El Consejo de Ministros se ha reunido, con caracter extraordinario, para adoptar las medidas que permitan iniciar una solución arbitral, de carácter obligatorio, que ponga fin al conflicto entre los trabajadores encargados de realizar el control de filtros de seguridad en el aeropuerto de El Prat y Eulen, como empresa adjudicataria de este servicio. El conflicto se prolonga ya desde hace algunas semanas, sin que las partes hayan podido resolver sus diferencias mediante un acuerdo que contemple una mejora salarial y un refuerzo del número de trabajadores encargados de prestar el servicio.

Como en cualquier otro conflicto laboral similar al que ocupa ahora nuestra atención, también en este caso los trabajadores han hecho uso de su legítimo derecho a utilizar distintos medios de presión en defensa de sus pretensiones. Obvia decir que ello ha afectado, en determinados momentos, al buen funcionamiento del aeropuerto de Barcelona en uno de los momentos del año más críticos debido a la afluencia de pasajeros.

En 2006 viajé a Caracas para participar en un seminario académico que se desarrolló en la Universidad Andrés Bello en torno al sistema de protección de derechos humanos en Europa y América. Como advierten quienes se dedican a la materia, el sistema de protección internacional de derechos humanos creado en el marco del Consejo de Europa ha inspirado al modelo de protección establecido al efecto en la Organización de Estados Americanos. De tal forma que, más allá de algunas diferencias no significativas, los textos que contemplan los derechos a proteger de las personas que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados parte (Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 1950 y Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969), así como la jurisprudencia de los órganos con competencia en la materia (Corte Internacional de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) despiertan el interés científico y su estudio comparado ofrece, sin duda, conclusiones bien interesantes.

Ya entonces se podía advertir, sin mucho esfuerzo, el progresivo deterioro sobre el sistema de libertades que impulsaba el Presidente Chávez gobernando con firmeza un país en el que la oposición carecía de capacidad para alinear esfuerzos en torno a un objetivo común. Bastaba con analizar, en este sentido, los duros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus condenas a Venezuela por el cierre de Radio Caracas Televisión para advertir que la democracia que ya entonces tomaba cuerpo en Venezuela era tal en un sentido puramente «formal». Sin embargo, las conversaciones con sectores desfavorecidos de la sociedad caraqueña permitían incorporar una variable interesante para conformarse juicio ponderado sobre la situación del país. Así, aquellos que justificaban cualquier exceso de Chávez insistían en lo que previamente habían cometido quienes habían gobernado el país de espaldas a una parte significativa de la sociedad. Subrayaban que sólo Hugo Chávez visibilizó y atendió sus necesidades a través de una serie de programas en el ámbito social y de la salud financiados gracias los beneficios que reportaba el buen precio del petróleo en los mercados internacionales.

Quizás recuerden esta película dirigida por Ridley Scott en 1991 que consiguió un Óscar y un Globo de Oro al mejor guión. El argumento era sencillo: dos mujeres, dos trayectorias personales unidas por la amistad, dos vidas marcadas por cierta frustración deciden compartir un fin de semana en el que depositan grandes dosis de expectación.

La aventura, que se planteaba estimulante e inofensiva para las protagonistas, se complica de forma dramática. Así, las ofensas de las que son víctimas a lo largo del viaje que emprenden por carretera y las respuestas que las protagonistas van ofreciendo, al margen de la ley, acaban por convertirlas en fugitivas. En definitiva, la aventura se transforma en una huida hacia ninguna parte cuyo único final heroico, tras ser cercadas por la policía, pasa necesariamente por acelerar su descapotable y saltar al vacío. Salvando las distancias, creemos honestamente que, si nadie lo remedia, las últimas decisiones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en relación con el procés anticipan un final no muy alejado del que, con tanto acierto, interpretaron Geena Davis (Thelma) y Susan Sarandon (Louise).

El Derecho constitucional español no contempla el derecho de secesión de una parte de su territorio. No lo hace nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco el resto de constituciones de los Estados del mundo que podrían servirnos de referencia, salvo el caso de Etiopía y la del Archipiélago de San Cristóbal y las Nieves. Más bien al contrario. Las constituciones de los Estados que como el nuestro disponen de un alto nivel de descentralización política –con independencia de si se hacen llamar Estado federal o Estado autonómico–, lejos de contemplar mecanismos que favorezcan la independencia de sus territorios, contienen instrumentos de coerción para garantizar que los entes federados acomodan su comportamiento al ordenamiento constitucional.

Esta afirmación no reivindica la utilidad del artículo 155 de la Constitución, sino la eficacia de herramientas jurídicas más serenas. Me refiero a los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha emitido hasta el momento para anular aquellas decisiones del Gobierno o Parlamento catalán manifiestamente contrarias a Derecho. La más reciente fue dictada este miércoles por el Tribunal Constitucional y permitió anular las partidas presupuestarias contempladas por la Generalitat en su ley de presupuestos para hacer frente a los gastos que genera la organización y desarrollo de una consulta como la anunciada para el próximo 1 de octubre. Frente al pertinaz comportamiento de las autoridades catalanas, este acervo jurisprudencial nos permite anticipar el destino al que están necesariamente condenadas, en el caso de ser aprobadas, la ley de referéndum de autodeterminación o la propia convocatoria del referéndum.

Desde el país que gobierna Trump resulta interesante seguir los últimos acontecimientos políticos en España. La distancia geográfica no resta atractivo al seguimiento de los debates a los que ha dado lugar la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy o el desarrollo, este último fin de semana, del Congreso del PSOE. Simplemente le impone al análisis la necesaria distancia emocional a la que, sin duda, contribuye el escaso interés que los medios de comunicación americanos dedican a España, tan concentrados como están ahora en los asuntos comprometidos que cuestionan la idoneidad de Donald Trump como presidente.

Efectivamente, en las últimas semanas los informativos norteamericanos no han dejado de abordar dos asuntos que, de probarse, hacen verosímil una acusación de obstrucción a la justicia contra el presidente de Estados Unidos como fundamento necesario para un impeachment. Nos referimos, de una parte, a la denuncia impulsada por dos fiscales sobre pagos procedentes de terceros Estados hacia el conglomerado empresarial de Trump y su discutida compatibilidad con la Constitución; y, de otra, a los avances en la investigación que dirige con firmeza el fiscal independiente, Robert Mueller, encaminada a confirmar la existencia de vínculos con Rusia durante la campaña electoral presidencial.

A muchos kilómetros de lo que entendemos geográficamente por Europa y, sin embargo, en territorio francés, se puede comprobar sin dificultad las ventajas de contar con el estatuto de ciudadanía europea en una región ultraperiférica de la Unión. Basta con constatar, una vez el avión ha aterrizado, cómo la falta de controles en frontera para los europeos facilita un acceso rápido a este paraíso –tan apreciado para recién casados– sin más molestia que la de mostrar el pasaporte como forma de identificación personal.

En un momento de crisis profunda sobre la utilidad de Europa reconforta testar el alcance de los beneficios de un proyecto de integración como el que hemos sido capaces de imaginar los europeos para superar las limitaciones del Estado-nación y poder así administrar de una forma democrática los desafíos de la interdependencia.

Desde que se supo que Pedro Sánchez era el ganador de las primarias convocadas por el PSOE para elegir a su secretario general hasta hoy, se han ido sucedido las declaraciones de quienes han tomado parte directamente en este proceso y también de aquellos que ¿son? una referencia para el PSOE. Probablemente no tenga ninguna importancia política subrayar la curiosa manera en la que Susana Díaz articuló su primera declaración tras conocer el resultado, pero merece la pena tenerla presente porque es precisamente en las palabras que acompañan las derrotas personales donde se aprecia la verdadera capacidad de quien las sufre para asumirlas con serenidad y reconocer al ganador (a poder ser por su nombre) para aceptarlo ante sí misma y ante todos los demás.

Tardar un día en hacerlo es, como han resaltado muchos, un gesto poco elegante, pero sobre todo evidencia algunas carencias que no pueden permitirse quienes ambicionan liderar una organización e, incluso, un país.

El lunes comenzó la campaña para la elección de la persona que ocupará la Secretaría General del PSOE mediante el sistema de voto directo de quienes estén afiliados al partido. Los tres candidatos que han acumulado el número suficiente de avales para tomar parte en el proceso tratan, ahora, de convertir en votos los avales atrayendo para sí la confianza del mayor número de militantes. Se trata, sin duda, de una campaña cargada de tensión en la que las acusaciones de unos sobre el comportamiento de los otros y viceversa suben cada de día de tono. La diferencia de planteamientos y la tensión que proyecta sobre dos de las tres candidaturas un proceso más disputado de lo que inicialmente parecía ha endurecido un proceso que anticipa un resultado abierto con consecuencias inciertas tanto en la configuración futura del partido, como en el equilibrio actual de poder orgánico y territorial. 

Ya escribí en esta misma tribuna ("O caja, o faja") cómo la necesidad para el PSOE de resolver una situación orgánica de interinidad en un contexto de crisis profunda de la socialdemocracia y surgimiento de nuevos actores políticos que le disputan su tradicional nicho electoral le confronta, en realidad, con la necesidad de tomar posición sobre, al menos, dos aspectos.

El ministro de Justicia lo tiene muy claro. Las críticas que se están manifestando estos días al Ministerio Fiscal hacen un daño tremendo al sistema democrático. Así se ha expresado en el marco de un desayuno informativo. Resulta sorprendente que precisamente él declare ahora algo así para abordar una situación tan comprometida como la que ha sacado a la luz el caso Lezo. ¿Qué parte de la selección de prensa que todas las mañanas recibe en su despacho el Sr. ministro no ha leído? No es la crítica a las instituciones lo que deteriora el sistema democrático. La crítica, como expresión del control imperativo propio de toda democracia, fortalece el sistema incluso cuando ésta resulta excesiva.

Todos sabemos que la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y, más aún, hacia algunas de las personas que ocupan cargos de responsabilidad se ha hecho evidente al descubrirse modos de proceder muy alejados de los estándares de honorabilidad exigidos o, incluso, comportamientos directamente contrarios a la ley.