Vox tardó cinco minutos en pedir a la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos que colaborara "en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales". Lo planteó mientras el autodenominado "Gobierno del cambio" tomaba posesión el pasado 22 de enero. Nueve meses después, los tres partidos han avanzado en esa línea, no de forma explícita, pero hablan ya en los presupuestos andaluces para 2020 de "continuar negociando" con el Ministerio del Interior un convenio para compartir archivos de la Junta y ordenar "adecuadamente los flujos migratorios". Pero en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "no consta" que el Gobierno andaluz se haya puesto en contacto con el Ministerio a este respecto. La Consejería de Presidencia de la Junta, a la que se adscribiría el "órgano de coordinación" para tal fin, informa de que está "a la espera" de que se forme el nuevo Gobierno de España y no pueden asegurar que se haya mantenido un contacto formal dirigido a avanzar en ese pretendido convenio de colaboración.

Es decir, pese a que la Junta de Andalucía alude a "continuar negociando" dicho acuerdo, ninguna de las partes confirma que se haya dado paso previo alguno en ese sentido. En todo caso, como ya publicó este periódico, la ley prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía pues inclumpliría "el principio de proporcionalidad". La cesión directa de esta información por parte de la Junta de Andalucía a la Policía con la finalidad de expulsarlos no está permitida en la actualidad por la legislación española de protección de datos.

Gabriela García ha salido de trabajar a toda prisa un día más. Después de finalizar su jornada como empleada doméstica, corre a su casa para cocinar a tiempo una gran cazuela de arroz; a la vez come, ordena un poco y se escapa para recoger del colegio a su hijo mayor. "¿Dónde vas mamá?", le pregunta uno de sus niños mientras la observa trajinar. "Me voy a repartir comida y a ver si tenemos que acoger a más gente", le responde su madre este martes. "¿Más? ¡Aquí, no!", contesta el pequeño, de dos años, sin aún entender muy bien quién es esa pareja que desde este sábado duerme en su salón. 

Ella se ríe, cierra su carro y sale de casa dispuesta a servir la cena un día más frente a la sede del Samur Social, donde decenas de solicitantes de asilo han pasado la noche a la intemperie en Madrid durante las últimas semanas. 

El Ministerio de Trabajo ha aceptado cuatro de los siete espacios propuestos por el Ayuntamiento de Madrid para dar respuesta a las decenas de solicitantes de asilo que están pasando la noche a la intemperie frente a la sede del Samur Social. Tras visitar los edificios municipales, el equipo técnico de la Secretaría de Estado de Migraciones ha anunciado la apertura "inminente" de un centro en Cercedilla, mientras que los otros tres espacios aprobados requerirán la adecuación previa de sus instalaciones. 

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, este lunes la Secretaría  de Estado de Migraciones visitó, junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid y Cruz Roja Española, "los siete espacios propuestos por el Consistorio para dar acogida a solicitantes de Protección Internacional". Tras la inspección de las edificaciones ofrecidas, el Ejecutivo ha concluido la validez de cuatro de ellos.

A las 21 horas de este lunes los termómetros de Madrid marcan apenas 8 grados centígrados. Se cumple una semana del anuncio de una próxima solución, pero vuelve a repetirse la misma imagen a las puertas de la sede del Samur Social. Colchones y  mantas isotérmicas en el suelo, vecinas del barrio madrileño de La Latina repartiendo comida cocinada por ellas mismas y buscando soluciones para la decena de personas, la mayoría solicitantes de asilo, que se han chocado una noche más con una verja cerrada. 

Una hora después, la acera se quedó prácticamente despejada. La mayoría de solicitantes de asilo que se concentraban frente al Samur Social se fueron repartiendo entre distintos vecinos, pertenecientes a la Red Solidaria Popular (RSP) Latina-Carabanchel. Este lunes, ningún niño pasó la noche a la intemperie frente a las dependencias municipales, gracias a la respuesta de la parroquia San Carlos Borromeo y un grupo de vecinos, que ha recibido a un total de ocho familias. 

La Abogacía del Estado, el equipo jurídico que representa los intereses del Gobierno, ha recurrido el procesamiento de 16 agentes de la Guardia Civil en el caso de las muertes de Ceuta. Sus argumentos se resumen en una de las frases incluidas en el recurso de apelación presentado ante el juzgado ceutí: la acusación "resulta insostenible", según el escrito, "si los fallecimientos no se produjeron en España, si ninguna actuación de la fuerza española se desplegó en el lado marroquí del mar, si los nadadores que alcanzaron la costa española fueron auxiliados por los agentes y fueron rechazados en frontera sin que presentaran lesiones".

Las imágenes oficiales que recogen lo ocurrido el 6 de febrero de 2014, sin embargo, contradicen o añaden matices importantes a algunas de estas afirmaciones sobre las que el Gobierno sostiene la defensa de los agentes procesados:

Había transcurrido un año y medio tras las muertes de Ceuta cuando el juzgado de instrucción decretó el archivo provisional de la causa. La jueza encargada entonces del caso exculpó a los 16 guardias civiles investigados y señaló la responsabilidad de los migrantes en su propio fallecimiento. Las víctimas "asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español" e hicieron "caso omiso de las actuaciones disuasorias" de los agentes, decía María del Carmen Serván. "Los inmigrantes -destacaba- no eran personas en peligro en el mar".

Cuatro años después, el mismo juzgado, con una nueva magistrada al frente, ha procesado a los 16 miembros del Instituto Armado, apoyándose en la normativa internacional en materia de derechos humanos.

La jueza encargada de la instrucción del caso de las muertes de Ceuta ha concluido la investigación con un final que rompe con dos intentos de sobreseimiento por parte del mismo tribunal. La magistrada ha decidido procesar a 16 guardias civiles por el fallecimiento de 14 migrantes en febrero de 2014 en un intento de entrada a la ciudad autónoma disuadido con material antidisturbios por los agentes fronterizos, como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado eldiario.es. 

A lo largo de su auto, al que ha accedido eldiario.es, María de la Luz Lozano Gago recuerda que "si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal", ello "no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos". 

Cuando se dirigía al puerto de Lampedusa a firmar la resolución del Fiscal de Agrigento cuyo contenido aún desconocía, Anabel Montes se imaginaba que ese papel acabaría con 19 días de angustia, pero a su vez evitaba creerlo. Habían sido muchos conatos de solución, momentos en los que confió en un desembarco inmediato que nunca llegó. No quería volver a decepcionarse.

Ya en la Capitanía de Lampedusa, con el documento entre sus manos, se aseguró de entender bien las conclusiones del decreto. Leído y releído, la jefa de misión rompió en lágrimas: tenían permiso para desembarcar. "En ese momento, no me pude contener. Me puse a llorar", recuerda Montes por teléfono desde la isla italiana. "Fueron esos nervios acumulados... Tampoco estaba relajada, estaba tensa, pero sabía que era el final".