"Estamos ante un Gobierno fallido y el destino de los proyectos fallidos es el de ser olvidados y, en último término, sustituidos. Si [Pedro] Sánchez plantea los pactos como una forma de apuntalar su fórmula de gobierno con Podemos y los demás acompañantes, simplemente fracasará. Si el PSOE se abre a una cooperación leal, abandonando iniciativas y compañías desestabilizadoras del marco constitucional y con una hoja de ruta razonable y pactada para salir de la crisis que tenemos encima, la aritmética parlamentaria no debería ser su mayor preocupación". El entrecomillado es del último editorial de FAES, la fundación que lidera el ex presidente José María Aznar, quien además ejerce una notable influencia sobre la estrategia del PP y esta misma semana dictaba la senda por la que debe transitar ante la crisis del coronavirus Pablo Casado.

¿Reunión con Pedro Sánchez para la reconstrucción nacional? Sí, pero siempre que antes el presidente ofrezca la cabeza de Pablo Iglesias en bandeja de plata. Se puede decir más alto pero no más claro. Negro sobre blanco lo ha escrito el otrora jefe de la derecha española y ha conseguido de inmediato la réplica que pretendía. Los populares ya defienden sin ambages que tras la oferta de Sánchez para reeditar una especie de segunda versión de los pactos de La Moncloa no hay más que una treta del Gobierno de coalición para un "cambio de régimen". Casado no ha sido tan explícito como el texto que FAES ha publicado bajo el título 'Hablando de pactos', pero el fondo de sus intervenciones esconde el mismo propósito de deslegitimación del Gobierno que su padrino político.

Nueve de cada diez españoles quieren un acuerdo político. La sensatez era eso. En tiempos de emergencia nacional, toca arrimar el hombro más allá de las siglas. Con crítica o sin ella, pero nunca con bulos, mentiras, ataques sistemáticos o condiciones inasumibles en una democracia, se esté o no en tiempos de pandemia.

Es tan obvio que es necesario el encuentro entre Gobierno, partidos, sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas, que lo entiende así una aplastante mayoría de la sociedad, pero no la derecha político-mediática. Ellos están a otra cosa. A cobrarse la revancha de no se sabe bien qué cuita de cuantas creen tener pendientes con el socialismo. Será el 11M. La guerra de Irak. O simplemente ese sentido patrimonialista del poder que pareciera que les corresponde por derecho. O ellos o el caos. No hay más, pese a que los españoles saben que ante una crisis de la envergadura de la que tenemos no basta con poner el piloto automático ni echar mano de la plantilla de recetas infalibles porque no ha habido país afectado por la COVID-19 que haya demostrado que las tenga.

Cosas que no cambian. La nueva "normalidad política" es como la vieja, pese a los escaños vacíos y un Congreso a medio gas por la COVID-19. Si acaso aún más descorazonadora si se tiene en cuenta la angustia que invade a la sociedad española y la ausencia de expectativa en estos tiempos de pandemia, muertes, quiebras empresariales y desempleo. Pero ellos siguen a lo suyo, que es el barro, la descalificación, la ausencia de altura y los argumentos de memes y bulos. Tanto sabían del virus y tan nocivas les parecen todas las decisiones del Gobierno que ellos tiene la vacuna contra todo: el luto y la corbata negra.

Primera sesión de control al Gobierno en dos meses y Pablo Casado habla de "un teatro de guiñoles", del "Aló presidente", de España como "la peor referencia en el mundo" de lucha contra la pandemia, de un presidente incapaz de implementar un plan masivo de test rápidos y de los piropos que le dedicaron en la redes por apoyar el estado de alarma. ¿Dónde quedó ese antaño partido de Gobierno? ¿Y dónde ese PP moderado dispuesto a darlo todo por España? "Póngase corbata negra como cuando quiso homenajear a las víctimas de la discoteca Bataclán y díganos cómo va a afrontar esta crisis", le espetó al presidente del Gobierno. Y le aplaudieron los pocos diputados populares que había en el hemiciclo. No son tiempos para ovaciones salvo para quienes sí lo están dando todo para curar a los infectados. No es el caso del presidente del PP, desde luego. Con una mano no cierra la puerta a acudir a la reunión con la que Sánchez quiere impulsar un acuerdo de reconstrucción, y con la otra ya ha dado el portazo siguiendo la consigna de la FAES. "Los acuerdos se basan en la confianza, y de usted no se fía nadie, no le creen ni sus compañeros. Usted no es el rey. Si quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. No nos venda su teatro de guiñoles, solo le importa el poder, y a nosotros, los españoles", dijo.

El día vuelve a registrar un descenso de fallecimientos y el menor dato de nuevos contagios. Pero el odio sigue imparable. Cabalga a lomos de la ignorancia, la inmoralidad o simplemente de quienes han visto en el virus una excusa con la que espolear a la sociedad contra el rival. Da igual que sea político o periodista. Corren como la pólvora los mensajes que señalan a los presuntos culpables. Difunden montajes con el rostro de los cómplices de comunistas, socialistas, marxistas, chavistas… Todos ellos responsables de los muertos que se acumulan en los servicios funerarios sin poder ser enterrados ni despedidos por sus familias.

Siembran la rabia y la aversión porque ni sienten el dolor ni jamás tuvieron un sentimiento misericorde con el prójimo. Luego escriben, sí, sobre penas infinitas y hondísimos vacíos. Son los mismos que dijeron "que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros"; "¡que se jodan (los parados)!" o "el 11M fue ETA". Ya no hay línea divisoria entre la derecha y la extrema derecha. Si acaso, alguna honrosa excepción entre la dirigencia popular que, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se negó desde el minuto uno a subirse al carro del naufragio moral de quienes se han tomado al pie de la letra que esto es una guerra y los políticos y los periodistas, soldados de un ejército al servicio, no de un país o de la información, sino de unas siglas.

Acaba la Semana Santa y con ella la llamada hibernación de la actividad empresarial no esencial. Dos millones de trabajadores regresan entre este lunes y el martes a sus empleos. Y tendrán que hacerlo con mascarilla, tal y como recomienda el Gobierno en sus últimas órdenes ministeriales. El material será distribuido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de por policías autonómicos, locales y Protección Civil en los transportes públicos. El Gobierno afronta, no obstante, la decisión en contra del criterio de sus socios parlamentarios y de algunas comunidades autónomas, que consideran arriesgada la medida, pese a la mejoría en los datos de contagio y fallecimientos. Tampoco Unidas Podemos, aunque no ha hecho ruido públicamente, ve con buenos ojos una decisión que, de empeorar los datos, podría volverse en contra del Ejecutivo.

El propio vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, compartió en su cuenta de Twitter un párrafo de un artículo sobre la región italiana de Bérgamo, la más afectada por la pandemia, aunque sin mencionar en ningún momento el nuevo decreto del Gobierno español.

Pedro Sánchez hace un llamamiento a la "desescalada de la tensión política" en plena crisis del coronavirus a las puertas de comenzar la ronda de contactos con las fuerzas políticas para intentar llegar a un gran acuerdo por la reconstrucción económica y social que se ha bautizado como una reedición de los Pactos de la Moncloa de 1977. A ese encuentro están invitados también los gobiernos autonómicos, cuyas críticas Sánchez califica de "constructivas" y evita entrar en un cruce de recriminaciones tras la tensa videoconferencia que ha mantenido con los jefes de los ejecutivos regionales: "No va a haber ningún reproche, ninguna palabra gruesa, la desescalada de la tensión política es fundamental".

"Los presidentes autonómicos plantean sus demandas legítimas -ha expresado en una rueda de prensa tras esa reunión telemática-. Hasta las críticas las doy como bienvenidas, me parece bien tener esa actitud de humildad". Sánchez, que reconoce que se han podido cometer "errores" ante el "reto descomunal" con el que se ha enfrentado el Gobierno pero también las administraciones territoriales, ha asegurado que todas las medidas las basa en los criterios que le traslada el comité científico que asesora al Gobierno. Por eso, ha justificado, no siempre hay tiempo de consensuarlas con los líderes autonómicos. 

Y la ¿unidad? saltó por los aires. La quinta Conferencia de Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez dejó constancia de que varias comunidades no comparten ni la estrategia, ni la gestión, ni la toma de decisiones del Gobierno de coalición. Unas más que otras, pero la lluvia de críticas fue constante por parte de las autonomías gobernadas por el PP, pero también las que presiden los nacionalistas. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ni siquiera asistió puntual a la cita. Prefirió recibir en Barajas a un avión con 113 toneladas de material sanitario que se repartirá por los hospitales de la región. Desde su departamento, justificaron su ausencia -pasadas dos horas de la reunión aún no se había incorporado- en que su intervención en citas anteriores se había producido siempre en torno a las 13.30 del mediodía. Aún así su ausencia dejó perplejos a propios y extraños, aseguran fuentes que asisten a la reunión telemática. 

Con todo, Sánchez no se libró de la crítica general. Acaba la Semana Santa y con ella la “hibernación” de la actividad económica. España seguirá confinada al menos hasta el 10 de mayo, pero una parte de la industria volverá al trabajo entre el lunes y el martes. Una decisión controvertida que no es del agrado de una parte del Gobierno ni de varias Comunidades Autónomas, entre ellas Catalunya, cuyo president, Quim Torrra, se había dirigido por carta a Pedro Sánchez para hacerle saber que, según los informes de los que dispone la Generalitat, el levantamiento de estas medidas de confinamiento provocará “un aumento de contagios y la situación de colapso en el sistema sanitario”. De ahí que le haya solicitado los informes sanitarios y epidemiológicos de los que dispone el Gobierno de España para levantar las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 10/2020.

"Señor primer ministro, cuente con nuestra colaboración. Todo lo que podamos, ayudaremos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte. Porque su suerte es nuestra suerte". Quien habla es el líder de la oposición en Portugal, Rui Rio (PSD). 

"Nos han ocultado la verdad desde el principio… Y pretenden ocultarnos la cifra real de fallecidos. El ministerio dice ahora que los cientos de ancianos contagiados en residencias no computan porque no dio tiempo a hacerles test. Es miserable". Quien así se expresa en esta ocasión es Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.

Ni en sus peores sueños imaginó José Luis Ábalos (Torrent, 1959), ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una situación como la que hoy vive España. Ni que el Gobierno del que forma parte tuviera que gestionar una crisis de semejante envergadura. Ni siquiera que la oposición aprovechara la coyuntura para hacer de todo ello un hito vital en su estrategia de desgaste al Ejecutivo. Ni que otra vez se usara a los muertos en el barro de la política. En lo personal, ha llegado a angustiarse con la posibilidad de estar infectado por el virus. Tanto que, como cualquier español, ha pensado estos días en la situación en que quedarían sus hijos si algo le ocurriera. Es la única licencia que ha concedido a sus emociones particulares. Toda la energía se la absorben el gabinete de crisis, los datos, la curva, las medidas para proteger a los vulnerables y el cómo será ese día en que la normalidad vuelva a nuestras vidas. Y que no oculta que no será pronto ni de golpe.

¿Puede un Gobierno sobrevivir a una crisis de esta envergadura?