. Escenario postelectoral abierto. Y horizonte de gobernabilidad, incierto.

El listado parece interminable. Y todos son elementos de un contexto político excepcional, ante el que se encuentran los ciudadanos llamados a votar en las elecciones generales el próximo 28 de abril. Un total de 36.893.976 votantes, de los que aproximadamente 34.800.000 residen en España, según las cifras publicadas por el INE. 

Este martes se publicó el último barómetro del CIS antes de las elecciones. Los titulares probablemente ya los conozcan. Los resultados del barómetro dan al PSOE como partido más votado, aunque necesitaría pactos para gobernar, mientras que la suma de PP, Ciudadanos y Vox no llega a la mayoría absoluta. Más allá de estos titulares, queremos destacar aquí algunas otras claves que nos permiten conocer mejor cómo llegamos a las elecciones del 28A. 

En lo que respecta a la participación electoral, un 76.3% de los encuestados afirman que irán a votar con toda seguridad el 28A. Este dato siempre tiene un componente de deseabilidad social (nos gusta responder que vamos a ir a votar), aunque el modelo de estimación que utiliza el CIS lo reduce solo mínimamente a una participación del 74,8%, lo que estaría por encima de la registrada en las elecciones generales de los últimos años.

En la respuesta a la pregunta sobre participación, no existen diferencias relevantes si analizamos el dato por partidos (gráfico 1). Cruzando la intención de ir a votar por el recuerdo de voto, vemos que apenas hay variaciones. La participación no tiene color partidista. Podemos ver lo mismo si consideramos la pregunta que hace el CIS sobre la probabilidad de votar en las próximas elecciones del 28A en vez de la pregunta directa sobre si el encuestado irá o no a votar. La probabilidad media de todos los encuestados está en torno 80.5%. La probabilidad media entre los principales partidos se mueve muy poco, en torno al 90%. Poco que destacar aquí.

La lealtad partidista es una valor a la baja. Ya desde la ruptura del bipartidismo hemos visto cada vez con más frecuencia una mayor predisposición de los votantes a cambiar de partido político elección tras elección. Es cierto que con la llegada de Podemos y Ciudadanos en 2014 la deslealtad a los partidos tradicionales no tenía un significado que fuese más allá de ser el mero reflejo de aquella crisis política, es decir, una consecuencia del cambio en el sistema de partidos. Pero hoy, una vez hemos atravesado un cierto período de estabilidad (ni Podemos ni Ciudadanos acabaron siendo un suflé), el significado de la deslealtad –o promiscuidad– partidista no sólo refleja la existencia de una demanda de representación de intereses diversos, difíciles de articular bajo unas mismas siglas, sino también de una intensa competición entre diferentes organizaciones para concitar el apoyo de los electores y para hacerse con un espacio político propio. Hoy el votante promiscuo es un personaje común en el bestiario de nuestro sistema político.

La forma de definir a un votante promiscuo es bien sencilla: se trata de aquel que decide no casarse con un solo partido, sino más bien votar a uno hoy y a otro mañana. Sí existen varias formas de operacionalizar la existencia o no de un votante de este tipo, básicamente basta con fijar dos elecciones consecutivas en el tiempo para confirmar si el votante se ha mantenido o no fiel a una misma formación. Los problemas aparecen en cuanto hay que decidir qué tipos de elecciones consideramos, por ejemplo, si se tratan o no de elecciones del mismo nivel –local, autonómica, nacional, europeas–; o si, en el uso de encuestas, se considera como una infidelidad prácticamente consumada una intención directa de voto a un partido diferente al que se declara haber votado en el pasado.

En ocasiones las encuestas nos permiten explorar con preguntas sencillas y directas el mismo fenómeno. Este es el caso de los últimos barómetros del CIS en los que se pregunta si el encuestado vota siempre o por lo general al mismo partido, o si por el contrario es de las personas que dependiendo de la conveniencia de cada momento vota por un partido u otro, o directamente no vota.[1] Con estos datos presentaré una breve radiografía del votante promiscuos a pocas semanas de las próximas elecciones generales.[2]

Un problema que hasta hace poco hemos tenido para decir algo sensato e informado sobre el electorado de Vox es que disponíamos de pocos datos para analizarlos con un poco de sistematicidad. La emergencia de Vox es algo muy reciente, y, a pesar del interés mediático por este partido y del buen resultado cosechado en las pasadas elecciones andaluzas, el número de encuestados que se muestran predispuestos a votar a este nuevo partido sigue siendo pequeño, lo que limita las posibilidades de análisis. Para resolver este problema de muestra, en el ejercicio que presento a continuación uno los dos últimos barómetros disponibles del CIS, el de Enero y el de Febrero. Al disponer de muestras relativamente grandes, gracias a este ejercicio puedo estudiar a algo más de dos centenares de personas que declaran querer votar a Vox en las próximas elecciones generales.

¿Cuál es el perfil socioeconómico de estos votantes? Sabemos, gracias a los análisis ecológicos a partir de los resultados de las elecciones andaluzas y a otros datos de encuesta que un gran porcentaje de ellos procede del electorado del Partido Popular. Pero ¿logran capturar votantes desencantados en otras latitudes ideológicas? ¿En qué medida hay un voto "económico" de descontento en la preferencia por Vox que podría ampliar la base social de la derecha en España? 

El hecho de que Vox se nutra desproporcionalmente de exvotantes del Partido Popular hace que, de manera casi inevitable, su electorado se parezca mucho en términos agregados al del partido del que procede. Así, por regla general, es normal que Vox obtenga sus mejores resultados en aquellos barrios, municipios y regiones en los que el PP era exitoso. Pero este resultado podría ocultar patrones más pequeños en términos numéricos pero más relevantes en términos políticos. Por ejemplo, podría ser que, más allá de este electorado natural, Vox estuviera siendo capaz de atraer a un porcentaje pequeño pero no despreciable de votantes desencantados con la economía y atrayéndolos al campo de la derecha. Esta es, por ejemplo, una de las explicaciones que se han usado para entender el éxito de Trump en Estados Unidos: a Trump le apoyaron sobre todo los votantes republicanos tradicionales (por eso el votante medio de Trump no se diferencia mucho del votante conservador norteamericano), pero además supo atraer a una parte de los votantes blancos de clase baja y poco nivel educativo que en el pasado no votaban al partido republicano, y que pudieron ser decisivos en su victoria. ¿Tenemos evidencia de que Vox esté consiguiendo algo de esto en España?

En un artículo reciente (aquí) hemos analizado cómo la magnitud de la Gran Recesión ha afectado a las expectativas de los estudiantes sobre su futuro y posibilidades en el sistema educativo en 24 países (1). Se atribuye a Kennedy la frase de que una marea que sube hace que se levanten todos los barcos, y es cierto que durante la bonanza económica los estudiantes aspiran a más, mientras que la crisis acorta sus expectativas y hace que se vuelvan menos ambicioso. El problema es que esto sucede, sobre todo, en los hogares con menos recursos. 

El trabajo permite extraer tres conclusiones principales sobre los efectos de la Gran Recesión.

Primera, la crisis deprimió las expectativas medias de los estudiantes de secundaria: controlando por un buen número de factores relevantes, incluyendo los recursos del hogar o el rendimiento educativo, un clima económico adverso hace que los estudiantes crean que progresarán menos en el sistema educativo, es decir, que sus trayectorias educativas serán más reducidas (que en tiempos de crecimiento económico). Aunque la correlación entre expectativas y nivel educativo final conseguido no es perfecta, se considera que en general es una buena aproximación, por lo que podemos pensar que una contracción de la economía se asocia a un logro educativo menor que en situación de bonanza.

"¡Encuestad hasta el último día!". Este es el mensaje con el que George H. Gallup resumió para sus empresas afiliadas las conclusiones del informe sobre las causas del fracaso de las encuestas que dio pie a la famosa foto del recién elegido presidente Truman sosteniendo el periódico que proclamaba la victoria de su adversario tras las elecciones de 1948. En España es posible hacer encuestas electorales hasta el mismo día de la votación, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe la publicación de sus resultados en los cinco días previos. A pesar de que es legal publicar datos de intención de voto hasta el lunes anterior a la votación, lo habitual en nuestro país ha venido siendo que, salvo excepciones, las últimas encuestas se publiquen el domingo antes de las elecciones con datos recogidos hasta el viernes o el sábado anterior.

En otro post ya señalé los efectos negativos que, en mi opinión, tiene esta prohibición no solo sobre la precisión de las encuestas y su imagen pública, sino también sobre el derecho de la ciudadanía a decidir su voto con la información más completa y actualizada posible. El análisis de los datos disponibles acerca del momento de decisión del voto que presento aquí pone de manifiesto que la información que queda oculta como consecuencia de la prohibición es crucial para hacer estimaciones precisas de los resultados electorales.

Durante estos días se está hablando mucho sobre el uso que el gobierno de Pedro Sánchez está dando a la figura del Real Decreto Ley (RDL). Tan es así, que tanto en muchas tertulias radiofónicas -los comentarios de Carlos Alsina en Onda Cero la semana del 4 al 8 de marzo sirven de ejemplo- o columnas en algunos periódicos, se afirma que el ejecutivo abusa de esta figura en niveles nunca vistos. Siguiendo esta línea, el actual candidato del PP, Pablo Casado, ha prometido una ley para que no se utilice dicha medida para hacer campaña electoral.

Del debate público sobre los RDLs sorprende el uso de los términos, del lenguaje. Si un gobierno, del color que sea, comete un abuso es porque, siguiendo la definición de la RAE hace un "uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien”. El verbo abusar tiene una connotación negativa que, supongo, a nadie le gusta acarrear. Adviertan, además, la connotación de los respectivos adjetivos. Primero, excesivo implica que, en cierta medida, es cuantificable. Segundo, injusto o indebido es que podemos utilizar algún criterio de justicia. Lo justo o no está muy influenciado por nuestra opinión. Y ciertamente esto, opiniones, es lo que hemos estado escuchando estos días.

En esta entrada vamos a ver si, efectivamente, siguiendo el primero de los criterios (lo cuantificable), el gobierno está efectivamente abusando de los RDLs. Así, en teoría, será más fácil justificar nuestra posición normativa aunque algunos ignoren las cifras.

Una manera de entender el resurgimiento de la sombra de la sospecha sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004 es desde las teorías de la conspiración. Entendemos como teorías de la conspiración aquellas explicaciones de hechos sociales, políticos (incluso naturales) alternativas a la versión oficial, alusivas a grupos e intereses secretos y, por esto mismo, imposibles de verificar. En España se da la circunstancia de que una de las más sonadas teorías de la conspiración modernas surge, curiosamente, de la versión oficial de un gobierno. No vamos a entrar en la solidez de las pruebas que refutan esta teoría, ni en su cronología o en cuáles eran los intereses de aquellos que decidieron propagarla. Simplemente diremos que, al no formar parte ya de la versión oficial de los hechos, aquellos que defienden la posibilidad de que ETA jugara algún papel el 11M están dando por buena una teoría de la conspiración.

En nuestro grupo de investigación tenemos un interés creciente en los patrones mentales que llevan a la gente a creer en estas teorías pese a la solidez de los datos que las refutan. Existe una cierta preocupación en la academia sobre la conexión entre esta mentalidad y la expansión de la xenofobia y el populismo, entre otros fenómenos. Por eso, en una encuesta realizada a finales del año pasado preguntamos por el grado de credibilidad de algunas de estas teorías. Entre ellas, por la que nos ocupa hoy.[1]

Más concretamente, preguntábamos lo siguiente : Por favor, indica hasta qué punto crees que son ciertas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones, si es que has oído hablar de ellas: "ETA estuvo involucrada en los atentados terroristas del 11-M de 2004 en Madrid ". Los que respondieron a la encuesta podían elegir entre cinco opciones de respuesta, desde "totalmente falso" a "totalmente cierto" pasando por "no lo sé" o "no he oído hablar de ello". Una vez que recodificamos estas respuestas para distribuir a los participantes entre crédulos e incrédulos (prescindiendo del 11% de personas que no han oído hablar de esta teoría), obtenemos que sólo el 35% de los entrevistados manifestaron creer en este enunciado (opciones de respuesta "totalmente cierto" y "bastante cierto")[2]. Aunque parezca un porcentaje elevado, ésta fue la menos popular de entre todas las teorías presentadas, menos incluso que la existencia de vida inteligente alienígena ocultada por los gobiernos (¡56% de aceptación!).

Los políticos españoles son activos en las redes sociales. Más del 85% de los diputados estatales y autonómicos tienen cuentas de Twitter y el número de seguidores es considerable, con unos 17.000 de media en 2018. ¿Cómo es su experiencia en este medio? Este post reflexiona y aporta datos sobre un aspecto concreto de la actividad de los políticos en las redes: La hostilidad que sufren en el día a día. Además de examinar el volumen de comentarios insultantes que reciben los políticos, analizamos si el contenido varía en función de su sexo.

Para analizar la cantidad de comentarios hostiles que reciben los políticos en su cotidianidad, con Javier Beltrán, Alba Huidobro y Yeimy Ospina codificamos a mano 8.767 respuesta de ciudadanos a tweets escritos por políticos entre enero y junio de 2018. En esta muestra, 1.961 mensajes o un 23% del total eran hostiles, aunque el grado de agresividad varía desde el desacuerdo a los mensajes amenazantes o insultantes. Por tanto, la mayoría de tweets que reciben los políticos no son hostiles, pero hay una minoría muy importante que sí lo son.

Algunos ejemplos de comentarios hostiles (recortados para no facilitar su identificación) son: "cobráis sin dar golpe", "iros a la mierda", "tú no creas empleo ni en sueños", "eres la peor socialista de la historia", "jajajajjajajjja", "que poca vergüenza tenéis", "ni proponéis ni solucionáis", "cada día se os ve más el plumero", "hijos de puta", "y una mierda", "ni una verdad, sigue en tu mundo", "no se puede ser más demagogo, falso y sinvergüenza", "ignorante",  "qué tonterías dices","de qué estercolero fascista te han sacado a ti?", "eres un plasta de cojones", "lo que nadie entiende es que tú seas diputada", "qué cara más dura tienes", "no te has enterado", "qué asco das", y así cientos y cientos de comentarios. Nos hemos acostumbrado a leer comentarios hirientes, pero vale la pena parar un minuto para pensar sobre cómo nos sentiríamos al recibir un mensaje así.

España vive un nuevo capítulo de su interminable crisis política. Y en esta nueva entrega aparece en escena un protagonista distinto: la derecha. Durante los primeros años de la crisis, la convulsión política se concentro en el espacio de la izquierda y del centro, pero la derecha quedó esencialmente al margen. A pesar de los numerosos y sonados escándalos de corrupción que afectaron al PP durante esos años, los votantes más conservadores cerraron filas en torno a este partido. En 2013, la derecha parecía desafecta y enojada con el PP, pero entonces se trataba de una crisis de desactivación o indecisión. En cambio hoy la derecha sufre por primera vez una crisis de fidelidad. Se trata de una crisis de fidelidad sin precedentes cuya principal consecuencia es que los resultados de las elecciones del 28 de abril sean más inciertos y cruciales que nunca.

La crisis política en España se inició en paralelo con la crisis económica. Durante los años 2009-2011 el clima de opinión en nuestro país cambió radicalmente produciéndose un deterioro sin precedentes de la confianza ciudadana con las principales instituciones políticas de nuestro país. Este enojo de la opinión pública se trasladó inicialmente en la arena electoral siguiendo un patrón clásico de rendición de cuentas: el partido gobernante (el PSOE de Rodríguez Zapatero) se desplomó en las urnas y el PP de Rajoy, entonces principal líder de la oposición, logró los mejores resultados de la historia del partido. Como era habitual, el descontento ciudadano se tradujo en una derrota del gobierno y en una victoria del principal partido de la oposición.

 Así pues, durante esos años, en términos electorales se respiraba una aparente normalidad a pesar de la enorme desafección ciudadana con la política y de la aparición de movimientos sociales de gran éxito como el 15M. La crisis política sólo empezó a agrietar los cimientos del bipartidismo a partir de 2012, cuando el descontento ciudadano persistió a pesar de haberse producido un reemplazo en el gobierno. Entonces los españoles empezaron a dar la espalda de forma explicita a todos partidos políticos tradicionales, al margen de si estaban en el gobierno o en la oposición. En 2013, se dispararon en las encuestas el número de españoles que declaran no tener ninguna preferencia partidista. El porcentaje declarado de votantes "BAI" (blanco, abstención e indecisión) alcanzó máximos históricos en las series del CIS.