.:: WebLog de Matías ::.

Puede que algunos se hayan sorprendido del resultado de la manifestación que el pasado 11 de septiembre llenó el centro de Barcelona de vecinos de la ciudad y de otros muchos, muchísimos, ciudadanos provenientes de toda Cataluña. Puede también que muchos responsables políticos estén todavía enardecidos por el éxito de convocatoria. Incluso es posible que muchos otros dirigentes políticos estén inmersos en una especie de estado catatónico, fruto de la sorpresa y del desconocimiento profundo del proceso que ha desembocado en la actual situación. No es mi caso.

Desde el núcleo de partidos separatistas y/o secesionistas que apoyan a las entidades convocantes y desde el propio gobierno de la Generalidad se ha insistido sobremanera en el éxito de convocatoria de la sociedad civil, que ha provocado una riada ciudadana que el 11 de septiembre inundó buena parte de las calles más céntricas de la Ciudad Condal. Dejando aparte la polémica que subyace en los diversos recuentos publicados, desde el punto de vista cuantitativo hay que reconocer que ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias celebradas en las últimas décadas en Barcelona. El único pero podría ser calificarla sin más de éxito de convocatoria de lasociedad civil. No veo claro el encaje en ese concepto de dos organizaciones, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y su filial, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), penetradas, controladas y financiadas por partidos e instituciones públicas.

El proceso de convocatoria ha sido largo y se ha gestado siguiendo fielmente la estrategia marcada por la hoja de ruta de la ANC. Esta entidad pretende vincularse a la sociedad civil, pero la realidad es que está ampliamente penetrada por ERC y SI y también, aunque en menor medida, por CiU. La hoja de ruta de la ANC contemplaba la marcha por la independencia del pasado día 11 como un hito fundamental en su estrategia y fijaba el lema con el que finalmente se celebró: ‘Catalunya, nou Estat d’Europa‘. Esta hoja de ruta recoge, además, el proceso negociador del pacto fiscal por parte del gobierno de la Generalidad como una baza necesaria para potenciar su efecto de llamada hacia la confrontación y la ruptura con el conjunto de España.

El empeño del gobierno de Artur Mas de sumarse con entusiasmo a la convocatoria y de vincular su éxito al proceso de negociación bilateral con el Gobierno de España de un pacto fiscal “en la línea del concierto económico” de las diputaciones vascas, se ciñe con precisión al guion establecido por la ANC, con un claro sometimiento a su estrategia separatista. Estrategia a la que se han sumado, contraviniendo las atribuciones y funciones marcadas por la legislación vigente, el conjunto de ayuntamientos que engrosan la AMI. Si a esta dedicación institucional le sumamos la propaganda de apoyo lanzada desde las tribunas mediáticas públicas y privadas concertadas, el éxito estaba garantizado de antemano.

Esto no quita que muchos, probablemente la mayoría de los manifestantes, por diversos motivos y con niveles de información dispares, recorrieran las calles de Barcelona reclamando lo que ven como una solución: la ruptura de Cataluña con el conjunto de España, su consiguiente secesión y la creación de un nuevo Estado.

El actual modelo de Estado nos viene mostrando sus carencias hace demasiado tiempo. La estructura autonómica, pensada inicialmente tanto para resolver el encaje de las llamadas nacionalidades históricas como para descentralizar y acercar las competencias de prestación de servicios a la ciudadanía, se ha convertido en algunos casos en un contrapoder, en un contrapeso al Gobierno de la nación. En su día el llamado Plan Ibarretxe para la Comunidad Autónoma vasca y hoy el desafío impulsado por la ANC y defendido por Artur Mas son buena muestra de ello.

En ambos casos se produce un intento unilateral de vulnerar el orden constitucional. Las constituciones no son inmutables, pero son garantía y salvaguarda de derechos para el conjunto de la ciudadanía. Si hay que modificar la Constitución española de 1978 habrá que hacerlo, en cualquier caso, siguiendo escrupulosamente el procedimiento previsto en el Título X del propio texto constitucional.

El 20 de diciembre de 2010, en su discurso de investidura en el Parlamento autonómico de Cataluña, el presidente de la Generalidad sacó de la chistera una propuesta que no estaba claramente reflejada en su oferta electoral: la transición nacional, a modo de la que vivió España a finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo, defendiendo el “derecho a decidir” que se articularía “de forma democrática, pacífica y a base de grandes consensos internos”. Por supuesto que hizo sobrada referencia a su propuesta estrella de campaña, el pacto fiscal,condicionando su posible apoyo al Gobierno de España que saliera de las urnas en 2012 a la consecución de este acuerdo bilateral. Tras esta propuesta, su oferta electoral de sacar a la sociedad catalana (para él, Cataluña) de la profunda crisis económica que padecía.

Menos de dos años después, a finales de septiembre de 2012, todo apunta a que está dispuesto a adelantar las elecciones autonómicas en Cataluña, probablemente deslumbrado por el éxito de la manifestación separatista y seguramente apoyado en sondeos electorales que le auguren un triunfo, por pequeño que sea, que venga acompañado de una mayoría separatista en la cámara legislativa catalana y que le legitime para seguir dando pasos firmes hacia el abismo.

Porque Cataluña, los ciudadanos y las empresas catalanas, están abocados al fracaso en su intento de separación unilateral, gratuita y primada por el maná de la autarquía. Pese a la propaganda institucional y a la desinformación interesada, con negación de las consecuencias directas de la secesión de forma sistemática, la realidad es tozuda. La separación de Cataluña de España lleva aparejada la pérdida de la condición de miembro de la Unión Europea, tanto la política como la económica y monetaria. A este hecho incontestable, consecuencia de la aplicación de los tratados de la Unión, hay que añadirle el efecto frontera con el nuevo vecino del Oeste.

Creo que el ejercicio responsable de la política y de la administración pública, sin perder de vista el fin sublime de servir a los conciudadanos procurando su bienestar, puede verse también como el de una empresa. Si lo miramos así, el Molt Honorable president de la Generalitat –Artur Mas– desempeñaría el papel de gerente de la empresa –Cataluña–, siendo los accionistas el conjunto de los ciudadanos catalanes y celebrándose la Junta General el día de las elecciones. Nuestro gerente está dispuesto a poner en serio riesgo la cuenta de resultados, rompiendo unilateralmente con el principal cliente –más del 50% de las ventas de las empresas catalanas lo son al resto de España– y poniendo una barrera arancelaria al segundo cliente principal –el resto de la Unión Europea a la que nuestras empresas venden el 30% de su producción–, asegurando una considerable merma de recursos en cuanto consiga despeñar nuestra empresa común.

Yo no sé ustedes, pero personalmente creo que ante el probable adelanto electoral, en tono plebiscitario y mesiánico, promovido por nuestro gerente y sus asesores, la respuesta de la Junta General de Accionistas debería ser muy clara: despido. Despido procedente.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 21 de septiembre de 2012

En 1978, tras un largo período de oscurantismo y falta de libertad, España alumbró la vigente Constitución e inició la construcción de un sistema político homologable en nuestro entorno y respetuoso con los principios democráticos reconocidos en el mundo occidental. Los protagonistas de este proceso constituyente provenían del anterior régimen, estaban integrados en partidos políticos de nueva creación o militaban en partidos que habían vivido en la clandestinidad durante décadas. Todos ellos tuvieron altura de miras y fueron capaces de sentar las bases de un amplio acuerdo político que, no sin dificultades, dio a luz la nueva Constitución Española y nos ha permitido disfrutar de un amplio período de desarrollo político y de prosperidad económica.

Sin embargo, lo que en los años 80 del pasado siglo se veía como un ejemplo a seguir por países que habían pasado por situaciones parecidas a la española y como una transición loable por parte de nuestros aliados europeos y americanos, ha ido perdiendo fuelle y nos ha mostrado, paulatinamente, sus flaquezas. A lo largo de los años, especialmente en la última década, se ha ido perdiendo el sentimiento de unidad nacional que propugna nuestro texto constitucional y se ha venido alentando posicionamientos e iniciativas contrarias a la solidaridad entre las CCAA e incluso separatistas desde las propias instituciones de gobierno de algunas de ellas.

En Cataluña estos días estamos asistiendo a una retahíla en la que representantes de todos los niveles de los partidos políticos del bloque nacionalseparatista catalán, con o sin responsabilidades de gobierno, de responsables de la sociedad civil oficialmente reconocida – y especialmente subvencionada– y de miembros del gobierno de la Generalidad claman por el éxito de convocatoria de la manifestación promovida para el próximo 11 de septiembre por la Asamblea Nacional Catalana y llaman a rebato a sus correligionarios para conseguir una masiva presencia en la capital de la región-nación, soñada como metrópoli de un imperio que no lo fue ni en la plenitud expansionista de la Corona de Aragón durante el siglo XIV.

No es un tema nuevo o que pueda cogernos por sorpresa. El nacionalseparatismo ha venido trabajando pacientemente en la creación del escenario de ruptura de la nación constitucional manteniendo con denuedo la reivindicación y el victimismo permanentes, forzando y tergiversando la Historia sin el menor rubor. Y en esta puesta en escena han colaborado, en demasiadas ocasiones entusiásticamente, los representantes de los dos partidos políticos que deberían contraponer la idea de unidad nacional a la ola separatista con vocación de tsunami. Hoy por hoy, Ciudadanos es el único partido político que en Cataluña defiende sin ambages y en cualquier ocasión la idea de unidad y los valores de ciudadanía que consagra nuestra Constitución.

Tal vez sea porque Ciudadanos nace de un movimiento cívico causado por la orfandad de muchos conciudadanos ante la nula defensa que de los valores constitucionales han venido haciendo, durante demasiado tiempo, las filiales catalanas de los dos partidos mayoritarios en España. Esta constatación ha sido una de las principales causas de nuestro nacimiento como partido político. Lamentablemente seguimos asistiendo, con desazón, a la prelación de los intereses partidistas sobre la defensa de los derechos y las libertades consagrados por nuestro vigente texto constitucional. La partitocracia dominante, encarnada principalmente, pero no solo, en PP, PSOE, IU, CiU y PNV, sigue anteponiendo sus intereses partidistas a las necesidades reales del conjunto de los españoles. Tanto la derecha popular como las izquierdas socialista y comunista no dudan en apoyar, siquiera sea por omisión, las tesis separatistas de los dos principales partidos de la derecha nacionalista, aun a costa de poner en peligro la unidad nacional y los valores constitucionales, utilizando sin pudor como moneda de cambio a los ciudadanos que pensamos que la defensa de esa unidad y de esos valores es precisamente la garantía de una convivencia democrática en el marco del Estado de Derecho que hemos construido entre todos.

Estamos inmersos en una grave crisis económica que exige unidad, solidaridad, lealtad, austeridad, reformas administrativas y buen gobierno a todos los niveles, rompiendo de una vez por todas con los enfrentamientos estériles, el cainismo y el yugo de la corrupción. Hay que remangarse y promover los cambios necesarios. El Gobierno de la nación tiene la obligación de liderar y llevar a buen puerto este proceso.

Pero si no está dispuesto a hacerlo, los que creemos en la necesidad de esa unidad y de fortalecer y practicar los valores constitucionales hemos de sumar fuerzas y ponernos en movimiento, para forzar el cambio necesario e iniciar una segunda transición que revitalice y consolide los valores constitucionales y la unidad de España.

En Cataluña hay quien cree que el cambio necesario es un regreso al pasado, una vuelta a la defensa de los valores del Antiguo Régimen que quedaron malparados el 11 de septiembre de 1714. Aunque lo quieran vestir con la seda de la independencia. Yo creo que si hemos de mirar al XVIII hay mejores fechas para hacerlo. Una de ellas, el 12 de junio de 1776, cuando se promulgó la Declaración de Derechos de Virginia; en mi opinión mucho más convenientes para el buen gobierno que el viaje a Ítaca, naufragio incluido, al que nos invita mal que nos pese el Molt Honorable President de la Generalidad de Cataluña.

Puestos a defender algo, defendamos los valores fundamentales de la democracia.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 28 de agosto de 2012

Pese al anuncio de Mario Draghi comprometiéndose a que el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para preservar el euro, aunque la prima de riesgo se sitúe por debajo de los insoportables 600 puntos básicos, la realidad sigue siendo dramática: España continua al borde del rescate y varias de sus Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, se ven obligadas a solicitar el rescate del Gobierno español.

Llevamos años expectantes alrededor de la piñata, esperando que los responsables políticos de los diferentes niveles administrativos de Europa y del conjunto de España acierten de una vez por todas y el deseado fruto de su acción caiga sobre todos nosotros y nuestras maltrechas economías y podamos superar, por fin, una gravísima crisis que tiene a uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar sin empleo y sin perspectivas de tenerlo. De momento, palos de ciego y chichones.

La crisis de deuda sigue su camino y amenaza con hipotecar el futuro de varias generaciones y con retrotraernos a niveles de riqueza -pobreza- que parecían superados para siempre. La deuda privada era hasta hace pocos meses el principal riesgo para la economía española, pero es ahora la deuda acumulada por las instituciones públicas la que más debe preocuparnos, al ponerse en riesgo la prestación de servicios esenciales que conforman nuestro estado de bienestar.

Los años -décadas- de bonanza han llevado a buena parte de los máximos responsables de la gestión pública y de los diferentes niveles de gobierno del Estado a sobredimensionar las estructuras de sus administraciones, generándose un conglomerado institucional realmente hipertrófico. También en esto, Cataluña se lleva la palma al disponer de hasta cinco niveles administrativos en el marco del Estado español. En esta hipertrofia estructural se solapan, duplican y triplican algunas competencias y, lo que es peor, legislatura tras legislatura se van acumulando cargos de designación política cuya principal finalidad es la retribución de los servicios prestados a sus respectivos partidos. Por si esto fuera poco, la Comunidad Autónoma catalana mantiene una megaestructura de información y propaganda, construida a costa de todos para mayor gloria del régimen, cuyo principal objetivo es potenciar el sentimiento nacionalista en la población catalana -la construcción nacional- y cuya relación coste/rentabilidad es en estos tiempos, cuando menos, inasumible.

La realidad es tozuda y los ciudadanos catalanes han podido comprobar, tanto por la incapacidad manifiesta de reconducir las cuentas públicas como por la acción inexorable de los jueces y tribunales y la consiguiente repercusión en prensa, que aquéllos en los que durante décadas han venido depositando su confianza ni son buenos gestores ni, en algunos casos, son dignos de representarles.

Sin embargo, desde el Gobierno de la Generalidad, con el apoyo explícito de los partidos del bloque nacionalista -CiU, ICV-EUiA, ERC- y con la connivencia en mayor o menor grado de las sucursales catalanas de los dos grandes partidos nacionales -PSC y PPC-, se está forzando la máquina separatista y ahondando en el sentimiento de rechazo mutuo con el conjunto de España. El nuevo buque insignia de esta travesía a Ítaca, el pacto fiscal -en la línea del concierto vasco, federal o singular, según convenga al palmero de turno- que está llamado a convertirse en la cortina de humo que tape todas las carencias -y las vergüenzas- del gobierno de Artur Mas.

No nos queda más que abrir bien los ojos y ponernos la mascarilla.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 1 de agosto de 2012

En algo menos de dos meses se han celebrado los congresos de las tres formaciones políticas que, hasta la fecha, dan sustento al Gobierno de la Generalidad de Cataluña encabezado por el Molt Honorable Artur Mas, de quien recientemente hemos descubierto su arraigada vocación marinera.

El XVI Congreso de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), celebrado en Reus (Tarragona) del 23 al 25 de marzo, se ha cerrado con el ascenso de Artur Mas a la Presidencia del partido y con el consiguiente relevo en la Secretaría General, que cae en manos del hereu Oriol Pujol i Ferrusola. Se cierra con ello el ciclo sucesorio del gran alquimista de la Casa Gran, que asegura la continuidad dinástica en la cúpula de CDC.

El congreso de CDC ha permitido también el afianzamiento en la cúpula de ese partido de la corriente separatista más radical, encarnada entre otros por Francesc Homs y por Josep Rull. El giro secesionista, reforzado por la llamada del propio Jordi Pujol a la militancia de CDC para que se conviertan en “fuerza de choque” –tal vez con camisas pardas–, ha visto el toque poético de Artur Mas anunciando un inminente viaje a Ítaca en el que, cual Odiseo redivivo, está dispuesto a embarcar a toda la ciudadanía catalana. No ha dejado del todo claro qué pasará con quienes no se embarquen o no estén dispuestos a remar para favorecer la acción de la brisa secesionista en esta travesía épica. Lo preocupante, en cualquier caso, son los antecedentes cuando se han producido situaciones similares que, por lo general, no se han resuelto sin arrojar a los disidentes por la borda.

Los días 5 y 6 de mayo se ha celebrado en Barcelona el XIII Congreso del Partido Popular catalán en el que se ha pretendido una refundación del partido que ha pasado también por la incorporación de la senyera y del adjetivo català. La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y su ideólogo de cabecera, el ex diputado autonómico de Unió Democràtica de Catalunya por Gerona y ex portavoz adjunto del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento autonómico de Cataluña, Enric Millo, reivindican su catalanismo al tiempo que intentan ocultar cualquier vestigio del pasado. Refuerzan además la tesis de CiU con su propuesta de “pacto fiscal singular” que consiga para Cataluña un resultado similar al anacronismo que es, en pleno siglo XXI, el concierto económico del que disfrutan los territorios forales vascos y navarro.

El congreso ha sido para Sánchez-Camacho y su equipo, al menos en apariencia, una verdadera balsa de aceite con apenas cuarenta enmiendas debatidas y con unas votaciones que parecerían normales en otras latitudes y regímenes políticos. El resultado permite a la líder del PPC profundizar en su estrategia de facilitar a CiU la gobernabilidad en Cataluña, sin respetar lo más mínimo sus promesas electorales y programáticas.

El trío se completa con el XXV Congreso de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), celebrado los días 12 y 13 de mayo en Sitges (Barcelona), en el que ha sido reelegido como presidente el incombustible Josep Antoni Duran i Lleida, que ha basado su defensa en distanciarse, al menos en las formas, de sus hermanos de sangre de CDC: “No podemos ayudar a instalar a nuestra sociedad en el dilema independentismo o extinción, por eso mantenemos la apuesta por la confederación”, recordando así su posicionamiento distante de la actual estructura autonómica de España y abogando por su doctrinaria confederación de estados, tal como UDC viene haciéndolo desde su fundación como partido en 1931.

Los tres partidos, con visiones distintas de lo que le conviene a la sociedad catalana y por extensión a la española, tienen sin embargo puntos en común, no solo por su ideología conservadora. Con la excusa de la gobernabilidad han dado carta de naturaleza a la PPvergència. En aras a mantener la buena armonía –quien sabe si pensando en una próxima legislatura en la que el PP no obtenga mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados– Sánchez-Camacho ha abrazado la tesis del entreguismo y el colaboracionismo, permitiendo que la Generalidad administre unos presupuestos en los que recorta drásticamente en políticas sociales al tiempo que mantiene, contra viento y marea, las políticas de construcción nacional.

Es un pacto antinatura, sobre todo para los votantes de los tres partidos en los que predomina el perfil identitario sobre el meramente ideológico. El empeño colaboracionista suena a política ficción pero está en el plano de la realidad tozuda. Realmente han sido tres congresos en la tercera fase.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 22 de mayo de 2012

Han quedado lejos los tiempos en que los españoles acometimos la liquidación del régimen franquista -el que llamaban Movimiento Nacional- y nos dimos una Constitución que abría las puertas a la libertad, a la igualdad de oportunidades y a la participación efectiva en la política para todos los españoles, sin excepción.

En aquellos albores de la restitución de la democracia, en la recién estrenada Comunidad Autónoma de Cataluña los políticos, especialmente los integrados en la federación de partidos que conforman Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya (CiU), eran conscientes de la composición sociológica de la población catalana.

Como no podía ser menos, la transferencia competencial incluyó la educación. Por aquel entonces la federación de partidos en la que se sustentaba el gobierno de Jordi Pujol al frente de la Generalidad de Cataluña primaba en este campo la eficacia y la necesidad pedagógica a la actualmente vigente “construcció nacional“. Como decía con frecuencia el Molt Honorable, parecía que “ara no toca“.

Los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados recogen las intervenciones de Ramon Trias Fargas, diputado de CDC, en las que pedía “el bilingüismo” para que los alumnos tuvieran “oportunidades iguales”, haciendo la enseñanza del catalán y del castellano “obligatoria para todos los que viven en Cataluña”. Este planteamiento, preñado de lógica, buscaba la verdadera igualdad de oportunidades y el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte del alumnado catalán, asegurando el éxito en el aprendizaje al utilizar ambas lenguas en la enseñanza.

El propio Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de la mano de Marta Mata, defendió con ahínco el aprendizaje en las dos lenguas. La pedagoga recordaba su niñez, en plena época republicana, en la que disfrutó de “un aprendizaje en las dos lenguas sin ninguna clase de conflicto”. Sin embargo, desde principios de la década de los ochenta del pasado siglo ambas formaciones políticas han ido abandonando de forma sistemática este modelo, imponiendo el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza, aplicando la inmersión lingüística a los alumnos que tienen el castellano como lengua materna.

Esta aberración pedagógica, plausible en los resultados de la evaluación de la enseñanza plasmada en los sucesivos informes PISA, se ha impuesto en Cataluña como un dogma de fe, con el falaz argumento de que la inmersión lingüística -que solo padece algo más del 50% del alumnado- es un factor de cohesión social. La realidad, también expresada reiteradamente, es que es un instrumento necesario para construir una nación y cambiar el verdadero hecho diferencial catalán: el bilingüismo efectivo de la mayoría de su población.

Este empeño nos mantiene lejos de lo que podríamos llamar cohesión social. Antes al contrario, la inmersión para los alumnos castellanoparlantes supone un grave factor de desigualdad -ya lo intuía Trias Fargas- que ocasiona un mayor fracaso escolar en este colectivo, cercano al 40% de ese alumnado. Poco les importa a los partidos que defienden a capa y espada la inmersión, más preocupados en el cambio sociológico por forzamiento que en la defensa de los derechos individuales de alumnos y padres y en otorgar a nuestros niños y jóvenes una verdadera igualdad de oportunidades.

Ciudadanos conjuntamente con Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica Catalana, hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a las entidades y a los demás partidos que en Cataluña defienden la aplicación efectiva de una enseñanza bilingüe, en la que ambas lenguas oficiales sean vehicularesen consonancia con la doctrina constitucional y en cumplimiento de las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, en salvaguarda de los derechos individuales de padres y alumnos y tutelando la oferta de una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

Los convocantes pedimos a la sociedad civil, a las entidades y a los partidos convocados (PP y UPyD) que se adhieran a la convocatoria, que apoyen esta iniciativa y que acudan el próximo sábado, 21 de abril, al Teatro Goya de Barcelona, en el que celebraremos un acto reivindicando para que se respete y aplique el verdadero hecho diferencial catalán, el bilingüismo social, en el sistema educativo público de Cataluña, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
‘Una Cataluña bilingüe, una escola bilingüe’. Porque es lógico social y pedagógicamente y porque es de justicia.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 19 de abril de 2012

Hace muy pocos días, el lunes 19 de marzo, se han cumplido 200 años desde que las Cortes generales reunidas en Cádiz promulgaran la primera Constitución española. En 1812, en pleno fragor de la Guerra de la Independencia, los representantes de los territorios que conformaban  el Reino de España sancionaron la Constitución Política de la Monarquía Española cuyo principal objeto era el buen gobierno y la recta administración del Estado para conseguir la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, entendida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Esta primera Constitución española fija como objeto del Gobierno “la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”, con forma de “Monarquía moderada hereditaria” de corte parlamentario ya que la “potestad de hacer las leyes reside en las Cortes (que las elabora y decreta) con el Rey (que las sanciona)”, afirma que “la soberanía reside esencialmente en la Nación” que “está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen” y establece quienes tienen la condición de españoles y de ciudadanos.

En estos términos, la Constitución de 1812 es un primer gran paso hacia la conformación de un Estado contemporáneo en España, rompiendo con el Antiguo Régimen y su división estamental, mermando considerablemente la representatividad y el poder político que durante el siglo XVIII tenían los estamentos privilegiados, la alta nobleza y el clero. Establece la división de poderes y la cesión de la soberanía de la Nación en una única cámara de representación, cuyos diputados se eligen por sufragio universal indirecto, fijando un sistema electoral y un procedimiento claro de renovación de las Cortes.

Siendo cronológicamente la tercera de las constituciones contemporáneas –si no consideramos como tal el Acta de Independencia de Venezuela de 1811–, tras la de los Estados Unidos de América (1787) y la de Francia (1791), la Constitución española de 1812 es marcadamente progresista y sirvió de referente a los movimientos liberales –el verdadero progresismo de la época– en Europa, principalmente en Italia y Alemania. Sus principios fundamentales, la soberanía nacional en el conjunto de los españoles, la división efectiva de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la articulación del derecho de representación para el ejercicio de la soberanía mediante diputados a Cortes generales elegidos por sufragio universal, hacen de ella un referente, un primer y marcado paso hacia la libertad, la igualdad y los derechos de ciudadanía de todos los españoles, por la que merece ser recordada, pese a su escasísimo período de vigencia.

La efeméride del 19 de marzo de 1812 tiene una importancia histórica de primer orden, en cuya gestación intervinieron veintidós diputados en representación de las Juntas de Cataluña, varios de los cuales tuvieron un papel destacadísimo, como Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, rector de la Universidad de Cervera y primer presidente de las Cortes constituyentes; o el también conservador Jaume Creus i Martí, sacerdote tradicionalista que formó parte de la junta especial de inspección que daría el visto bueno al Proyecto de Constitución; o el clérigo liberal Josep Espiga i Gadea que junto al barcelonés, militar y filósofo Antoni de Capmany i Montpalau apoyó fervientemente el concepto de Nación española y entendía su participación en representación de todos los que la conforman y no sólo en el de las Juntas regionales en las que fueron electos. Sin embargo, en Cataluña ha pasado absolutamente desapercibida, salvo por los dos actos conmemorativos organizados por Ciudadanos en Barcelona, el día 19, y en Sabadell el día 20 de marzo. Ningún otro partido político ha movido lo más mínimo para conmemorar la efeméride como se merece.

Este hecho no sería especialmente preocupante si no estuviéramos viviendo durante los últimos años y de forma muy especial en los últimos meses y semanas, un intento continuado de regreso al pasado por parte de los partidos políticos que conforman el estamento que comprende la Cataluña oficial, la que está instalada en un régimen político cuyas referencias siguen ancladas en el corazón del Antiguo Régimen y cuya principal aspiración pasa tanto por romper la soberanía nacional, que la vigente Constitución Española nos otorga y garantiza, como por conseguir el concierto económico a imagen y semejanza de los derechos forales de las diputaciones vascas y de Navarra, cuyo origen antecede a nuestra primera Carta Magna ‑que no los contemplaba y creaba una hacienda única del Estado– y que se arraigaron en la España del siglo XIX en las guerras civiles ocasionadas por el carlismo.

Mientras que Europa y sus estados miembros caminan hacia la unión en lo político y, sobre todo, en lo fiscal, los próceres del separatismo político en Cataluña, encabezados por el Muy Honorable Presidente de la Generalidad Artur Mas, lejos de defender los derechos individuales proclamados por nuestra vigente Carta Magna y sancionados por diversas sentencias de los más altos tribunales, dejando en la cuneta la división de poderes, están forzando la máquina en su intención de romper la unidad entre españoles, levantando fronteras y acogiéndose a supuestos derechos territoriales y políticos firmemente enraizados en l’Ancien Régime. En el caso del Sr. Mas puede ser comprensible, ya que con seguridad habrá leído a Charles Maurice de Talleyrand y recordará aquello de “ceux qui n’ont pas connu l’Ancien Régime ne pourront jamais savoir ce qu’était la douceur de vivre”.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona el 23 de marzo de 2012

España está inmersa en una profunda crisis económica, fruto tanto del efecto de arrastre de la crisis financiera estadounidense de 2007, la de las hipotecas subprime, como de la inmovilidad inicial del Gobierno de Rodríguez Zapatero, negando la mayor, y la nefasta gestión consiguiente.

La tardanza en la toma de decisiones y el entorno político europeo, nada favorable a dar respuestas coherentes y creíbles al mercado financiero, han agudizado la crisis económica en España y en otros países de la Unión Europea, al tiempo que han llevado a la bancarrota a Grecia y mantiene al borde del abismo a Portugal. España, en suma, padece una crisis generalizada que afecta a las economías occidentales y lo hace en inferioridad de condiciones, sin haber acometido los cambios estructurales necesarios para cortar la hemorragia que provoca la incesante pérdida de empleo.

Desde Ciudadanos venimos denunciando la incidencia negativa provocada en el desarrollo económico, social y político de España por las tres crisis que nos azotan: no solo la económica, sino también la institucional y la de regeneración de la política. Estas dos últimas, la crisis provocada por la deslealtad institucional impulsada principalmente por los nacionalismos y la ausencia de verdadera regeneración en la política y los partidos, impulsaron en gran medida la aparición en 2005 del movimiento cívico que dio origen a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en julio de 2006.

Han transcurrido casi seis años desde nuestra aparición en el panorama político y las cosas no han mejorado, antes al contrario, las causas precitadas siguen campando a sus anchas en España y, muy especialmente, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Ciudadanos es hoy la única fuerza política que lanza su voz discrepante sin tapujos ante la ola de separatismo que se promueve y jalea desde buena parte de la Cataluña oficial. Hace algo más de dos años lanzamos una campaña que hacía hincapié en la realidad social de Cataluña y se reafirmaba en lo que es una verdad irrefutable:Cataluña somos todos. Transcurrido más de un año desde el inicio de la IX Legislatura del Parlamento autonómico de Cataluña y del gobierno nacionalista de CiU encabezado por Artur Mas, Ciudadanos es la única oposición real en Cataluña, la única oposición intelectual a lo que en esta Comunidad Autónoma se ha convertido en un verdadero régimen, que lleva más de tres décadas utilizando todos los resortes de poder a su alcance para inocular el virus separatista en nuestra sociedad, en aras a lo que el actual presidente autonómico ha dado en llamar transición nacional.

Estamos firmemente decididos a enfrentarnos a esta ola separatista con todos los resortes que pone a nuestro alcance el Estado de derecho. El escenario de ruptura con España promovido por el nacionalismo separador se basa en el mantra ‘España nos roba’. Pero hemos de tener claro, muy claro, quién roba en Cataluña a los ciudadanos catalanes. Y los que lo han venido haciendo, sin rubor y en ocasiones con aparente impunidad, tienen nombre y apellidos y, con demasiada frecuencia, carnet de partido. Los Alavedra, Prenafeta, Millet, Muñoz, Luigi y el largo etcétera que jalona la verdadera historia de la corrupción política y del despilfarro de fondos públicos en Cataluña tienen clara adscripción política y están fuertemente enraizados en los principales partidos políticos catalanes.

Los ciudadanos catalanes sufrimos el mayor tipo impositivo sobre nuestro rendimiento del trabajo, al estar sujetos al mayor tramo autonómico en el IRPF. Cataluña aplica un tipo marginal en este impuesto superior a cualquier otra Comunidad Autónoma española y solo superado por Suecia en el ámbito de la Unión Europea. Al mismo tiempo, mientras transcurren los días con el incesante coro reclamando el concierto económico o el pacto fiscal –bilateral se entiende, porque el verdadero pacto fiscal está contenido en la LOFCA– la realidad es que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña dispone de una financiación por habitante y año superior a la de cualquier otra región española y muy superior a la disponible en cualquier estado federal norteamericano o cualquier land alemán.

La mala gestión, el despilfarro, el elevadísimo coste de la organización de un estado dentro de un Estado, el desfase presupuestario que implica el artificio de pasar de fer país a construir nación, hacen insuficiente los actuales niveles de financiación para Cataluña. Defendemos un justo reparto de la riqueza y exigimos, como no podía ser menos, una financiación justa y equilibrada para todas las CCAA que redunde en el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Cataluña, como cualquier otra región española, necesita recursos financieros bastantes para su desarrollo socioeconómico y para volver a ser, en lo posible, uno de los principales motores de la economía española, ahora tan maltrecha. Pero esa necesidad no nos debe ocultar la verdadera realidad. Los presupuestos de la Generalitat para 2012 siguen primando la construcción nacional sobre la sanidad y la educación públicas, sobre el bienestar social, minando en la práctica los pilares de nuestro estado del bienestar.

Hemos de ser conscientes, muy conscientes, de que estamos como estamos, en buena medida, porque el nacionalismo es crisis.

Matías Alonso

(Publicado en La Voz de Barcelona el 17 de febrero de 2012)

El resultado del 20N dibuja un cambio de gobierno que todos los analistas daban por seguro. El PP ha obtenido los mejores resultados de su historia superando, tanto en votos como en porcentaje, la plusmarca de José María Aznar en 2000. Mariano Rajoy, pese a su perfil anodino, ha conseguido un resultado que cuantitativamente puede considerarse excelente, al haber superado al que fuera líder carismático de la derecha española. La amplia mayoría en ambas cámaras le otorgan un margen de maniobra que no le permitirá excusas en el desarrollo de su acción de gobierno. Tiene por delante una tarea complicada, en la que la austeridad en el gasto y los cambios estructurales deberán tener un papel trascendental para sacar a España de la difícil situación en la que nos encontramos.

El PSOE también ha obtenido un resultado histórico, obteniendo un número de diputados y senadores inferior incluso a lo que parecían vaticinar las peores encuestas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha dispuesto de un largo trimestre de precampaña por obra y gracia del anuncio prematuro de convocatoria electoral que hizo el presidente del Gobierno a finales de julio pasado. Este período de gracia le ha servido finalmente de poco, convirtiéndose en el líder de la debacle. Los 110 diputados obtenidos están incluso por debajo del resultado de marzo de 1977, primeras elecciones democráticas en plena Transición, cuyos 118 diputados constituían, hasta ahora, el peldaño inferior para los socialistas. Solo aguanta el tipo el resultado en el Senado, en el que igualan los 48 senadores que obtuvieron en las primeras generales.

Las candidaturas del PSC en las circunscripciones catalanas han contribuido también a la debacle. El PSC ha pasado de ser un contribuyente neto, en términos políticos, a convertirse en un lastre añadido, fruto de su falta de liderazgo y de la ambigüedad de su discurso. Este partido federado, que en 2008 sacaba pecho por su aportación a la minoría de gobierno, está hoy a las puertas de un nuevo congreso en el que probablemente terminen aflorando sus dos almas, si es que todavía están en condiciones de aflorar.

Si Carme Chacón pretende postularse como relevo para José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza del PSOE, el único capital que le queda, además de su condición de “catalana” y “mujer”, es el haber encabezado la única candidatura del PSC que ha superado el resultado de CiU, gracias a la resistencia numantina en el llamado cinturón rojo del Bajo Llobregat, cuya alma socialista está a años luz del catalanismo subido, de sesgo nacionalista, que alimenta a buena parte de la dirección socialista catalana.

La debacle socialista obliga al PSOE a hilar fino en su próximo congreso, al que probablemente llegue exhausto. Como parece que lo está su actual secretario general, que está finalizando su mandato tan fatigado como lo estaba cuando suspendió la cumbre hispanopolaca de Varsovia en diciembre de 2004. El presidente del Gobierno, que ha estado prácticamente ausente durante la campaña electoral de su candidato, ha dado una última muestra de su especial talante al estar materialmente desaparecido durante la noche electoral de la debacle socialista que, mal que le pese, es su debacle.

El recuento final ha ampliado la presencia de otras formaciones políticas en el hemiciclo del Congreso. Los más significativos son los de Izquierda Unida, UPyD y, sobre todo, Amaiur. La permisividad de nuestro Estado de derecho ha dado pie a que la banda terrorista ETA esté hoy representada en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No voy a entrar a valorar el papel que en esta maniobra de desarme del Estado han tenido tanto el actual presidente como su candidato pero, a la vista del resultado, el que se suma también a la debacle es el PNV, cuyo independentismo de salón ha sido adelantado por la izquierda (radical y totalitaria). La victoria de Amaiur, apoyada en la actual legislación electoral, deja en difícil situación al partido que, hasta hace poco, recogía las nueces.

Doble debacle que, sin ningún género de dudas, tanto PSOE como PNV se han ganado a pulso.

Matías Alonso

(Publicado en La Voz de Barcelona el 22 de noviembre de 2011)

En un par de semanas estaremos en plena vorágine de campaña electoral para la renovación de las Cortes Generales y, cabe esperar, del Gobierno de España empezando por su presidente. Habrán sido dos (demasiado) largas legislaturas que se iniciaron cruelmente marcadas por el terrorismo, tras el ominoso atentado en el corredor ferroviario del sureste de Madrid.

Transcurridos siete largos años de gobierno socialista parece que el relevo es inevitable, además de necesario. Las encuestas lo vienen anunciando insistentemente. La práctica totalidad inciden en que la mayoría absoluta está al alcance del PP por lo que el candidato Rajoy será, muy probablemente, el futuro presidente del Gobierno de España. Personalmente, a lo largo de este año, he podido constatar que en determinados ámbitos de la izquierda crítica, que no ha renegado ni reniega de sus raíces socialdemócratas, la mayoría absoluta del PP es un deseo expresado con absoluta vehemencia: “¡Ojalá el PP saque mayoría absoluta!”, me han espetado en diversas ocasiones algunos de los viejos luchadores por las libertades que siguen aferrados a su ideología y que se han liberado de las siglas del que fuera su partido, el PSC-PSOE.

Entretanto, en esta precampaña ampliada, en el País Vasco se vuelven a escuchar los cantos de sirena del entorno que apoya y sustenta a la banda terrorista ETA, innecesariamente amplificados por dos de los principales partidos, PNV y PSE. En una región que durante más de cuarenta años ha sido sacudida sistemáticamente por el terrorismo y en la que impera todavía la coacción mafiosa de los que lo sustentan, se habla de paz y se pone en igualdad a víctimas y verdugos. El entramado pro etarra ha renacido tras el impulso dado por el Tribunal Constitucional a sus candidaturas en las pasadas elecciones municipales. Esta mal llamada conferencia de paz tiene como fin último asegurar que la historia se repita en estas próximas generales, culminando así el infame proceso de abuso de las instituciones democráticas por quienes obtienen el éxito electoral amparados en el miedo y la coacción. Como era de esperar, no ha existido una oposición firme por parte del Gobierno saliente. Antes al contrario, en las filas del propio Gobierno de España y, por supuesto, en las del compendio de partidos que constituyen hoy el PSOE de Rodríguez Zapatero, se han escuchado voces inequívocas de apoyo al esperpento. Algunas han hablado hasta de empujar, como si de un parto se tratara.

Tal parece que el partido socialista ve en una “solución” al seudoconflicto vasco la última baza que puede evitar la estrepitosa -de récord- derrota que le espera. Hay indicios de que puede producirse el enésimo mensaje por parte de la banda en los próximos días o semanas, con la pretensión de volver a engañar al conjunto de los españoles y afianzarse en las instituciones democráticas manteniendo la mayor, sin renunciar ni un ápice a sus pretensiones.

En este escenario, el presumible fin del actual Gobierno socialista estará marcado también por el terrorismo, pese a su estado latente en apariencia. Hemos de estar atentos, porque es posible que nos presenten la “solución” como el remedio definitivo para acabar con el horror, la coacción y el dolor de las víctimas, sin reparar en costes y sin preservar la imprescindible justicia. Y podemos temerlo porque en ocasiones parece que algunos de nuestros gobernantes, cual alquimistas, han estado buscando su particular piedra filosofal. El intento puede ser loable, siempre que se evite el tradicional hermetismo de la alquimia y que el final del terrorismo etarra en el País Vasco y, por extensión, en toda España, contenga en su fórmula las necesarias dosis de memoria, dignidad y justicia.

Matías Alonso
(Publicado en La Voz de Barcelona el 19 de octubre de 2011)