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Sobre este blog

Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Vox y el catalán, una política de clase

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Uno de los puntos centrales de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en la Generalitat valenciana o en las islas Baleares ha sido revertir las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo. También en Catalunya, los principales dirigentes de Vox cargan, repetidamente, contra lo que consideran una supuesta presencia excesiva del catalán en la escuela. Aunque, a primera vista, ello pueda parecer solo una cuestión cultural que afecta a “señas de identidad” territoriales o a los derechos lingüísticos de sus hablantes, en realidad, detrás de estos acuerdos y manifestaciones hay una política de clase en contra de los sectores menos favorecidos de la sociedad, especialmente, la población inmigrante y sus hijos.

Lengua e igualdad social se piensan, muchas veces, por separado. Tanto los nacionalistas esencialistas como los 'progres' cosmopolitas universalistas las piensan como elementos autónomos uno del otro.

Los nacionalistas esencialistas centran su preocupación en la lengua pero no prestan atención a la cuestión social. Identifican lengua con nación, concibiendo el ataque a la primera como una amenaza para la preservación de una comunidad o identidad nacional que construyen a partir de una igualación identitaria que borra las diferencias de clase, de género, etc. de sus integrantes para unificarlos en una unidad  nacional homogénea de alteridad respecto al resto de naciones. Y a la inversa, los 'progres' cosmopolitas universalistas centran su preocupación en la cuestión social pero sin prestar atención a la cuestión lingüística. Perciben las sociedades donde defienden que deben garantizarse derechos sociales como espacios desculturalizados en los que la lengua no jugaría ningún papel relevante a tener en cuenta, lo que no es más que una omisión con respecto a sus propios privilegios por ser miembros de la comunidad lingüística dominante.