El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista durante el confinamiento impuesto para frenar el contagio de coronavirus. Entre ellas, un nuevo recurso para casos de emergencia y otro de asistencia psicológica. El primero servirá para que las mujeres puedan dar la voz de alarma desde sus domicilios mediante un mensaje de Whatsapp que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo es sortear las dificultades que pueden encontrarse muchas víctimas para llamar al teléfono 016 mientras comparten espacio con sus agresores.

Según ha informado el ministerio de Igualdad, en los próximos días también estará disponible un sistema de mensajería instantánea "de contención y asistencia psicológica" para estas víctimas, que gestionará la Administración Central. El impulso de este plan responde a un contexto marcado por el aislamiento domiciliario, que puede conducir a muchas mujeres a "ver dificultado o imposibilitado el acceso a los medios habituales de comunicación y denuncia en situaciones de violencia de género", explica el ministerio en una nota de prensa.

Más de siete de cada diez sentencias dictadas en 2019 en el ámbito de la violencia de género en el seno de la pareja o expareja fueron condenatorias. Del total de 51.790 fallos, 36.534 encontraron culpable al denunciado. Un 70,54% que supone un máximo histórico anual de condenas, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho públicos los datos relativos al año pasado este lunes. No obstante, la cifra es solo unas décimas superior a la registrada en 2018: un 70,45%.

Los mayores porcentajes de condenas se dieron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (un 87,89%), que ven casos leves y cuando hay conformidad entre las partes. Les siguen las Audiencias Provinciales (82,51%), encargadas de los casos más graves y, por último, los Juzgados de lo Penal, que emitieron un fallo condenatorio en el 57,84% de las veces y que resuelven casos graves pero cuya pena asociada no supera los cinco años de cárcel.

No es un día cualquiera en la calle Amparo del madrileño barrio de Lavapiés. El habitual bullicio choca con la repentina tranquilidad que se ha impuesto en Madrid tras las medidas decretadas para atajar la crisis sanitaria por el coronavirus, que ha hecho al Gobierno decretar el estado de alarma. Por eso, no hay nadie entrando y saliendo del nº 27 de esta empinada cuesta que alberga la Fundación 26 de Diciembre, el único centro específico para personas mayores LGTBI y que, desde el viernes 6 de marzo, ha paralizado su actividad diaria. 

Una pantalla avisa desde la puerta: "Se suspenden las actividades de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social dirigidos a la tercera edad". Los mayores son un sector de la población especialmente vulnerable al contagio de COVID-19, por lo que el cierre de este tipo de centros fue la primera medida tomada por la Comunidad de Madrid ante la situación de emergencia. 

El estado de alarma ha traído el confinamiento en los hogares, salvo en casos concretos y por motivos contados: la imposición de la principal recomendación para frenar el contagio de coronavirus –quedarse en casa– llegaba días después de que la mayoría de comunidades autónomas ya anunciaran el cierre de colegios y establecimientos e impusieran medidas restrictivas en los mayores focos del país. Sin embargo, no para todo el mundo el hogar es sinónimo de seguridad. La situación excepcional actual implica que muchas mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja pasarán a compartir más tiempo y espacio con sus agresores. Eso en un contexto marcado por la reorganización de los servicios públicos ante la emergencia.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ha comunicado que los servicios estatales de violencia de género, entre ellos el teléfono 016, están "funcionando al 100%" y ha solicitado a las comunidades autónomas que remitan una actualización de los servicios y centros que permanecen activos (tanto presenciales como teléfonicos) con el objetivo de que "ninguna víctima" sea derivada "a un servicio que no esté operativo". Por otro lado, el Gobierno ha modificado los contratos de las empresas que prestan el servicio para que sus empleadas puedan trabajar y ha anunciado medidas para "reforzar" la protección de las víctimas.

El Real Decreto con el que el Gobierno ha declarado el estado de alarma en todo el país ante la pandemia de coronavirus incluye varias medidas en el ámbito sanitario con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud. El Consejo de Ministros, reunido durante casi todo el sábado, ha decretado que "todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición" del Ministro de Sanidad, que se reserva las acciones necesarias "para garantizar la cohesión y equidad" del servicio, ha dicho Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior.

Así, el texto, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta noche, establece que Salvador Illa, una de las autoridades competentes designadas por el presidente, podrá "ejercer aquellas facultades que resulten necesarias" respecto a los centros sanitarios privados. Especifica, además, que los centros y establecimientos de carácter militar deberán "contribuir" a reforzar el sistema nacional de salud en todo el país. Es decir, el ministro asume el mando y todos los recursos sanitarios del país son susceptibles de ser empleados para atajar la crisis sanitaria. 

En el colegio de Getafe donde da clases Sandra, una maestra de Primaria, un porcentaje altísimo de familias están en riesgo de exclusión social. Para ellas, seguir lecciones online o utilizar el correo electrónico para enviar deberes y recibir correcciones, como ha propuesto la Consejería de Educación de Madrid para paliar la falta de clases presenciales, es un imposible. Algunas no tienen internet y hay padres y madres que no saben leer en castellano, cuenta. "Lo que plantea Educación no va a ser posible con nuestros chicos y chicas. Si las familias no leen las circulares, cómo van a hacer esto", expresa esta docente.

Su testimonio pone sobre la mesa cómo las medidas excepcionales que están tomando los gobiernos para contener el coronavirus impactan con especial crudeza en las familias más pobres. El Gobierno de España ha aprobado este jueves una dotación extraordinaria dirigida a "reforzar los servicios sociales" para reducir estos agravios de las familias más vulnerables. Se trata de una partida extra de 25 millones de euros para que las familias que ya tuvieran concedidas las becas comedor las puedan hacer efectivas con los centros educativos cerrados. El presidente, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de asegurar "el derecho básico a la alimentación" de los menores afectados por la suspensión de la actividad lectiva. 

La Comunidad de Madrid y la de Valencia han suspendido cualquier permiso del personal sanitario para hacer frente a la expansión del coronavirus en la región, según ha comunicado la Consejería de Sanidad a los sindicatos este jueves. 

El Servicio Regional de Salud de Madrid considera necesario la paralización de "permisos, licencias de vacaciones, días adicionales así como aquellos supuestos que generen permisos de carácter no ineludible". La instrucción entra en vigor este jueves y está sujeta a modificaciones. En la Comunitat Valenciana, Sanidad indica que "no procederá autorizar el disfrute de días de vacaciones y de libre disposición, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del centro de trabajo, con carácter temporal y mientras dure la situación derivada de la evolución del brote del COVID 19". 

La Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido suspender cautelarmente el veto parental impuesto en la región. Lo hace tras el recurso interpuesto en los tribunales por parte del Ministerio de Educación contra la medida, que posibilita que los progenitores impidan a sus hijos e hijas acudir a actividades contrarias a sus convicciones ideológicas, morales o religiosas.

El tribunal no entra en el fondo del asunto, pero señala como perjuicio identificable la "posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria por no autorizarlo sus padres y madres, con la consiguiente no evaluación de la misma" durante este curso. La suspensión de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se producen mientras dura la tramitación del recurso, avisan los magistrados.

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por HazteOír contra la resolución del Ministerio del Interior que retiró a la asociación la declaración de utilidad pública. En una sentencia fechada el pasado 19 de febrero, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que con la campaña del autobús naranja, puesta en marcha en 2016, el grupo ultracatólico "incumplió el deber de promover el interés general", en concreto en el aspecto de la tolerancia, uno de los requisitos que contempla la ley. 

En febrero de 2017, la asociación puso en marcha un autobús naranja que recorrió varias ciudades de España. En él, aparecía el mensaje tránsfobo "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombres. Si eres mujer, seguirás siéndolo". El vehículo formaba parte de una campaña contra las leyes contra la LGTBIfobia a raíz de la cual el Ministerio del Interior revocó a la asociación la declaración de entidad de utilidad pública, que implica exenciones y tratamientos de favor fiscales.