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Blog de Afiliados y Simpatizantes en Tarragona y norte provincial
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UN COMERCIANTE RECURRIRá A LA UE.
UN PEQUEÑO empresario de Arenys de Mar está decidido a no cambiar el letrero de su empresa, escrito en español, y a recurrir a los tribunales europeos la multa que la Generalitat le ha impuesto de 1.200 euros por no rotularlo también en catalán. Se trata de una prueba más de la imposición coactiva de esta lengua por parte del Gobierno autonómico, dentro de un ámbito como el comercio, que, por su esencia, debe estar sujeto a la total libertad de elección. Es intolerable que se impida a un ciudadano decidir el idioma que desee para publicitar su negocio y que se vea obligado a reclamar amparo para hacer uso de este derecho fuera de su propio país. Por fortuna, ejemplos como el de este empresario demuestran que la sociedad civil catalana no está dispuesta a aceptar, sin más, tales necedades.
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Los órganos que regulan sectores como energía y telecomunicaciones no parecen haber asimilado el duro ajuste que, en plena recesión, han realizado las empresas que ellos vigilan.
Los órganos de la Administración que existen en España para regular los distintos sectores empresariales parecen vivir ajenos a la dura crisis y a la austeridad de costes puesta en marcha por las empresas.
Instituciones como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvieron, en mayor o menor medida, fuertes crecimientos de gastos en 2008.
Entre los tres organismos, sumaron costes de más de 120 millones de euros el pasado año. Es un 32% más que en el ejercicio anterior y casi el doble que hace cuatro años. A excepción de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que es un caso distinto, los gastos de los reguladores no se nutren de las arcas del Estado, aunque indirectamente afectan al contribuyente.
Sus presupuestos se alimentan de las tasas que se aplican sobre las empresas reguladas. Es un coste añadido para las compañías, que, muy probablemente, terminarán repercutiéndolo en el precio de sus servicios.
Excedente
Si el organismo se aprieta el cinturón y tiene menos gastos que ingresos, puede revertir el excedente al Tesoro Público. Es lo que hizo, por ejemplo, la CNMV el pasado año. Un análisis comparativo de los distintos presupuestos pone al descubierto diferentes políticas en la estructura de costes de cada organismo.
En 2008, la CMT, que es el organismo que con diferencia menos personal tiene, superó con creces a todos los demás en gastos (51 millones). Por una decisión política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, la CMT trasladó su sede desde Madrid (donde tenía un edificio en propiedad) a Barcelona.
Ahora, se encuentra de alquiler en una zona exclusiva de la ciudad, pero está construyendo un inmueble propio con una gran inversión tras una decisión que se tomó en pleno boom inmobiliario. Los gastos totales de la CMT se han disparado un 66% en un año en el que ya no tiene tanta presión de costes laborales asociados a indemnizaciones por las bajas producidas con el traslado.
Con todo, el coste medio por empleado de la CMT sigue muy por encima de los de la CNE y la CNMV. En 2008, el regulador eléctrico mantuvo los gastos de personal en línea con 2007, a pesar del aumento de la plantilla. El incremento de gastos totales del 14,9% puede explicarse por el fuerte aumento de capítulos como los «servicios exteriores». Esta partida, que en 2008 aumentó un 35%, representa ya el 46% de todos los gastos, cuando en 2007 era el 37%.
La CNMV, tradicionalmente con más presupuesto que los otros reguladores, pasa ahora a un segundo lugar. Con todo, sus gastos totales se incrementaron en un 15%, muy por encima del 2,7% que crecieron entre 2006 y 2007. Los mayores gastos de alquiler de nuevas oficinas, mientras se rehabilitaba la sede habitual, dispararon un 33% la partida de «otros gastos de gestión».
CNE ahorra menos
Los gastos de la CNE entre 2007-2008 crecieron menos que entre 2006-2007 (15% frente a 25%). Pero también el regulador apura cada vez más su presupuesto. En 2006, era de 26,7 millones; en 2007, de 27,8 millones y en, 2008, de 29,1 millones. En 2006, el ahorro (ingresos menos gastos), fue de 8 millones; en 2007, de 3,9 millones; y en 2008, sólo de 1,7 millones.
La CMT y el ‘boom’
La CMT se irá en 2010 a un nuevo edificio, comprado en 2008 por 62 millones de euros. El organismo logró que Patrimonio le pagase 37 millones por su antigua sede en Madrid. El nuevo edificio ha generado críticas por su dimensión. Tendrá 12.200 metros, a 95 metros por trabajador. El contrato no se ha revisado con la crisis, tras el boom inmobiliario.
El tesoro de la CNMV
Una mejor gestión de los gastos puede ser beneficiosa para el contribuyente. Un ejemplo es la CNMV. Sus costes en 2008 quedaron muy por debajo de sus ingresos (61 millones frente a 42 millones). Lo mismo ocurrió en 2007: ingresos de 59 millones, frente a gastos de casi 37 millones. El pasado año, la CNMV acordó enviar el excedente de 2007 (22 millones) al Tesoro Público.
Nace la CNC
A diferencia de la CNMV, la CNE y la CMT, la nueva Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que nació como tal a mediados de 2007, se financia fundamentalmente con el Presupuesto del Estado. En 2008, su primer ejercicio completo, con 190 empleados, tuvo gastos de 10,9 millones frente a 1,7 millones de 2007.
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A punt de complir-se un mes de la liberalització del sector elèctric espanyol, els usuaris domèstic estem, lamentablement, pitjor del que estàvem. Facua alertava de les irregularitats o incògnites que el procés de liberalització estava portant. Bàsicament ens deia que, tot i que rebéssim ofertes d’empreses d’energia per donar-nos d’alta com a clients, no les acceptessin. Aquestes ofertes anaven lligades a un contracte de permanència (igual que la telefonia mòbil) i, podria ser que un cop conegudes les tarifes elèctriques dictades pel Govern, tarifes d’últim recurs, ens trobéssim amb un contracte no prou bo ja que aquell seria e
l moment en que les elèctriques comencessin a intentar captar clients amb ofertes interessants.
Hi ha hagut algunes ofertes però, primer, destinades a pymes/autònoms o usuaris domèstics amb un consum superior als 10kW i, segon, l’estalvi és el mateix independentment del proveïdor que contractem, sobre un 12% del preu abans de la pujada de juliol. Els usuaris amb aquesta despesa estaven obligats a contractar tarifes del mercat lliure ja que sinó serien força penalitzats. La única oferta que trobem els usuaris domèstics és que certes companyies comercialitzadores ofereixen un 2% de descompte si demanes factura on-line enlloc de factura impresa. Vet aquí que la màxima oferta és arribar al preu anterior a la pujada del juliol.
La liberalització, a dia d’avui, és una farsa. Algunes de les mateixes empreses proveïdores d’energia han creat altres societats per comercialitzar-la. Així tant els fa si anem a un comercialitzador o ens quedem amb els proveïdors d’últim recurs, ja que en molts casos, coincideixen. Han hagut de passar molts anys per poder veure competència forta en el món de la telefonia mòbil. Ara hi ha operadors minoritaris amb plena cobertura i tarifes a meitat de preu que les dels tres grans operadors (pràcticament iguals). És opció nostra anar-hi o no. No hem de permetre que el sector elèctric faci la mateixa jugada, hem de reivindicar els nostres drets com a consumidors i com a contribuents.
Albert Hurtado
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Guiño del Govern al nuevo grupo Comsa Emte, fruto de la fusión de las compañías controladas por las familias Miarnau (Comsa) y Sumarroca (Emte).
La empresa pública Gisa ha adjudicado al nuevo grupo, que se constituyó el pasado martes, la construcción y conservación del nuevo centro penitenciario Mas d’Enric, en el municipio de El Catllar (Tarragonès). La instalación, que sustituirá a la antigua cárcel de Tarragona, entrará en servicio previsiblemente a finales de 2011.
El presupuesto de licitación asciende a 106,31 millones de euros. Para financiar el nuevo equipamiento, el Govern acude de nuevo al contrato de derecho de superficie, según el cual el adjudicatario hace frente a la inversión del proyecto y la Generalitat paga un canon anual por el uso de las instalaciones, en este caso, durante treinta y dos años.
La oferta de Comsa y Emte no era la más económica. De hecho, el grupo era el que presentó una menor rebaja –del 5%– respecto al presupuesto base, frente a las propuestas de OHL e Isolux. Gisa excluyó por motivos técnicos la oferta de FCC, Copisa y Proinosa.
Isolux fue la que presentó un canon más bajo durante el primer año y éste es, según el sector, el criterio que más pesa para el Govern. Isolux propuso una tarifa de 9,73 millones, frente a los 9,95 millones de Comsa y Emte, y a los 10,2 millones de OHL. Ferrovial fue el adjudicatario de las dos primeras prisiones de alquiler de Catalunya: Lledoners y Figueres.
Publicado el 01-08-09 , por Ignasi Pujol Barcelona
Expasión.com
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Andrés Mora Nohales posee varias tiendas en la localidad, pertenecientes a a un negocio familiar propio comenzado a mediados de la década de los ochenta, con una ferretería en el barrio de Ciudad Cooperativa. Mora, precedente de un pequeño pueblo de Cuenca, se casó con una catalana y ha desarrollado su actividad comercial en la comarca del Bajo Llobregat.
Y ahora es amenazado con una multa debido a la denuncia de un indignado ciudadano anónimo, por no rotular su comercio en catalán. La Agencia del Consumo de la Generalidad catalana ha instado a Mora a que en “dos meses” como máximo ajuste el cartel a la “normativa vigente” del artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística. “La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán”.
La denuncia tiene fecha del pasado 31 de enero, y el requerimiento llegado al comercio llegó el pasado 8 de julio. La concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Boi, Marina Lozano, se lamenta en El Mundo de que “el de Sant Boi no es un caso único“, ya que en “Castelldefells varios comercios y restaurantes del centro comercial Ànec Blau han sido inspeccionados”.
Mora asegura a El Mundo que dicha normativa “ayuda a discriminar el castellano, una lengua que también es oficial“. “Ciudad Cooperativa es un barrio en que nueve de cada diez conversaciones se mantienen en castellano”, dice. “Muchos rótulos están en castellano en el resto de comercios de la localidad”, y se lamenta: “¿Por qué un particular querría delatarme?”.
El trabajador asegura en el diario que “creía que no tenía ningún enemigo, pero parece que no es así“. Mora asegura no tener “nada en contra” de la lengua catalana, y de hecho se declara “bilingüe”. Redacta los presupuestos d ela empresa en catalán, y siempre ha matriculado a sus hijas, “catalanas al cien por cien”, en colegios que “apuestan por la enseñanza del catalán”, y sin embargo aún así ha sido denunciado.
Mora se lamenta en El Mundo sobre el gasto inesperado que le va a suponer, y recuerda que “la época en que encargué el rótulo por el que me han denunciado era distinta a ésta: se hacía menos publicidad, no había Internet ,no se daban tantas tarjetas de visita. Lo pusimos en castellano, sin reparar que eso pudiera acabar molestando a alguien un cuarto de siglo después”.
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La investigación se centra en que los etarras siguen en Mallorca, en un piso franco
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