El líder del PP, Pablo Casado, llega a la Junta Directiva Nacional –máximo órgano entre congresos– de este lunes procurando un difícil equilibrio entre las dos corrientes internas del partido, el ala moderada heredada de la época de Mariano Rajoy, y la facción más radical, un grupo de elegidos que ha acumulado mucho poder a su sombra tras la victoria en las primarias. El objetivo es tratar de consolidarse como el verdadero líder de la oposición que frene la disgregación de la derecha, que no se ha frenado dos meses después de llegar al cargo.  

Su misión es tratar de agrupar en el PP a todo ese electorado partido en tres –PP, Vox y Ciudadanos– y lograrlo en esta recién estrenada legislatura. Lo que su padrino político, el expresidente del Gobierno José María Aznar, llamó la "reconstrucción del centro derecha español" que le permitió gobernar durante ocho años en España, entre 1996 y 2004, los últimos cuatro con mayoría absoluta.

El Gobierno está definiendo cómo será la llamada 'nueva normalidad'. Prevé que, ya superada la primera ola de COVID-19 y la desescalada, se mantendrá la obligación de llevar mascarillas en varios supuestos, exigirá a las comunidades autónomas disponer de recursos personales y materiales para hacer frente a posibles rebrotes, y contempla medidas para evitar aglomeraciones en todos los espacios públicos, incluidos el transporte y los comercios. Pero el Ejecutivo no plantea ninguna medida específica para restringir la movilidad interna ni transfronteriza, y tampoco concreta límites numéricos en las reuniones de grupos de personas.

Así se desprende del borrador de real decreto ley que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, y al que ha tenido acceso eldiario.es. Pretende regular con él la "nueva normalidad", un periodo que durará desde el fin del estado de alarma el próximo 22 de junio hasta que la COVID-19 esté controlada con una vacuna o un tratamiento muy eficaz y se dé por concluida la pandemia. Un tiempo en el que la ciudadanía tendrá que aprender "a convivir con el virus", en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recrudecido este jueves su discurso incendiario contra el Gobierno progresista y ha asegurado que "el pecado original de la pandemia" del coronavirus "es la obsesión ideológica por el feminismo" del Ejecutivo. 

Álvarez de Toledo ha aprovechado su intervención en la presentación de Libertad o igualdad (Deusto, 2020), el nuevo libro de Daniel Lacalle –gurú económico del líder del PP, Pablo Casado– en un acto en la Fundación Rafael del Pino de Madrid, para insistir en la idea de que el Gobierno llamó a manifestarse el 8M a sabiendas de que las marchas podrían provocar nuevos contagiados por la COVID-19.

El juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha llamado a declarar como imputada en un caso de prevaricación urbanística a Teresa Mallada, la actual portavoz del PP en la Junta General del Principado, que fue la gran apuesta del líder nacional de los populares, Pablo Casado, en las elecciones autonómicas de 2019.

El magistrado Ignacio Vidau, expresidente del TSJA, dictó el miércoles una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, por la que llama a declarar como investigada a Mallada el próximo día 29 a las 10.00 horas, en Oviedo.

Ni la petición expresa realizada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a todos los partidos, "para reflexionar sobre el desarrollo de los debates y la importancia de no perder el respeto por el resto de oradores", ni tampoco la llamada realizada por su compañero de filas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamando a su partido huir de los "espectáculos parlamentarios", han movido un ápice la estrategia de la crispación con la que afronta el líder del Partido Popular, Pablo Casado, la crisis del coronavirus.

El presidente de los populares no solo ha ignorado todas esas demandas que piden serenar el clima político, sino que en las últimas horas –y, avalado por las encuestas que le auguran un mínimo crecimiento– ha agravado sus ataques y descalificaciones contra el Gobierno, al que responsabiliza en exclusiva de los muertos por coronavirus y acusa de "mentir y perjudicar a España". Durante el Pleno del Congreso de este miércoles, Casado dedicaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una retahíla de insultos. Al jefe del Ejecutivo le acusó de "arrogancia", "mentira", "sectarismo" o "populismo" y le llamó "pirómano" o "pato cojo con el peor balance de gestión de la democracia".

Pedro Sánchez ha avalado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en plena polémica por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por su negativa a informar de la situación de la investigación de la Guardia Civil en el marco de la causa abierta en un juzgado de Madrid por la actuación del Gobierno frente a la COVID-19 y, en concreto, la autorización del 8M. El presidente ha negado ninguna "intrusión" en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha afeado a Pablo Casado que cuestione la actuación del titular de Interior tras años de gestión del PP en la que se gestó la "mal llamada policía patriótica". 

"Con este Gobierno no ha habido ni habrá nunca una intromisión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con este Gobierno no se va a producir nunca una mal llamada policía patriótica", ha sentenciado Sánchez en el turno de réplica del debate de la sexta prórroga del estado de alarma: "Lo que ocurre es que el ministro del Interior que está destapando toda esa mal llamada policía patriótica es el ministro Marlaska y por eso le atacan".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha decidido desoír todas las llamadas realizadas en los últimos días tanto por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner fin a la crispación en la que vive la política española y ha utilizado su intervención durante el debate de la última prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados –que el PP rechazará con su voto– para mantener su estrategia de la descalificación y el insulto contra el Ejecutivo progresista.

Tras defender la labor de Mariano Rajoy cuando se cumplen dos años de la moción de censura que presentó Sánchez contra él, Casado ha criticado que el líder socialista "le debe la presidencia a la ultraizquierda, los independentistas y los batasunos". "Es usted el presidente con menos apoyo de la democracia", le ha reprochado, antes de criticar la "arrogancia" de Sánchez, al que ha vuelto a acusar de mentir.

"Sí, me siento respaldada por la dirección de mi partido". Con estas palabras se ha expresado este martes la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, una semana después de que su acusación al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, al que llamó "asesino" en el Pleno de la Cámara, generara una nueva polémica interna en las filas populares, por el descontento de distintos dirigentes ante las continuas salidas de tono de la portavoz parlamentaria.

"Desde antes de ser nombrada portavoz fui objeto de comentarios sobre mi persona o actitudes para el cargo. No me interesaron nada entonces, no influyeron en mi nombramiento como portavoz. No me interesan ahora. No creo que influyan en mi cese como portavoz", ha remarcado Álvarez de Toledo en rueda de prensa, que ha puesto en valor la "buena relación" que le une al líder del PP, Pablo Casado, y que ha asegurado que en ningún caso ha puesto su cargo a disposición del partido por la polémica con Iglesias.

Las tres derechas, PP, Vox y Ciudadanos, han vuelto a exigir este martes la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que se conociera una nota de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, publicada por El Confidencial, que refleja que el motivo del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de la semana pasada fue "la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, con fines de conocimiento".

Grande-Marlaska llegó a decir en el Congreso y en rueda de prensa que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a una reestructuración más amplia en el seno de la Guardia Civil y que el suyo era un puesto de "confianza" de la Secretaría de Estado de Seguridad, negando en todo momento que estuviera vinculado con el informe entregado a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M pese al riesgo de extensión del coronavirus.