La alcaldesa Ada Colau, los sindicatos UGT y CCOO de Catalunya y la organización Barcelona Comerç han enviado una carta este lunes a las principales entidades que trabajan con los propietarios de pisos y locales comerciales reclamándoles que rebajen, suspendan o condonen sus alquileres durante los próximos meses para facilitar la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma. "Necesitamos comprometernos juntas en proteger la cohesión social y el bienestar de las personas", aseguran en la misiva.

La petición se dirige a los presidentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, como representantes de un importante porcentaje de los propietarios de inmuebles en la ciudad, a quienes instan a hacer un llamamiento entre sus clientes para que adapten sus alquileres, de manera que las familias y empresas no se vean ahogados por los pagos.

La crisis del coronavirus está suponiendo una prueba de estrés para todos los sistemas sanitarios del mundo. El COVID-19 combina una alta capacidad de contagio con una gran afectación respiratoria, lo que sobrecarga primero las urgencias para, después, acabar colapsando las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Ante eso, unos servicios de salud están mejor preparados que otros para soportar la presión y, en concreto el catalán, llega a esta alerta sanitaria lastrado por una década de recortes y con los presupuestos prorrogados desde el años 2017.

Pese a las medidas de confinamiento para tratar de "aplanar la curva de contagios", los servicios médicos catalanes están al borde del colapso desde el fin de semana pasado. Con todo, los hospitales han superado una semana clave, en la que los técnicos del departamento de Salud calculaban que podía producirse un pico de enfermos ingestionable que se tradujera en un aumento considerable de las cifras de fallecidos. Finalmente no se han cumplido las peores previsiones, pero eso solo significa que el pico aún no ha llegado y que puede producirse en el futuro.

La pandemia de coronavirus que azota a medio mundo ha dejado por ahora en Catalunya 672 muertos. Pero no todas las zonas de la comunidad están sufriendo por igual la propagación del virus y las consecuencias letales para una parte de los contagiados. La mayor parte de los fallecidos se concentran en dos regiones sanitarias, la de Barcelona –que es de largo la más poblada– y la de la Catalunya Central, en la que se encuentra la zona confinada de la Conca d'Òdena.

Todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida como especie es una eterna cadena de decisiones sobre costes, beneficios, riesgos y oportunidades. Desde que el primer humano se subió a un árbol para poder coger un fruto hasta el transportista que hoy se pone al volante de un camión para llevar una carga de un sitio a otro, siempre hemos asumido un riesgo sobre nuestra propia vida a cambio de conseguir cosas que consideramos bienes mayores, para nosotros mismos y para el colectivo.

El riesgo es inherente a la vida. A la nuestra y a la de todos los que nos rodean. Todas nuestras acciones también tienen costes potenciales no solo para nosotros mismos, sino para la existencia de los demás. Si volvemos al ejemplo del camionero, éste no solo podría perder su propia vida en carretera, sino que se la podría quitar a otros que no tengan nada que ver con el objetivo de transportar su carga, por ejemplo, a los miembros de una familia que sale de vacaciones.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que el departamento de Salud trabaja con proyecciones que muestran que el pico de contagios de coronavirus, si no se toman nuevas medidas de confinamiento, podría llegar a finales del mes de abril. Si esto ocurriera, "estaríamos en una situación similar a la de Italia", ha dicho Torra, por lo que "la estabilización no llegaría hasta mediados de junio", lo que obligaría a mantener las medidas de aislamiento social hasta esa fecha.

El jefe del Govern ha lanzado esta advertencia en una comparecencia telemática que ha dirigido este miércoles a los portavoces de los grupos del Parlament, en la que ha rendido cuentas de la actuación de su Ejecutivo. Según ha explicado, estos cálculos salen del trabajo que las autoridades sanitarias llevan realizando con los expertos desde el inicio de la crisis. Son las recomendaciones de esos técnicos las que han guiado la actuación del Govern y su insistencia al Gobierno central en la necesidad de paralizar la actividad laboral.

El Govern de Quim Torra sigue abanderando la postura favorable a un confinamiento total de la población para reducir la exposición a los contagios de COVID-19, pese a los costes económicos o sociales que esto pueda generar. Este martes desde la Generalitat han replicado a la vicepresidenta y responsable económica del Gobierno central, Nadia Calviño, que rechazó paralizar la actividad laboral por los perjuicios que esto podía suponer. "Cuanto antes hagamos un confinamiento total, antes hablaremos de recuperación económica", le ha lanzado la consellera portavoz, Meritxell Budó.

"Cuanto antes hagamos este confinamiento total antes podremos mitigar este problema y antes llegaremos a las puertas de una solución", ha abundado Budó, que ha recordado que son unas medidas que otros países ya han aplicado. "Es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y es una medida necesaria para salir de esto lo antes posible", ha insistido la representante del Govern, que remitió hace ocho días una propuesta de resolución al Gobierno para ordenar el cierre absoluto, que el Ejecutivo rechazó.

La crisis del coronavirus ha provocado que las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la mayoría de hospitales de España se llenen. Cuando esto pasa, son los propios médicos quienes deben decidir a qué paciente se le da prioridad y a cuál no. "Estamos hablando de decisiones muy tristes, muy complicadas, pero es lo que hay en casos de colapso como el de ahora", asegura el médico intensivista Lluís Cabré, ex jefe servicio UCI en el Hospital de Barcelona y uno de los autores de la guía que el Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva acaba de crear para analizar cómo se prioriza la atención de una situación como la actual. Cabré asegura que la edad no es el único factor para seleccionar pacientes y resalta que el criterio definitivo es la posibilidad de supervivencia de cada enfermo.

¿Cuáles son los criterios de priorización de pacientes que se utilizan desde el punto de vista de la bioética ante un colapso de la UCI como el que estamos viviendo?

El Govern catalán continúa reclamando al Ejecutivo central que autorice a las comunidades para cerrar la actividad laboral no esencial. Este lunes la consellera portavoz, Meritxell Budó, ha valorado como positiva la petición realizada por el presidente murciano, Fernando López Miras, que este fin de semana envió un decreto a Pedro Sánchez para convalidar el cierre de la producción en su región. "Lo vemos muy bien", ha asegurado Budó, "cada vez serán más comunidades que se sumen a esta petición".

Catalunya envió una petición en el mismo sentido el lunes pasado, que aún no ha recibido respuesta. Una semana después el Govern reitera que necesita "cobertura legal" del gobierno central para que las empresas de economía no esencial puedan cerrar sus puertas y permitir a sus trabajadores que no asistan. "Las mejores medidas que podemos dar al sistema de salud es que la gente se pueda quedar en su casa, y eso solo es posible si no tienen que preocuparse de sus trabajos ni de sus ingresos", ha considerado Budó.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma para centralizar todas las decisiones de la crisis del coronavirus, la mayor parte de los gobiernos autonómicos han apostado por colaborar con el Ejecutivo central. Incluso el Ejecutivo del País Vasco –crítico con esta medida que recorta sus competencias– ha optado por aparcar las diferencias y remar en la misma dirección. Lo han hecho todos menos dos: la Generalitat de Catalunya y la Comunidad de Madrid. Desde posiciones políticas absolutamente distintas pero con argumentos parecidos, Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra se han convertido en las notas discordantes frente a los llamamientos de unidad de Pedro Sánchez y sus ministros. En las últimas horas, uno de los dirigentes populares que había mantenido en línea con el gobierno, a pesar de las consignas de su partido, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también ha empezado a desmarcarse y ha pedido a Sánchez "que gobierne".

En el caso de Madrid, donde la región se ha convertido en el principal foco de infectados con más de la mitad de los contagios y las muertes, una reciente encuesta de Metroscopia, que han mirado con lupa en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, asegura que una mayoría de los madrileños cree que la presidenta autonómica ha reaccionado mejor que el Gobierno central en su respuesta ante la crisis sanitaria.