El operador postal Unipost, donde la Guardia Civil ha encontrado material para el referéndum de independencia del 1 de octubre suspendido por el TC, está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros por lo que no puede contratar de manera directa con las Administraciones Públicas. Esta empresa entró el pasado mes de julio en concurso de acreedores con una deuda de 50 millones de euros.
La citada sociedad pertenece a una rama de la familia Raventós y ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en 2014 en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9 de noviembre, por la que después resultó inhabilitado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
En aquel entonces, la Fiscalía ya requirió a Unipost que enviara la hoja de encargo, contrato y documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de propaganda del 9-N, así como que explicaran qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
En el día de hoy, tres años después, Unipost ha sido registrada por la Guardia Civil, que se ha incautado de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas y abundante material relacionado con el referéndum ilegal del 1-O.
Se da la circunstancia de que el operador postal Unipost, el principal competidor de la empresa pública Correos, está incluido en la última lista de morosos que publicó el Ministerio de Hacienda con fecha 22 de junio de este año. Sus deudas y sanciones tributarias pendientes ascienden a 5.443.749 euros, según ha podido comprobar Europa Press. Una cantidad que le impide contratar con las administraciones públicas de manera directa, tal y como aseguran los expertos fiscales consultados.
A pesar de ello, en sus almacenes se ha encontrado abundante material electoral con el fin de ser distribuido de cara al referéndum de independencia del próximo 1 de octubre.
Según expertos fiscales, la legislación permitiría que esta empresa fuera subcontratada por otra para prestar ese servicio, pero esta otra sociedad tendría que hacerse cargo de las deudas tributarias que pudiera dejar Unipost en esa operación y además, debería contar con los certificados de estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias.