Ausencia pedagógica

La ausencia del presidente del Gobierno del funeral oficiado el pasado lunes en la catedral de La Almudena por las víctimas de la COVID-19 debe ser subrayada por su función pedagógica. A lo largo de casi toda la historia constitucional de España la Iglesia Católica ha operado no como una confesión religiosa, sino como una suerte de estado dentro del Estado. Es decir, como un ente con una legitimidad propia que permitía que las autoridades religiosas pudieran entablar una suerte de competición con las autoridades civiles. Ha conseguido, además, tener éxito en esta pretensión, ya que los poderes públicos le han reconocido esa condición. El hecho de que hubiera que esperar hasta la Revolución de 1868 para que se reconociera el "matrimonio civil" en nuestro país lo dice todo. 

En un Estado Constitucional digno de tal nombre, una confesión religiosa, sea la que sea, no puede tener ese estatus. Un funeral organizado por una confesión religiosa no puede convertirse nunca en un funeral de Estado. Debe ser un funeral dirigido a los ciudadanos que compartan dicha confesión o que, circunstancialmente, decidan incorporarse al mismo. Pero no puede ser un funeral al que que se dé por supuesto que tienen que acudir las más altas magistraturas del Estado, porque es un acto de Estado. Si alguna o algunas de las personas que ocupan dichas magistraturas quieren acudir al acto, están en su derecho a hacerlo, pero nada más. Y deberían acudir como ciudadanos que se consideran miembros de la comunidad religiosa al margen de la posición política que ocupen. 

No debe ser tampoco un funeral que sea retransmitido por la televisión pública. Si alguna cadena privada quiere hacerlo, está en su derecho. Pero la retransmisión por la televisión pública debería estar expresamente prohibido.