La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una petición para que el órgano que el Tribunal fiscalice la acción exterior de la Generalitat catalana entre los años 2011 y 2017. Una fiscalización que determine qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó hace dos semanas bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

El texto, que ha sido debatido en una sesión a la que no ha acudido ningún representante de ERC ni del PDeCAT, ha contado con el rechazo de Unidos Podemos y del PNV, que han criticado el fondo de la propuesta del PP y han subrayado que, en todo caso, la encargada de fiscalizar la política exterior de la Generalitat sería la Sindicatura de Cuentas catalana.

En su propuesta el PP recalca que, desde 2012, Catalunya ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifra esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Y también destaca que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Catalunya copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.

En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Catalunya siguió operando de forma autónoma.