Rebajas de impuestos y Cañada Real

En estos días coinciden dos noticias cuyo epicentro está en la Comunidad de Madrid: la armonización fiscal entre las Comunidades Autónomas y el conflicto social por los cortes de electricidad en la Cañada Real Galiana. Ambas noticias tienen mucho que ver entre ellas, en realidad las dos se sitúan en la misma lógica. Lógica que, a continuación, me dispongo a explicar. Por una parte, el Presidente de la Xunta de Galicia, como respuesta a las preguntas de una periodista sobre el dumping social de Madrid, proponía que aquellas comunidades que no tenían deudas, ni recurrían al Fondo de Financiación del Estado, deberían tener más margen para tomar decisiones, es decir, hacer rebajas fiscales. Paralelamente, se produjo la comisión de seguimiento del Pacto de Cañada, como órgano parlamentario de impulso y coordinación política de dicho acuerdo regional. El asunto principal que se abordó en dicha comisión fue el corte en el abastecimiento de electricidad a este núcleo de infraviviendas, donde viven más de 8.000 personas. Fue una reunión que discurrió entre el voluntarismo de los diputados y la impotencia de las administraciones para abordar el problema, personificado en la frase más repetida en este tipo de reuniones: "El problema de la Cañada es muy complejo". Todos los participantes en el pacto acabamos asumiendo el mantra de la dificultad insuperable para resolver el problema de este territorio, lo que, en realidad, no es más que la excusa para no poner los medios necesarios para resolver el problema de raíz. Para resolver un problema hay que hacer un diagnóstico adecuado y atribuir las responsabilidades a quien realmente las tiene. La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad en materia de vivienda social, protección del dominio público (como son las Cañadas), vigilancia ambiental, ordenación y control del territorio supramunicipal (el tramo conflictivo de Cañada discurre y el linde entre tres municipios: Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y en servicios sociales especializados. Quienes llevamos años trabajando en el ámbito local, sabemos de la habilidad de una Comunidad Autónoma que ha venido trasladando todas sus obligaciones a terceros. Desde hace años la administración regional ha ido haciendo dejadez de sus funciones en todas las materias, lo que ha llevado a un grado de ejecución presupuestaria muy baja. Los presupuestos no se ejecutan, porque la lógica autonómica es la de tirar balones fuera a unos y a otros. Sean estos los Ayuntamientos o la Administración Central. Un ejemplo bien conocido es la Educación. Si es necesario un colegio, la responsabilidad se le traslada al Ayuntamiento. Si hay que poner filtros por el COVID, que los resuelva cada Ayuntamiento. Si hay que hacer PCR a la población, que los Ayuntamientos lo organicen. Si hay delitos ambientales, que los Ayuntamientos se busquen la vida y refuercen la vigilancia del territorio. Y así, una tras otra. Mientras tanto, las bonificaciones fiscales diseñadas por los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid han servido para rebajar las cuotas de los contribuyentes de mayor renta y riqueza, lo que ha supuesto una reducción de los ingresos para las arcas públicas afectando sobremanera a la calidad de los servicios públicos. En un régimen político de competencias distribuidas entre diferentes niveles, lo primero debería ser la exigencia del cumplimiento de las potestades públicas y las obligaciones en la prestación de servicios públicos. No hay autonomía política sin autonomía fiscal, como no hay eficiencia sin la exigencia del cumplimiento de las obligaciones competenciales. La Cañada Real Galiana es un claro ejemplo de dejadez de funciones. El Pacto Regional por la Cañada Real, firmado en la pasada legislatura, supuso un esfuerzo de entendimiento entre las diferentes administraciones, partidos políticos y agentes sociales. Pero ahora, es el momento de que el acuerdo pase de las buenas intenciones, a ser un instrumento que garantice el derecho a una vivienda digna para todas esas personas. Hay que pasar del voluntarismo al compromiso traducido en una hoja de rutas clara dotada de los fondos económicos necesarios para abordar la problemática. Una comunidad autónoma que cuenta con el mayor núcleo de marginalidad e infravivienda de todo el Estado, que no pone sobre la mesa los fondos necesarios para abordar el problema a medio plazo, mientras baja los impuestos a los ricos, no está acreditada para ser ejemplo de eficacia en la gestión. Mientras la Comunidad de Madrid no garantice la dotación presupuestaria necesaria para abordar una solución definitiva a la Cañada Real, no está legitimada para realizar rebajas fiscales a los ricos. Es una inmoralidad y una irresponsabilidad que no se puede tolerar.

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