ABC (06(01/2011).
El anteproyecto de Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar, presentado ayer por la consellería de Educación, concede a los docentes de la Comunidad gallega la condición de «autoridad pública».
Con esta decisión, el departamento dirigido por Jesús Vázquez busca dignificar la figura del profesor reforzando los instrumentos que permitan que la enseñanza en las aulas «transcurra en un ambiente de respeto mutuo». De este modo, los docentes gallegos contarán con una protección jurídica específica y con una presunción de veracidad que convertirá sus declaraciones en pruebas y que el propio conselleiro calificó como «necesaria» para el mantenimiento de la disciplina.
Otro de los ejes fundamentales sobre los que se sostiene esta normativa es el referido a la indumentaria de los alumnos. Según el anteproyecto contempla, cada centro escolar tendrá libertad para determinar qué ropa es acorde o no con su modelo educativo. En este sentido, Vázquez recalcó que muchas familias demandan ya la implantación del uniforme en los colegios públicos. Un clamor que se podrá hacer realidad, siempre que los centros cuenten con la aprobación del correspondiente consello escolar. Así, no habrá trabas para que los centros educativos impongan el uso del uniforme y tampoco para que establezcan una normativa interna referida a la vestimenta de sus alumnos, a través de la que se veten determinadas vestimentas.
Este punto deja en manos de la dirección de cada centro la decisión de admitir entre los miembros de su comunidad educativa, o no, el uso del velo islámico, que tanta polémica ha levantado en otras regiones. La Administración educativa autonómica quedaría, así, al margen de este tipo de valoraciones.
Entre la nómina de derechos que el texto otorga a los docentes está también la posibilidad de requisar a los menores cualquier tipo de objeto o sustancia que los enseñantes consideren peligrosa o dañina. También se les podrán retirar a los alumnos aquellos objetos que formen parte de un listado aprobado previamente por el centro, en el que se incluyan elementos no permitidos, como teléfonos móviles.
A la hora de sancionar, los docentes contarán con una clasificación, incluida en la propia norma, que establece qué conductas son de carácter «leve» y cuáles se consideran «graves». Entre estas últimas se incluye cualquier tipo de discriminación o vacío social y la difusión de imágenes u otro tipo de contenidos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen de los estudiantes. Como novedad en este apartado —y por primera vez en el marco legislativo español— el nuevo texto incluye un punto dedicado a las situaciones de acoso escolar y ciberacoso, una modalidad de agresión incipiente de la que cada día se conocen más casos.
También se garantiza, como explicó Vázquez durante la presentación de la normativa, que los plazos de aplicación de las medidas correctoras «no afectarán a la convivencia escolar». Entre los castigos a los que los alumnos que cometan algún tipo de infracción se enfrentarán se cuenta la realización de tareas en horario no lectivo, la prohibición de asistir a excursiones o visitas guiadas, la expulsión de cuatro a quinces días y —en los casos más extremos— el traslado de centro escolar.
Al margen de las sanciones, el borrador incorpora diversos protocolos para la prevención, detección y tratamiento de situaciones de acoso así como planes de convivencia que se llevarán a cabo en los propios centros. Una de las incorporaciones más reseñables en este capítulo es la inclusión de la figura del mediador que ayudará a resolver los conflictos menos graves a través del diálogo. Para los incidentes más extremos los colegios tendrán a su disposición responsables que atenderán a las víctimas de un modo personalizado.
Participación de los padres
Preguntado acerca de las «dudas de legalidad» que el Consultivo observó en el decreto que regula el uso del idioma, con respecto a la encuesta realizada a los padres, Vázquez no dudó al afirmar que el gallego podrá volver a ser objeto de consulta. «La Constitución no da derecho a los padres a la opinión pero tampoco a la no opinión. Ahora se podrían hacer muchos tipos de consultas, de carácter orientativo o más vinculantes» sentenció el popular antes de afirmar que su plan es cumplir el programa del PP.
Las repercusiones del anuncio del anteproyecto educativo sobrepasaron las fronteras de la Comunidad y llegaron hasta Madrid. Allí, la consejera de educación, Lucía Figar, celebró que los profesores gallegos vayan a ser considerados autoridad pública, una noticia que aprovechó para solicitar «que una norma a nivel nacional que proteja igual a todos los docentes». Figar se refirió también a los datos del último informe Pisa que sitúa a la Comunidad de Madrid —primera región en aprobar una normativa en este línea— a la cabeza del país en cuanto a resultados académicos.
|
