La Generalitat de Catalunya ha aprobado este sábado su propio plan de desconfinamiento pese a que no tiene competencias para ejecutarlo. El plan, que tampoco cuenta con previsiones temporales para empezar porque va ligado a la evolución futura de la pandemia, ha servido al president, Quim Torra, para avanzar que en la reunión de este domingo con el presidente del Gobierno y sus homólogos autonómicos exigirá a Pedro Sánchez levantar el estado alarma o modificarlo para que la Generalitat gestione el desconfinamiento.

Torra trasladará esta petición en solitario a Sánchez, pues a preguntas de los periodistas ha reconocido que no ha buscado ningún aliado en las otras autonomías para modificar el estado de alarma. "Tiene que ser el Govern de la Generalitat el que decida el desconfinamiento, la centralización no ha funcionado y el desconfinamiento no se puede gestionar a 600 kilómetros de distancia", ha valorado el president, que ha constatado que para a poder llevar a cabo su plan el Govern necesita unas competencias de las que ahora no dispone porque fueron centralizadas al aprobar el estado de alarma.

"La contaminación es una normalidad a la que no queremos volver. No queremos volver a unas calles llenas de coches". Con esta premisa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presentado este sábado lo que ha llamado la "nueva movilidad" de la capital catalana tras el desconfinamiento. Las medidas profundizan en la estrategia del consistorio para cambiar carriles por los que ahora circulan coches para que los ganen bicicletas y peatones, y supondrán aumentar en 21 kilómetros los carriles bici y 12 kilómetros las aceras. El consistorio invertirá 4,4 millones.

Si bien el Ayuntamiento no ha concretado cuándo empezarán las obras debido precisamente a la pandemia, el consistorio sí ha querido dejar claro que la peatonalización de calles "llegará para quedarse". La mayoría de actuaciones se darán en las calles del centro de la ciudad, aunque también se buscará crear corredores ciclistas a nivel metropolitano.

El aumento de la mortalidad y la reducción de personal dejaron bajo mínimos el registro civil de Barcelona durante las primeras semanas del estado de alarma: entre el 17 de marzo y el 15 de abril no se inscribieron fallecimientos y solo se expidieron licencias de enterramiento. La reincorporación de funcionarios del registro ha permitido empezar a inscribir los fallecimientos de esos 30 días. El total de decesos que se ha comenzado ahora a registrar –no solo coronavirus– asciende a 4.000, cifra que multiplica la mortalidad de los últimos años de los meses de marzo y abril.

Los registros públicos de estadística no permiten comparar la mortalidad de los primeros 30 días de estado de alarma –que entró en vigor el 16 de marzo– ya que presentan los datos por meses. Con todo, la cifra de 4.000 fallecidos en Barcelona estos 30 días multiplica casi por tres tanto los registros de marzo –alrededor de 1.500 muertos en los últimos años, según el Instituto de Estadística catalán– como de abril –unas 1.400 muertes de media.

La que tenía que ser la primera manifestación en Catalunya durante el estado de alarma no se celebrará. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso del partido de la izquierda independentista Lluita Internacionalista contra la denegación de una concentración para este viernes por parte de la conselleria de Interior de la Generalitat. El motivo que aducen los jueces es que la petición para autorizar o no la protesta corresponde a la Delegación del Gobierno en vez de a la Generalitat debido al estado de alarma.

Sin embargo, en una vista celebrada este mismo viernes en Barcelona, la Fiscalía ha fijado una posición a priori favorable a la celebración de concentraciones y protestas durante el estado de alarma siempre que se cumplan las condiciones sanitarias. Según han informado a eldiario.es fuentes presentes en la vista, el representante del Ministerio Público ha recordado que el estado de alarma  "no restringe" el derecho de reunión y manifestación.

La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa podrá salir cinco días a la semana de la cárcel Puig de les Basses (Girona), donde cumple condena por sedición, para trabajar en una residencia de mayores de su pueblo, Torroella de Montgrí. La extitular de Trabajo y Asuntos Sociales vuelve así a acogerse al artículo 100.2, que permite flexibilizar el régimen penitenciario de los internos con salidas laborales o para realizar voluntariado.

Según ha informado la coselleria de Justicia de la Generalitat, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Puig de les Basses –integrada por el director de la cárcel, juristas, psicólogos y educadores, entre otros– ha acordado modificar las condiciones del 100.2 de Bassa y le ha autorizado a salir cinco días a la semana, de lunes a viernes, con una jornada laboral de seis horas, para desempeñar un trabajo en una entidad que presta servicios considerados esenciales.

La Diada de Sant Jordi ha traído una buena noticia en el aluvión diario de cifras que reportan las autoridades. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales catalanes tienen a día de hoy 977 personas ingresadas en estado grave por el coronavirus, cifra que supone bajar por primera vez desde hace un mes la barrera psicológica de los 1.000 ingresados. "Es el primer día desde el 25 de marzo que bajamos de las 1.000 personas ingresadas en críticos", ha constatado la consellera de Salud, Alba Vergès.

Pese a la mejora en las cifras Vergés no ha dado ni mucho menos la batalla por ganada. Ha remarcado que pese a que algunas plantas hospitalarias ya se han vaciado de pacientes con la COVID-19 la situación sigue siendo "de tensión" ya que se tuvieron que triplicar el número de camas del sistema para atender el pico de contagios. Esto implica que pese al descenso de pacientes en la UCI los 977 ingresados suponen el 167% de la capacidad habitual para enfermos graves en la comunidad.

No habrá bullicio, ni rosas ni libros en las calles este 23 de abril. El confinamiento provocado por el coronavirus ha relegado la Diada de Sant Jordi a una versión hogareña por obligación, a lo sumo con algunas rosas y libros a domicilio. Pese a las alternativas de los floristas para establecer encargos y repartos de rosas, el sector calcula que las ventas de este Sant Jordi, tradicionalmente el día más fuerte del año, se desplomarán un 95%.

El presidente del Gremio de Floristas de Catalunya, Joan Guillén, explica que la iniciativa #rosadesantjordiacasa ha desbordado a las 200 tiendas que repartirán la rosa a domicilio. "El esfuerzo y la colaboración entre floristas ha sido enorme", destaca Guillén. Muchos floristas han tenido que decir que 'no' a clientes porque la oferta de rosas se ha agotado. La demanda ha sido tal que se enviarán a las casas de los catalanes 300.000 rosas, una cifra importante por el cierre de la mayoría de mercados exteriores y los efectos en forma de ERTE en las floristerías que ya ha provocado el virus, pero muy lejos de los siete millones de rosas que se llegaron a vender el año pasado.

Carpetazo a la querella del líder de ERC, Oriol Junqueras, por el "mensaje amenazador" del Tribunal Supremo contra su excarcelación durante la pandemia. La jueza de Manresa ante la que el exvicepresident del Govern denunció el mensaje ha rechazado la querella por coacciones y amenazas en la que pedía que se investigara la advertencia del Alto Tribunal de que excarcelar a los líderes independentistas por el coronavirus sería delito.

En línea con la petición de la Fiscalía, la jueza de Manresa –partido judicial del que depende la cárcel de Lledoners– resuelve no admitir a trámite la querella y archivar el caso. La conclusión de la jueza es que Junqueras tendría que haber interpuesto la querella ante el Tribunal Supremo al atribuir el mensaje supuestamente delictivo a empleados y magistrados del Alto Tribunal, que son aforados. En suma, la jueza indica que no tiene competencia para investigar el caso.

El estado de alarma no paraliza la investigación del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado un nuevo impulso al caso y ha imputado por blanqueo de capitales a los exconsellers del Govern Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané, Pere Macias y a otros seis exaltos cargos de Convergència ante la sospecha de que las donaciones en efectivo que hicieron al partido sirvieron para enmascarar su financiación ilegal a través de mordidas de empresarios.

En su auto, además, el juez apunta directamente a que la estrategia "cuidadosamente planificada e implementada para financiar ilegalmente" a Convergència formaba parte de un "plan preconcebido" a partir de las "directrices emanadas de la cúspide de la organización". La investigación, en la que permanecían imputados el exgerente de CDC Germà Gordó y varios cargos medidos y administrativos y tesoreros del partido, da así un salto a la estructura política de CDC: Puig fue secretario general adjunto hasta 2011. Por el momento el jefe del partido, Artur Mas, no ha sido imputado.