Ocuparon titulares y portadas y entre ambos sumaron el centenar de imputados entonces, después investigados, por distintos delitos relacionados con una supuestamente delictiva gestión del dinero, en parte público. Horas de los reporteros a las puertas de los juzgados para intentar coger alguna declaración a los que acudían a declarar, en algunos casos madres de niños de pecho y en otros políticos con cargos destacados que se vieron obligados a dimitir por verse salpicados por un caso judicial en unos tiempos en los que, con una sociedad más que harta de corrupción, la mera sospecha del delito quema.

Han llevado más de tres años de investigaciones en ambos casos, dirigidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al que no le tembló el pulso para llamar a declarar a altos cargos de todopoderosas distribuidoras farmacéuticas, que llegaron a Teruel con chófer, ni a políticos del partido en el poder en Aragón y en Teruel, que tuvieron que dar muchas explicaciones.

Francisco Franco Martínez Bordiú, el nieto mayor del dictador, se sentará en el banquillo el próximo enero en Teruel en un juicio en el que el Fiscal pide para él cuatro años de prisión por atentado a la autoridad y otro más por un delito contra la seguridad vial y otro por daños. El ministerio público reclama que pague una indemnización y multas por las lesiones causadas a un agente de la Guardia Civil y los daños a un coche de la Benemérita.

Tras la larga instrucción realizada en el Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel), el caso se juzgará en en Teruel entre el 22 y el 24 de enero del próximo año.

Tras meses y meses en los que apenas ha llovido, la  sequía ha dejado el pantano del Arquillo en el barrio de San Blas, del que se abastece la ciudad de Teruel, a apenas al 18 % de su capacidad, lo que ha obligado al Ayuntamiento a activar un plan de emergencia, en la fase de prealerta, con la confianza de que el cielo regale en los próximos meses agua. De no ser así, vaticinaba la alcaldesa de la capital hace unos días, Emma Buj (PP), el próximo año habría que afrontarlo con medidas “mucho más restrictivas”.

Se trata de uno de los niveles más bajos registrados en el pantano desde comienzos de siglo, en lo que supone un descenso progresivo desde 2016, sin que la primavera pasada supusiera ningún alivio, periodo en el que suele ser habitual que las reservas aumenten. La alcaldesa reconocía ante los periodistas que la situación actual “no se ha dado en los últimos 20 años”, aunque apelaba a la tranquilidad porque el Plan de Emergencias contempla todos los pasos a seguir en esta situación.

El Gobierno de Aragón tendrá que devolver al Gobierno central 20,6 millones que recibió en el periodo de 2013 a 2015 para invertir en Teruel y que no fueron ejecutados. Una situación nueva hasta ahora porque, en los 25 años de historia del Fondo de Inversiones de Teruel, el Ejecutivo autonómico “reprogramaba” las partidas o dejaba el dinero en las arcas autonómicas gracias a que era una gestión plurianual, algo que cambió en 2012. La cifra supone en la práctica que no se ejecutaron algo más de 41 millones de euros, ya que el Ejecutivo autonómico aporta la mitad del fondo. Pero la situación, sobre todo, pone sobre la mesa algo que hasta ahora había pasado más desapercibido: que la gestión política de estas partidas hace que pierda eficacia un fondo excepcional en España, pensado para impulsar grandes iniciativas de creación de empleo, y que además muchas veces acaba siendo un parche para financiar proyectos que deberían salir de presupuestos ordinarios, según denuncian partidos en la oposición.

La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acudía a Teruel para firmar con el presidente de Aragón, Javier Lambán, la anualidad de 2017 de este Fondo. Era un gesto, firmarlo en la capital, que otros años se ha reclamado desde la provincia. Y los dirigentes políticos resaltaban que la firma del convenio, y del protocolo de los siguientes años, aseguraba “futuro” para el plan durante los próximos cuatro años, según destacaba Sáenz. También Lambán recalcaba la “lealtad” de ambas administraciones, a pesar del distinto color político, porque a pesar de los tiras y aflojas, por fin se producía la firma. Pero a preguntas de los periodistas, ambos solo acertaron a decir que estaban trabajando en la solución sobre cómo devolver esos 20,6 millones: “Las conversaciones están bien enfocadas” dijo Lambán y aseguró que “ese problema se resolverá de manera satisfactoria”.

La crisis del sector jamonero de Teruel llega este martes a los tribunales desinflada, si se tiene en cuenta que llegó a haber una veintena de investigados, con nombres destacados de la política y la sociedad turolense, y en la instrucción se habló de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, un delito societario de documentos y la sombra sobre el modo de concesión de obras públicas.

La Audiencia Provincial juzgará finalmente a quienes ocupaban los cargos de presidenta, María Pilar Martín; vicepresidente, Clemente Garcés, y a Fernando Guillén, el que era gerente durante el periodo investigado, de 2009 a 2013, cargo que había compatibilizado un tiempo con el de concejal del PP en el Ayuntamiento de Teruel.

Falange Española de las JONS ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Alcañiz contra el Gobierno de Aragón en la que reclama los objetos, tales como banderas o documentos, almacenados en un edificio que habían  ocupado físicamente durante años como sede en Castelserás, y que es propiedad de la Administración aragonesa.

La denuncia se presentó el pasado 2 de septiembre, según confirman fuentes de la Guardia Civil. Días antes, el 31 de agosto, funcionarios de la Dirección General de Contratación y Patrimonio del Gobierno de Aragón retiraron símbolos falangistas: cuadros, banderas con símbología de la formación, documentos… así como el cartel con el nombre de Falange que había sido repintado y repuesto recientemente en el balcón del edificio, después de que los técnicos del Ejecutivo autonómico lo retiraran en una visita anterior.

El censo de Sarrión ha aumentado en 20 años en cien habitantes. No parece mucho pero lo es en un pueblo que ha pasado de 1.025 habitantes en 1996 a 1.125 en 2016, según el INE. Y en una provincia, Teruel, en la que el problema de la despoblación llena horas de conversaciones en las que todo el mundo opina y pocos dan con la clave para resolver este problema. Un problema que, desde hace no mucho, se ha convertido en cuestión de Estado y por ello, objeto de estudio aunque para muchos pueblos sea tarde.

Sarrión ha encontrado la solución para su futuro y ejemplo para otros, y lo ha hecho bajo tierra, en unos campos de tierra caliza que desanimaban en décadas pasadas al agricultor más emprendedor porque allí cualquier cultivo se amilanaba ante el frío y las lluvias escasas o a destiempo. Los campos que dejaban yermos los emigrantes de los años sesenta que marchaban a buscar prosperidad a Levante hoy esconden toneladas del que llaman oro negro, un producto que todavía tiene que hacer crecer a este pueblo y la zona mucho más: la trufa negra.

La primera fase de la ampliación de la cárcel de Teruel se estrenó en 2013 con visita de las autoridades incluidas, pero desde entonces no ha habido fotos oficiales del nuevo módulo, que se anunció que se terminaría en 2015, porque la falta de personal impide abrirlo. Así lo denuncia la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario de prisiones, que explica que no es ni mucho menos un caso aislado, y que la falta de personal provoca, además, problemas en el día a día en las cárceles, donde han aumentado las agresiones.

En la cárcel de Teruel las obras de la nueva zona terminaron hace tiempo pero el módulo no se ha abierto porque no hay personal para hacerlo, pero tampoco hay suficiente dotación para el servicio diario, denuncian desde el sindicato.

El Gobierno de Aragón ha tenido que prorrogar ya seis meses el contrato por el que cubre el servicio de los helicópteros medicalizados del 112 de Aragón, en las provincias de Zaragoza y Teruel. La falta de acuerdo para aprobar el presupuesto de este año impidió sacar el concurso, explican fuentes del Ejecutivo aragonés, y hubo que 'parchear' la habitual tramitación habilitando un crédito ampliable en el Presupuesto, aunque el servicio “no ha corrido nunca ningún peligro”, aseguran.

Desde el año 2003, el servicio 112 del Gobierno de Aragón cuenta con dos helicópteros de transporte sanitario y de emergencias que prestan sus servicios en horas diurnas los 365 días del año. Las dos aeronaves se encuentran en el Aeropuerto de Teruel y en la Base Militar de Zaragoza, equipadas con los medios y el personal sanitario necesario para atender rápidamente emergencias en puntos alejados de los grandes núcleos de población y de difícil acceso.