Mide sus palabras y su forma de actuar como quien no llega a encontrarse en el lugar donde está. En sus 62 años de vida, es el primer día en que Julián pide ayuda para comer. Mientras introduce varias bolsas de productos frescos en su carro azul, Silvia vuelve a toda prisa a casa para preparar la comida a sus hijos con los alimentos que acaba de recoger gracias al apoyo de comerciantes y redes vecinales. Días antes, en otro punto de Madrid, Yanina se turnaba con su madre durante horas en una larga fila formada por ciudadanos a los que la crisis ha dejado la nevera vacía.

Después de varias semanas calculando los gastos y las comidas que podían preparar con lo "poco" que quedaba, la necesidad les empujó a coger el teléfono y solicitar apoyo a las distintas redes vecinales que se han organizado en Madrid para entregar alimentos a más de 20.000 personas desde el inicio de la emergencia social ligada a la COVID-19.

Las redes vecinales de Madrid han repartido alimentos desde el inicio de la crisis del coronavirus a 20.265 personas. 5.828 familias. Son los datos recabados hasta el 30 de abril por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en 58 espacios de ayuda mutua organizados sobrevenidamente en los barrios. El 84% de estas redes se nutren exclusivamente de donaciones autoorganizadas. En el 16% restante la administración actúa en algún eslabón de la cadena con acuerdos de colaboración para que los restaurantes donen menús que luego reparten los voluntarios o poniendo a disposición cocinas municipales, como la de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia, según las cifras recabadas por la FRAVM. 

Muchos usuarios suelen llegar a estas redes autogestionadas antes que a los servicios sociales o mientras esperan que se tramiten sus ayudas. Es decir, son personas fuera del radar o en vías de entrar en el sistema, que está volcado en aumentar su capacidad a marchas forzadas. En muchas ocasiones, estas iniciativas funcionan como cauce de contacto. Juntas de distrito como la de Villaverde Alto han entregado formularios a las organizaciones vecinales para que hagan de intermediarias con los usuarios con el fin de que terminen llegando a los recursos municipales.

Dos días antes de la declaración del estado de alarma, cuando la Comunidad de Madrid había anunciado el cierre de los colegios y empezaba a pedir a sus ciudadanos que se quedasen en casa, la Administración regional dejó en situación de calle a S.H.J, un adolescente extranjero no acompañado acogido en el centro de menores de Hortaleza, después de ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este mes, un juzgado ha ordenado al Gobierno madrileño la readmisión del menor gambiano en el sistema de protección ante las circunstancias ligadas a la crisis de la COVID-19, según la resolución a la que ha accedido eldiario.es.

Tras pedir la activación medidas cautelares por parte de la Fundación Raíces, el juzgado de primera instancia número 80 de Madrid acordó el siete de mayo la suspensión de la resolución administrativa de marzo por la que la Comunidad de Madrid acordó el cese de la tutela del menor.

Son las 14 horas y, como cada día, una larga fila de personas se concentra a las puertas del comedor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes Melilla (CETI) sin respetar la distancia social exigida por el Gobierno. Cuando caminan por el interior de las tiendas de campaña donde duermen cientos de ellos, es difícil evitar tocar las camas de sus compañeros, ubicadas muy cerca unas de otras. Los migrantes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla incumplen todos los días las medidas de seguridad impuestas en pandemia, porque durante casi dos meses de estado de alarma el Ejecutivo mantiene a más de 1.600 migrantes en un espacio creado para alojar a 700. 

A pesar de las reiteradas exigencias por parte del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional, Interior no desbloquea los traslados a la península de un número de personas suficiente para descongestionar el centro. “Está trabajando en ello los ministerios implicados y vamos a ver si somos capaces de solucionarlo en breve”, respondió este viernes el ministro de Sanidad tras ser preguntado sobre la situación de saturación.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han quedado vacíos tras la salida este miércoles de la última persona que estaba encerrada en Algeciras, según ha informado la plataforma CIEs NO y ha confirmado el Ministerio de Interior a eldiario.es.

El Ministerio de Interior, del que dependen estos centros, ha ido poniendo en libertad durante el estado de alarma a los extranjeros internos en todos los CIE de España.

El termómetro empezó a superar los 37 grados diez días antes. María Elba le ponía paños fríos sobre la frente para controlar la fiebre, le prepara el kiwi con manzanita rallada como a ella le gustaba, seguía todas las indicaciones de su médico de cabecera y cantaba para animarla durante los días en los que “la viejita” había enfermado. Hasta el pasado 31 de marzo, esta mujer de origen salvadoreño cuidaba de Rosa, la señora de 91 años para la que trabajaba como interna, “como si fuera su hija”. Ese día, el verdadero hijo de la anciana le comunicó que debía marcharse. Tres días después, la señora falleció.

Cuando la despidieron, no tenía un lugar al que acudir. “El jefe, su hijo, me dijo que no podía seguir pagándome. Él tenía un bar que ha tenido que cerrar por el coronavirus”, explica María Elba en un hostal de emergencia de Cruz Roja en Madrid. “Le dije que no me podía ir de la casa por el COVID. Le pedí que me dejase quedarme aunque no cobrase, pero quería alquilar la habitación. Me contestó: ‘Si no te vas, llamo a la Policía”

Los inmigrantes en situación administrativa irregular no estarán incluidos en el Ingreso Mínimo Vital que planea aprobar el Ejecutivo a mediados de mayo. Su plan social en respuesta a la crisis del coronavirus tampoco incluye ayudas de emergencia para quienes no tienen papeles. Incluso cuando los gobiernos regionales tienen la intención de incluirles, muchos migrantes no acceden a las rentas mínimas debido a distintas barreras, entre ellas, los requisitos exigidos por las entidades bancarias para abrir una cuenta corriente.

Aunque varios ejecutivos autonómicos no establecen como condición tener los papeles en regla (como Euskadi o la Comunidad Valenciana, entre otras) en la tramitación de sus rentas mínimas, otras de las obligaciones impuestas sí excluyen en la práctica a los inmigrantes sin papeles de este tipo de ayudas: algunas de ellas son la exigencia de largos periodos de empadronamiento, tener una cuenta corriente, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o estar inscritos como demandantes de empleo, entre otras barreras.

Los mensajes xenófobos lanzados por Vox se han propagado durante los dos últimos años, marcados por el auge de la extrema derecha en España. En las últimas convocatorias a las urnas, el discurso anti-inmigratorio ocupó un mayor espacio en campaña electoral. Cinco meses después de las elecciones de noviembre, con los hospitales colapsados por el coronavirus, el Gobierno necesitaba más sanitarios y aceleró la homologación de los títulos de médicos, enfermeras y auxiliares extranjeros. Con las fronteras cerradas, en el campo faltaban manos para recoger la cosecha y el Ejecutivo ha aprobado la concesión de permisos de trabajo a jóvenes inmigrantes en situación regular. Varios sectores considerados esenciales durante el estado de alarma acumulan un alto porcentaje de trabajadores extranjeros, como el agrícola o los cuidados.

La boliviana Isabel Peláez, como tantas otras trabajadoras domésticas, decidió quedarse confinada en la casa donde trabaja para no arriesgarse a contraer el virus y evitar contagiárselo a la señora que cuida desde hace años. El maliense Lamine Diakite no ha dejado de recoger naranjas en Huelva, donde miles de empleados temporeros extranjeros viven en asentamientos sin acceso al agua. A María Minasian, solicitante de asilo armenia, le ofrecieron empezar a trabajar como refuerzo en un supermercado del centro de Madrid justo el primer día de confinamiento obligatorio. Soleymane llegó a Barcelona tras ser rescatado por el Open Arms, uno de esos barcos de ONG criminalizadas por la extrema derecha: hoy es ayudante de cocina en una residencia de ancianos.

El Gobierno ha reestructurado el equipo encargado de las políticas de Migraciones en plena crisis del coronavirus. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el cese de dos altos cargos de las direcciones generales que integran la Secretaría de Estado y un nuevo nombramiento. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insiste en que "el cambio responde a una simple reestructuración de equipos". 

El Ministerio ha cesado a Irune Aguirrezabal como directora general de Migraciones, quien ha estado al frente de la aprobación de varias medidas durante los dos meses que ha ocupado cargo, como la concesión del permiso de trabajo a los menores migrantes extranjeros no acompañados mayores de 16 años y el plan de reclutar a 350 médicos extranjeros para responder a la crisis de la COVID-19, entre otras. Aguirrezabal se incorporará al equipo del gabinete del ministro José Luis Escrivá como asesora, según ha confirmado fuentes de la Secretaría de Estado eldiario.es.