La empresa Transamed, de servicios médicos y transporte sanitario, reclama el pago de 16.000 euros por la asistencia sanitaria prestada en unas cien residencias de mayores en la Comunidad de Madrid desde el 25 de marzo y durante dos semanas, en pleno auge de la COVID-19.
Transamed reclama esta cantidad a la entidad Cardio Líder, creada por Encarnación Burgueño, que colaboraba entonces con el Gobierno regional en la gestión de la crisis en las residencias, y un socio.
El gerente de Transamed, Eduardo Aragonés, explica que Cardio Líder contrató los servicios de su empresa para medicalizar residencias privadas de la región, aunque "también algunas municipales". En ese momento, las residencias "pedían ayuda a la desesperada y no acudía nadie", ha dicho a EFE Aragonés, que explica que habló por teléfono y correo electrónico con Encarnación Burgueño para organizar las cerca de doscientas visitas del equipo sanitario de Transamed por las residencias, por lo que "no fue un apoyo puntual".
"Contactaron con nosotros para proponernos una intervención sanitaria de urgencias dentro de las residencias" en un programa de iniciativa pública, puesto que "ellos no tenían los medios, y nosotros tenemos vehículos de intervención rápida, UVI móvil y ambulancias", añade Aragonés.
Cuenta que "cuando nadie iba a las residencias", en el pico de la pandemia, ellos acudían con cuatro vehículos de intervención rápida con médico y enfermera -de los que Transamed alquiló dos- y una UVI móvil para prestar asistencia y también hacer una auditoría de medios y de personal.
El plan era "visitar 475 residencias, pero lo cortaron a las dos semanas", cuando Encarnación Burgueño fue apartada como colaboradora en la gestión de estos centros, tras las críticas por su falta de experiencia en el área y de que había sido designada por su propio padre, ideólogo de la privatización sanitaria en la etapa de Esperanza Aguirre.
Como resultado, Transamed "no ha cobrado nada" por los doce días de servicios prestados y por ello reclama "16.000 euros de los salarios de los sanitarios contratados", pese a que la empresa ha pagado con sus propios fondos "todo el material de protección utilizado, el oxígeno e incluso los medicamentos dispensados", todo lo cual "está documentado en las fichas de cada paciente atendido que llevan la firma del director de la residencia".
"Estamos casi en concurso de acreedores, ya teníamos una situación difícil", según Aragonés, quien detalla que recibieron de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, entonces dirigida por Carlos Mur, "un certificado indicando que por el estado de alarma no se necesitaba ningún contrato y que todos los gastos serían pagados en una cuenta de la empresa".
Además, dice que intentaron hacer un ERTE, pero no fue posible al ser una empresa de ambulancias, lo que se consideraba un "servicio esencial".
Aragonés señala que quien les contrató fue el gerente de Cardio Líder en nombre de la Comunidad de Madrid y asegura que con el Gobierno regional nunca ha hablado.
"Avisábamos de cualquier detalle a Encarnación (Burgueño) y ella lo gestionaba con Mur, nunca hubo contacto directo con él", recalca.
Sobre los tres médicos venezolanos que trabajaron sin contrato en Transamed para medicalizar las residencias, Aragonés explica que "estaban colegiados en Madrid y tenían sus títulos homologados en España, habiendo trabajado en el hospital de Ifema". "Les hicimos un precontrato para gestionar el permiso de residencia con Extranjería", pero dada la urgencia de la pandemia "no podían esperar 60 días".
Informa EFE.