El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha acordado levantar el secreto sobre la documentación que el Ministerio del Interior le remitió acerca del espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas, una vez fue desclasificada por el Consejo de Ministros. El instructor responde así a la petición del exnúmero dos de Interior  Francisco Martínez, imputado en la causa y que ha pedido declarar sobre materia reservada después de que los investigadores se incautaran de su teléfono móvil el día antes de la entrada en vigor del estado de alarma. 

Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, se acogió a su derecho a declarar cuando el juez le citó como investigado el pasado 24 de enero. El pasado 22 de mayo, su defensa amplió los motivos de su negativa a prestar declaración asegurando que debía referirse a material clasificado y que necesitaba la garantía de que él, como había ocurrido antes en la pieza 7 con mandos policiales, de que podía aludir a él sin incurrir en un delito de revelación de secretos. 

La relación de la élite económica del país con el comisario José Villarejo está más cerca de derivar en consecuencias penales. La Fiscalía Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para Susana García-Cereceda, dueña de La Finca, la urbanización más lujosa de Madrid, en la que residen varias estrellas del fútbol y en cuya principal mansión residió el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera.

Según el escrito de Anticorrupción, García-Cereceda encargó a Villarejo que "le suministrara información reservada de terceros, obtenida mediante una multitud de actuaciones ilícitas a desarrollar utilizando su condición policial al margen de sus cometidos oficiales, prevaliéndose de sus labores operativas de captación de información en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía".

Las decisiones adoptadas en el último mes por el juez Manuel García-Castellón han convertido al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el protagonista de una de las ramificaciones del caso Villarejo, la macrocausa que investiga desde hace tres años a la organización criminal dirigida por un comisario que, en en su último periodo activo en la Policía, integró la brigada política que atacó a Podemos desde el Ministerio del Interior.

En el regreso de la actividad a los juzgados tras el paréntesis por la crisis sanitaria, García-Castellón ha establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos. En las últimas semanas el magistrado ha activado la cooperación jurídica internacional para que declaren dos técnicos de Reino Unido por los que pasó la memoria del teléfono; y ha ordenado, Dina Bousselham, hoy directora del medio La última hora y en su día colaboradora de Iglesias en el Parlamento Europeo, que abandone a la abogada que comparte con el líder de Podemos.

Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana al exmilitar que aparece en un vídeo disparando contra fotos del Gobierno en una galería de tiro en Málaga, han avanzado a eldiario.es fuentes próximas a las pesquisas. 

El arrestado es Francisco de Borja J.B, de 44 años de edad. Los agentes han esperado a que saliera de su domicilio, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, para practicar la detención. A continuación le han conducido a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Málaga capital para tomarle declaración. Tras esto, ha quedado en libertad a la espera de lo que determine la autoridad judicial.

La Policía Nacional ya ha identificado al hombre que aparece disparando con un arma larga a objetivos con fotos de miembros del Gobierno. Se trata de un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas que se grabó en una galería de tiro privada de Málaga, han avanzado a eldiario.es fuentes policiales. Los agentes trabajan ahora en la localización del individuo que en la actualidad trabaja como taxista y ya han puesto su identidad a disposición de la Fiscalía. 

Las personas que aparecen en el vídeo, que ha circulado por grupos de Whatsapp y cuyo contenido adelantó La Marea, simulan una especie de juicio sumarísimo en el que, después de que uno de ellos  pregunte al resto por la "sentencia", el que tiene el arma dispara contra las cuatro imágenes de los miembros del Gobierno representados: Pedro Sánchez, Irene Montero, Fernando Grande-Marlaska y el propio vicepresidente, así como Pablo Echenique, quien no pertenece al Ejecutivo sino que es portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Tras los disparos, el vídeo se cierra con una sonora carcajada de los protagonistas.

La investigación de la Policía Nacional sobre el vídeo en el que un hombre aparece disparando con un arma larga a objetivos con fotos de miembros del Gobierno ha arrojado ya como resultado que se grabó en una galería de tiro privada de la ciudad de Málaga, han avanzado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. 

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha dictado una orden internacional de investigación para ampliar al Reino Unido la nueva fase de la investigación que ha abierto sobre el robo y posterior difusión del contenido del móvil de Dina Bousselham, antigua colaboradora de Pablo Iglesias. García-Castellón da así un nuevo impulso al caso coincidiendo con la retirada de la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno. 

El instructor de la macrocausa de Villarejo duda de la versión que le ofrecieron tanto Iglesias como Bousselham. De lo que comenzó siendo una investigación sobre la posible operación contra Podemos tras el robo de la tarjeta y la publicación de parte de su contenido en tres medios de comunicación, el juez ha pasado a sospechar de ambos al encontrar supuestas contradicciones en sus declaraciones y a considerar "apremiante" esclarecer qué ocurrió con una tarjeta que nada tiene que ver con la organización criminal de Villarejo y que contenía información íntima de la mujer. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario también retirado Enrique García Castaño por los presuntos delitos cometidos en el marco de un encargo a la organización que presuntamente integraban por parte de un despacho de abogados en su disputa con otro bufete de la competencia. 

El escrito de los fiscales es el primero que se presenta para llevar a juicio una pieza de la macrocausa Tándem. En el mismo se describe uno de los encargos para particulares de la alta sociedad que habría realizado Villarejo sirviéndose de sus contactos en el seno de la Policía y que pasaban por espiar y atacar a terceros, ya fuera a través de querellas o destrozando su reputación. 

La querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra la jueza que lo mantuvo casi dos años en prisión provisional antes de ser absuelto, Carmen Lamela, se ha encontrado con el primer escollo, la oposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo a investigar a una magistrada de ese mismo tribunal. En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, la fiscal María Ángeles Gullón atribuye al olvido de un mero trámite lo que la acusación considera una “ocultación injustificada y deliberada” de un documento de más de 1.200 páginas clave para la causa.

El documento es la comisión rogatoria internacional que Estados Unidos remitió a España y que cometía un error después aclarado sobre Sando Rosell, pero que sirvió a la Fiscalía para arrancar la investigación que llevó dos años en secreto contra el expresidente del Barça. En la querella presentada por Rosell se afirma: "La ahora querellada negó inicialmente la existencia de la comisión rogatoria internacional (CRI). Insistida por los querellantes, finalmente reconoció su existencia, pero alegó que aquella CRI ya no se encontraba a disposición del Juzgado por haberse remitido al órgano requiriente. Todo ello resultó ser falso, pues la información solicitada siempre obró en su juzgado”.